Sistema Nacional Penitenciario
El Sistema Nacional Penitenciario del Perú está conformado por una organización estatal bajo la rectoría del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Su propósito principal es ejecutar las sanciones penales, ya sean penas privativas de libertad o medidas alternativas, con el fin de garantizar la reinserción social de las personas sancionadas, enmarcándose en los principios de legalidad, humanidad, resocialización, y respeto a los derechos fundamentales. Este sistema abarca los establecimientos penitenciarios tradicionales y los establecimientos de medio libre, destinados a sentenciados que cumplen penas limitativas de derechos o medidas alternativas.
El INPE, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, actúa como la institución responsable de la administración y supervisión del sistema, incluyendo la gestión de programas de rehabilitación y la coordinación con entidades públicas y privadas para facilitar el cumplimiento de sentencias. Este sistema opera bajo un marco legal que incluye la Constitución Política del Perú, el Código de Ejecución Penal y sus reglamentos, así como tratados internacionales aplicables.
Principios
De acuerdo al Decreto Legislativo N.º 1328, se rige por los siguientes principios:
- Legalidad: las autoridades, funcionarios, servidores públicos y penitenciarios están sometidos a la Constitución Política del Perú, a las leyes y a las demás normas de ejecución penal.
- Humanidad e igualdad: la ejecución de las penas respeta el principio de dignidad humana. No puede discriminarse a ningún interno, pero pueden establecerse diferenciaciones sobre la base de criterios razonables y objetivos.
- Judicialización: las penas y las medidas privativas de libertad se ejecutan por la administración penitenciaria y son controladas e intervenidas judicialmente.
- Afectación mínima: la imposición de medidas disciplinarias tiene como objetivos el respeto al régimen penitenciario y la disuasión de conductas nocivas que puedan replicarse en otros internos.
- Participación: obliga a las entidades públicas a participar y compromete a las privadas que ayudan a la reinserción del penado a la sociedad en el marco de la Política Nacional Penitenciaria.
- Transparencia y rendición de cuentas: las entidades que intervienen son transparentes en su actuación y promueven la rendición de cuentas.
