El Decreto Legislativo N.º 1710 crea la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR) como nuevo ente rector del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con autonomía administrativa, funcional y financiera.
La norma tiene como finalidad enfrentar las debilidades estructurales del sistema penitenciario y de centros juveniles, reduciendo condiciones que facilitan corrupción, infiltración del crimen organizado y violencia institucional, y garantizando mayor control, seguridad y protección de derechos de personas privadas de libertad y adolescentes en conflicto con la ley penal, fortaleciendo los procesos de tratamiento, resocialización y reinserción social.
El decreto encarga a la SUNIR la conducción de las medidas privativas de libertad y socioeducativas, las penas efectivas y suspendidas, las penas limitativas de derechos, las medidas alternativas y la vigilancia electrónica, así como la administración de establecimientos penitenciarios, centros juveniles, servicios de medio libre y programas de post egreso en todo el país.
Asimismo, define su estructura orgánica básica, las funciones de su jefatura, requisitos e impedimentos para el cargo, y establece su régimen económico, laboral y disciplinario bajo el marco de la Ley del Servicio Civil, precisando que su política de gasto será aprobada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Como medida clave, dispone la fusión por absorción del INPE, PRONACEJ y PRONAPRES en la SUNIR, regulando la creación de una comisión de transferencia, los plazos para culminar la fusión, la transferencia de bienes, plazas y personal, y asegurando la continuidad de funciones de las entidades absorbidas hasta que culmine el proceso.
Finalmente, ordena la elaboración del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNIR, modifica diversas disposiciones de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia para incorporar a la nueva superintendencia, y dispone la derogación progresiva de normas previas vinculadas al sistema penitenciario una vez concluida la fusión.
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