Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA
Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA: Gestión de información criminológica para su uso en la política criminal
Mariella Valcárcel Angulo1
José Huaytalla Quispe
Dirección General de Asuntos Criminológicos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú.
Abstract
El Observatorio Nacional de Política Criminal José Hurtado Pozo – INDAGA es una iniciativa del Consejo Nacional de Política Criminal que permite contar con información contrastada y de calidad para generar políticas públicas contra la criminalidad. Este organismo presenta un enfoque innovador dentro de la política pública peruana, pues apuesta por el diálogo directo entre la política criminal y el saber criminológico, contando con procesos mucho más cercanos a la evaluación constante de resultados desde una visión interdisciplinaria, considerando las dimensiones jurídicas, económicas, políticas, sociales, psicológicas y criminológicas. Además, innova en la metodología de análisis, utilizando estrategias cualitativas y cuantitativas, así como el uso de software de estadística, análisis de datos cualitativos y sistema de información geográfica. Los resultados del Observatorio INDAGA en beneficio de los funcionarios y servidores públicos, como de la ciudadanía en general, son verificables y contrastables. La implementación de esta iniciativa ha permitido generar una metodología dirigida a comprender el fenómeno de la criminalidad, encaminando la labor a la producción de investigaciones criminológicas y el debate de las políticas públicas sobre criminalidad y violencia, incidiendo de manera concreta sobre la política criminal del Estado peruano. Como tal, representa un aporte valioso dentro de la experiencia de la gestión pública y la generación de conocimiento para con la reducción de la criminalidad y la violencia en la región.
Palabras clave: observatorio, información criminológica, política criminal, evidencia.
1. Introducción
De manera global, medir las tendencias de la delincuencia resulta un proceso complejo dada la limitada disponibilidad de datos (Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), 2016). Sin embargo, a partir del indicador de homicidio, se tienen aproximaciones a los delitos violentos y a los niveles de violencia dentro de los países (UNODC, 2019). Los datos de América Latina y el Caribe, sumados al historial regional (homicidio en general, homicidio por razón de género, delitos relacionados a las drogas, delitos contra el patrimonio, corrupción, violación, trata de personas, delitos ambientales, principalmente), indican que la delincuencia mantuvo niveles altos o incluso aumentó en algunos países, a pesar de que se dieron avances sociales o la pobreza y la desigualdad de ingresos disminuyeron (Naciones Unidas, 2020a; Chioda, 2016).
De mantenerse la tendencia de la delincuencia en América Latina y el Caribe que la conduce a ser una de las regiones más desiguales y violentas del mundo, las metas planteadas en el marco del
1 Directora General de Asuntos Criminológicos. Correo electrónico: mvalcarcel@minjus.gob.pe
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Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 se verán afectadas para el 2030 (UNODC, 2019; Naciones Unidas, 2019). Para contrarrestar esta tendencia -no ajena al caso peruano- se necesitan diferentes tipos de datos que coadyuven con la generación de políticas basadas en las evidencias. Con datos de calidad, los formuladores de políticas conocerán los grupos etarios, las personas en riesgo y los infractores en los que se deben concentrar (Chioda, 2016). Es menester, entonces, contar con información sobre las tendencias de los fenómenos delictivos y conocer la evolución de los factores de riesgo, así como de las practicas eficaces al momento de formular políticas amplias con base empírica (Naciones Unidas, 2020b).
Junto a lo anterior, además se reconoce que la delincuencia en el Perú es uno de los principales problemas que vive el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es el segundo problema que más preocupación generó en la población de 18 y más años(INEI, 2021). Datos similares obtuvo el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en las ediciones de su Encuesta Nacional Urbano Rural del 2015 y 2019. En la edición más reciente, un 43% consideró que la delincuencia era un problema que había aumentado durante el último año en su distrito (IEP, 2019).
En este contexto, el gobierno peruano asumió como problema público la inseguridad ocasionada por el delito y creó el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), presidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Este Consejo reúne a los principales actores del sistema de justicia y persecución criminal del país con el objetivo de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a la política criminal del Estado peruano (Ley N°29.807).
No obstante, durante los primeros años de implementación, los miembros y representantes del CONAPOC advirtieron la necesidad de verificar y evaluar si las políticas y normativas desarrolladas e implementadas facilitaban resultados para afrontar los problemas específicos que generaba la criminalidad, dado que es un problema complejo y multicausal. Las dudas se generaron sobre cómo reorientar las acciones del Estado por encima de las ideas a priori, es decir, sobre qué fundamentos se debían basar las acciones para paliar los problemas relacionados a la seguridad ciudadana y cómo detectar las tendencias de fondo, superando los impulsos coyunturales. Además de los problemas respecto de la medición del delito y la violencia de larga data incluso a nivel de toda la región, y de la limitada producción estatal de investigaciones de carácter criminológico y poca incidencia en el diseño y seguimiento de políticas (Srur, 2014), era necesario contar con un organismo que profundice en el análisis y la diseminación de la información, frente a lo cual las instancias existentes en las instituciones del sector justicia presentaban limitadas posibilidades, ya que venían centrando sus esfuerzos en la recolección y gestión de datos, a manera de estadística genérica.
Subsecuentemente, el MINJUSDH estableció la necesidad de contar con un ente técnico que exclusivamente provea información y genere conocimiento criminológico sobre los factores que explican el origen, expansión e impacto de la violencia y la criminalidad, a fin de que el Consejo formule políticas y directrices basadas en evidencia empírica. Por esta razón, se constituye el Observatorio Nacional de Política Criminal José Hurtado Pozo – INDAGA (Observatorio INDAGA).
A este ente técnico, que depende orgánicamente de la Dirección General de Asuntos Criminológicos (DGAC) del MINJUSDH, al cumplir la labor de Secretaría Técnica del CONAPOC, se le encarga mantener el diálogo directo entre la política criminal y el saber criminológico, a través del desarrollo,
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promoción y difusión de estudios, diagnósticos y herramientas metodológicas que contribuyan a una implementación más efectiva de las estrategias públicas y no públicas en los ámbitos de prevención, investigación y represión del delito, justicia penal y ejecución de penas, y medidas de seguridad y penitenciaria, con un enfoque evaluativo y prospectivo.
2. Metodología
El Observatorio INDAGA sostiene sus acciones bajo tres normas principales que rigen al MINJUSDH y al CONAPOC: i) Decreto Supremo N°013-2017-JUS, Reglamento de Organización y Funciones del MINJUSDH, artículo N°59; ii) Ley N°29.807, Ley del Consejo Nacional de Política Criminal; y, iii) Decreto Supremo N°008-2012-JUS, Reglamento del Consejo Nacional de Política Criminal.
Bajo estas normas,se alinean sus objetivos (general y específicos). A su vez, los objetivos específicos se agrupan constituyendo cuatro ejes de trabajo según se muestra en la Figura 1.
Figura 1. Objetivos y ejes de trabajo del Observatorio INDAGA
Fuente: Elaboración propia.
La labor del Observatorio INDAGA se ciñe a la República del Perú con cobertura nacional y posibilidad de focalización a nivel regional, provincial y local.
Hasta la fecha, este organismo se ha centrado en el tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal, el sistema penitenciario, la intervención en barrios, y en fenómenos criminales como la trata de personas, la violencia sexual, el feminicidio, los crímenes patrimoniales, los ciberdelitos, la ciberviolencia escolar y los delitos ambientales. Los fenómenos trabajados responden al examen de la victimización, la violencia y la percepción de la inseguridad en el país, sobre la base del análisis de
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las estadísticas oficiales de seguridad ciudadana del Estado, los principales registros administrativos de las instituciones del sector justicia y vinculados a este, así como en la información generada por la sociedad civil y la academia. Los resultados de este examen son puestos a disposición del CONAPOC, en donde se dispone la profundización en el conocimiento y/o el impulso de cambios normativos, el diseño de una política pública, estrategia, plan o acción en la materia.
La población potencial está constituida por todas aquellas personas que pertenecen a instituciones públicas o privadas vinculadas a la prevención de violencias y/o delitos, así como las que se dedican a la persecución de éstos, además de quienes pertenecen a otros sectores que pueden estar asociados a la protección de determinados bienes jurídicos. En este último grupo, se incluye a la academia y a la ciudadanía en general.
La población objetivo o la población que está siendo beneficiada se encuentra constituida por los funcionarios y servidores de las instituciones que conforman el sistema de justicia del Perú, junto a quienes pertenecen a entidades que desarrollan acciones vinculadas a este sistema, destacando: la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y el Programa Nacional de Centros Juveniles, además de losfuncionarios y operadores del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los Gobiernos Regionales.
De otro lado, para el cumplimiento de los objetivos, el Observatorio INDAGA desarrolla productos específicos, tales como documentos de investigación, boletines, documentos de trabajo e infografías, que pueden resultar del recojo de información primaria o secundaria. Además, lleva a cabo actividades de asistencia técnica, capacitaciones a funcionarios y servidores, entre otros. Para cada uno de los productos y/o actividades, dependiendo de su naturaleza y partiendo de un problema o necesidad, se plantean diseños metodológicos, las medidas y los análisis respectivos.
Por ejemplo, en la investigación sobre los perpetradores del feminicidio, se siguió un enfoque cuantitativo, se aplicó un muestreo probabilístico, se elaboró un cuestionario para el recojo de información primaria, para lo cual se empleó la técnica de la entrevista. El análisis de datos se realizó aplicando estadísticos descriptivos como medias y desviaciones estándares, así como análisis bivariados. Por otro lado, en la investigación del fenómeno del sicariato se siguió un enfoque cualitativo, desarrollándose entrevistas semiestructuradas. La entrevista se valoró como un medio para aprender el fenómeno y conocer las realidades de los participantes mediante su propio relato. Con esta información primaria, se procedió con el análisis de las características comunes y las situaciones diferenciadas en cada caso, así como de las experiencias y motivaciones expresadas por los participantes, teniendo presente en todo momento las consideraciones éticas. En ambos casos también se recogió información secundaria capturada principalmente del CEIC.
Asimismo, de acuerdo con el fenómeno estudiado, se procede con el recojo de información secundaria. Para tales efectos, además del CEIC, se capturan datos de las bases anonimizadas disponibles del INEI o en su defecto se realizan los respectivos requerimientos de información a los productores de los datos, dentro de las que se encuentran las unidades u oficinas estadísticas de la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, MIMP, entre otras.
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En ese sentido, la muestra y estrategia de muestreo, así como las técnicas de levantamiento de datos y análisis que son utilizadas por el Observatorio INDAGA están en función al producto y/o actividad. De allí que en el levantamiento de datos pueda considerarse a la observación, las encuestas, las entrevistas (estructurada y semiestructurada), la revisión de fuentes abiertas o registros administrativos, entre otros.
3. Implementación de la iniciativa
La creación del Observatorio INDAGA se aprobó en la 3° Sesión del CONAPOC, del 13 de junio de 2013. Para su diseño y operatividad, se tomaron en cuenta los insumos y propuestas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Durante este proceso fue vital el aporte del doctor Víctor Prado Saldarriaga, Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, además de la conformación de un equipo de soporte administrativo y técnico. Asimismo, para el proceso de implementación se reconocieron y visitaron in situ importantes experiencias en países de América, lo que sirvió de insumo para la implementación del Observatorio.
El Observatorio INDAGA se implementó mediante proyecto de inversión pública (PIP) del año 2015, significó un esfuerzo de articulación importante puesto que el proyecto recogió los aportes de los miembros y representantes del CONAPOC, además de personal especializado. Sin embargo, su inauguración se concretó el 27 de junio de 2016. El tiempo transcurrido desde su aprobación y su inauguración se vio influido por los requerimientos documentales de las diferentes instancias involucradas, lo cual fue superado con los mecanismos adoptados por la Secretaría Técnica del CONAPOC.
Actualmente, los objetivos del Observatorio INDAGA se concentran en tres ejes, derivándose las siguientes actividades:
Primer eje: Generar información y producir conocimiento criminológico útil, oportuno y riguroso. Aquí se incluyen las actividades para la elaboración de productos sobre temas penales, criminológicos y penitenciarios. Estos productos son:
▪ Documentos de investigación: Contienen un análisis profundo de los fenómenos criminales, con data de fuente primaria o secundaria, a través del trabajo de campo o de bases de datos públicas o proporcionadas por otros sectores, según corresponda.
▪ Boletines: Contienen data estadística actualizada y sistematizada de los fenómenos criminales, acompañados de literatura especializada, implican el diseño de un formato amigable.
▪ Documentos de trabajo: Contienen un informe especializado sobre determinado fenómeno criminal, a través del análisis de datos más complejos, presentados en una versión de ágil lectura.
▪ Infografías: Síntesis de investigaciones, recursos de investigación y/o data estadística sobre el fenómeno criminal, a través de un recurso gráfico amigable.
▪ Herramientas para la medición del crimen de mayor incidencia: Mapas, encuestas, entre otros.
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Para el desarrollo de los productos mencionados y según su tipo, el Observatorio INDAGA realiza lo siguiente:
▪ Identificación de la necesidad: Incluye la recopilación de información sobre el tema, la búsqueda de antecedentes y el análisis de acciones frente a este.
▪ Planificación: Incluye la elaboración del protocolo de investigación o plan de trabajo (señala las acciones de monitoreo y evaluación).
▪ Gestión de compromisos institucionales: Establecimiento de acuerdos intrainstitucionales y/o intersectoriales, designación de equipos técnicos y planteamiento de estrategias. ▪ Gestión de información:
o Captura, sistematización, validación y actualización de registros/base de datos. Se ejecuta a fin de que los datos se presenten de manera estándar. Se incluyen tareas relacionadas a la seguridad de la información.
o Recolección, procesamiento y análisis de información. Se realiza según la información proceda de registros administrativos o requerimientos o mediante trabajo de campo. Se desarrolla el análisis de información y la redacción del informe.
▪ Gestión del diseño gráfico: Tareas para la elaboración de la pieza gráfica que será objeto de publicación y difusión.
▪ Validación y aprobación de productos: En primer lugar, con la realización de una mesa de expertos y, en segundo lugar, con las autorizaciones del sector para la presentación y/o publicación del producto.
Segundo eje: Contribuir con el uso de la evidencia criminológica en la política criminal del Estado peruano. Sobre la base de los contenidos de los productos del Observatorio INDAGA, se promueve la incidencia en la política criminal, a través de lo siguiente:
▪ Formulación de aportes, comentarios o recomendaciones a documentos de políticas. ▪ Participación en comisiones multisectoriales y comités estadísticos de la criminalidad. ▪ Asistencia técnica en reuniones bilaterales.
▪ Capacitación a funcionarios y servidores del sistema de justicia e instituciones relacionadas. ▪ Remisión de investigaciones a autoridades y funcionarios del sistema de justicia e instituciones relacionadas.
Tercer eje: Desarrollar procesos de difusión de información y conocimiento criminológico en la sociedad. En este eje, se incluyen las actividades para la facilitación del conocimiento, destacando:
▪ Participación de expertos: Implementación de la ventana de “Opiniones de Expertos/as” donde se presenta un artículo sobre temas penales, criminológicos y penitenciarios mediante un diseño amigable para los lectores.
▪ Involucramiento de jóvenes profesionales: Implementación del Programa Criminólogos en Acción y promoción de participación de investigadores con artículos de opinión. ▪ Difusión en medios de comunicación: Publicación de resúmenes de investigaciones criminológicas o entrevistas a funcionarios en prensa (escrita y televisiva).
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▪ Difusión en eventos libres y gratuitos: Realización del Congreso Nacional de Criminología y cursos en criminología y política criminal, certificados por el MINJUSDH.
▪ Difusión en página web: Los documentos que elabora el Observatorio INDAGA pueden descargarse de manera libre y gratuita, a través de las plataformas web institucionales.
Eje transversal: Fortalecimiento institucional, donde se destacan las acciones encaminadas a la promoción de las competencias de los recursos humanos a las cuales el equipo multidisciplinario del Observatorio INDAGA accede de manera libre y gratuita, como: seminarios, charlas, talleres, congresos, clases magistrales y diplomados. Asimismo, el equipo reporta sus actividades de acuerdo con el Subsistema de Gestión del Rendimiento del MINJUSDH, según lo estipulado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).
Actualmente, en cuanto a recursos, el Observatorio INDAGA cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por diez profesionales de diversas disciplinas, tales como: sociología, antropología, psicología, estadística, economía, derecho y diseño gráfico. A nivel de infraestructura, se cuenta con un espacio físico suficiente tanto para labores de oficina como para el desarrollo de eventos (auditorio), implementados con equipamiento necesario. En cuanto a software, se cuenta con herramientas suite ofimática y gestión documental, así como acceso a programas de diseño gráfico, estadísticos y de información geográfica.
Otro grupo de acciones que destacan son aquéllas que procuran el desarrollo de vínculos de cooperación con actores clave, tales como reuniones interinstitucionales y entrevistas, que conducen a la negociación y suscripción de convenios o cartas de entendimiento.
Finalmente, cabe mencionar que todas las acciones desarrolladas por el Observatorio INDAGA se sustentan en una planificación anual que es de conocimiento e interés del CONAPOC. Esta planificación se alinea a las metas de los planes institucionales del MINJUSDH (Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Institucional, entre otros). Asimismo, ésta es objeto de monitoreo y evaluación por parte del equipo multidisciplinario y de conocimiento del coordinador del Observatorio INDAGA y de la directora de la DGAC del MINJUSDH, a través de reportes. Con ello, se espera superar posibles nudos que dificulten la consecución de las metas o fomentar los logros conseguidos.
4. Resultados asociados
Los resultados responden al siguiente esquema:
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Figura 2. Esquema de resultados del Observatorio INDAGA
Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al objetivo general, los resultados finales que se esperan cubrir se dividen en tres aspectos:
▪ Todos los operadores de las instituciones que conforman el sistema de justicia del Perú y las entidades que desarrollan o ejecutan acciones vinculadas a este sistema, disponen de datos e información confiables y apropiadamente sistematizados sobre nueve delitos genéricos del Código Penal peruano. A la fecha,se ha producido información y conocimiento criminológico en el 50% de ellos.
▪ Los operadores y tomadores de decisiones de las instituciones que conforman el sistema de justicia del Perú y las entidades que desarrollan o ejecutan acciones vinculadas a este sistema (a nivel nacional y regional), usan información y conocimiento criminológico en más del 80% de la política criminal del Estado peruano. Actualmente, se ha alcanzado el 70%.
▪ Los operadores de las 25 regiones del Perú pertenecientes a las instituciones que conforman el sistema de justicia del Perú y las entidades que desarrollan o ejecutan acciones vinculadas
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a este sistema, se benefician de la diseminación de información y conocimiento criminológico. Actualmente, se han alcanzado 13 de las 25 regiones.
De manera específica, en el primer eje, abocado a la generación de información y conocimiento criminológico, podemos indicar que el Observatorio INDAGA ha contribuido con los actores de la PNP con la realización del diagnóstico sobre ciberdelincuencia; en el Instituto Nacional Penitenciario y su Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios con la evaluación de factores de riesgo en la población penal; en el Ministerio del Interior con la evaluación del efecto de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, desplegando una encuesta vecinal en cuatro territorios de zonas de altas vulnerabilidades al crimen; en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, analizando el impacto de la violencia de género dirigida hacia las mujeres durante la declaratoria de emergencia por la COVID-19; a nivel del Gobierno Regional del Callao con la evaluación de la ciberviolencia escolar en casi 1.200 adolescentes en colegios públicos; y en el Programa Nacional de Centros Juveniles se ha concretado el Censo Nacional de Centros Juveniles.
Asimismo, el Observatorio INDAGA, a través de la elaboración, aprobación, publicación y presentación de 44 diferentes tipos de productos, está cumpliendo con los objetivos previstos en beneficio de los funcionarios y servidores de las instituciones que conforman el sistema de justicia del Perú y de las entidades que desarrollan o ejecutan acciones vinculadas a este sistema. A continuación, se presenta información sobre los productos:
▪ Investigación: Se ha elaborado 16 investigaciones criminológicas sobre delitos ambientales, violencia de género, delitos patrimoniales, homicidios, feminicidios, ciberdelincuencia, sistema penitenciario, agresiones sexuales, trata de personas, adolescentes en conflicto con la ley penal y tráfico ilícito de drogas.
▪ Documentos de trabajo: Se han elaborado dos documentos de trabajo sobre medición de resultados de Barrio Seguro y sistema penitenciario.
▪ Boletines: Se han realizado trece boletines. Seis corresponden a boletines criminológicos y siete a boletines informativos.
▪ Infografías: Se han realizado 12 infografías sobre los temas de feminicidio, homicidio, delitos patrimoniales, adolescentes en conflicto con la ley penal, sistema penitenciario, trata de personas y proceso de investigación criminológico.
▪ Herramienta para la medición del crimen: Se ha logrado el acceso al Sistema Integrado de Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana (Data-Crim).
Los resultados del segundo eje se expresan en las citas y menciones a la información del Observatorio INDAGA que se hacen en las políticas, planes y documentos del Estado peruano, así como en las notas metodológicas sobre las intervenciones en materia político criminal. Aquí, el Observatorio INDAGA ha contribuido con los objetivos a partir de ocho documentos de políticas. En las políticas de rectoría del MINJUSDH, la labor del Observatorio INDAGA ameritó un mayor involucramiento, que significó brindar asistencia técnica especializada sobre la materia. A continuación, se presentan los diferentes documentos de políticas:
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▪ Uso de información del Observatorio INDAGA en las políticas nacionales:
o Política Nacional Penitenciaria al 2030, según Decreto Supremo N°011-2020-JUS. o Política Nacional Multisectorial de lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030, según Decreto Supremo N°017-2019-IN.
o Política Nacional contra la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030, según Decreto Supremo N°009-2021-IN.
o Política Nacional de Juventud, según Decreto Supremo N°013-2019-MINEDU. o Política Nacional de Igualdad de Género, según Decreto Supremo N°008-2019- MIMP.
▪ Uso de información del Observatorio INDAGA en planes nacionales y regionales:
o Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, aprobado según Decreto Supremo N°013-2019-IN.
o Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2020 del Gobierno Regional de Áncash.
▪ Uso de información del Observatorio INDAGA en metodologías para mejorar las estadísticas nacionales:
o Nota técnica metodológica para el cálculo de la tasa de homicidios en el Perú, aprobado por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC.
▪ Uso de información del Observatorio INDAGA en metodologías para el monitoreo y evaluación de las intervenciones del Estado peruano en materia político criminal:
o Modelo de seguimiento de la política criminal del Estado a partir de indicadores del 2016-2020, según Ley N°29.807, elaborado con el objetivo de construir un panel de indicadores que permita dar seguimiento a los avances de la política criminal abordada desde distintos sectores.
En cuanto al tercer eje, los resultados se expresan a través del acercamiento con expertos (espacios de retroalimentación), la difusión en medios de comunicación, en eventos libres y gratuitos y en la página web. A continuación, se detallan los resultados:
▪ Participación de expertos: Se cuentan con 33 artículos de opinión de expertos/as peruanos/as y extranjeros que han colaborado y difundido información y conocimiento criminológico.
▪ Difusión en medios de comunicación: Se han difundido los resultados de las investigaciones del Observatorio en prensa (escrita y televisiva) como nota periodística o a manera de entrevista. Entre los medios locales se encuentran los diarios: La República, El Comercio y El Peruano. Asimismo, a través del internet y las redes sociales, se han difundido casi 100 notas alusivas a las investigaciones del Observatorio INDAGA.
▪ Difusión en eventos libres y gratuitos: Se ha realizado el I y II Congreso Nacional de Criminología por el MINJUSDH, así como capacitaciones dirigidas al personal de la PNP,
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Instituto Nacional Penitenciario, Programa Nacional de Centros Juveniles y ciudadanía en general.
▪ Difusión en página web: El Observatorio INDAGA cuenta con una página web con casi un total de 53 mil descargas de los documentos publicados.
Finalmente, en cuanto al eje transversal, se observa que el Observatorio INDAGA ha cumplido con los objetivos propuestos, ya que se cuenta con un equipo multidisciplinario y se promueven sus competencias, fomentando la gestión del rendimiento. Asimismo, sobre los vínculos de cooperación, el Observatorio INDAGA logró concretar una Carta de Entendimiento entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Proyecto Prevenir de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Este documento se sustenta en aras de avanzar hacia la reducción de los delitos ambientales en el Perú.
Debe tenerse en cuenta que, si bien se tienen resultados importantes en cuanto a los objetivos planteados, aun es demasiado pronto para indicar que el Observatorio INDAGA ha alcanzado el fin con el que se gestó: contribuir con la disminución de los niveles de criminalidad en el país. El indicador formulado para su medición considera el porcentaje de reducción de los niveles de criminalidad en el país (índice de victimización) al quinto año, recogido a partir de las estadísticas oficiales del INEI. De acuerdo con esta institución, en el periodo 2015-2019, la población de 15 años y más de edad del área urbana, víctima de algún hecho delictivo, pasó de 30,8% en el 2015 a 26,6 en el 2019 (INEI, 2021).
Sobre el particular, a pesar de que en el fin propuesto influyen muchos otros factores, dado que es un problema multicausal, el Observatorio INDAGA viene coadyuvando con lo propuesto a través de su contribución hacia una mejor toma de decisiones de los miembros y representantes del CONAPOC y la proposición y ejecución de programas, planes, y estrategias en base a evidencia empírica, puesto que la falta de información empírica al momento de tomar las decisiones de política criminal determina no solo una omisión de los legisladores al crear las normas, sino también evidencia el problema que tiene el Estado para generar aquélla, habiéndose detectado problemas en las fuentes de información, las unidades de análisis, el seguimiento y monitoreo de la información y de cómo se interpreta ésta (MINJUSDH, 2013). En ese sentido, su contribución alienta el camino hacia el imperio de una política criminal reflexiva, sin embargo, no cabe duda de que la implementación de una política pública, como es el caso de la política criminal, requiere de un proceso colectivo y, sobre todo, multisectorial; resultado de una visión sistémica y transversal.
5. Discusión e implicancias finales
Las estadísticas sobre el fenómeno de la delincuencia en el país, aunque limitadas, dan cuenta de que las instituciones del sector justicia o vinculadas a este no tienen resultados eficaces para contrarrestar la delincuencia, por lo que deben adoptar medidas para que estas instituciones cumplan con sus cometidos (Prado Saldarriaga, 2014).
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En este camino, la huella que deja el desarrollo de una política que se basa en evidencia es notoria (Dammert, 2017). De allí que la incidencia del Observatorio INDAGA en la política pública representa un avance importante en la “tecnificación de la política criminal”.
Dado que la política criminal depende de los responsables de la formulación de políticas, además de los legisladores, es necesario que éstos cuenten con datos e información confiable y rigurosa para asegurar que las políticas se formulen de manera amplia y se ajusten a las necesidades y los problemas concretos (Naciones Unidas, 2020b). Sobre el particular, el análisis criminal puede ser considerado una actividad con un fin para generar información para la toma de decisiones y también como una función indispensable que apoya a las instituciones en los retos que enfrentan al intentar reducir los delitos y sus consecuencias en la sociedad, generando conocimiento sobre qué funciona y qué no, y por qué (Tudela, 2015).
De otro lado, debe tenerse en cuenta que una mejor comprensión de los fenómenos de la violencia y el crimen coadyuvará con que el uso de recursos públicos sea más eficiente. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, se podrían prevenir 30% más crímenes utilizando los mismos recursos. Además, la entidad menciona que solo el 8% de los 300 programas para combatir la inseguridad ciudadana analizados se diseñó considerando evidencia empírica sobre costo y efectividad. Ante los índices de criminalidad, el uso de evidencia para priorizar el gasto público en seguridad resulta fundamental. Aunado a ello, una mejor difusión y promoción de los estudios empíricos y político criminales podría facilitar la canalización de las actuaciones de los diferentes actores de la política criminal hacia una mayor racionalidad, en cuanto al uso moderado de las medidas de encarcelamiento o la extensión de la justicia reparadora (Tamarit, 2007).
En cuanto a los factores claves o fortalezas que coadyuvan al Observatorio para que pueda trabajar de manera adecuada y desarrolle sus funciones de la mejor manera, es posible identificar varios aspectos. En primer lugar, es importante mencionar el factor talento humano y la diversidad de conocimientos y disciplinas de los miembros del equipo. Asimismo, tener un perfil integrador que permita ver el fenómeno desde todas las aristas. Segundo, estar actualizado y al tono con la innovación técnica. Tercero, mantener estándares de calidad del dato. Cuarto, enfocarse en productos concretos y puntuales. Quinto, la internalización a nivel institucional, sustentabilidad económica, organizativa y técnica y de los proyectos emprendidos -esto es sumamente relevante para la sostenibilidad. Sexto, la búsqueda de asociación y redes con las diferentes instituciones y personas ligadas al campo de la criminología y seguridad ciudadana, a manera de alianzas estratégicas. Séptimo, apuntar a la repercusión o visibilidad de los productos generados de manera constante, pues los datos o estudios que no son considerados por los tomadores de decisiones o la población no son útiles a la ciudadanía. Por último, apostar por el monitoreo y evaluación constante de lo planificado, a nivel de acciones, indicadores y metas. Esto se logró con el apoyo y aceptación de los involucrados, la formación de un equipo para ello, la utilización de herramientas para recabar información, entre otras acciones.
Por otro lado, las limitaciones más relevantes son los cambios de gobierno, aspecto que genera desafíos a largo plazo por los cambios de autoridades y servidores públicos, lo cual acarrea un retraso en la ejecución de las actividades para recolectar información, así como emprender
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proyectos previstos, pues los intereses de la nueva gestión no pueden coincidir con lo planificado. También se puede afirmar que existe una escasa cultura para el intercambio de datos y/o información en los diferentes sectores, así como una reticencia a la evaluación externa de resultados. En ese sentido, se ha trabajado con los representantes de las instituciones involucradas sobre la ventaja de tener datos abiertos, actualizados y de evaluaciones externas para encontrar oportunidades de mejora en la gestión pública. Asimismo, se ha invitado a diversos sectores para el desarrollo de investigaciones conjuntas.
Respecto de la sostenibilidad del Observatorio INDAGA, ésta se viene dando en función a la planificación y los acuerdos adoptados en el CONAPOC, así como a través de la internalización a nivel institucional, sustentabilidad económica, organizativa y técnica. Ahora bien, en aras de la replicabilidad de esta iniciativa, se considera que los intercambios de conocimientos y experiencias impulsados a través de los Gabinetes Binacionales de países constituyen oportunidades importantes. En estos espacios, el Observatorio INDAGA ha logrado incluso compartir espacios de intercambio con sus pares de Colombia y Bolivia.
Como perspectiva de trabajo futuro, el Observatorio INDAGA aspira a promover herramientas que contribuyan a mejorar la gestión, sobre todo de las instituciones regionales, provinciales o locales del sistema de seguridad y justicia.
Finalmente, indicamos que el Observatorio INDAGA es una iniciativa del CONAPOC que ha buscado crear una entidad que permita brindar al Consejo una evaluación de sus productos y recoger información contrastada y de calidad con la que generar las políticas públicas de seguridad ciudadana y contra la criminalidad. Este organismo representa un enfoque innovador dentro de la política pública, pues reconoce la idea de contar con evidencia, es decir, apuesta por el diálogo directo entre la política criminal y el saber criminológico, siendo un proceso mucho más cercano a la evaluación constante de resultados desde una visión interdisciplinaria considerando los extremos jurídicos, económicos, políticos, sociales, psicológicos y criminológicos, además de innovar en la metodología de análisis utilizando diferentes estrategias.
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Referencias
Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (2016). 5° Informe internacional. Prevención de la criminalidad y seguridad cotidiana: Las ciudades y la nueva agenda urbana. Montreal, Canadá. https://cipc-icpc.org/wp-content/uploads/2019/09/3.CIPC_5e-RI_ES_7sept.pdf
Chioda, L. (2016). Fin a la violencia en América Latina. Una mirada a la prevención desde la infancia a la edad adulta. Grupo Banco Mundial.
Dammert, L. (2017). Violencias y criminalidad en las principales ciudades andinas. Desafíos y recomendaciones de políticas públicas. Banco de Desarrollo de América Latina. https://www.researchgate.net/publication/320161773_Violencias_y_criminalidad_en_las_princip ales_ciudades_andinas_Desafios_y_recomendacion_de_politicas_publicas
Srur, J. (ed.) (2014). ¿Qué observan los que observan el delito? Pasado, presente y futuro de los observatorios del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo.
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