Corrupción de segundo plano: gobiernos locales clientelismo con las políticas sociales
Por: Edwin Ticlla Colunche
En los 25 gobiernos regionales, 195 provincias y 1845 distritos a lo largo y ancho del territorio nacional, no están exentos de posibles actos de corrupción. Por un lado, la carencia de profesionales capacitados en gestión pública para impulsar de manera efectiva la inversión pública y el gasto responsable; por otro lado, las autoridades no están tan expuestas a los medios de comunicación que actúan como vigilantes de la gestión, ni a una ciudadanía activa que demanda transparencia y participación en la planificación del presupuesto. Las instituciones de control no tienen la capacidad para realizar una supervisión detallada a todas las entidades públicas al nivel deseado, por lo que es crucial comprender las repercusiones de una corrupción institucionalizada.
Abordar el tema de la corrupción puede realizarse desde múltiples perspectivas, debido a su magnitud y complejidad. Sin embargo, en este documento académico, prefiero comenzar con dos casos que describo en el contexto para presentar luego, basándome en las lecturas, la conceptualización y el desarrollo de la corrupción tanto a nivel de gobierno nacional como subnacional. Las contribuciones de Quiroz y Durand nos revelan, a través de sus exhaustivas investigaciones, que el problema de la corrupción surge ante la debilidad de las instituciones que crean políticas y leyes para favorecer ciertos intereses. Resaltar que los acuerdos y pactos se comienzan a forjar desde las campañas electorales, por lo que es importante mencionar y analizar el clientelismo y el populismo que se manifiestan en las políticas y acciones de una autoridad determinada.
Contextualización de la problemática
El contexto de pandemia ha evidenciado que el presupuesto público asignado a los gobiernos locales se encuentra vulnerado a ser utilizado con fines proselitista por las autoridades. En el contexto de la pandemia se puso de manifiesto con mayor énfasis, que no existe un adecuado control en el gasto público, por lo que, el oportunismo de las autoridades para realizar clientelismo político y mostrarse como populistas, más aún si está cerca las contiendas electorales, se hace evidente. Deseo hacer énfasis en estos actos de corrupción que se ha demostrado y ha conllevado a investigaciones fiscales y por parte de la contraloría. Resalto dos casos: el primero referido al gasto público del presupuesto que fue asignado a las municipalidades para repartir canastas a las familias vulnerables dónde se puso en evidencia actos de corrupción en la distribución el segundo caso hace referencia a los alcances de la empresa Odebrecht a los gobiernos regionales.
Respecto al primer caso, según el portal OJO-PÚBLICO, menciona que, medio de la emergencia debido al Covid-19, el 26 de marzo cuando el presidente Martín Vizcarra anunció la transferencia de S/200 millones a 1,874 municipios distritales y provinciales del país para la adquisición de canastas de alimentos y las distribuyan entre las familias más vulnerables, las municipalidades empezaron la entrega, mientras la Contraloría General informó que desplegó auditores a nivel nacional para asegurar que las municipalidades cumplan con la adecuada ejecución del presupuesto mostrando transparencia y para evitar incurrir en actos de corrupción.
Sin embargo, los casos de irregularidades en la adquisición y entrega de las canastas no tardaron en mostrarse. La falta de transparencia se opone directamente al derecho de los ciudadanos a dar a conocer las acciones del gobierno. No tener información sobre lo que se está haciendo en un programa no contribuye a la formación de autoridades responsables, porque no se puede tener control sobre sus acciones si no se conocen. El entorno oculto favorece el comportamiento corrupto al tiempo que reduce las posibilidades de detección (Ojo-publico, 2020). Más aún en un contexto de emergencia donde se convoca a la sensibilidad humana en para atender los casos más graves de necesidad, se califica como un acto inhumano aprovecharse del dolor humano para sacar provecho oculto con la distribución de los alimentos.
El segundo caso se refiere a los alcances de la empresa Odebrecht en los gobiernos regionales, por citar algunos, Callao (USD 2 millones) y Cusco (USD 3 millones) donde hubo coimas por un porcentaje de las obras concesionadas. Cuando se hace un análisis de las influencias y las redes clientelares como un esquema de negocio ya establecido por la transnacional, es importante ampliar la mirada para generar la crítica y la actitud de rechazo a estas prácticas hacia los gobiernos regionales y locales, porque lo que se promueve en los medios de comunicación es principalmente a las autoridades del gobierno central como los principales coludidos en estos actos de corrupción dejando en segundo plano a otras autoridades.
El clientelismo como una forma de corrupción
Para este trabajo se concibe el clientelismo como una forma especial de intercambio que se da entre actores de poder y estatus desigual, eminentemente utilitario y paternalista. Constituye una forma de intercambio interpersonal vertical que se espera la contraprestación en la retribución que ambas partes esperan obtener y que cesa en el momento en que el beneficio esperado no se materializa (Menéndez-Carrión, 1985). La ejecución de los programas sociales se encuentras con estos riesgos, cuando son utilizados políticamente para distribuir bienes, con la finalidad de ganar rédito político. Otro problema también es la compra de insumos para el Programa Vaso de Leche.
El Perú arrastra una larga tradición de corrupción que corrompió en la conciencia de la población peruana con mayor incidencia en los últimos gobiernos, dada la posibilidad de difusión y alcance de los medios de comunicación y las redes sociales, por medio del cual se democratiza la conciencia pública y genera reacciones ante los destapes de las evidencias de un estado cleptocrático, una corrupción sistémica y planificada copada los poderes del estado o por lo menos tenía alcances para su manipulación, como el tráfico de influencias en la asignación de puestos públicos y la influencia en las licitaciones.
Este clientelismo se configura desde la etapa de las campañas electorales a diferente nivel, pero considero que, a más fuerza en los gobiernos locales y regionales, donde el poder económico y en algunos casos el narcotráfico invierte inmensas cantidades de dinero para llegar a la población con regalos y grande promesas. Los escándalos no llegan a tener gran repercusión, a diferencia de los casos de corrupción generado por un presidente u otro funcionario del Gobierno Central. Las oportunidades de corrupción que existen a nivel local con lotizaciones de terrenos, autorizaciones y licencias, entre otros. Estas malas prácticas también se evidenciaron en las campañas presidenciales, donde los aportes a las campañas no fueron declarados, dejando una duda sobre los financistas y si las fuentes son legales o ilegales.
La corrupción como problema estructural
Quiroz (2013) define la corrupción como el uso indebido del poder político burocrático por parte de funcionarios con mezquinos intereses privados para obtener ventajas económicas o políticas contrarias a los objetivos del desarrollo social a través de la malversación de fondos, el desvío de recursos públicos y la distorsión de políticas e instituciones. Este acto de corrupción incluye el ofrecimiento y la recepción de sobornos, la malversación y la mala asignación de fondos y gastos públicos; también la implementación egoísta de programas y políticas. También escándalos financieros y políticos, fraudes electorales y otras transgresiones administrativas que despiertan una percepción reactiva de la ciudadanía.
En las últimas décadas varias autoridades como los presidentes, autorizaron obras públicas y otorgaron concesiones de manejo de bienes públicos que tuvieron un alto costo tanto en monetario, pero también en lo institucional. Fiscales y jueces encontraron indicios de estos favorecimientos que se entregaron en colusión corrupción, pero cuando iniciaron Durand (2018), las investigaciones redes de presión plantearon dificultades para obstruir las investigaciones; este tipo de arreglos sistemáticos de obras emblemáticas que grandes empresas en algunos casos transnacionales arreglaban por medio de la colusión, corrupción empresarial ejerciendo influencia legal e ilegal en el financiando partidos, sobornando, haciendo favores y dando apoyos. Y hasta obras filantrópicas, Durand (2018) plantea como hipótesis de su trabajo académico que la empresa en este caso Odebrecht realizaron sus operaciones utilizando las redes de influencia recurriendo mecanismos legales como ilegales para influir en las decisiones que le favorecen, privilegiando y favoreciendo, que le permitía obtener altas tasas de ganancia, adjudicándose proyectos públicos y concesiones, aprovechándose de un Estado poroso, débil y dirigido por políticos funcionarios con intereses particulares que priorizan grandes inversiones y descuidan los mecanismos de control o en muchos casos distorsionan el interés público, obviando los costos que implica realizar una obra y llegando a afectar el desarrollo social de los pueblos al ignorar sus demandas, afectando las oportunidades de desarrollo por medio de la salud, educación empleo.
Se identifican los mecanismos en la captación de diferentes actos como el financiamiento electoral, la puerta giratoria, el apoyo político, los sobornos, las reuniones sociales y los eventos de confraternización, influyendo no solo a nivel de licitación, sino también en la formulación de leyes por conveniencia privada, los empresarios y políticos corruptos funcionaron casi siempre protegidos por un pacto de silencio y la falta de testimonios probatorios. Con investigaciones que tienden a culpar solo a unos pocos de manera leve y parcial; y en muchos casos justificados por entender la corrupción como parte de la estructura.
El agente económico o la entidad con una enorme concentración de recursos materiales tiene un gran poder económico y de mercado para poder influir. Este poder empresarial corporativo ha crecido gracias a la globalización y las políticas neoliberales a favor del mercado. También es evidente el poder instrumental político y discursivo que pueden tener, que ponen énfasis en el financiamiento electoral y el cabildeo. Su equipo profesional especializado genera un poder comunicativo y mediático bastante eficiente. Es necesario comprender esta naturaleza económica y organizativa de una empresa, sus conexiones políticas y sociales organizadas en torno a sus influencias y la posibilidad de capturar al Estado utilizando diferentes mecanismos con consecuencias económicas, institucionales, políticas y reputacionales.
Existieron perspectivas que buscaron justificar la corrupción, comprendiendo como una especie de aceite que lubrica los obstáculos burocráticos en sociedades en vía de desarrollo y estos preceptos han quedado superados.
Entiende que la corrupción a gran escala o sistémica se da cuando las normas no son favorables al desarrollo. Por ello la falta de disuasivos adecuados no impide con tener comportamientos oportunistas y despóticos, costumbre advenedizas o la ventaja monopólica de aquellos que tienen acceso al poder político, la administración pública y privilegios económicos.
El populismo y la ciudadanía a nivel local
El populismo no ayuda a la democracia porque refleja una actitud paternalista del Estado hacia la población la hace dependiente y no fomenta la ciudadanía activa, generando una cultura condescendiente en tiempos de elecciones en las elecciones pero que se concreta y agudiza en el desarrollo de un determinado gobierno. Los populismos tienen más arraigo en tiempos de crisis o poscrisis política, social o económica; aparece un caudillo, como líder donde la gente se puede identificar, que presenta al enemigo común, como causante de los males sociales (la clase política, los grupos de poder, etc.); obtienen un alto apoyo popular para alcanzar el poder. El discurso del gobernador populista menciona que refleja la voluntad del «pueblo»; por lo tanto, sus acciones, fueran las que fueran, estarán justificadas siempre que represente intereses personales. Las voces disidentes y la oposición son un obstáculo para el partido o los líderes gobernantes, o simplemente para aquellos medios que informan con la verdad. La toma de los poderes del Estado, como el legislativo, que a su vez designa a las instituciones judiciales, electorales y otras autónomas, abre el camino a un desequilibrio de poderes que puede romper la democracia con una dictadura.
Existe una falta ética que los candidatos ofrezcan todo lo que le parece con la finalidad de llegar al poder, que más si estas promesas son promovidas con un gran presupuesto de campaña.
En conclusión, contando varios gobernantes y autoridades de gobiernos regionales y locales coludidos en actos de corrupción, ha generado atrasos a nivel de desarrollo. Este desvío de 20,297 millones de soles aproximadamente por año en corrupción (Diario Oficial El Peruano, 2021), refleja que falta fortalecer nuestra conciencia cívica y de vigilancia, ejerciendo una ciudadanía activa que denuncia los actos de corrupción.
REFERENCIAS
Diario Oficial El Peruano (2021). Perú perdió S/ 23,297 millones por corrupción e inconductas. https://tinyurl.com/y2b65b9q
Durand, F. (2018). Odebrecht, la empresa que capturaba gobiernos. Fondo Editorial de la PUCP.
Menéndez-Carrión, A. (1985). Clientelismo electoral y barriadas: perspectivas de análisis. Lima: IEP
Ojo-Público (2020). Coronavirus en regiones: investigan malos manejos en canastas familiares y escasa ejecución de fondos. https://ojo-publico.com/1748/covid-19-en-regiones-investigan-malos-manejos-en-entrega-de-canastas
QUIROZ, A.2013). Historia de la corrupción en el Perú. Lima: IEP.
