Corte de Lima Norte implementa la Unidad de flagrancia

El Presidente de la CSJ Lima Norte comparte su experiencia:

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Lima Norte tiene una jurisdicción que abarca cinco distritos y una provincia, atiende a más de dos millones y medio de habitantes y tiene dos distritos, San Martín de Porres y Comas, que, según los últimos indicadores del INEI, tienen la más alta incidencia delictiva y, en el 2022, han duplicado el número de delitos en comparación con el 2021.

Esta situación exige no perder el paso en la mejora de la justicia penal. Al respecto, la Corte de Lima Norte ha alcanzado el tercer tramo de la implementación del NCPP, aún con todas las restricciones de la emergencia sanitaria del 2020.

En los 100 primeros días de gestión, la Presidencia de la Corte de Lima Norte ha logrado tres reuniones con la CDI: Comisión Distrital de Implementación del CPP, con varios acuerdos y compromisos; en estas reuniones concluimos que no podíamos esperar la construcción del nuevo edificio para implementar el módulo de flagrancia.

Ese edificio lo tendremos en el mediano plazo y con el respaldo de la Gerencia General y del presidente del Poder Judicial, que desde el primer día de gestión han mostrado todo su apoyo; mientras tanto, hemos decidido aprovechar las ventajas comparativas que tenemos en Lima Norte: el Ministerio Público colinda con el Poder Judicial; las instalaciones de la Defensa Pública y la Policía están muy cerca; y, el INPE y el medio libre operan desde nuestras instalaciones.

Esta ventaja comparativa nos permite, por ahora, prescindir de todo un edificio para el módulo de flagrancia y aprovechar las condiciones favorables que tenemos para implementar una unidad de flagrancia. Esta unidad requiere ambientes mínimos: una oficina de enlace con cuatro módulos para la Policía, Fiscalía, Medicina Legal y Defensa Pública; y una sala de audiencia-despacho para el juez y el desarrollo del juicio oral de flagrancia.

Así pues, la Unidad de Flagrancia de Lima Norte solo cuenta con dos ambientes, no obstante, es más la voluntad de sus integrantes y mayor aún el compromiso para garantizar su funcionamiento y mejora continua. Todos como una sola unidad, con un solo propósito: intervenir inmediatamente al delito flagrante, canalizarlo mediante la unidad de flagrancia y sancionar en 48 horas o menos.

La implementación de la unidad de flagrancia no habría sido posible sin el respaldo y la gestión de la Comisión de Implementación de las Unidades de Flagrancia en el Perú, a cargo del presidente del Poder Judicial, y sin la voluntad política del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y de la CDI que desde la primera reunión de trabajo la han promovido y patrocinado.

Así, se ha implementado la Unidad de Flagrancia en la Corte de Lima Norte para que todos los integrantes del Sistema de Justicia Penal actúen como una sola autoridad, como un solo puño frente al delito, y con una sola meta: intervenir y sancionar el delito flagrante en 48 horas o menos.

Procesos de alimentos migran al nuevo expediente judicial electrónico

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La judicatura peruana dispuso la implementación del expediente judicial electrónico (EJE) para los procesos de alimentos de los menores de edad, como parte de su proceso de transformación digital hacia una justicia más célere y oportuna.

Así lo estableció mediante la Resolución Administrativa N° 000154-2022-CE-PJ, que ordena su ejecución como medida inmediata para dar sostenibilidad al acceso a la justicia, en su primera fase en las cortes superiores de Arequipa, Lima, La Libertad, Lambayeque y Lima Norte.

“El proyecto EJE Alimentos consiste en incorporar a la especialidad Familia Civil, subespecialidad Familia Civil, Proceso Único en Materia de Alimentos para Niñas, Niños y Adolescentes, al EJE, a fin de brindar un procedimiento más célere haciendo uso de las tecnologías de la información”, señala la norma.

La medida se enmarca en la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, que prioriza la tutela jurisdiccional orientada a atender las necesidades de alimentación, salud, educación, recreación, vivienda, servicios básicos, trabajo y protección jurídica de niños, niñas y adolescentes.

De igual modo, esta iniciativa se articula con los objetivos de fortalecer la celeridad de la administración de justicia en beneficio de la sociedad e impulsar la mejora de la calidad del servicio, considerados en el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial.

La obtención de estos objetivos es apoyada por las acciones que despliega la Comisión de Trabajo del EJE, que preside el juez supremo Héctor Lama More, en el fortalecimiento de la transformación digital del Poder Judicial.

Este grupo de trabajo desde su conformación hasta el pasado abril desarrolló actividades de implementación del EJE y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) en 318 órganos jurisdiccionales de 22 cortes superiores, que ya disponen de los beneficios de estas plataformas.

A la fecha, el acceso de los usuarios al EJE en cualquier momento del día, a fin de que puedan revisar y descargar el expediente o determinados actos procesales en formato PDF, tiene un impacto positivo en la transparencia del servicio de justicia, así también en los costos del proceso, ya que la entidad no tendrá gastos de infraestructura, servicios y recursos humanos para atender esa necesidad de los usuarios, y con ellos no necesitarán trasladarse a las sedes judiciales para cumplir con ese trámite.

Por ello, el Poder Judicial también avanza en la mejora del sistema de almacenamiento y las bases de datos; el software, la infraestructura de comunicaciones, así como mejoras en los canales de comunicación, como la velocidad de los accesos, para darle mayor celeridad al sistema.

En cuanto a estos casos, en la víspera el Ejecutivo oficializó la Ley Nº 31464, destinado a garantizar la debida aplicación del principio del interés superior del niño y la obtención de una pensión de alimentos adecuada.

Especialidades

A la fecha, el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE) se aplican en las especialidades Laboral (Nueva Ley Procesal del Trabajo) y del Contencioso Administrativo (subespecialidades tributario, aduanero y temas de mercado).

También en lo civil (subespecialidad comercial y oralidad civil), Familia (subespecialidad en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar), así como en la Corte Superior Nacional (etapa intermedia), informó el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).

Módulo Integrado en Flagrancia permitirá respuesta inmediata y eficaz a comisión de delitos comunes

 

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La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, sostuvo que el Módulo Integrado Especializado en Flagrancia, a implementarse próximamente en Lima,permitirá responder de manera inmediata y eficaz ala investigación y juzgamiento de los delitos comunes en flagrancia, coadyuvando asía la lucha contra el flagelo de la inseguridad ciudadana. 

 
Así lo indicó hoy en lainauguración del taller “Presentación del modelo de gestión de las unidades de flagrancia de Ecuador, en el marco del proceso de implementación del Módulo Integrado Especializado en Flagrancia con sede en Lima”, evento organizado por la Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (UETI-CPP), que también lidera Barrios Alvarado. 
 
“Una unidad como el Módulo Integrado Especializado en Flagrancia permitirá responder de manera inmediata y eficaz a la inseguridad, que es un caldo de cultivo para el desarrollo de organizaciones criminales;nuestro país tiene el compromiso de implementarlo como el modelo eficiente del Ecuador”, refirió. 
 
No obstante, la titular del Poder Judicial consideró que para lograr este objetivo en la lucha contra la inseguridad ciudadana debenecesariamente articularse esfuerzos con las entidades integrantes del sistema de justicia.
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A fin de atender los altos índices de criminalidad, la Unidad de Flagrancia que se implementará en el Distrito Judicial de Lima Centro y es liderada por el Poder Judicial, que preside Elvia Barrios, puede resolver los procesos inmediatos en casos de flagrancia en un plazo máximo de hasta un mes o menos, computado desde que se comete el acto ilícito hasta la sentencia.
 
Esto conforme al Decreto Legislativo N° 1194 emitido para combatir la inseguridad ciudadana y establecer un tratamiento célere en la investigación y juzgamiento de los delitos comunes. Así, los operadores del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia (Defensa Pública), que forman parte de la Unidad de Flagrancia, deberán cumplir determinados plazos.
 
La detención policial se dará en un plazo de hasta 48 horas; luego, el fiscal tendrá hasta 48 horas para presentar el requerimiento fiscal ante el juez/a, quien a su vez tendrá este mismo tiempo para citar a audiencia única de incoación (inicio) del proceso inmediato. Esta audiencia es inaplazable.
 
En el caso de que el juez/a declare procedente el proceso inmediato, el fiscal tendrá un tiempo máximo de 24 horas para presentar la acusación fiscal ante el juez/a de Investigación Preparatoria, quien en el transcurso del día remitirá los actuados al Juzgado Penal Unipersonal o Colegiado para el juicio.
 
Este órgano jurisdiccional tiene un máximo de 72 horas para instalar la audiencia única de juicio inmediato, la que podría culminar en el día o continuar los siguientes días consecutivos hasta la emisión de la sentencia respectiva.
 
Cabe recordar que existe flagrancia cuando el autor de un hecho punible es sorprendido en el momento, inmediatamente después de cometerlo o mientras sea perseguido o cuando tenga objetos que haga presumir que acaba de cometer o participar en algún delito.
 
Asimismo, el proceso inmediato no se instaura de oficio, sino que debe hacerse por requerimiento fiscal dirigido al Juzgado de Investigación Preparatoria.
 
Es por ello que con la implementación de la Unidad de Flagrancia se busca integrar en una sola edificación, debidamente equipada, a los operadores del sistema de justicia, quienes brindarán un servicio coordinado, articulado y célere, las 24 horas del día, incluidos los fines de semana y feriados.
El objetivo de esta iniciativa es atender los altos índices de criminalidad y generar la descongestión del sistema judicial, informó la judicatura. Así, el proyecto busca integrar en una sola edificación, debidamente equipada, a los operadores del sistema de justicia, que brindarán un servicio coordinado, articulado y célere, las 24 horas, incluidos los fines de semana y feriados. Contará también con protocolos interinstitucionales y espacios físicos modernos contiguos, siendo un factor clave para el oportuno procesamiento y resolución de los procesos de flagrancia, anotó el Poder Judicial.


Lineamientos
Explicó que la propuesta ha sido elaborada sobre la base de la evaluación efectuada por los equipos técnicos institucionales de implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia mediante la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia.

La judicatura precisó que estos nuevos servicios en Lima estarán en un sector del interior del otrora penal San Jorge. Aquí también se realizan estudios para un proyecto de mayor envergadura, como es la Ciudad Judicial de Lima. 

 Se plantea implementar este proyecto no solo en la ciudad de Lima, sino también en todo el país, gracias a la colaboración entre entidades de los tres niveles de gobierno como la facilitación de espacios físicos para poder ponerlos a punto y a disposición de los operadores.

La iniciativa requiere finalmente de un compromiso del Poder Ejecutivo, no solo institucional, pues participan los sectores de Justicia y del Interior, sino también del presupuesto necesario para adecuar ambientes, comprar equipamiento y tecnología, muebles y otros.

Litigación civil
Con la implementación reciente de la oralidad en los procesos civiles de la Corte de Pasco, son 21 distritos judiciales los que aplican esta reforma procesal impulsada por el Poder Judicial para acelerar y transparentar los procesos en la referida especialidad, informó el Poder Judicial.

La Corte de Lambayeque, además, pondrá en marcha, el 4 de marzo, este sistema, el cual es impulsado por la actual gestión que preside la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado.

De ese modo, en todo el país, 21 de las 34 cortes cuentan con el modelo oral, lo que significa un avance cercano al 61% (con Lambayeque se alcanzará el 64%) del total de distritos judiciales, en menos de tres años de trabajo.
 
EXPERIENCIA ECUATORIANA
 
En el taller que se desarrolló en Palacio de Justicia, el funcionario del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Luis Barrazueta Rodríguez,expuso sobre la experiencia de diez años en la implementación exitosa del modelo de gestión de las unidades de flagrancia en Ecuador.
 
Explicó que estas sonedificios donde funcionanla Fiscalía, el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior y la Defensoría Pública, las cuales operan de manera coordinada ytienen éxito porque existe una política de seguridad pública.
 
“El modelo exitoso de gestión de las unidades de flagrancia en el Ecuador no es aplicable sin una correcta política de seguridad pública y sin el compromiso de los actores del sistema de justicia”, aseveró.
 
Añadió que estas unidades, que tramitan procesos de flagrancia en el menor tiempo posible, son de diversos tipos y en ellas trabajan jueces y juezas, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, equipos técnicos de la Fiscalía y también cuentan con ambientes para la Policía y laboratoristas.

En nuestro país, los delitos de flagrancia en el Perú son regulados por el Decreto Legislativo N° 1194 que establece un tratamiento másrápido en la investigación y juzgamiento de los delitos, en comparación con los procedimientos ordinarios.
 
Tras la exposición de Barrazueta Rodríguez, altos funcionarios y representantes del sistema judicial de Perú como presidentes/as de las cortes de justicia de Limarealizaron consultas sobre laimplementación de estas unidades de flagrancia en Ecuador.
 
En este evento, que se desarrolla en Palacio de Justicia,están programadas actividades académicas y reuniones de trabajo con los presidentes y personal jurisdiccional de las cortes del país, así como con los integrantes de la Unidad del Equipo Técnico Institucional Del Código Procesal Penal (UETI-CPP).
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Oficina Regional Sur del INPE firma acuerdo con Poder Judicial

 La directora de la Oficina Regional Sur INPE, Marina Ancalle Ticona, y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Javier Fernández Dávila Mercado, suscribieron, el 30 de diciembre un acuerdo de colaboración interinstitucional que beneficiará a los internos e internas de los Establecimientos Penitenciarios de Varones Arequipa, Mujeres Arequipa y Camaná brindando de manera virtual información sobre sus procesos judiciales.

El convenio, que tiene vigencia de un año a partir de su suscripción, busca mejorar la calidad en el servicio de administración de justicia de las personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios de la región, proporcionándoles información de sus procesos judiciales y otros servicios que brinda la Corte Superior a través de la Implementación del Módulo de Atención virtual para los internos (MAVI).

Cabe señalar que el Instituto Nacional Penitenciario implementó módulos con dos equipos de cómputo con conexiones de internet en los recintos carcelarios para el acceso a la ventana virtual del Poder Judicial, donde los internos e internas podrán realizar sus consultas legales y seguimientos a sus expedientes.

Por su parte, la directora regional del INPE resaltó la importancia del convenio que facilita a los albergados/as la información requerida de manera eficaz y rápida. Asimismo, agradeció al titular de la Corte Superior de Justicia de Arequipa por su compromiso con la población penitenciaria y con el personal a quienes se les brindará charlas de capacitación y sensibilización sobre temas jurídicos.

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