Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA

 

Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGA: Gestión de información criminológica  para su uso en la política criminal

Mariella Valcárcel Angulo1 

José Huaytalla Quispe

Dirección General de Asuntos Criminológicos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú.

Abstract

El Observatorio Nacional de Política Criminal José Hurtado Pozo – INDAGA es una iniciativa del  Consejo Nacional de Política Criminal que permite contar con información contrastada y de calidad  para generar políticas públicas contra la criminalidad. Este organismo presenta un enfoque  innovador dentro de la política pública peruana, pues apuesta por el diálogo directo entre la política  criminal y el saber criminológico, contando con procesos mucho más cercanos a la evaluación  constante de resultados desde una visión interdisciplinaria, considerando las dimensiones jurídicas,  económicas, políticas, sociales, psicológicas y criminológicas. Además, innova en la metodología de  análisis, utilizando estrategias cualitativas y cuantitativas, así como el uso de software de estadística,  análisis de datos cualitativos y sistema de información geográfica. Los resultados del Observatorio  INDAGA en beneficio de los funcionarios y servidores públicos, como de la ciudadanía en general,  son verificables y contrastables. La implementación de esta iniciativa ha permitido generar una  metodología dirigida a comprender el fenómeno de la criminalidad, encaminando la labor a la  producción de investigaciones criminológicas y el debate de las políticas públicas sobre criminalidad  y violencia, incidiendo de manera concreta sobre la política criminal del Estado peruano. Como tal, representa un aporte valioso dentro de la experiencia de la gestión pública y la generación de  conocimiento para con la reducción de la criminalidad y la violencia en la región.

Palabras clave: observatorio, información criminológica, política criminal, evidencia.

1. Introducción

De manera global, medir las tendencias de la delincuencia resulta un proceso complejo dada la  limitada disponibilidad de datos (Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC),  2016). Sin embargo, a partir del indicador de homicidio, se tienen aproximaciones a los delitos  violentos y a los niveles de violencia dentro de los países (UNODC, 2019). Los datos de América  Latina y el Caribe, sumados al historial regional (homicidio en general, homicidio por razón de  género, delitos relacionados a las drogas, delitos contra el patrimonio, corrupción, violación, trata  de personas, delitos ambientales, principalmente), indican que la delincuencia mantuvo niveles  altos o incluso aumentó en algunos países, a pesar de que se dieron avances sociales o la pobreza y  la desigualdad de ingresos disminuyeron (Naciones Unidas, 2020a; Chioda, 2016).

De mantenerse la tendencia de la delincuencia en América Latina y el Caribe que la conduce a ser  una de las regiones más desiguales y violentas del mundo, las metas planteadas en el marco del  

1 Directora General de Asuntos Criminológicos. Correo electrónico: mvalcarcel@minjus.gob.pe

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Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 se verán afectadas para el 2030 (UNODC, 2019; Naciones  Unidas, 2019). Para contrarrestar esta tendencia -no ajena al caso peruano- se necesitan diferentes  tipos de datos que coadyuven con la generación de políticas basadas en las evidencias. Con datos  de calidad, los formuladores de políticas conocerán los grupos etarios, las personas en riesgo y los  infractores en los que se deben concentrar (Chioda, 2016). Es menester, entonces, contar con  información sobre las tendencias de los fenómenos delictivos y conocer la evolución de los factores  de riesgo, así como de las practicas eficaces al momento de formular políticas amplias con base  empírica (Naciones Unidas, 2020b).

Junto a lo anterior, además se reconoce que la delincuencia en el Perú es uno de los principales  problemas que vive el país. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es el segundo problema que más preocupación generó en la población de 18 y más años(INEI, 2021).  Datos similares obtuvo el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) en las ediciones de su Encuesta  Nacional Urbano Rural del 2015 y 2019. En la edición más reciente, un 43% consideró que la  delincuencia era un problema que había aumentado durante el último año en su distrito (IEP, 2019).

En este contexto, el gobierno peruano asumió como problema público la inseguridad ocasionada  por el delito y creó el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), presidido por el Ministerio  de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Este Consejo reúne a los principales actores del  sistema de justicia y persecución criminal del país con el objetivo de planificar, articular, supervisar  y dar seguimiento a la política criminal del Estado peruano (Ley N°29.807).  

No obstante, durante los primeros años de implementación, los miembros y representantes del  CONAPOC advirtieron la necesidad de verificar y evaluar si las políticas y normativas desarrolladas  e implementadas facilitaban resultados para afrontar los problemas específicos que generaba la  criminalidad, dado que es un problema complejo y multicausal. Las dudas se generaron sobre cómo  reorientar las acciones del Estado por encima de las ideas a priori, es decir, sobre qué fundamentos  se debían basar las acciones para paliar los problemas relacionados a la seguridad ciudadana y cómo  detectar las tendencias de fondo, superando los impulsos coyunturales. Además de los problemas  respecto de la medición del delito y la violencia de larga data incluso a nivel de toda la región, y de  la limitada producción estatal de investigaciones de carácter criminológico y poca incidencia en el  diseño y seguimiento de políticas (Srur, 2014), era necesario contar con un organismo que  profundice en el análisis y la diseminación de la información, frente a lo cual las instancias existentes  en las instituciones del sector justicia presentaban limitadas posibilidades, ya que venían centrando  sus esfuerzos en la recolección y gestión de datos, a manera de estadística genérica.  

Subsecuentemente, el MINJUSDH estableció la necesidad de contar con un ente técnico que  exclusivamente provea información y genere conocimiento criminológico sobre los factores que  explican el origen, expansión e impacto de la violencia y la criminalidad, a fin de que el Consejo  formule políticas y directrices basadas en evidencia empírica. Por esta razón, se constituye el  Observatorio Nacional de Política Criminal José Hurtado Pozo – INDAGA (Observatorio INDAGA).

A este ente técnico, que depende orgánicamente de la Dirección General de Asuntos Criminológicos  (DGAC) del MINJUSDH, al cumplir la labor de Secretaría Técnica del CONAPOC, se le encarga  mantener el diálogo directo entre la política criminal y el saber criminológico, a través del desarrollo,

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promoción y difusión de estudios, diagnósticos y herramientas metodológicas que contribuyan a  una implementación más efectiva de las estrategias públicas y no públicas en los ámbitos de  prevención, investigación y represión del delito, justicia penal y ejecución de penas, y medidas de  seguridad y penitenciaria, con un enfoque evaluativo y prospectivo.  

2. Metodología

El Observatorio INDAGA sostiene sus acciones bajo tres normas principales que rigen al MINJUSDH  y al CONAPOC: i) Decreto Supremo N°013-2017-JUS, Reglamento de Organización y Funciones del  MINJUSDH, artículo N°59; ii) Ley N°29.807, Ley del Consejo Nacional de Política Criminal; y, iii)  Decreto Supremo N°008-2012-JUS, Reglamento del Consejo Nacional de Política Criminal.

Bajo estas normas,se alinean sus objetivos (general y específicos). A su vez, los objetivos específicos  se agrupan constituyendo cuatro ejes de trabajo según se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Objetivos y ejes de trabajo del Observatorio INDAGA

image1 Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGAFuente: Elaboración propia.

La labor del Observatorio INDAGA se ciñe a la República del Perú con cobertura nacional y  posibilidad de focalización a nivel regional, provincial y local.

Hasta la fecha, este organismo se ha centrado en el tratamiento del adolescente en conflicto con la  ley penal, el sistema penitenciario, la intervención en barrios, y en fenómenos criminales como la  trata de personas, la violencia sexual, el feminicidio, los crímenes patrimoniales, los ciberdelitos, la  ciberviolencia escolar y los delitos ambientales. Los fenómenos trabajados responden al examen de  la victimización, la violencia y la percepción de la inseguridad en el país, sobre la base del análisis de

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las estadísticas oficiales de seguridad ciudadana del Estado, los principales registros administrativos  de las instituciones del sector justicia y vinculados a este, así como en la información generada por  la sociedad civil y la academia. Los resultados de este examen son puestos a disposición del  CONAPOC, en donde se dispone la profundización en el conocimiento y/o el impulso de cambios  normativos, el diseño de una política pública, estrategia, plan o acción en la materia.

La población potencial está constituida por todas aquellas personas que pertenecen a instituciones  públicas o privadas vinculadas a la prevención de violencias y/o delitos, así como las que se dedican  a la persecución de éstos, además de quienes pertenecen a otros sectores que pueden estar  asociados a la protección de determinados bienes jurídicos. En este último grupo, se incluye a la  academia y a la ciudadanía en general.

La población objetivo o la población que está siendo beneficiada se encuentra constituida por los  funcionarios y servidores de las instituciones que conforman el sistema de justicia del Perú, junto a  quienes pertenecen a entidades que desarrollan acciones vinculadas a este sistema, destacando: la  Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional  Penitenciario y el Programa Nacional de Centros Juveniles, además de losfuncionarios y operadores del Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones  Vulnerables y los Gobiernos Regionales.

De otro lado, para el cumplimiento de los objetivos, el Observatorio INDAGA desarrolla productos  específicos, tales como documentos de investigación, boletines, documentos de trabajo e  infografías, que pueden resultar del recojo de información primaria o secundaria. Además, lleva a  cabo actividades de asistencia técnica, capacitaciones a funcionarios y servidores, entre otros. Para  cada uno de los productos y/o actividades, dependiendo de su naturaleza y partiendo de un  problema o necesidad, se plantean diseños metodológicos, las medidas y los análisis respectivos.  

Por ejemplo, en la investigación sobre los perpetradores del feminicidio, se siguió un enfoque  cuantitativo, se aplicó un muestreo probabilístico, se elaboró un cuestionario para el recojo de  información primaria, para lo cual se empleó la técnica de la entrevista. El análisis de datos se realizó  aplicando estadísticos descriptivos como medias y desviaciones estándares, así como análisis  bivariados. Por otro lado, en la investigación del fenómeno del sicariato se siguió un enfoque cualitativo, desarrollándose entrevistas semiestructuradas. La entrevista se valoró como un medio  para aprender el fenómeno y conocer las realidades de los participantes mediante su propio relato.  Con esta información primaria, se procedió con el análisis de las características comunes y las  situaciones diferenciadas en cada caso, así como de las experiencias y motivaciones expresadas por  los participantes, teniendo presente en todo momento las consideraciones éticas. En ambos casos  también se recogió información secundaria capturada principalmente del CEIC.

Asimismo, de acuerdo con el fenómeno estudiado, se procede con el recojo de información  secundaria. Para tales efectos, además del CEIC, se capturan datos de las bases anonimizadas  disponibles del INEI o en su defecto se realizan los respectivos requerimientos de información a los  productores de los datos, dentro de las que se encuentran las unidades u oficinas estadísticas de la  PNP, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE, MIMP, entre otras.

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En ese sentido, la muestra y estrategia de muestreo, así como las técnicas de levantamiento de  datos y análisis que son utilizadas por el Observatorio INDAGA están en función al producto y/o  actividad. De allí que en el levantamiento de datos pueda considerarse a la observación, las  encuestas, las entrevistas (estructurada y semiestructurada), la revisión de fuentes abiertas o  registros administrativos, entre otros.

3. Implementación de la iniciativa

La creación del Observatorio INDAGA se aprobó en la 3° Sesión del CONAPOC, del 13 de junio de  2013. Para su diseño y operatividad, se tomaron en cuenta los insumos y propuestas del Programa  de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Durante este proceso fue vital el aporte del doctor  Víctor Prado Saldarriaga, Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República,  además de la conformación de un equipo de soporte administrativo y técnico. Asimismo, para el  proceso de implementación se reconocieron y visitaron in situ importantes experiencias en países  de América, lo que sirvió de insumo para la implementación del Observatorio.  

El Observatorio INDAGA se implementó mediante proyecto de inversión pública (PIP) del año 2015,  significó un esfuerzo de articulación importante puesto que el proyecto recogió los aportes de los  miembros y representantes del CONAPOC, además de personal especializado. Sin embargo, su  inauguración se concretó el 27 de junio de 2016. El tiempo transcurrido desde su aprobación y su  inauguración se vio influido por los requerimientos documentales de las diferentes instancias involucradas, lo cual fue superado con los mecanismos adoptados por la Secretaría Técnica del  CONAPOC.

Actualmente, los objetivos del Observatorio INDAGA se concentran en tres ejes, derivándose las  siguientes actividades:

Primer eje: Generar información y producir conocimiento criminológico útil, oportuno y riguroso.  Aquí se incluyen las actividades para la elaboración de productos sobre temas penales,  criminológicos y penitenciarios. Estos productos son:

Documentos de investigación: Contienen un análisis profundo de los fenómenos criminales,  con data de fuente primaria o secundaria, a través del trabajo de campo o de bases de datos  públicas o proporcionadas por otros sectores, según corresponda.

Boletines: Contienen data estadística actualizada y sistematizada de los fenómenos  criminales, acompañados de literatura especializada, implican el diseño de un formato  amigable.

Documentos de trabajo: Contienen un informe especializado sobre determinado fenómeno  criminal, a través del análisis de datos más complejos, presentados en una versión de ágil  lectura.  

Infografías: Síntesis de investigaciones, recursos de investigación y/o data estadística sobre  el fenómeno criminal, a través de un recurso gráfico amigable.  

Herramientas para la medición del crimen de mayor incidencia: Mapas, encuestas, entre  otros.

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Para el desarrollo de los productos mencionados y según su tipo, el Observatorio INDAGA realiza lo  siguiente:

Identificación de la necesidad: Incluye la recopilación de información sobre el tema, la  búsqueda de antecedentes y el análisis de acciones frente a este.  

Planificación: Incluye la elaboración del protocolo de investigación o plan de trabajo (señala  las acciones de monitoreo y evaluación).

Gestión de compromisos institucionales: Establecimiento de acuerdos intrainstitucionales  y/o intersectoriales, designación de equipos técnicos y planteamiento de estrategias. Gestión de información:

o Captura, sistematización, validación y actualización de registros/base de datos. Se  ejecuta a fin de que los datos se presenten de manera estándar. Se incluyen tareas  relacionadas a la seguridad de la información.

o Recolección, procesamiento y análisis de información. Se realiza según la  información proceda de registros administrativos o requerimientos o mediante  trabajo de campo. Se desarrolla el análisis de información y la redacción del  informe.

Gestión del diseño gráfico: Tareas para la elaboración de la pieza gráfica que será objeto de  publicación y difusión.

Validación y aprobación de productos: En primer lugar, con la realización de una mesa de  expertos y, en segundo lugar, con las autorizaciones del sector para la presentación y/o  publicación del producto.  

Segundo eje: Contribuir con el uso de la evidencia criminológica en la política criminal del Estado  peruano. Sobre la base de los contenidos de los productos del Observatorio INDAGA, se promueve  la incidencia en la política criminal, a través de lo siguiente:

Formulación de aportes, comentarios o recomendaciones a documentos de políticas. Participación en comisiones multisectoriales y comités estadísticos de la criminalidad. Asistencia técnica en reuniones bilaterales.

Capacitación a funcionarios y servidores del sistema de justicia e instituciones relacionadas. Remisión de investigaciones a autoridades y funcionarios del sistema de justicia e instituciones  relacionadas.

Tercer eje: Desarrollar procesos de difusión de información y conocimiento criminológico en la  sociedad. En este eje, se incluyen las actividades para la facilitación del conocimiento, destacando:

Participación de expertos: Implementación de la ventana de “Opiniones de Expertos/as”  donde se presenta un artículo sobre temas penales, criminológicos y penitenciarios mediante  un diseño amigable para los lectores.  

Involucramiento de jóvenes profesionales: Implementación del Programa Criminólogos en  Acción y promoción de participación de investigadores con artículos de opinión. Difusión en medios de comunicación: Publicación de resúmenes de investigaciones  criminológicas o entrevistas a funcionarios en prensa (escrita y televisiva).

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Difusión en eventos libres y gratuitos: Realización del Congreso Nacional de Criminología y  cursos en criminología y política criminal, certificados por el MINJUSDH.  

Difusión en página web: Los documentos que elabora el Observatorio INDAGA pueden  descargarse de manera libre y gratuita, a través de las plataformas web institucionales.

Eje transversal: Fortalecimiento institucional, donde se destacan las acciones encaminadas a la  promoción de las competencias de los recursos humanos a las cuales el equipo multidisciplinario  del Observatorio INDAGA accede de manera libre y gratuita, como: seminarios, charlas, talleres,  congresos, clases magistrales y diplomados. Asimismo, el equipo reporta sus actividades de acuerdo  con el Subsistema de Gestión del Rendimiento del MINJUSDH, según lo estipulado por la Autoridad  Nacional del Servicio Civil (SERVIR).  

Actualmente, en cuanto a recursos, el Observatorio INDAGA cuenta con un equipo multidisciplinario  conformado por diez profesionales de diversas disciplinas, tales como: sociología, antropología,  psicología, estadística, economía, derecho y diseño gráfico. A nivel de infraestructura, se cuenta con  un espacio físico suficiente tanto para labores de oficina como para el desarrollo de eventos  (auditorio), implementados con equipamiento necesario. En cuanto a software, se cuenta con  herramientas suite ofimática y gestión documental, así como acceso a programas de diseño gráfico,  estadísticos y de información geográfica.  

Otro grupo de acciones que destacan son aquéllas que procuran el desarrollo de vínculos de  cooperación con actores clave, tales como reuniones interinstitucionales y entrevistas, que  conducen a la negociación y suscripción de convenios o cartas de entendimiento.

Finalmente, cabe mencionar que todas las acciones desarrolladas por el Observatorio INDAGA se  sustentan en una planificación anual que es de conocimiento e interés del CONAPOC. Esta  planificación se alinea a las metas de los planes institucionales del MINJUSDH (Plan Estratégico  Institucional, Plan Operativo Institucional, entre otros). Asimismo, ésta es objeto de monitoreo y  evaluación por parte del equipo multidisciplinario y de conocimiento del coordinador del  Observatorio INDAGA y de la directora de la DGAC del MINJUSDH, a través de reportes. Con ello, se espera superar posibles nudos que dificulten la consecución de las metas o fomentar los logros  conseguidos.

4. Resultados asociados

Los resultados responden al siguiente esquema:

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Figura 2. Esquema de resultados del Observatorio INDAGA

image2 Observatorio Nacional de Política Criminal – INDAGAFuente: Elaboración propia.

En cuanto al objetivo general, los resultados finales que se esperan cubrir se dividen en tres  aspectos:  

Todos los operadores de las instituciones que conforman el sistema de justicia del Perú y las entidades que desarrollan o ejecutan acciones vinculadas a este sistema, disponen de  datos e información confiables y apropiadamente sistematizados sobre nueve delitos  genéricos del Código Penal peruano. A la fecha,se ha producido información y conocimiento  criminológico en el 50% de ellos.

Los operadores y tomadores de decisiones de las instituciones que conforman el sistema de  justicia del Perú y las entidades que desarrollan o ejecutan acciones vinculadas a este  sistema (a nivel nacional y regional), usan información y conocimiento criminológico en más  del 80% de la política criminal del Estado peruano. Actualmente, se ha alcanzado el 70%.

Los operadores de las 25 regiones del Perú pertenecientes a las instituciones que conforman  el sistema de justicia del Perú y las entidades que desarrollan o ejecutan acciones vinculadas

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a este sistema, se benefician de la diseminación de información y conocimiento  criminológico. Actualmente, se han alcanzado 13 de las 25 regiones.

De manera específica, en el primer eje, abocado a la generación de información y conocimiento  criminológico, podemos indicar que el Observatorio INDAGA ha contribuido con los actores de la  PNP con la realización del diagnóstico sobre ciberdelincuencia; en el Instituto Nacional Penitenciario y su Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios con la evaluación de factores de  riesgo en la población penal; en el Ministerio del Interior con la evaluación del efecto de la Estrategia  Multisectorial Barrio Seguro, desplegando una encuesta vecinal en cuatro territorios de zonas de  altas vulnerabilidades al crimen; en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, analizando el impacto de la violencia de género dirigida hacia las mujeres durante la declaratoria de emergencia  por la COVID-19; a nivel del Gobierno Regional del Callao con la evaluación de la ciberviolencia  escolar en casi 1.200 adolescentes en colegios públicos; y en el Programa Nacional de Centros  Juveniles se ha concretado el Censo Nacional de Centros Juveniles.

Asimismo, el Observatorio INDAGA, a través de la elaboración, aprobación, publicación y  presentación de 44 diferentes tipos de productos, está cumpliendo con los objetivos previstos en  beneficio de los funcionarios y servidores de las instituciones que conforman el sistema de justicia  del Perú y de las entidades que desarrollan o ejecutan acciones vinculadas a este sistema. A  continuación, se presenta información sobre los productos:

Investigación: Se ha elaborado 16 investigaciones criminológicas sobre delitos ambientales,  violencia de género, delitos patrimoniales, homicidios, feminicidios, ciberdelincuencia,  sistema penitenciario, agresiones sexuales, trata de personas, adolescentes en conflicto con  la ley penal y tráfico ilícito de drogas.  

Documentos de trabajo: Se han elaborado dos documentos de trabajo sobre medición de  resultados de Barrio Seguro y sistema penitenciario.  

Boletines: Se han realizado trece boletines. Seis corresponden a boletines criminológicos y  siete a boletines informativos.  

Infografías: Se han realizado 12 infografías sobre los temas de feminicidio, homicidio, delitos  patrimoniales, adolescentes en conflicto con la ley penal, sistema penitenciario, trata de  personas y proceso de investigación criminológico.  

Herramienta para la medición del crimen: Se ha logrado el acceso al Sistema Integrado de  Estadísticas de la Criminalidad y Seguridad Ciudadana (Data-Crim).

Los resultados del segundo eje se expresan en las citas y menciones a la información del  Observatorio INDAGA que se hacen en las políticas, planes y documentos del Estado peruano, así  como en las notas metodológicas sobre las intervenciones en materia político criminal. Aquí, el  Observatorio INDAGA ha contribuido con los objetivos a partir de ocho documentos de políticas. En  las políticas de rectoría del MINJUSDH, la labor del Observatorio INDAGA ameritó un mayor  involucramiento, que significó brindar asistencia técnica especializada sobre la materia. A  continuación, se presentan los diferentes documentos de políticas:

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Uso de información del Observatorio INDAGA en las políticas nacionales:

o Política Nacional Penitenciaria al 2030, según Decreto Supremo N°011-2020-JUS. o Política Nacional Multisectorial de lucha contra el Crimen Organizado 2019-2030,  según Decreto Supremo N°017-2019-IN.

o Política Nacional contra la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030,  según Decreto Supremo N°009-2021-IN.

o Política Nacional de Juventud, según Decreto Supremo N°013-2019-MINEDU. o Política Nacional de Igualdad de Género, según Decreto Supremo N°008-2019- MIMP.

Uso de información del Observatorio INDAGA en planes nacionales y regionales:  

o Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023, aprobado según Decreto  Supremo N°013-2019-IN.  

o Plan de Acción de Seguridad Ciudadana 2020 del Gobierno Regional de Áncash.  

Uso de información del Observatorio INDAGA en metodologías para mejorar las estadísticas  nacionales:

o Nota técnica metodológica para el cálculo de la tasa de homicidios en el Perú,  aprobado por el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad – CEIC.  

Uso de información del Observatorio INDAGA en metodologías para el monitoreo y  evaluación de las intervenciones del Estado peruano en materia político criminal:

o Modelo de seguimiento de la política criminal del Estado a partir de indicadores del  2016-2020, según Ley N°29.807, elaborado con el objetivo de construir un panel de  indicadores que permita dar seguimiento a los avances de la política criminal  abordada desde distintos sectores.

En cuanto al tercer eje, los resultados se expresan a través del acercamiento con expertos (espacios  de retroalimentación), la difusión en medios de comunicación, en eventos libres y gratuitos y en la  página web. A continuación, se detallan los resultados:

Participación de expertos: Se cuentan con 33 artículos de opinión de expertos/as  peruanos/as y extranjeros que han colaborado y difundido información y conocimiento  criminológico.  

Difusión en medios de comunicación: Se han difundido los resultados de las investigaciones  del Observatorio en prensa (escrita y televisiva) como nota periodística o a manera de  entrevista. Entre los medios locales se encuentran los diarios: La República, El Comercio y El  Peruano. Asimismo, a través del internet y las redes sociales, se han difundido casi 100 notas  alusivas a las investigaciones del Observatorio INDAGA.

Difusión en eventos libres y gratuitos: Se ha realizado el I y II Congreso Nacional de  Criminología por el MINJUSDH, así como capacitaciones dirigidas al personal de la PNP,

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Instituto Nacional Penitenciario, Programa Nacional de Centros Juveniles y ciudadanía en  general.  

Difusión en página web: El Observatorio INDAGA cuenta con una página web con casi un total de 53 mil descargas de los documentos publicados.  

Finalmente, en cuanto al eje transversal, se observa que el Observatorio INDAGA ha cumplido con  los objetivos propuestos, ya que se cuenta con un equipo multidisciplinario y se promueven sus  competencias, fomentando la gestión del rendimiento. Asimismo, sobre los vínculos de  cooperación, el Observatorio INDAGA logró concretar una Carta de Entendimiento entre el  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Proyecto Prevenir de la Agencia de Estados Unidos  para el Desarrollo Internacional (USAID). Este documento se sustenta en aras de avanzar hacia la  reducción de los delitos ambientales en el Perú.

Debe tenerse en cuenta que, si bien se tienen resultados importantes en cuanto a los objetivos  planteados, aun es demasiado pronto para indicar que el Observatorio INDAGA ha alcanzado el fin  con el que se gestó: contribuir con la disminución de los niveles de criminalidad en el país. El  indicador formulado para su medición considera el porcentaje de reducción de los niveles de  criminalidad en el país (índice de victimización) al quinto año, recogido a partir de las estadísticas  oficiales del INEI. De acuerdo con esta institución, en el periodo 2015-2019, la población de 15 años  y más de edad del área urbana, víctima de algún hecho delictivo, pasó de 30,8% en el 2015 a 26,6  en el 2019 (INEI, 2021).

Sobre el particular, a pesar de que en el fin propuesto influyen muchos otros factores, dado que es  un problema multicausal, el Observatorio INDAGA viene coadyuvando con lo propuesto a través de su contribución hacia una mejor toma de decisiones de los miembros y representantes del  CONAPOC y la proposición y ejecución de programas, planes, y estrategias en base a evidencia empírica, puesto que la falta de información empírica al momento de tomar las decisiones de  política criminal determina no solo una omisión de los legisladores al crear las normas, sino también  evidencia el problema que tiene el Estado para generar aquélla, habiéndose detectado problemas  en las fuentes de información, las unidades de análisis, el seguimiento y monitoreo de la información y de cómo se interpreta ésta (MINJUSDH, 2013). En ese sentido, su contribución alienta el camino  hacia el imperio de una política criminal reflexiva, sin embargo, no cabe duda de que la  implementación de una política pública, como es el caso de la política criminal, requiere de un  proceso colectivo y, sobre todo, multisectorial; resultado de una visión sistémica y transversal.

5. Discusión e implicancias finales

Las estadísticas sobre el fenómeno de la delincuencia en el país, aunque limitadas, dan cuenta de  que las instituciones del sector justicia o vinculadas a este no tienen resultados eficaces para  contrarrestar la delincuencia, por lo que deben adoptar medidas para que estas instituciones  cumplan con sus cometidos (Prado Saldarriaga, 2014).

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En este camino, la huella que deja el desarrollo de una política que se basa en evidencia es notoria (Dammert, 2017). De allí que la incidencia del Observatorio INDAGA en la política pública representa  un avance importante en la “tecnificación de la política criminal”.

Dado que la política criminal depende de los responsables de la formulación de políticas, además  de los legisladores, es necesario que éstos cuenten con datos e información confiable y rigurosa  para asegurar que las políticas se formulen de manera amplia y se ajusten a las necesidades y los  problemas concretos (Naciones Unidas, 2020b). Sobre el particular, el análisis criminal puede ser  considerado una actividad con un fin para generar información para la toma de decisiones y también  como una función indispensable que apoya a las instituciones en los retos que enfrentan al intentar  reducir los delitos y sus consecuencias en la sociedad, generando conocimiento sobre qué funciona y qué no, y por qué (Tudela, 2015).

De otro lado, debe tenerse en cuenta que una mejor comprensión de los fenómenos de la violencia  y el crimen coadyuvará con que el uso de recursos públicos sea más eficiente. De acuerdo con el  Banco Interamericano de Desarrollo, se podrían prevenir 30% más crímenes utilizando los mismos  recursos. Además, la entidad menciona que solo el 8% de los 300 programas para combatir la  inseguridad ciudadana analizados se diseñó considerando evidencia empírica sobre costo y  efectividad. Ante los índices de criminalidad, el uso de evidencia para priorizar el gasto público en  seguridad resulta fundamental. Aunado a ello, una mejor difusión y promoción de los estudios  empíricos y político criminales podría facilitar la canalización de las actuaciones de los diferentes actores de la política criminal hacia una mayor racionalidad, en cuanto al uso moderado de las  medidas de encarcelamiento o la extensión de la justicia reparadora (Tamarit, 2007).

En cuanto a los factores claves o fortalezas que coadyuvan al Observatorio para que pueda trabajar  de manera adecuada y desarrolle sus funciones de la mejor manera, es posible identificar varios  aspectos. En primer lugar, es importante mencionar el factor talento humano y la diversidad de  conocimientos y disciplinas de los miembros del equipo. Asimismo, tener un perfil integrador que  permita ver el fenómeno desde todas las aristas. Segundo, estar actualizado y al tono con la  innovación técnica. Tercero, mantener estándares de calidad del dato. Cuarto, enfocarse en  productos concretos y puntuales. Quinto, la internalización a nivel institucional, sustentabilidad  económica, organizativa y técnica y de los proyectos emprendidos -esto es sumamente relevante  para la sostenibilidad. Sexto, la búsqueda de asociación y redes con las diferentes instituciones y  personas ligadas al campo de la criminología y seguridad ciudadana, a manera de alianzas  estratégicas. Séptimo, apuntar a la repercusión o visibilidad de los productos generados de manera  constante, pues los datos o estudios que no son considerados por los tomadores de decisiones o la  población no son útiles a la ciudadanía. Por último, apostar por el monitoreo y evaluación constante  de lo planificado, a nivel de acciones, indicadores y metas. Esto se logró con el apoyo y aceptación  de los involucrados, la formación de un equipo para ello, la utilización de herramientas para recabar  información, entre otras acciones.

Por otro lado, las limitaciones más relevantes son los cambios de gobierno, aspecto que genera  desafíos a largo plazo por los cambios de autoridades y servidores públicos, lo cual acarrea un  retraso en la ejecución de las actividades para recolectar información, así como emprender

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proyectos previstos, pues los intereses de la nueva gestión no pueden coincidir con lo planificado. También se puede afirmar que existe una escasa cultura para el intercambio de datos y/o  información en los diferentes sectores, así como una reticencia a la evaluación externa de  resultados. En ese sentido, se ha trabajado con los representantes de las instituciones involucradas  sobre la ventaja de tener datos abiertos, actualizados y de evaluaciones externas para encontrar  oportunidades de mejora en la gestión pública. Asimismo, se ha invitado a diversos sectores para el  desarrollo de investigaciones conjuntas.

Respecto de la sostenibilidad del Observatorio INDAGA, ésta se viene dando en función a la  planificación y los acuerdos adoptados en el CONAPOC, así como a través de la internalización a  nivel institucional, sustentabilidad económica, organizativa y técnica. Ahora bien, en aras de la  replicabilidad de esta iniciativa, se considera que los intercambios de conocimientos y experiencias  impulsados a través de los Gabinetes Binacionales de países constituyen oportunidades  importantes. En estos espacios, el Observatorio INDAGA ha logrado incluso compartir espacios de  intercambio con sus pares de Colombia y Bolivia.

Como perspectiva de trabajo futuro, el Observatorio INDAGA aspira a promover herramientas que  contribuyan a mejorar la gestión, sobre todo de las instituciones regionales, provinciales o locales  del sistema de seguridad y justicia.  

Finalmente, indicamos que el Observatorio INDAGA es una iniciativa del CONAPOC que ha buscado  crear una entidad que permita brindar al Consejo una evaluación de sus productos y recoger  información contrastada y de calidad con la que generar las políticas públicas de seguridad  ciudadana y contra la criminalidad. Este organismo representa un enfoque innovador dentro de la  política pública, pues reconoce la idea de contar con evidencia, es decir, apuesta por el diálogo  directo entre la política criminal y el saber criminológico, siendo un proceso mucho más cercano a  la evaluación constante de resultados desde una visión interdisciplinaria considerando los extremos  jurídicos, económicos, políticos, sociales, psicológicos y criminológicos, además de innovar en la  metodología de análisis utilizando diferentes estrategias.

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Referencias

Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (2016). 5° Informe internacional.  Prevención de la criminalidad y seguridad cotidiana: Las ciudades y la nueva agenda urbana.  Montreal, Canadá. https://cipc-icpc.org/wp-content/uploads/2019/09/3.CIPC_5e-RI_ES_7sept.pdf 

Chioda, L. (2016). Fin a la violencia en América Latina. Una mirada a la prevención desde la infancia  a la edad adulta. Grupo Banco Mundial. 

Dammert, L. (2017). Violencias y criminalidad en las principales ciudades andinas. Desafíos y  recomendaciones de políticas públicas. Banco de Desarrollo de América Latina.  https://www.researchgate.net/publication/320161773_Violencias_y_criminalidad_en_las_princip ales_ciudades_andinas_Desafios_y_recomendacion_de_politicas_publicas 

Srur, J. (ed.) (2014). ¿Qué observan los que observan el delito? Pasado, presente y futuro de los  observatorios del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de  Desarrollo. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2021). Perú: Anuario Estadístico de la Criminalidad y  Seguridad Ciudadana 2015-2019. Visión Departamental, Provincial y Distrital.  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1805/libro.pdf 

Instituto de Estudios Peruanos (2019). IEP Informe de Opinión Especial sobre seguridad ciudadana.  Encuesta Nacional Urbano Rural. https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2019/03/Informe-OP Marzo-2019-7-Seguridad-ciudadana-3.pdf 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2013). Documento de trabajo N°01: La delincuencia en  el Perú: propuesta de intervención articulada. Consejo Nacional de Política Criminal.  https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2013/07/Documento-de-Trabajo-No.-01.pdf 

Naciones Unidas. (2020a). Estrategias amplias de prevención del delito orientadas al desarrollo  social y económico. https://undocs.org/pdf?symbol=es%2FA%2FCONF.234%2F4 

Naciones Unidas. (2020b). Prevención del delito de base empírica: estadísticas, indicadores y  evaluaciones en apoyo de prácticas eficaces. https://undocs.org/es/A/CONF.234/8 

Naciones Unidas. (2019). Edición especial: Progresos realizados para lograr los Objetivos de  Desarrollo Sostenible (E/2019/68). https://undocs.org/sp/E/2019/68 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2019). Estudio mundial sobre el homicidio  2019. https://www.unodc.org/documents/ropan/2021/HOMICIOS_EN_ESPANOL.pdf 

Prado Saldarriaga, V. (2014). Inseguridad ciudadana, criminalidad y justicia penal. Lex 14(12), 135- 159. http://dx.doi.org/10.21503/lex.v12i14.620 

Tamarit, J. (2007). Política criminal con bases empíricas en España. Política criminal: Revista  electrónica semestral de políticas públicas en materias penales, 10(3), 1-16.  https://repositori.udl.cat/bitstream/handle/10459.1/10962/a_8_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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Tudela, P. (2015). Recomendaciones y estándares para un análisis criminal más eficaz en  organizaciones de prevención del delito y persecución penal en América Latina. https://pazciudadana.cl/biblioteca/documentos/recomendaciones-y-estandares-para-un-analisis criminal-mas-eficaz-en-las-organizaciones-de-prevencion-del-delito/

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Presentan documentos de acción sobre violencia a la mujer

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El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a través del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante el Observatorio Nacional de Política Criminal – Indaga y el  Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) por medio del Comité Estadístico Institucional de la Criminalidad (CEIC), presentaron los documentos “Las tentativas de feminicidio: Una investigación desde los establecimientos penitenciarios” y el “Feminicidio y violencia contra la mujer 2015 – 2020”.



El viceministro de Justicia  del MINJUSDH, Gilmar Vladimir Andía Zúñiga, dijo que para enfrentar la criminalidad y la violencia contra las mujeres es necesario tener un diagnóstico previo, por eso la importancia de la evidencia criminológica que hoy día se presentan en estos dos documentos, con datos reveladores, sobre el alto grado de peligro en que se encuentran las mujeres en una sociedad altamente machista. 

La viceministra de la Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), María Pía Molero Mesía, señaló que la  presentación de ambos documentos nos permitirá contar con mayores luces para poder enfrentar en forma conjunta la grave problemática del feminicidio en nuestro país, puesto que la violencia contra la mujer es un atentado directo contra sus derechos humanos, y el feminicidio es la máxima expresión de esa violencia.

La presidenta del Consejo Nacional Penitenciario (CNP), del INPE, Susana Silva Hasembank, manifestó que en los programas de tratamiento, los profesionales multidisciplinarios, están trabajando con el apoyo del MIMP, temas que abordan la masculinidad o tendientes a prevenir o abordar conductas machistas, que se tienen que profundizar y ampliar a la población penal.

“Este tema está relacionado con la problemática de salud mental, de concepciones distorsionadas de respeto a la masculinidad”.

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Dante Carhuavilca Bonett, presentó el documento “Feminicidio y violencia contra la mujer 2015 – 2020”,  que señala que durante el 2020 se registraron 137 feminicidios de los cuales más del 50% ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima y del victimario, siendo la relación de parentesco con la víctima en 43.6% la pareja, conviviente o esposo, entre otros datos de relevancia.

El documento “Las tentativas de feminicidio: Una investigación desde los establecimientos penitenciarios”, fue presentado por el  director del CENECP, Marco Chuqui Cusimayta y  la secretaria técnica del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), Mariella Valcárcel Angulo.

Esta investigación es el resultado de un estudio tipo cuantitativo realizado a 128 internos de 4 centros penitenciarios, a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado sobre 13 dimensiones que muestran que en el 2020 se registraron 330 víctimas de intento de feminicidio. En el 2019, el 40.6% de la población recluida por tentativa de feminicidio tenía entre 25 y 34 años y el 41.8% tenía la condición de sentenciado, del cual el 15% cumplía una sentencia entre 1 y 5 años y el 52.5% entre 6 y 10 años.

En esta actividad, participó además la directora general de la Dirección General Contra la Violencia de Género del MIMP,  Silvia Romero Borda.

DESCARGA: La otra pandemia en casa

 

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No existe lugar en el mundo que no haya sido alcanzado por los efectos
directos e indirectos de esta pandemia, así como tampoco existe algún
Estado que haya sido capaz de hacerle frente a todas y cada una de las
dificultades que ha ido encontrando en su camino, desde que se produjo el
primer caso de contagio registrado al interior de su territorio. Qué duda cabe,
que el reto más grande que tenemos las sociedades, tomando en cuenta
este escenario, es el de avanzar lo más rápido posible hacia una vacuna que
nos ayude a “retornar” hacia una nueva normalidad.
Sin embargo, aunque las miradas de los principales tomadores de decisiones,
así como de los medios de comunicación y de la población en general, se
encuentran aun apuntando hacia los aspectos médicos de esta pandemia;
como los números de contagios y de las hospitalizaciones, es inevitable no
atender también a otros aspectos tan importantes, delicados y preocupantes
que han surgido como efectos del aislamiento y el confinamiento social
implementados en casi todo el planeta.

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