La atención de la salud mental a la población penitenciaria

Por: Edwin Ticlla Colunche

Cada vez se hace más evidente, visible y necesaria la atención en salud mental para la población en general, que sigue siendo postergado por mucho tiempo, no queda exento la población penitenciaria que, por condiciones de privación de libertad, se encuentran sometidos a situaciones de mayor tensión y vulnerabilidad, en este sentido y a nivel general, la Ley de Salud Mental en el Perú que fue aprobada en septiembre de 2011, es un gran avance para la  promoción, protección y recuperación de la salud mental y el trato digno y respetuoso a las personas con problemas de salud mental. En esta normativa se establece la obligación de los servicios de salud de brindar atención integral en salud mental, la creación de un sistema nacional de salud mental y la formación de profesionales en salud mental y la investigación en esta área.

En el ámbito penitenciario

Debido a la naturaleza del entorno carcelario, la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados y la prevalencia de factores el estrés, la depresión, el aislamiento social y la falta de privacidad. Los trastornos mentales comunes en las prisiones incluyen depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático y trastornos psicóticos. La sobrepoblación y el hacinamiento en las prisiones también pueden empeorar la situación y hacer más vulnerable la salud mental. Según el Censo penitenciario realizado en Perú (INEI, 2016). el 9,6% de la población penal padece depresión (7,321 internos), seguido por el 8,7% de internos(as) con ansiedad (6,581) y en menor porcentaje adicción a sustancia psicoactivas (2,8 %).

Los problemas de salud mental en la prisión pueden repercutir en mayores tasas de reincidencia y peores resultados a largo plazo. Los presos con problemas de salud mental también pueden enfrentar dificultades para acceder a los servicios de salud mental adecuados y para cumplir con los requisitos de libertad condicional. Las soluciones a estos problemas incluyen la identificación temprana de la enfermedad mental, el suministro de tratamiento pronto, la reducción de la discriminación y el estigma asociados con los trastornos mentales.

Un plan de salud mental para establecimientos penitenciarios debe incluir varios componentes para abordar las necesidades de salud mental de los reclusos y mejorar su bienestar general. Aquí hay algunos aspectos que se pueden considerar:

  • Evaluación de la salud mental: Todos los reclusos deben someterse a una evaluación de salud mental al ingresar al establecimiento y en intervalos regulares durante su tiempo de reclusión.
  • Tratamiento: Los reclusos deben tener acceso a tratamientos de salud mental de alta calidad, incluidos terapia y medicación, si es necesario
  • Programas de prevención de la recaída: Los programas de prevención de la recaída, como la terapia cognitivo-conductual, pueden ayudar a los reclusos a mantener una recuperación saludable una vez que han recibido tratamiento
  • Sensibilización y capacitación del personal: Es importante que el personal del establecimiento penitenciario reciba capacitación y sensibilización sobre cómo identificar y manejar los problemas de salud mental de los reclusos.
  • Enfoque en la reintegración social: Los programas de salud mental deben enfocarse en ayudar a los reclusos a reintegrarse exitosamente en la sociedad una vez que han cumplido sus sentencia

Decreto Supremo N° 001-2023-JUS, que aprueba la Estrategia Priorizada de Acción en Salud Mental para Población Privada de Libertad 2022-2023

Caracterización de la población penitenciaria y cobertura de servicios

Por Edwin Ticlla Colunche

Al finalizar la ejecución del cumplimiento de la pena, la población penitenciaria tiene que enfrentar un nuevo escenario: el egreso, posterior al tiempo que estuvo recluido en prisión. Para hablar sobre este proceso de la población penitenciaria, haciendo énfasis en su condición, será necesario conocer a grandes rasgos en qué condiciones entra la población al sistema penitenciario y que recibe en términos de servicios, la situación del soporte institucional. Todo esto conlleva a entender que la salida es la síntesis de la situación de ingreso más el impacto del tiempo de reclusión.

Caracterización de la población que ingresa al sistema penitenciario

Las causas que conllevan a una persona a prisión se ven marcadas por factores que favorecen la condición de vulnerabilidad que las personas lleguen a cometer algún delito. La inadecuada dinámica y clima familiar con presencia de violencia o consumo de alcohol, compañías y entorno a criminógeno, el abandono escolar y la falta de oportunidades laborales por hacer referencia según la mayor cantidad población según tipo de delito.

Para este análisis se considera la información del Estudio comparativo de población carcelaria en el Perú (PNUD, 2013), Primer Censo Nacional Penitenciario (INEI, 2016) y el Informe estadístico Penitenciario enero (INPE, 2022). Se muestra que, respecto al consumo de alcohol y violencia, el 42.0% de los sentenciados, los padres consumían alcohol con frecuencia y en el 3.4% drogas ilegales, el 44.0% de sentenciados reconocieron que su padre los golpeaba cuando eran niños; el 39.2% afirmaron que su madre era golpeada. Si se desagrega esta información por tipos de delito, tenemos que los sentenciados por homicidios, delitos patrimoniales y delitos sexuales refieren los valores más altos de violencia en el hogar (PNUD, 2013).

Fue precisamente la violencia en el hogar la que explica que un número importante de sentenciados huyera de sus casas alguna vez a muy temprana edad, antes de cumplir los quince años. La segunda causa más importante para dejar el hogar fue buscar trabajo. En total, casi dos de cinco sentenciados (36.9%) abandonaron tempranamente su hogar alguna vez. Es interesante notar que, si se desagrega esta variable por tipos delictivos, los mayores niveles de abandono del hogar los tienen quienes cometieron delitos patrimoniales (47.2%), mientras que los homicidas, violadores y traficantes de drogas mostraron valores entre el 30.0% y el 35.0%.

Solo el 37.4% de los sentenciados completaron la secundaria, mientras que un 59.8% abandonó sus estudios escolares –la mitad en primaria y la mitad en secundaria– y un 2.7% nunca fue a la escuela.

La cifra de los que completaron la secundaria es la suma de los que concluyeron sus estudios en ese nivel educativo (20.4%), más los que hicieron estudios técnicos (7.9%) y los que fueron a la universidad (9.1%). Es decir, menos de uno de cinco sentenciados iniciaron estudios postsecundarios. Si a los que abandonaron la escuela le sumamos los que abandonaron sus estudios técnicos (4.4%) y universitarios (4.8%), tendremos que alrededor del 70.0% de los sentenciados peruanos tuvieron que interrumpir sus estudios. La principal razón para dejar de estudiar fue la necesidad de trabajar, que afectó a la mitad de los desertores (47.3%). 

Otro factor relevante es la situación de la salud mental, que a nivel de la población en general está desatendida, cuanto más en la población que comete algún delito, pues la oferta del servicio en general es muy limitada. 

La cobertura de servicios dentro del sistema penitenciario

Con lo mencionado, nos puede ayudar a configurar un prototipo de sentenciado que reúne una serie de limitaciones de carencias, que no son determinantes ya que estructuralmente a nivel social se reflejan semejantes problemáticas en con población en general y no por ello, la población comete delitos.

Es relevante que los participantes reciban una oferta de programas y servicios que pueda recibir en su comunidad o lugar cercano.