¿Qué es la evaluación inicial en medio libre del INPE?

Según se desprende del Decreto Legislativo 1191, el proceso de evaluación inicial es crucial para ubicar a un condenado en la unidad beneficiaria que corresponda. Teniendo en cuenta las aptitudes, ocupación u oficio, edad, estado civil y otros criterios válidos que permitan la ubicación del sentenciado en una determinada unidad beneficiaria, se realizará una evaluación por un psicólogo y una trabajadora social. Una vez culminada la evaluación, se procederá a ubicar al condenado en la unidad beneficiaria adecuada, sea para pena de prestación de servicios a la comunidad o de limitación de días libres. Es importante, además, comunicar a la unidad beneficiaria correspondiente que el condenado ha sido asignado a dicha unidad para cumplir con su pena. Asimismo, se emitirá un informe y plan de actividades del sentenciado que deberá remitirse a la unidad beneficiaria, al fiscal y a la autoridad judicial competente, para asegurar un seguimiento riguroso del cumplimiento de la pena impuesta y, en su caso, una evaluación posterior de su efectividad.





Puntos Criterio Razones
Evaluación inicial del condenado Se debe realizar una evaluación inicial al condenado. La evaluación inicial del condenado es necesaria para determinar su condena.
Evaluación por psicólogo y TS La evaluación debe ser realizada por un psicólogo y una TS. La evaluación realizada por expertos permitirá una evaluación adecuada.
Criterios de evaluación Se deben utilizar criterios válidos para la evaluación. Los criterios permitirán ubicar al sentenciado en una unidad beneficiaria.
Ubicación en una unidad beneficiaria Es importante ubicar al sentenciado en una unidad beneficiaria. La ubicación en una unidad beneficiaria permitirá el cumplimiento efectivo de la condena.
Comunicación a la unidad beneficiaria. Es necesario comunicar la asignación del condenado. La comunicación permitirá una adecuada preparación para la llegada del condenado.
Remitir el Plan individual de evaluación al fiscal y a la autoridad judicial competente. Permite que las autoridades competentes tomen conocimiento de la ubicación y las actividades asignadas a realizar. Las autoridades judiciales realizan el seguimiento a la ejecución de la pena, por lo que tener conocimiento de los datos de la ubicación y actividades asignadas, permitirá verificar el cumplimiento.

La problemática de la evaluación inicial en Medio Libre del INPE

Ajustando la figura, se podría decir que la evaluación inicial es un equivalente a la clasificación que se realiza en los establecimientos penitenciarios, pero en Medio Libre se orienta a ubicar en una institución para que realice sus jornadas y participe en algún programa de intervención si fuera el caso. La principal problemática que se identifica a partir de las estadísticas:

  1. El incremento significativo de la población sentenciada a prestación de servicios comunitarios, que a febrero del 2023, bordea los 64,000 sentenciados a este tipo de pena, generando una sobrecarga administrativa, ya que, en comparación a enero del 2017 era de 8,812 sentenciados. La cantidad de servidores ha tenido una variación mínima.
  2. En las 39 dependencias de Medio Libre no existen los profesionales encargados de la evaluación, por lo que otros servidores asumen ese rol para cumplir con la ejecución de la sentencia.
  3. Existe un procedimiento de evaluación inicial de liberados con beneficio penitenciario y de sentenciados a penas limitativas de derechos, pero la extensión de criterios que se describen en su aplicación dificulta debido a que no hay el equipo que pueda aplicarlo o los tiempos son cortos debido a la carga laboral.
  4. Un criterio indispensable para la evaluación inicial es la disponibilidad de vacantes en las Unidades Beneficiarias que los sentenciados con determinadas características. Los sentenciados con delitos más graves o con alto estigma son los más complicados de ubicar.

La atención de la salud mental a la población penitenciaria

Por: Edwin Ticlla Colunche

Cada vez se hace más evidente, visible y necesaria la atención en salud mental para la población en general, que sigue siendo postergado por mucho tiempo, no queda exento la población penitenciaria que, por condiciones de privación de libertad, se encuentran sometidos a situaciones de mayor tensión y vulnerabilidad, en este sentido y a nivel general, la Ley de Salud Mental en el Perú que fue aprobada en septiembre de 2011, es un gran avance para la  promoción, protección y recuperación de la salud mental y el trato digno y respetuoso a las personas con problemas de salud mental. En esta normativa se establece la obligación de los servicios de salud de brindar atención integral en salud mental, la creación de un sistema nacional de salud mental y la formación de profesionales en salud mental y la investigación en esta área.

En el ámbito penitenciario

Debido a la naturaleza del entorno carcelario, la falta de acceso a servicios de salud mental adecuados y la prevalencia de factores el estrés, la depresión, el aislamiento social y la falta de privacidad. Los trastornos mentales comunes en las prisiones incluyen depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático y trastornos psicóticos. La sobrepoblación y el hacinamiento en las prisiones también pueden empeorar la situación y hacer más vulnerable la salud mental. Según el Censo penitenciario realizado en Perú (INEI, 2016). el 9,6% de la población penal padece depresión (7,321 internos), seguido por el 8,7% de internos(as) con ansiedad (6,581) y en menor porcentaje adicción a sustancia psicoactivas (2,8 %).

Los problemas de salud mental en la prisión pueden repercutir en mayores tasas de reincidencia y peores resultados a largo plazo. Los presos con problemas de salud mental también pueden enfrentar dificultades para acceder a los servicios de salud mental adecuados y para cumplir con los requisitos de libertad condicional. Las soluciones a estos problemas incluyen la identificación temprana de la enfermedad mental, el suministro de tratamiento pronto, la reducción de la discriminación y el estigma asociados con los trastornos mentales.

Un plan de salud mental para establecimientos penitenciarios debe incluir varios componentes para abordar las necesidades de salud mental de los reclusos y mejorar su bienestar general. Aquí hay algunos aspectos que se pueden considerar:

  • Evaluación de la salud mental: Todos los reclusos deben someterse a una evaluación de salud mental al ingresar al establecimiento y en intervalos regulares durante su tiempo de reclusión.
  • Tratamiento: Los reclusos deben tener acceso a tratamientos de salud mental de alta calidad, incluidos terapia y medicación, si es necesario
  • Programas de prevención de la recaída: Los programas de prevención de la recaída, como la terapia cognitivo-conductual, pueden ayudar a los reclusos a mantener una recuperación saludable una vez que han recibido tratamiento
  • Sensibilización y capacitación del personal: Es importante que el personal del establecimiento penitenciario reciba capacitación y sensibilización sobre cómo identificar y manejar los problemas de salud mental de los reclusos.
  • Enfoque en la reintegración social: Los programas de salud mental deben enfocarse en ayudar a los reclusos a reintegrarse exitosamente en la sociedad una vez que han cumplido sus sentencia

Decreto Supremo N° 001-2023-JUS, que aprueba la Estrategia Priorizada de Acción en Salud Mental para Población Privada de Libertad 2022-2023

La capacidad institucional

La capacidad institucional se refiere a la habilidad de una institución para desarrollar sus funciones y cumplir sus objetivos de manera efectiva y eficiente. Esto incluye aspectos tales como la estructura organizativa, las políticas y procedimientos, la cultura organizacional, los recursos humanos y financieros, y la tecnología.

Las intervenciones que inciden en el funcionamiento del sistema de justicia penal y otras instituciones del Estado. Estas intervenciones incluyen actividades de asesoramiento técnico en mejoras organizacionales de las instituciones, capacitación de su personal, provisión de equipos e infraestructuras, asesoramiento técnico en diseño de políticas, recopilación de datos y seguimiento y evaluación. El efecto inmediato previsto de estas acciones es el diseño de nuevas políticas a partir de información empírica cuantitativa y el aumento de la eficiencia de las instituciones. Se espera que, en consecuencia, el delito y la violencia se reduzcan por medio de políticas de prevención y de control (BID).

Hay varios enfoques para evaluar la capacidad institucional, pero algunos de los métodos comunes incluyen:

  1. Encuestas: Se pueden realizar encuestas a los empleados, los clientes o los miembros de la comunidad para evaluar su percepción de la capacidad institucional.
  2. Revisión de documentos: Se pueden revisar documentos internos, como manuales de políticas y procedimientos, informes financieros y de auditoría, y registros de personal, para evaluar la capacidad institucional.
  3. Entrevistas: Se pueden realizar entrevistas a los líderes y empleados de la institución para obtener información sobre la estructura organizativa, las políticas y procedimientos, y la cultura organizacional.
  4. Evaluaciones externas: Es posible contratar a evaluadores externos para llevar a cabo una evaluación de la capacidad institucional.
  5. Análisis de indicadores: Se pueden utilizar indicadores clave de desempeño (KPIs) para medir el rendimiento de la institución en relación con sus objetivos y metas.

En general, la evaluación de la capacidad institucional es un proceso continuo y se recomienda realizar evaluaciones periódicas para medir el progreso y tomar medidas correctivas si es necesario.