Es necesario replantearse y someterse a revisión ciertas prácticas institucionales con los y las menores, teniendo
en cuenta sus necesidades y su bienestar, dándoles protagonismo y escuchando
su demanda para evitar la revictimización. También es preciso introducir una perspectiva de género en la comprensión del fenómeno de la violencia, de manera que pueda acompañar a las prácticas profesionales, especialmente necesaria
dicha perspectiva frente a la falta de credibilidad en las víctimas mujeres y sus
hijos-as. Así mismo, reducir la excesiva judicialización en los procesos de intervención frente a la violencia, de manera que puedan ser abordados con más profundidad desde ámbitos no judicializados, o bien, si es el caso, intentar romper
la excesiva formalidad procedimental de la justicia (procedimientos judiciales)
a partir del acompañamiento y espacios de soporte que necesitan las víctimas.