Los sistemas de justicia de menores en Europa se han desarrollado en varias formas y con orientaciones diferentes. Una rápida
mirada en las sanciones y medidas, revela que la tendencia general
es la extensión de la diversión, combinada en algunos países con
medidas educativas o de otro carácter, que pretenden mejorar la
conformidad entre la conducta juvenil y la norma.
La mediación, la
reconciliación o las conferencias familiares son buenos ejemplos de
tales estrategias de diversión. Por otra parte, desde una comparación
internacional, los sistemas basados únicamente en la tutela o bienestar de la juventud y el niño están en marcha atrás. Esto no es tan
evidente en Europa, donde aún existen sistemas con enfoques tutelares como en Bélgica y Polonia, pero sí lo es en los países latinoamericanos, que tradicionalmente se orientaron al enfoque de bienestar
clásico (Tiffer-Sotomayor 2000; Tiffer Sotomayor, Llobet Rodríguez
y Dünkel 2002; Zegada 2005; Gutbrodt 2010; Couso, Duce 2013; Castro Morales 2015).
A través de Europa los elementos de justicia restaurativa han
sido puestos en práctica, incluso en países que han adoptado enfoques neo-liberales o neo-correccionales, como en aquellos con una
orientación de bienestar relativamente fuerte. Además, las medidas
educativas que tratan de mejorar las competencias sociales de los
infractores jóvenes, como cursos de formación sociales y formación
cognoscitiva, se han desarrollado más extensamente. Estos desarrollos están acordes con los estándares internacionales en materia de
justicia juvenil.
La recomendación de 2003 del Consejo de Europa
sobre los nuevos modos de tratar la delincuencia juvenil, claramente
enfatiza el desarrollo de nuevas y más constructivas sanciones comunitarias, también para los reincidentes y otros grupos de infractores
problemáticos. Esto mantiene la idea tradicional de la justicia de
menores basada como un sistema «educativo» especial, de intervención mínima diseñada para prevenir la reincidencia.
Por: Edwin Joel Ticlla Colunche
Resumen
Los altos índices de percepción de inseguridad ciudadana durante los últimos años, se ha mantenido constante a pesar de que los indicadores de delincuencia real que están reflejados en la disminución del número de víctimas, el aumento de denuncias y detenciones, contradicen la percepción de la ciudadanía; en este trabajo, además de analizar las estadísticas de las instituciones competentes, se plantea y sustenta la tesis de que no existe una óptima articulación de los sistemas de seguridad ciudadana, justicia y penitenciaria, que permita hacer sostenibles las acciones judiciales y penitenciarias manteniendo esta perspectiva de seguridad ciudadana para impactar en la reducción de la percepción de impunidad e inseguridad.
Palabras claves: Inseguridad ciudadana, criminalidad, sistema judicial, sistema penitenciario
La percepción de inseguridad ha ocupado un lugar prioritario como problema público que afecta a la población y que requiere su solución. Los hechos delictivos están a la orden del día y el miedo a ser víctima está latente en la vida cotidiana de los ciudadanos, cuando van a trabajar, estudiar o no queda nadie en casa, entre otras circunstancias. Las repercusiones de los hechos de violencia y otros riesgos asociados se manifiestan también a nivel de las percepciones en la población, sobre su propia experiencia con un hecho delictivo, el conocimiento de un caso que involucra a un familiar o la influencia de los medios de comunicación.
El presente trabajo intenta dar cuenta de las causas que están detrás de los altos índices de percepción de inseguridad ciudadana; Para ello, se toman en cuenta los datos estadísticos del INEI y otras instituciones que permiten establecer comparaciones en el período de tiempo de 2011 a 2019. La comparación de la información obtenida en materia de seguridad ciudadana permite un primer nivel de análisis que proporciona una visión general de la complejidad del fenómeno a abordar.
El alcance de este trabajo involucra a las instituciones que conducen las acciones de seguridad ciudadana, el sistema de justicia y el sistema penitenciario, desde la perspectiva que se asume para la elaboración de las leyes y la formulación de los planes hasta la ejecución misma de las acciones planteadas y las repercusiones en la percepción en la inseguridad en la población.
La tesis que surge es que no existe una articulación adecuada de los sistemas de seguridad ciudadana, justicia y penitenciaria, lo que genera repercusiones en la percepción de impunidad que impacta en los altos porcentajes de inseguridad ciudadana, que se mantienen altos a pesar de que los indicadores de criminalidad dicen lo contrario.
Diversos estudios sobre seguridad ciudadana se enfocan en identificar factores de riesgo o estrategias efectivas para enfrentar el delito, sin embargo, a la fecha no existe evidencia de la efectividad de las acciones transversales que realizan las instituciones desde la prevención, persecución del delito, procesos en el sistema de justicia, y finalmente, la efectividad del sistema penal para lograr la reinserción social y cómo este resultado impacta en la reducción de la percepción de inseguridad ciudadana.
Las argumentaciones que se esgrimen parten primero de la definición de percepción de la inseguridad y el miedo al delito. Existen diferencias conceptuales entre estos dos términos. La inseguridad ciudadana incluye dos componentes: inseguridad subjetiva e inseguridad objetiva. El primero se define como el sentimiento de amenaza personal, que no se corresponde necesariamente con la vulnerabilidad real de la persona que lo experimenta (Carrión, 2007). El miedo al delito se define como una respuesta emocional al riesgo de ser víctima de un acto delictivo (Ferraro, 1995), mediante la evocación de representaciones y símbolos que la persona recrea sobre el delito. Este miedo es básicamente el miedo de las personas al delito como problema social que está presente en su comunidad debido a la historia personal o al entorno más cercano (López, 2014; Dammert, 2005). Sus consecuencias son evidentes a nivel individual y social, teniendo en cuenta que este miedo influye en su vida diaria.
El impacto del miedo al delito puede tener mayores consecuencias psicológicas que el propio delito. Si bien el término seguridad ciudadana puede referirse a una concepción más genérica, más allá de la comprensión del miedo al delito como problema social, este se ve reforzado por otros fenómenos como el terrorismo, la migración u otros relacionados con la tecnología. (Vozmediano, San Juan y Vergara, 2008). La pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la represión política, la violencia, la criminalidad y la drogadicción pueden constituir amenazas a la seguridad ciudadana (ILPES, 1997).
La sensación de inseguridad se agrava cuando se comete un delito susceptible de sanción y no se sanciona. Es decir, la impunidad provoca en la sociedad un sentimiento de doble infracción: la provocada por el delito y la resultante de la frustración e impotencia ante la falta de sanción (Araoz 2002, 180; Bailey 2014; Le Clercq 2015; Zepeda 2004). La incapacidad de las instituciones del Estado para garantizar un clima de certeza en materia de seguridad puede llevar a acciones organizadas por la propia sociedad para protegerse, como hacer justicia por sus propias manos. La impunidad se refiere a un acto de injusticia porque la persona o grupo de personas que cometieron el delito no fueron sancionadas o las víctimas no tuvieron derecho a reparar el daño.
Un segundo argumento tiene que ver con el análisis del oportunismo político para la elaboración y modificación de leyes referidas a la seguridad ciudadana. Siendo el rol de las autoridades, garantizar la convivencia pacífica y la tranquilidad, alejando de todo hecho delictivo de la población. Este ideal no llega a concretarse porque las limitaciones de las instituciones no cubren dichas expectativas; además, si el rol que desempeña la población es pasivo, la tutela de las instituciones seguirá siendo insuficiente. Este imaginario se solidifica en el discurso punitivo de la población cuando se evidencia que, en el sistema de justicia, para los delitos menores o faltas, las sentencias no responden a las expectativas de las víctimas y la población; en consecuencia, se enardece, reforzado por los medios de comunicación que muestran a personas puestas en libertad por la mala aplicación de la justicia, incrementando los reclamos por mayor severidad en la aplicación de las leyes o mayor celeridad en los procesos para una mayor efectividad. Las exigencias punitivas de la población son acogidas de forma oportunista y populista por los representantes políticos sin el menor rigor científico.
Estas decisiones legislativas en materia penal, que no pretenden comprender el fenómeno sino aumentar la duración de las penas y reducir los beneficios penitenciarios, siendo la pena que recae sobre el infractor, el sacrificio que debe interceder para salvar la responsabilidad política de las autoridades y lograr apaciguar las demandas de la población, buscando evitar que la población se tome la justicia por su mano; Sin embargo, lo único que genera este tipo de medidas es el hacinamiento de las cárceles, transformándolo en una bomba de tiempo. Se requiere un mayor análisis en las decisiones judiciales y las repercusiones en la seguridad ciudadana, lo mismo en el sistema penitenciario, de qué manera sus acciones se vinculan con la mejora de la seguridad ciudadana, teniendo en cuenta que el ciudadano común tiene la idea de que las cárceles son escuelas de crimen o donde se planifiquen actos de extorsión o delictivos, de modo que, a pesar de haber sido excluidos físicamente de la sociedad, en algunos casos, aún mantienen su injerencia de manera nociva.
Un tercer argumento se refiere a la falta de articulación interinstitucional, a pesar de que en los últimos 02 planes de seguridad ciudadana se han propuesto esquemas sobre este tipo de articulación, en la práctica no ha funcionado. En estos planes se proponen cuatro ejes con nombres muy aproximados de un plan con respecto al otro, sobre los que se desarrollan los objetivos estratégicos, estos son: prevención de la violencia y el delito, fiscalización administrativa[1], sistema de justicia penal y atención a las víctimas; sin embargo, En el diagnóstico realizado en el actual Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con respecto al anterior, mencionan que la falta de articulación provocó la desconexión entre acciones estratégicas y actividades operativas, así como actividades multisectoriales que en ocasiones se han retrasado o paralizado en su implementación; También se evidenció un retraso en la implementación de las iniciativas debido a la situación de cambio de autoridades y la ausencia de un organismo para realizar el seguimiento.
El cuarto y último argumento que hago es que no existe correspondencia entre la percepción de inseguridad y el crimen real. Al comparar el porcentaje de víctimas de un acto delictivo, porcentaje de denuncias de víctimas, porcentaje de percepción de inseguridad, número de detenidos y población carcelaria, en un rango de tiempo de 2011 a 2019, para el análisis del delito real. Existe evidencia de una disminución en el porcentaje del número de víctimas, para 2019 se identifica que 26,9 de la población es considerada víctima de un acto delictivo como se muestra en la figura 01, una disminución del 50% con respecto a 2011, una tendencia a la baja con cierta estabilidad en los últimos años.
Figura 01
Población urbana, mayor de 15 años, víctima de algún hecho delictivo (porcentaje)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2010 – 2019.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), desde el 2016 se evidencia un incremento de las víctimas que realizan la denuncia correspondiente, pero esto no se corresponde necesariamente con el hecho que las personas tienen más confianza en las instituciones o tienen más motivación por denunciar, sino porque el porcentaje de víctimas mantuvo una disminución sostenida.
Figura 02
Población de 15 y más años del área urbana, víctima de algún hecho delictivo, que realizó la denuncia, según ámbito de estudio, 2010 – 2019
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2010 – 2019.
Para comprender mejor los motivos que hay detrás de la motivación para no denunciar, se muestra en la Tabla 01 que el principal motivo para no denunciar es que consideran esta acción, una pérdida de tiempo realizar algún tipo de denuncia. Este indicador puede ser aplicable para la mayoría de los delitos que en el período de 2011 a 2019 ha aumentado en 05 puntos porcentuales. La segunda razón para no denunciar, los ciudadanos consideran que el delito del que fueron víctimas tiene poca importancia, esto considerando que el delito más frecuente tiene que ver con algún tipo de robo o intento de robo.
Tabla 01
Población de las ciudades de 20 mil a más habitantes, víctima de algún hecho delictivo, según motivo de la no denuncia, 2011 – 2019
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2011 – 2019.
A pesar de que el porcentaje de víctimas de algún hecho delictivo tiene una marcada tendencia la baja, el cambio porcentual respecto a la percepción de inseguridad ciudadana en los últimos cuatro años ha sido mínimo (Figura 03), manteniendo la tendencia elevada sobre el 85% desde el 2011, a pesar de que la cantidad de víctimas tiene una tendencia a disminuir y el número de personas detenidas va en incremento.
Figura 03
Población urbana, mayor de 15 años, con percepción de inseguridad en los próximos doce meses (porcentaje)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2010 – 2019
Según los datos obtenidos del Ministerio Público, la cantidad de detenidos por cada año, como se evidencia en la figura 04, ha ido en incremento estableciendo cierta concordancia con el porcentaje de denuncia de las víctimas, casi duplicando las cifras en el 2018 respecto al 2013.
Figura 04
Personas detenidas registradas desde el 2011 al 2018
Fuente: Ministerio Público – Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva.
Elaboración propia
Otro aspecto para valorar es la tendencia de la población penitenciaria, que, a lo largo de los últimos seis años, está en incremento; pero este incremento es más notorio en la población penitenciaria extramuros[2], que en el rango del 2016 al 2020 se incrementó en 100%, este último tipo de población incluye los egresados de los penales con beneficio, las penas y medidas alternativas.
Figura 05
Población penitenciaria intramuros y extramuros del 2014 al 2020
Fuente: Oficina de estadística del INPE
Elaboración propia
Habrá un cierto sesgo en la toma de decisiones en base a información que concibe al delincuente por parte de las autoridades, con la información referida a la caracterización de la delincuencia reducida a ciertos tipos de delitos, como el delito de robo, sin tener en cuenta que existen también otros delitos predominantes como el delito de violación y tráfico ilícito de drogas, los cuales requieren su propio diagnóstico y el respectivo análisis de las particularidades sobre el impacto que causan en la percepción de inseguridad, lo que requerirá establecer indicadores apropiados para la recolección de información estadística. El objetivo de los datos es describir las características de los hechos delictivos, pero al limitar la cantidad de alternativas, no permitirán que la investigación más profunda respecto a otras causas que puedan influir en la percepción de inseguridad y miedo al delito. Otras variables demográficas, sociales, culturales y territoriales se tienen que tomar en cuenta para enriquecer el análisis de este fenómeno.
Las acciones en el marco de la seguridad ciudadana no se han vinculado exitosamente con el sistema de justicia y el sistema penitenciario, pues las personas etiquetadas como los “causantes de la inseguridad ciudadana” que han sido perseguidos por la organización comunitaria y la policía hasta ser detenidos y puesto a disposición del sistema de justicia, la continuidad del proceso no debe perder de vista la implicación de las decisiones judiciales en la seguridad ciudadana; de igual manera en la etapa penitenciario y la etapa postpenitenciaria, teniendo en cuenta que, en el caso de los privados de libertad, terminada su condena, deberán regresar a sus hogares y en el caso de la población penitenciaria extramuros – que se encuentra cumpliendo condena en libertad – ellos aún mantienen el vínculo con su entorno: sus lazos familiares y de amistad durante el proceso. Al ingresar a la etapa donde actúan las instituciones del sistema de justicia, la víctima espera la máxima sanción; sin embargo, una pena más alta y drástica, no implica una mejor reinserción social, el uso de las penas alternativas a la prisión puede ser una mejor alternativa, si se piensa articular este tipo de sentencias en pro de la seguridad ciudadana y la reinserción social.
La participación de una comunidad organizada para hacer frente a la violencia puede ser más efectivo si se articula a los programas implementados por autoridades locales; también nuevos enfoques dentro de la policía con un enfoque comunitario que promueve y organiza la participación ciudadana a través de la Oficina de Participación ciudadana (OPC) de las comisaría y las juntas vecinales, de la mano con las gerencias de seguridad ciudadana, los comités de seguridad ciudadana, que permiten articular esfuerzos para intervenir en zonas donde se cometen mayores actos delictivos, lugares donde vive la población del sistema penitenciario, lugares donde se identifican con mayor percepción de inseguridad, con la finalidad de que la intervención no solo se persecutoria, sino preventiva de manera situacional y social, a través de programas y apoyo institucional.
Se evidencia se el alto nivel en la percepción de la inseguridad ciudadana a pesar de la disminución de víctimas, incremento de porcentaje de denuncias, de las personas detenidas y de la población penitenciaria, respecto a esta última, las penas alternativas a la prisión, las personas asisten a un control o son supervisadas respecto a la pena de prestación de servicios comunitarios[3], otros participan en programas de tratamiento para fortalecer sus competencias para la reinserción, pueden generar un mejor impacto si se visibiliza y socializa en que consiste estos tipos de sentencias y los beneficios en la seguridad ciudadana.
A manera de conclusión, la inseguridad ciudadana y el miedo al crimen continúan respondiendo a una criminalidad construida que no corresponde a los hechos registrados, esto implica que atacar los altos niveles de percepción de inseguridad, requiere de acciones que muestran las principales ideas y subjetividades que hace que la población se considere como posible víctima de un futuro acto delictivo. Las estadísticas del INEI son insuficientes para responder esta interrogante porque tiene sus alternativas predeterminadas.
Es importante la vinculación de las acciones en el marco de la seguridad ciudadana con un sistema de justicia y penitenciario que involucre la perspectiva restaurativa, que fomenten una convivencia más solidaria y fraternal (Castro, 2009). Los ciudadanos organizados se integren a la administración de justicia, especialmente a la delincuencia menor, siendo vigilantes del cumplimiento de las sentencias y fomentando la prevención de la delincuencia, con apoyo de las instituciones de su localidad.
También la percepción de impunidad repercute en la credibilidad de las instituciones[4] ante los ciudadanos – tanto la PNP, Poder Judicial y Ministerio Público -, llegando a repercutir en los motivos por las cuales no denuncian. La comprensión de la distinción entre violencia (objetiva y subjetiva) y criminalidad (real y construida) en el contexto de las interacciones económicas, políticas, culturales y sociales que configuran el aspecto histórico de la seguridad ciudadana, deberán abordarse no solo desde el crimen o el hecho aislado, sino más bien desde los procesos estructurales donde se manifiestan (Carrión, 2009). Esto requiere de una intervención institucional, no solo para perseguir el delito, sino también para prevenir mediante el desarrollo de programas sociales y el acceso a servicios que les permita desarrollar y fortalecer capacidades para incrementar las oportunidades de ingreso al mundo laboral y educativo, tanto de niños, adolescentes, jóvenes, como población vulnerable y logren desarrollarse como ciudadanos lejos del crimen.
Finalmente, en el último eslabón del sistema de justicia penal, la invisibilidad de la efectividad de las penas[5] en el sistema penitenciario contribuirá a mostrar mayores oportunidades para la reinserción social evitando su reincidencia logrando articular la prevención terciaria y la primaria[6] en favor de la seguridad ciudadana.
Decía el científico Albert Einstein “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.”
Referencias
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Arriagada, I y Godoy, L (1999) seguridad ciudadana y violencia en América Latina: diagnóstico y políticas en los años noventa. Cepal https://repositorio.cepal.org/handle/11362/6263
Carrión, F. (2009). Economía política de la seguridad ciudadana. Flacso-Sede Ecuador.
Carrión, F. (2009). Hacia una nueva comprensión de la violencia y la seguridad. Espacio abierto, (10), 26-34.
CNDH México (2019). Un modelo de reinserción social, descargado de https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/modelo-reinsercion-social.pdf
Castro F. y Juan D. (2009). ¿Inseguridad o temor ?: Impunidad, politiquería y posibles soluciones. Medicina Legal de Costa Rica , 26 (2), 99-109. Obtenido de http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-00152009000200009&lng=en&tlng=es
Dammert, L. (2005). Violencia criminal y seguridad ciudadana en Chile. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
Díez, J. L. (2004). El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). 2004, núm. 06-03, p. 03:1-03:34. Disponible en http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-03.pdf
Ferraro, K. F. (1995). Fear of crime: Interpreting victimization risk. SUNY press.
INEI (2020). Perú: Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones. Descargado de http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe_de_gobernabilidad_may2020.pdf
INEI (2020). Victimización en el Perú 2010-2019. Descargado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1730/Libro.pdf
Kessler, G. (2009). El sentimiento de inseguridad: sociología del temor al delito. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores.
Le Clercq, J. Cháidez, A y Sanxchez, G. (2016). Midiendo la impunidad en América Latina: retos conceptuales y metodológicos. Iconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 55, 2016 https://www.redalyc.org/jatsRepo/509/50945652004/html/index.html
López, N. (2014). Inseguridad y percepción de inseguridad en Lima, Perú. Lima: IOP PUCP. 2014. (Cuadernos de Investigación, N° 10).
Medina, J. (2003). Inseguridad ciudadana, miedo al delito y policía en España. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). 2003, núm. 05-03, p. 03:1-03:21. Disponible en internet: http://criminet .ugr.es/recpc/recpc05-03.pdf
[1] En el plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013 al 2018, se describe como control y persecución del delito.
[2] Las sentencias a penas y medidas alternativas a la prisión, como las prestación de servicios comunitarios, limitación de días libres, suspensión de la ejecución de la pena, reserva del fallo condenatorio, vigilancia electrónica, entre otras, no son un acto de injusticia o impunidad como puede ser entendido en algunos casos por la población, no constituyen un acto de injusticia o impunidad como puede ser entendido en algunos casos por la población, sino que no visibilizar el cumplimiento de este tipo de penas, no genera una representación mental de en qué consisten estas penas y pasa a ser considerada como una terminología jurídica utilizada para dar libertad a las personas que cometen delitos; En este sentido, la tarea es sensibilizar y educar en qué consiste este tipo de sentencia, cómo se ejecuta, dónde se lleva a cabo y cómo beneficia a la comunidad, a la víctima y a la persona que ha cometido el delito.
[3] De acuerdo al Decreto legislativo Nº 1191, que regula la ejecución de las penas de prestación de servicios a la comunidad y de limitación de los días libres
[4] En la publicación del INEI (2020). Victimización en el Perú 2010-2019, se muestra los motivos de la no denuncia de las víctimas frente a un hecho delictivo, uno de los motivos fue “desconfianza en la autoridad”, que estuvo vigente hasta el 2012, luego fue reemplazado por “desconfianza en la Policía Nacional del Perú.”
[5] Las acciones colectivas de cumplimiento de sentencias con un enfoque de justicia terapéutica y restaurativa, como es la estrategia “intégrate a tu comunidad” que realiza la Dirección de Medio libre en coordinación con municipalidades y otras instituciones en diferentes del Perú, generando impacto y visibilidad del cumplimiento de este tipo de sentencias. Esta misma modalidad se realiza con los menores de edad a través de los programas de justicia restaurativa del ministerio público y los Centros de orientación al adolescente, que realizan acciones de trabajo comunitario con adolescentes para visibilizar la motivación del cambio de conducta.
[6] Según la CNDH México (2019), menciona que la prevención primaria se basa en la aplicación de macroelementos que ayudan a eliminar o reducir las condiciones criminógenas presentes en un contexto físico y social cuando aún no existen manifestaciones o señales de peligro y la
prevención terciaria se refiere a las acciones que se enfocan en las personas que han cometido un delito para que las acciones que se llevan a cabo puedan brindarles un proceso integral de reinserción social durante y después del cumplimiento de su condena, para evitar que vuelvan a afectar a la sociedad y prevenir la reincidencia.