Victoria Gambetta
En América Latina, la problematización de las muertes de mujeres en estas circunstancias recientemente ha dado lugar al concepto de suicidio femicida, el cual denota los suicidios de mujeres motivados por sus experiencias prolongadas de victimización por violencia de género, especialmente en el marco de la (ex)pareja. Esta denominación se ampara en evidencia que muestra a la ideación suicida como parte de las consecuencias negativas de la violencia de género sufrida de forma crónica (Programa Regional de la Iniciativa Spotlight para América Latina [PRISAL], 2021). Al día de la fecha, El Salvador es el único país del continente que ha tipificado al suicidio femicida como delito, mientras que en Chile está siendo posicionado en la agenda pública por el movimiento de mujeres (Pagola, 2021).
La violencia letal contra las mujeres es un problema global que despierta gran preocupación por sus impactos en el bienestar de las personas, y que demanda la implementación de acciones eficaces para su prevención y combate. Dadas las resonancias del femicidio en la región, Latinoamérica ocupa una posición de liderazgo en la construcción de conocimiento sobre un fenómeno sumamente complejo de delimitar, investigar e intervenir. En vista de ello, quienes investigamos el femicidio tenemos el reto de formular preguntas novedosas con un suficiente conocimiento de fondo sobre los alcances de las respuestas que podemos obtener.
A la hora de investigar sobre femicidios, la pluralidad conceptual, las dificultades para traducir la teoría a la práctica, y el tipo de información secundaria con la que nos vamos a encontrar nos enfrentan a una serie de conflictos y desafíos. Primero, debemos asumir que nos ubicamos en un campo de disensos sobre cómo representar el fenómeno, la naturaleza de la violencia que comprende, y el grado de heterogeneidad que admite. Ello demanda que tomemos decisiones conceptuales en función de los aspectos sobre los que queremos llamar la atención, para transformar nociones y romper sentidos comunes.
Segundo, debemos conocer los problemas de validez que actualmente existen para captar analíticamente las motivaciones sexistas por detrás de los homicidios, la alta complejidad metodológica que ello demanda, los atajos más comunes que podemos tomar para observarlas empíricamente, y las connotaciones políticas que estas decisiones acarrean. Que nuestro compromiso profesional con la producción de conocimiento sobre femicidios no nos haga perder de vista por qué es necesario diferenciarlos del resto de las muertes de mujeres, y podamos volcar esta reflexión a la interpretación de cualquier proxy que utilicemos.
Por último, están los conflictos entre la información que necesitamos y la que efectivamente está disponible. En base a estos (des)encuentros decidimos qué analizar, con qué salvedades, y con qué otros datos nos parece adecuado efectuar comparaciones, dados los distintos contextos de producción de datos estadísticos. Por ejemplo, para comparar tasas de femicidio entre distintos países, es preciso considerar que están afectadas por factores tales como la capacidad del Estado y sus agencias para captar todos los homicidios, las tasas de esclarecimiento de los casos penalmente investigados, y la voluntad de la administración pública para incorporar indicadores de motivaciones sexistas en la construcción de estadísticas.
Todas estas consideraciones son fundamentales para formular y comunicar diagnósticos cabales sobre el femicidio en Latinoamérica, pero también para identificar vacíos de conocimiento e imaginar propuestas metodológicas pertinentes. Esto posibilitará que se tejan puentes entre la academia y el Estado para elaborar propuestas que mejoren sus sistemas de información y les permitan resolver problemas concretos. Como señalan Dawson y Carrigan (2020), el trabajo de los actores y actrices del sistema de justicia criminal es indispensable para proporcionar mayor evidencia basada en datos que sea un insumo para el diseño de políticas adecuadas para prevenir la violencia de género hacia las mujeres.