El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) llevó a cabo una reunión de coordinación para la constitución de la “Mesa Regional de Junín”, como parte de la estrategia territorial para articular y tomar decisiones en la protección de las personas defensoras de los derechos humanos.
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Homenaje a Antonio Gomes Moreira Maués
Editado por
Magdalena Correa Henao Wilfredo Robayo Galvis
Manual construido desde y para la formación de mujeres indígenas -−líderes y cuadros medios y de base− con alguna experiencia en la promoción, protección y reclamación de sus derechos, que en lo futuro estén dispuestas a desarrollar una labor multiplicadora y fortalecer sus capacidades en este campo, partiendo de los principios de dualidad y complementariedad, en función de los cuales se incluya a los hombres de la comunidad o la organización en este tipo de esfuerzos educativos.
Con esta publicación, se espera contribuir a la reafirmación y fortalecimiento de su cultura, enriquecida con los aportes de los derechos humanos, en la cotidianidad de la vida de pareja, familiar, comunitaria y organizacional.
perspectiva acerca del papel y posición de las mujeres indígenas basada en su visión del mundo.
Con el propósito de facilitar su uso y comprensión, este Manual se ha dividido en módulos. En el primer módulo Derechos humanos de las mujeres indígenas, La protección de los derechos humanos de las mujeres indígenas, de Lucrecia Molina, se plasma un esfuerzo inicial del Programa, en el sentido de retomar los principios de igualdad y complementariedad entre hombres y mujeres indígenas, fundamentales en su cultura, para formular una propuesta de aprendizaje de los instrumentos y procedimientos de protección de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales.
La presente Guía es uno de los elementos de una publicación en cuatro partes, Los
derechos humanos y las prisiones, un módulo de formación en derechos
humanos para funcionarios de prisiones. Los cuatro elementos del módulo se
complementan entre sí y, en conjunto, contienen todo el material necesario para llevar
a cabo programas de capacitación en derechos humanos destinados a personal
penitenciario, conformes con el método de capacitación elaborado por la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El Manual, primer elemento del módulo, contiene información detallada sobre las
fuentes, los sistemas y las normas en materia de derechos humanos en relación con la
labor de los funcionarios de prisiones, junto con recomendaciones prácticas, temas de
debate, estudios de casos y listas de comprobación.
Claudia Hernández Asensio
Todo ser humano debe gozar de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. No olvides que cuando ingresas a la cárcel, pierdes el derecho más importante de todos, el derecho a la libertad. Lo más preciado para el ser humano está restringido. La institución de la prisión integra un espacio de relaciones sociales en el que la organización impone formas de vida, creando una sociedad paralela que establece sus propias normas. Pero no por eso, deben separarse de los valores que inspiran la convivencia del resto de la sociedad. La mediación penitenciaria es una oportunidad, una oportunidad para que el preso resuelva o maneje libremente sus propios conflictos, para dignificar su situación.
Un nuevo modelo de justicia, diferente a los demás procedimientos, en el que los responsables asumen el papel de protagonistas y se someten a un proceso de diálogo. Es un proceso en el que prima la responsabilidad y reparación del daño causado, como hemos visto, ofrece a los internos una transformación y aprendizaje en la resolución y manejo de los conflictos que atraviesan y pasarán en el futuro. . En relación a la institución, también representa una oportunidad, una oportunidad para poner en práctica un modelo de justicia restaurativa que brinde una solución a las deficiencias que sufre y reconoce. Pero, es necesario el apoyo del poder público, para lo cual el tema carcelario es invisible por el momento; invisible también para el resto de los llamados grupos de presión (no hay noticias en prensa, radio, o si las hay, solo en sentido negativo).
Para implementar el sistema es necesario dotar a la Administración Penitenciaria de herramientas y recursos. De ser así, daría lugar a un nuevo modelo de justicia, un modelo no solo más justo, sino también más rentable, ya que, como se puede ver en las prácticas penitenciarias, hay menos recurrencia en las personas que se han sometido a un procedimiento de mediación. . . Tendría una mejor convivencia dentro de los muros (se ha demostrado que favorece las buenas relaciones futuras), lo que unido a la formación de los internos en estas prácticas representaría un beneficio para el preso en su ámbito personal, más alineado con el principio de justicia restaurativa que incluye la reintegración. Los conflictos no siempre son malos, ya que aprender a lidiar con ellos fortalece las relaciones duraderas. La transformación en la forma de resolver conflictos en un mundo tan complejo como la cárcel, redundaría en una mejor convivencia.
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Durante una reunión de trabajo virtual, entre representantes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio del Interior acordaron realizar un trabajo conjunto en materia de seguridad ciudadana y con un enfoque 360º en la protección de derechos humanos tanto de la ciudadanía como de los distintos actores estatales que se encuentran desplegando sus funciones en la primera línea en el marco de la pandemia por el COVID-19, como la Policía Nacional del Perú (PNP) y el serenazgo.
En el encuentro virtual, Carlos Fernández, jefe del Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo resaltó la importancia de identificar los ejes estratégicos para la articulación interinstitucional, con especial énfasis en la prevención de la violencia contra mujeres, adolescentes, niños, personas adultas mayores, migrantes, personas pertenecientes a la comunidad LGBTI y otros grupos poblacionales que pudieran encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Por su parte funcionarias y funcionarios del Viceministerio de Seguridad Pública, de las Direcciones Generales de Seguridad Ciudadana y Seguridad Democrática, así como de la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro expusieron sobre las actividades que conforman su plan de trabajo denominado “Estrategia Sectorial Por un Perú Seguro” y de los avances que se vienen alcanzando en diferentes objetivos relacionados con estrategias y políticas en materia de seguridad ciudadana.
Asimismo, ambas instituciones acordaron establecer mejoras para en el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, creado mediante la Ley N° 27933 con la finalidad de impulsar acciones de prevención de actos ilícitos.
La Defensoría del Pueblo reitera su compromiso en seguir coordinando acciones integrales preventivas en materia de seguridad ciudadana, con enfoque de derechos humanos. En ese sentido, se recordó la participación institucional en la primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) realizada el 8 de febrero, brindando diferentes aportes para la modernización de la PNP.