AUTORA: CRICIA LUZ OCHOA HUAMANTICA
Miles de años antes de que el genio Leo Tolstoy se preguntará: ¿De dónde viene el mal?, en el planeta ya se había planteado este dilema… ¿Qué lleva a los seres humanos a querer destruir a los otros? ¿La maldad es parte de nuestro instinto más remoto o es solo la mera consecuencia de la vida en sociedad?
Algunos estudiosos como Marylène Patou-Mathis, afirman que la violencia no está inscrita en los genes del ser humano y su aparición obedece a causas históricas y sociales. Otros como Sergio Ferrer y Marcela Jara ofrecen una mirada desde la genética de la violencia, haciendo la aclaración de que aceptar el determinismo biológico debilitaría el concepto de responsabilidad, de libre albedrío y la sociedad perdería el derecho al castigo de los actos delictuales.
No existe una persona que pueda jactarse de estar libre de algún inconveniente en el trabajo, con los amigos o en la vida familiar. La violencia es un problema mundial y vivimos en un planeta que desde sus albores civiles, ha vejado transversalmente a una parte de la humanidad: las mujeres.
Respecto de esto último y solo por mencionar algunos aspectos de la inequidad: el informe del Banco Mundial del 01 de marzo del 2022 advierte que, en la actualidad, existen 2,400 millones de mujeres que no tienen igualdad de oportunidades económicas; durante la pandemia de la covid-19 en India, el peor país del mundo si eres mujer, se registró el mayor índice de violencia contra la mujer. Nuestro país no está exento de esos alarmantes índices. La Defensoría del Pueblo señala en lo que va del año, un reporte de 519 desapariciones de niñas, 18 feminicidios, 6 tentativas de feminicidio y 8 muertes violentas. Aunado a esto, desde hace años, el Perú se posiciona entre los primeros lugares del ranking de mujeres asesinadas por sus parejas. Dicha data se dio a conocer desde la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social, el año 2011.
Es muy triste saber que después de todos los esfuerzos, las mujeres de este siglo no llegaremos a conocer un atisbo de igualdad. Según el Informe Global de Brecha de Género, se alcanzaría la paridad para el año 2186.
No elegimos el lugar donde nacemos, ni nuestro género, ni la familia, ni el colectivo del que seremos parte y tenemos que lidiar con ello. La estructura social nos ha predestinado a tener dificultades educativas, culturales (estructurales) y con ello a la desigualdad en todo aspecto.
Siendo objetivos, se ha ejercido todo tipo de violencia contra el género femenino. Por poner solo un ejemplo, en los programas de televisión y en las redes sociales, encontramos un tipo de violencia sutil pero efectiva: la violencia simbólica, a la que Pierre Bourdieu describe como violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento”. La violencia contra la mujer se ha establecido en la sociedad peruana, generando ideas erróneas respecto de la masculinidad y el rol de los varones en las familias, lo que empeora la situación. Por esto y otras razones el desprecio, maltrato, humillación y misoginia se acrecientan en diferentes lugares del mundo.
Durante mi experiencia en el Establecimiento de Medio Libre de Cusco, siendo parte del Equipo Técnico Evaluador, he podido analizar cientos de casos de violencia. A través de los 8 criterios en el Sistema Integrado Penitenciario Web, pude evidenciar que la mayoría de personas con problemas de conducta son producto de un ambiente familiar hostil, desde muy temprana edad (padres alcohólicos, personas que han sufrido abandono y maltratos físicos y psicológicos). Por otro lado, en menor porcentaje, existe un índice de sentenciados que tienen familias permisivas, que no han podido disciplinarlos a tiempo y enseñarles la noción de la otredad. Muchos de estos en hogares con buena economía, pero carentes de valores debido a la ausencia de las figuras materna o paterna.
Desde el Instituto Nacional Penitenciario, constatamos la preocupante cantidad de casos por violencia familiar que se registran e incrementan a diario. El ejercicio de la violencia al interior de una familia, denominada “Violencia Doméstica”, constituye una violación de los derechos humanos y a las libertades y, estos derechos están consagrados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos; instrumentos suscritos y ratificados por el Estado Peruano, que ha recogido en el inciso 1 del artículo 2 de la Constitución y establecido en la Ley 30364. El denominar como “Violencia Doméstica” a estas violaciones a los derechos humanos ha ocasionado que se minimicen y se normalicen a nivel familiar, lo que se traduce en un hecho inquietante: de cada tres intentos de feminicidio, uno de ellos termina siendo consumado. La falta de rigor en las sanciones aplicadas y lo feble de la denominación impide captar la magnitud real del problema.
El pleno jurisdiccional regional sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, la Ley 30862 y el Decreto Legislativo 1386, han modificado la Ley que tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, para facilitar el proceso y fortalecer la norma. El proceso ahora es unitario, esto quiere decir que, existe comunicación entre el ámbito de sanción y el de tutela, de manera paralela, sin vincular el proceso penal con el proceso tutelar en los juzgados de familia.
No obstante, se puede apreciar que algunos inescrupulosos han aprovechado el carácter tuitivo de la norma para denunciar a sus familiares y obtener beneficios patrimoniales. Muchas de las víctimas de este ejercicio son mujeres, la mayoría madres solteras, iletradas o con bajo nivel educativo, que han sido denunciadas por sus parejas en la modalidad de agresión y que no tienen apoyo legal consistente para hacerle frente a dicha situación. También, cabe informar de la actuación de algunos operadores de justicia, instituciones o profesionales encargados de atender a la víctima que producen una revictimización del agraviado(a)/imputado(a). Preocupa que se prefiera abusar de la conclusión y la terminación anticipada, lejos de hacer un trabajo de investigación real respecto de la violencia, sobrecargando las oficinas de las instituciones encargadas de realizar la ejecución del mandato judicial y mermando la calidad de vida y bienestar de las víctimas y/o agresores.
Todos queremos ser aceptados, respetados y valorados, es vital que tomemos consciencia de ello, también desde las altas esferas de la política nacional. Urgen mesas de concertación entre diversos actores como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Educación, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, legisladores, directores de las entidades relacionadas, entre otros, para que puedan trabajar, articulando esfuerzos y dar una solución estructural a este problema que nos atañe como conjunto.
Dentro de cada individuo al que señalamos como “malo” o “negativo” para la colectividad, existe una persona con capacidad de afecto y bondad en potencia, que debe ser resocializada y reincorporada en la sociedad de manera correcta, con una normativa que promueva las acciones necesarias para lograr este cometido.
Finalmente, la pregunta pertinente que me hiciera al comenzar este artículo sería: ¿El bueno nace o se hace? Y en ese sentido, existe una tarea aún mayor que solo sancionar delitos o faltas y es la de fortalecer la reinserción social en el país, ofrecer una nueva oportunidad a los sentenciados, alejándose de los hábitos que los llevaron a delinquir, y así promover la cultura de paz y el desarrollo sostenible tan necesario para nuestro país.