Trata de personas y migración en tiempos de pandemia por COVID-19
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP)
En un contexto de emergencia sanitaria por COVID-19, los delincuentes se aprovechan de factores sociales, económicos y culturales para explotar a personas y dificultar su acceso a bienes y servicios básicos para satisfacer sus necesidades. De hecho, las dinámicas vinculadas a la trata de personas han sufrido diversas modificaciones a raíz de la pandemia y las medidas adoptadas para contenerla.
De este modo, se han reconfigurado los escenarios de riesgo a partir del aumento de vulnerabilidades en determinados grupos, como la población migrante (especialmente, en el caso de mujeres y niños, niñas y adolescentes).A raíz de los flujos migratorios de los últimos años, la población migrante de Venezuela en el Perú se encuentra afrontando retos para su integración socioeconómica que las y los coloca en una situación de vulnerabilidad propicia para la trata de personas, la cual se puede dar, por ejemplo, ante una falsa oferta de trabajo a través de redes sociales o de manera presencial.
A la par, las y los operadores de justicia encargados de la prevención, investigación, persecución y sanción del delito se enfrentan a nuevos retos. Por un lado, han visto mermadas sus capacidades de acción a causa del COVID-19, bien sea por haber contraído la enfermedad o por tener que redestinar sus esfuerzos a la aplicación y supervisión de las medidas de contención. Por otro lado, la captación y la explotación se han tornado más clandestinas, y se dan bajo nuevas modalidades, lo cual dificulta las acciones de identificación de víctimas e investigación del delito.
Respecto a este último punto, las TIC han tenido un rol central. Así, ante el aumento de la exposición a la virtualidad de potenciales víctimas, especialmente menores de edad, se han desarrollado nuevos métodos de captación y explotación a través de la suplantación de identidad, la aplicación de técnicas como la «pesca» o «cacería» virtual, el aprovechamiento de los flujos virtuales para maximizar los beneficios de la explotación, entre otros. El aprovechamiento de las TIC, además, no ha tenido un desarrollo similar por parte de las autoridades a cargo de combatir el delito. Un punto trascendental frente a este panorama es la necesidad de capacitación en el uso inteligente de estas herramientas al personal de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, especialmente en otras regiones que no sean Lima.
Por otro lado, en relación con la protección e identificación de las víctimas, se evidenció la estrecha relación de la trata de personas con las necesidades de protección internacional que debe brindar el Estado, específicamente en el caso de víctimas extranjeras.
Y, aunque el modelo de intervención penal del Estado está centrado en la persecución y sanción del agresor y sus redes, se requiere que, sobre todo en el caso de grupos de especial protección, como población migrante, niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas LGTBIQ+, personas en situación de movilidad, entre otras, se articulen esfuerzos centrados en las necesidades de las víctimas y sus condiciones de vulnerabilidad.
Todos estos hallazgos son valiosos para identificar nuevas vías y caminos que pueden adoptarse en la lucha contra la trata de personas; particularmente, en escenarios de movilidad humana y frente a las nuevas complejidades generadas por la pandemia del COVID-19.
