El Perú, en el año 2011 asume la necesidad de crear un ente de articulación interinstitucional que se encargue de planificar, implementar y ejecutar la política criminal del Estado, a fin de prevenir y combatir el fenómeno de la criminalidad. Es así que el día 30 de noviembre de 2011 mediante Ley 29807, se creó el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), como instancia concertadora y coordinadora del Estado encargada de formular políticas y directrices criminológicas que sean propuestas a los diferentes sectores y entidades involucradas en el sistema de control social, y en especial, por aquellas que de manera directa se vinculan a la prevención, represión y justicia penal, con la finalidad de establecer líneas de trabajo orientadas hacia un mismo objetivo. Uno de los principales problemas que dificultan el diseño y aplicación de la política criminal del Estado, sin duda es la falta de interoperabilidad entre las distintas organizaciones que componen el SAJ Penal, debido a la ausencia de un modelo de gobernanza, a la disparidad de los sistemas informáticos empleados, así como a las diferencias entre los procedimientos utilizados para gestionar diversas actividades; incluso la falta de estandarización en los datos y la información sobre: (i) la investigación, (ii) el proceso, (iii) la ejecución de penas y/o medidas de seguridad, como consecuencia de la presunta comisión de conductas tipificadas como faltas y/o delitos impiden obtener cifras estadísticas confiables, para el diseño de la política criminal Ante este panorama, el Consejo Nacional de Política Criminal, en su sesión de fecha 16 de mayo de 2017, acordó la elaboración del Plan Nacional de Interoperabilidad del Sistema de Administración de Justicia Penal (SAJ Penal), a través del desarrollo de diversas acciones interinstitucionales, que contenga una estratégica de mejoramiento del SAJ Penal.
En la elaboración del Plan Nacional de Interoperabilidad del SAJ Penal participaron veintiséis (26) representantes de 07 instituciones públicas – Policía Nacional del Perú, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Poder Judicial, Instituto Nacional Penitenciario y Tribunal Constitucional – a través de talleres de trabajo, análisis documental, entrevistas a profundidad y análisis de más de 50 tendencias internacionales y coordinaciones individuales. En el marco del proceso de elaboración del Plan, se tomó como base el Informe de “Diagnóstico del nivel madurez de la interoperabilidad del Sistema de Administración de Justicia Penal”, elaborado por ITERA en el año 2014 e impulsado por el Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia (PMSAJ-ACCEDE). El diagnostico nos permite recoger datos como: la ausencia de servicios web que permitan el intercambio de información con otra entidad del SAJ, pocos esfuerzos por implementar estándares técnicos internacionales, ausencias de mecanismos para definir procesos de interoperabilidad, no existe una normativa que permita el intercambio seguro de información y no existe buenas prácticas en interoperabilidad. Vale decir, la evaluación indica que las instituciones y el Sistema de Administración de Justicia se encuentran en un nivel de madurez prácticamente nulo en cuanto a interoperabilidad. El diagnostico confirma que las instituciones que comprenden el SAJ Penal, en los últimos años han desarrollado diversas herramientas tecnológicas. Sin embargo, estas solo se sustentan en la dimensión tecnológica de la interoperabilidad, dejando de lado las demás dimensiones: (i) semántica; (ii) político-legal; (iii) cultural y (iv) organizacional.
El Plan Nacional de Interoperabilidad del SAJ Penal evalúa el contexto internacional y las megas tendencias que se perfilan en el momento actual. La Unión Europea (UE) como organización internacional es la que más ha logrado avanzar en la interoperabilidad, dado que habilita a los países miembros a realizar trámites judiciales de Estado a Estado. Reino Unido al igual que España por ser países miembros de la UE se han visto obligados a implementar un enfoque de interoperabilidad en sus sistemas de justicia, por su lado Reino Unido empezó modernizando el sistema penal, a través de la política denominada “justicia rápida” en procesos de conducción en estado de embriaguez o drogadicción, mientras que España implemento el Punto Neutro Judicial. En Asia, tenemos a Corea del Sur, y a nivel de la región latinoamericana, se tiene a Brasil. Todos estos países nos dan una muestra clara que la clave para la modernización del sistema de justicia penal es la interoperabilidad. Respecto a las megas tendencias, primero se identificó un total de 50 tendencias, y luego se realizó un análisis de pertinencia teniendo como eje central la interoperabilidad y el Sistema de Administración de Justicia. De ello, se obtuvo una lista de 10 tendencias priorizadas: (i) la interoperabilidad como elemento clave en la modernización publica, (ii) preparación para la justicia electrónica, (iii) gobernanza de datos, (iv) identificación electrónica ciudadana, (v) seguridad y privacidad de la información, (vi) TIC como palanca de cambio, (vii) virtualización de los trámites y servicios públicos, (viii) demanda ciudadana de reforma y apertura de la justicia abierta, (ix) incremento del uso de las TIC en la sociedad y (x) fortalecimiento de los sistemas legales para mejorar niveles de seguridad jurídica. Las cuales sirvieron de sustento para la elaboración de las variables.
El Plan Nacional define cuatro variables: (i) gobernanza de la interoperabilidad; (ii) gobernanza de datos e información; (iii) disponibilidad de servicios web y (iv) gestión organizacional facilitadora; a partir de las cuales estructura su planteamiento que se traduce en objetivos y acciones estratégicas interinstitucionales y actividades institucionales, precisando indicadores para avanzar hacia las metas, así como actividades para cada año desde el 2019 hasta el 2023. Los principales propósitos del Plan, son: i) Establecer un sistema de gobernanza de la interoperabilidad en las instituciones involucradas con el SAJ Penal, en base a estándares internaciones y ii) Gestionar la implementación de la interoperabilidad en el SAJ Penal. El presente Plan Nacional es concebido como un instrumento de gestión interinstitucional que nos permitirá avanzar como país hacia un modelo de justicia penal digital que sea ejecutable y viable en el corto y mediano plazo, así como progresar en los lineamientos y estrategias de política criminal, que se diseñan y despliegan para enfrentar al fenómeno de la criminalidad en sus diferentes formas y niveles. Si somos capaces hacia el 2023 de concertar las voluntades suficientes para llegar a las metas propuestas y alcanzar así un sistema de justicia penal digital con enfoque al ciudadano- donde llegar a la modernización será un logro sin precedentes- estaremos en mejores condiciones para ser un país de primer mundo hacia medidos de siglo y formar parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Dr. Vicente Antonio Zeballos Salinas
Ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos