Seguridad ciudadana, criminalidad y políticas públicas
La seguridad ciudadana, en el ámbito de los órganos del Estado y de las políticas que deben propender a proteger los derechos y la convivencia pacífica, tiene estrecha relación con las conductas humanas lesivas de derechos e intereses y disruptivas de la cooperación social de mayor gravedad, esto es, las infracciones penales. De aquí la relevancia de los diagnósticos y propuestas sobre las tendencias delictivas en materia de políticas estatales para la seguridad ciudadana.
Podemos entender por criminalidad el conjunto de ocurrencias delictivas registradas en una jurisdicción en un momento determinado. Estas ocurrencias pueden determinarse mediante registros oficiales, como estadísticas policiales, judiciales, penitenciarias, de salubridad pública, y registros no oficiales, como los de organizaciones de protección de los derechos humanos, de las empresas, así como de las encuestas de victimización y de autorevelación, que exploran entre víctimas y victimarios las tendencias, constantes y modalidades de la actividad delictiva. Delincuencia y criminalidad se considerarán como sinónimos, pues la legislación no establece ninguna distinción conceptual entre delitos y crímenes, si bien estos últimos tienden a asociarse a las formas más graves de delincuencia.
Por políticas públicas de seguridad se pueden entender las actividades planificadas, dirigidas o coordinadas por el Estado para identificar la problemática delictiva y para adoptar medidas tendentes a minimizar los efectos de la criminalidad.
