Luis Gerardo Gabaldón
Si bien a nivel constitucional y legal la seguridad ciudadana y el control delictivo han merecido atención a través de normas expresas, y a pesar de que los documentos gubernamentales, de alguna manera, se refieren al problema en términos de control policial, mejoramiento social e incremento del sentido de lo público y la participación, estos enunciados no parecen haber sido acompañados por medidas congruentes, articuladas, con objetivos y evaluables a fin de determinar el impacto en el control de la criminalidad. La criminalidad, especialmente la de índole violenta, ha venido aumentando sostenidamente desde hace años, y los planes operativos urbanos centrados en la presencia policial ostensiva e intensiva de la policía no parecen haber producido mayor impacto en dicha reducción.
Dentro del marco de propuestas de políticas públicas para el control de la criminalidad y la violencia se requiere articular un discurso coherente, fundamentado en la investigación, diagnóstico y seguimiento, que defina objetivos precisos, protocolos de intervención, seguimiento y sinergia organizacional para obtener resultados apropiados. El modelo policial, la policía es una instancia fundamental para la seguridad ciudadana, su aplicación y consolidación en el tiempo podría contribuir con ello, siempre que se respeten los principios de transparencia, coparticipación y consenso informado. Este proceso será largo y costoso, requiriendo gran dedicación y continuidad, y deberá vencer resistencias dentro y fuera de la policía, que es una organización caracterizada por la inercia y la resistencia a los cambios. Pero el problema de la criminalidad, obviamente, no es únicamente policial. Las instancias del sistema de justicia penal, que conjuntamente con la policía conforman las agencias sociales de control formal, deberán ser objeto de intervención y reforma, un proceso que puede resultar lento y complejo. También instancias sociales como familia y escuela deberán ser objeto de intervención para que sirvan como factores de contención. Todas estas medidas requieren programación, esfuerzo, continuidad y evaluación. A continuación se indican, para cuatro ejes fundamentales, sugerencias de intervención a corto y a mediano plazo, que, sujetas a un proceso de seguimiento y evaluación, podrían permitir determinar cómo están funcionando y qué cambios sería pertinente introducir.
Armas de fuego
Los datos indican una clara prevalencia de las armas de fuego en la comisión de variados delitos, en particular los robos y los homicidios. Los planes de desarme encuentran dificultades en cuanto a los mejores incentivos a ofrecer por la entrega de armas y en cuanto a disputas ideológico-políticas sobre la conveniencia de mantener armada a la población. Estas dificultades pueden resultar considerables. A corto plazo, un control estricto centrado en el decomiso de armas de porte cotidiano por parte de la policía, evitando su reciclaje, puede significar una reducción significativa de los episodios de violencia extrema. A mediano plazo, una política centrada en la distinción entre porte (no permitido) y tenencia (admisible en la residencia, bajo ciertas condiciones) puede favorecer la restricción de la circulación cotidiana de armas de fuego sin crear mayores resistencias en cuanto a la disposición de armas para la defensa personal. Una política sensata debería apuntar a la supresión del porte cotidiano de armas entre todos los particulares, al registro de seriales y balístico de las armas orgánicas de los funcionarios autorizados, y a la destrucción rápida de las armas ilegítimamente portadas o detentadas.
Si bien puede haber un subregistro en la información que suministra la gente sobre las armas que declara tener para defenderse, la consistente baja proporción de personas que reporta tenerlas sugiere que los particulares no ven como la opción más ventajosa armarse para enfrentar la delincuencia.
Desempeño policial
Las encuestas de victimización y los registros oficiales muestran la participación de funcionarios policiales en actividades delictivas y en el uso excesivo de la fuerza física. La percepción del público es consistente con estos resultados. A corto plazo, una campaña de control funcional, mediante protocolos de reporte de episodios que incluyan cualquier uso del arma de fuego y supervisión diaria y concentrada, puede contribuir a la reducción de la participación funcional en actividades delictivas. A mediano plazo, estos procedimientos pueden consolidarse para desarrollar una cultura de operación policial controlada y a fomentar buenas prácticas policiales como medidas complementarias a las sanciones más graves de retiro y enjuiciamiento penal. Los datos recabados hasta ahora no sugieren que la gente quiera prescindir de la policía, sino que desea contar con una policía más efectiva, menos maltratadora y más supervisada para adecuar su desempeño a la tutela de los derechos de los ciudadanos.
Sistema de justicia penal
Las percepciones de la población sobre el sistema son negativas. Se considera ineficiente, arbitrario, promotor de la impunidad y violador de los derechos humanos a través de la reclusión carcelaria en condiciones de humillación y violencia extrema. A corto plazo, un mejoramiento de los procedimientos de registro y comunicación de información entre diversos tribunales y la policía, en cuanto a sujetos solicitados, beneficios otorgados y cumplimiento o no de las obligaciones impuestas puede contribuir a la aprehensión y reclusión de quienes violan las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas medidas cautelares sustitutivas o beneficios en el cumplimiento de las penas. A mediano plazo, una revisión de la superposición de beneficios y de la expansión de las causas para reducir el monto de la pena efectivamente cumplida, incluyendo los casos de los adolescentes sancionados por la jurisdicción especial, puede contribuir a la certeza y prontitud en la aplicación de sanciones, reduciendo los márgenes de impunidad. Esto debería ir acompañado de una diversificación de las sanciones penales, del mejoramiento de las condiciones de reclusión y diversificación de los centros de detención y de la restricción de las penas de prisión para los hechos más graves, violentos y de reincidencia comprobada. Los datos sobre percepciones negativas del Ministerio Público y de los tribunales penales podrían revertirse en presencia de instancias eficientes, y de decisiones rápidas y previsibles que sustituyan la tentación de acudir a respuestas de violencia privada sustitutiva.
Control familiar y escolar
Si bien solo una quinta parte de las opciones referidas por la población en la Encuesta Nacional de Victimización 2006 para combatir la delincuencia comprendieron intervención en familia y escuela, la supervisión primaria, en cuanto a los niños y adolescentes, es fundamental en el proceso de socialización. Uno de los rasgos actuales es
la pérdida de autoridad de padres y maestros para orientar y contener a los jóvenes durante los periodos que permanecen, al menos desde el punto de vista formal, bajo su custodia y supervisión. En particular el control escolar, que representa mayor estandarización considerando la escolaridad obligatoria, frente a las disfunciones familiares debidas a la ausencia de los padres o a la falta de dedicación e interés en los hijos, debería ser reforzado para extender los periodos de supervisión sobre los adolescentes, quienes tienden a ser los principales actores y víctimas de la violencia. A corto plazo se deberían desarrollar campañas intensas para reducir conflictos interpersonales como consecuencia de conductas como extorsión, promiscuidad y porte de armas en el ambiente escolar, que pueden escalar hasta confrontaciones fatales fuera del recinto escolar. A mediano plazo sería útil reforzar la autoridad de los maestros para que mediante la disciplina y el respeto procuren condiciones más apropiadas para la escolaridad, desestimulando la deserción y el vandalismo. Probablemente las campañas escolares sean más sencillas e impliquen menos tiempo que las campañas familiares que propendan al fortalecimiento de la autoridad parental o a la búsqueda de actores sustitutivos y eficaces en casos de carencias extremas.
Seguimiento y evaluación: el rol de la participación ciudadana
El control de la delincuencia amerita la adopción de planes que permitan definir, evaluar, corregir y reprogramar las iniciativas gubernamentales conforme a parámetros, indicadores y medidas sustentables en el tiempo, pues de otro modo será difícil formular, discutir, y modificar políticas públicas sobre seguridad ciudadana orientadas por el conocimiento informado. Ciertas condiciones son necesarias para que este proceso pueda avanzar y consolidarse.
Es necesario, en primer lugar, disponer de información confiable. Uno de los rasgos recientes de la gestión pública es la opacidad, manifiesta por la resistencia a suministrar, en forma amplia, sin filtros y sin discriminación, información sobre la criminalidad y los indicadores de justicia penal. El desarrollo de bases de datos confiables es un requisito para la discusión informada. Los registros oficiales de criminalidad deberían encargarse a entidades cuya responsabilidad inmediata no sea controlar el fenómeno sobre el cual informan, pues de este modo existe la tendencia a la manipulación en el registro y suministro de la información. Por otra parte, es conveniente desarrollar formas alternativas estables de registro estadístico al margen de la delincuencia oficialmente conocida, para controlar la cifra negra y modalidades situacionales que no son recogidas por la estadística policial. El Instituto Nacional de Estadística, que cuenta con competencia legal y experticia técnica, debería centralizar toda la información relativa a la criminalidad y al sistema de justicia, preparando informes periódicos e incorporando a las encuestas de hogares por muestreo semestrales algunos ítems vinculados con estos aspectos.
Es necesario, por otro lado, fomentar una cultura del debate democrático orientado por la información oportuna y veraz. Muchos de los temas relativos a la delincuencia y el control están orientados por criterios opináticos, poco sustentados en evidencia, con elementos retóricos y melodramáticos, cuando no genéricos y superficiales, que poco contribuyen a decisiones orientadas por el conocimiento. Aunque estos temas son, indudablemente, sensibles a la confrontación política, debe contribuirse a su difusión, transparencia y discusión entre los más amplios sectores de la sociedad, independientemente de la filiación política y la orientación ideológica, al margen del comportamiento partisano y la intolerancia.
Finalmente, es indispensable involucrar a la comunidad organizada a los planes de políticas de seguridad ciudadana, mediante canales efectivos de participación, con orientación y formación técnica, sin pretender expropiar el discurso popular. La investigación, difusión y discusión pública es necesaria para la conformación de una sociedad pluralista y orientada por los principios del humanismo, la justicia y la ponderación de los intereses en función de los valores compartidos.
Referencias
Centro de Estudios para la Paz (2005) Cifras de Criminalidad y Violencia en Venezuela. Caracas. Universidad Central de Venezuela, mimeo.
Centro de Estudios para la Paz (2007) Notas sobre el comportamiento de los homicidios durante los dos primeros meses de 2008. Caracas, Universidad Central de Venezuela, pp.
Gabaldón, Luis Gerardo y Andrés Antillano (2007) La policía venezolana: desarrollo institucional y perspectivas de reforma al inicio del tercer milenio, (vols. 1 y 2). Caracas, Comisión Nacional para la Reforma Policial.
Sanjuán, Ana María (2000): Cuadros de Criminalidad en Venezuela, 1990-2000. Centro de Estudios para la Paz. Universidad Central de Venezuela, pp. 18
Venezuela (2002, 2001): Boletín Informativo de Estadísticas Delictivas, años 2001 y 2002. Ministerio del Interior y Justicia. Dirección General de Prevención del Delito. Caracas.
Venezuela (2001-2007): Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007. Ministerio