Gobernabilidad y gobernanza de seguridad ciudadana y justicia
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La inseguridad y la violencia constituyen la principal preocupación de los ciudadanos de ALC. En 2016, 36% de latinoamericanos reportó haber sido víctima de algún delito en el último año, y 88% expresó haber sentido algún temor de ser víctima de la delincuencia (Latinobarómetro).
Los altos niveles de violencia, con sus particularidades nacionales y especificidades subnacionales, son un obstáculo para el desarrollo humano y la consolidación del Estado de Derecho. Es por esta razón que, en las últimas décadas, los países de la región han desarrollado políticas destinadas a controlar, prevenir y reducir la criminalidad violenta, especialmente la que se relaciona con la victimización letal y las violencias urbanas y/o domésticas.
Los altos niveles de violencia, con sus particularidades nacionales y especificidades subnacionales, son un obstáculo para el desarrollo humano y la consolidación del Estado de Derecho. Es por esta razón que, en las últimas décadas, los países de la región han desarrollado políticas destinadas a controlar, prevenir y reducir la criminalidad violenta, especialmente la que se relaciona con la victimización letal y las violencias urbanas y/o domésticas.
Las violencias conforman un fenómeno social complejo y multifactorial, que exige un abordaje multidimensional. Su solución requiere intervenciones articuladas y coordinadas, tanto de políticas de prevención, como de control de las distintas violencias y delitos. Para que sea exitosa es necesario el compromiso de diversos actores del Estado, de todos los niveles, el involucramiento de instituciones privadas y de los ciudadanos en general.
Por esta razón resulta imprescindible la construcción de un nuevo diseño institucional de gestión pública, fundado en el desplazamiento de la idea de gobierno -que tiene en el Estado el principal actor de toda acción pública- hacia el de gobernanza, basado en nuevas relaciones entre el gobierno central y los gobiernos locales, y entre estos y la sociedad civil. Se trata de movilizar esfuerzos en torno a la estructuración del sistema político-institucional y administrativo de gestión pública compartida, con el compromiso de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, entidades privadas y organismos públicos estatales.
A continuación, definiremos algunos conceptos, analizaremos las características principales de una gobernanza integrada e integral de la seguridad ciudadana y justicia, y daremos ejemplos de las mejores prácticas de políticas públicas orientadas a la prevención y el control de las violencias y los delitos.