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Italy Ciani Sotomayor

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

La inseguridad que vivimos hoy en día y el hecho de que la mayoría de los delitos cometidos queden impunes ante la ineficacia de la gran mayoría de instituciones dedicadas a la procuración e impartición de justicia, han maximizado el fenómeno criminal. Los políticos, como una manera de reaccionar ante ello, es frecuente que pugnen por la creación de más delitos y penas más severas, creyendo que con esto mandan un mensaje positivo a la sociedad: tanto a víctimas como a criminales.

Analizaremos el caso específico de la castración química como solución para frenar el delito de violación. Lo cierto es que estas propuestas casi siempre resultan contraproducentes, no nos hacen sentir más seguros y mucho menos inhiben la comisión de delitos, pues no es la forma de prevenirlos. El problema de fondo, como veremos, se encuentra en la ineficiencia del sistema de justicia penal mexicano, en la equivocada política criminal que hemos adoptado y en la ausencia de una política criminológica.

CRIMINALIDAD EXACERBADA

Ante la creciente criminalidad de nuestros días, el clima de inseguridad es cada vez más tangible, como también se ha hecho más evidente el reclamo de las víctimas por justicia y un trato digno. La impunidad en la mayoría de delitos cometidos, que más que una percepción es una realidad, exacerban dicha criminalidad. Asuntos paradigmáticos por su relevancia social, ya sea por la forma de comisión de los delitos o porque la víctima es un personaje más o menos público, suelen trascender con facilidad en los medios de comunicación.

Estos  manejos  mediáticos,  siempre  tienen  el  mismo  efecto:  por  un  lado,  el reclamo ciudadano –legítimo– de que se esclarezca el asunto y se ponga solución a la situación de inseguridad; y por el otro, los políticos proponiendo –no tan acertadamente– soluciones drásticas para acabar con el problema.

LAS PENAS DURAS COMO SOLUCIÓN. EL CASO ESPECÍFICO DEL DELITO DE VIOLACIÓN

Esta es una de las tentaciones más recurrentes de la clase política, proponer penas más severas, partiendo de la falsa premisa de que ello solucionará en automático el fenómeno delincuencial.

Así, ante el incremento en la incidencia del delito de violación en la capital del país,  un  asambleísta  propuso,  el  23  de  noviembre  de  2010,  una  iniciativa  para reformar y adicionar el Código Penal y la Ley de Salud, ambos del Distrito Federal, a fin de establecer un tratamiento de inhibición sexual como pena obligatoria para los ilícitos de violación, violación equiparada, delitos sexuales contra menores de doce años de edad, y con facultades discrecionales para los jueces en su aplicación, tratándose de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad.

Dicha iniciativa fue turnada a comisiones, se originó un intenso debate y finalmente la misma no fue aprobada.

Más recientemente, el pasado 2 de agosto de 2012, un grupo de diputados presentaron ante la Legislatura del Estado de México una iniciativa similar, que propone la castración química como sanción alternativa para el delito de violación agravada, por ser cometido contra personas menores de quince años o mayores de sesenta, y discapacitadas, independientemente de su edad.

Tanto en el caso de la iniciativa del Distrito Federal como en la del Estado de México, omito a propósito referir los grupos parlamentarios a los que pertenecen los legisladores proponentes, pues no pretendo generar una polémica que gire en torno a ideologías partidistas; más bien se trata de analizar el fondo de estas propuestas y su viabilidad en el sistema de justicia penal mexicano, como política criminológica.

Con la iniciativa del Estado de México, nuevamente se generó polémica por parte de los grupos parlamentarios, actores políticos y organizaciones de la sociedad civil. Esta propuesta tampoco ha sido aprobada; no obstante, se trata de un debate político-criminal vigente, y no me refiero sólo a la castración química, sino a otros temas como la supresión de ciertos derechos procesales, la prisión vitalicia o incluso la pena de muerte (derogada de la Constitución), por mencionar algunos, cuya coincidencia es que todos ellos, en el fondo, parten de la misma premisa, como veremos en el presente análisis.

Centrando nuestra atención por ahora en la propuesta de castración química, me parece importante poner sobre la mesa algunos de los argumentos a favor y en contra, con  el  único  fin  de  que  haya  un  entendimiento  más  claro  sobre  lo  que  estamos hablando, al mismo tiempo que se enriquezca la discusión y sobre todo reflexión del tema.

Primero, quiero destacar dos aspectos que llaman mi atención. El primero es que se  parte  de  la  premisa  de  que  sólo  los  hombres  violan,  pues  en  la  descripción normativa de la castración química se hace referencia sólo a la libido masculina; es decir, sólo estaría prevista para los violadores del sexo masculino (lo mismo sucedió en su momento cuando el tratamiento de inhibición sexual fue propuesto en el Distrito Federal). El segundo, tiene que ver con que no se incluya en la iniciativa la violación tumultuaria, prevista en la fracción I del artículo 274 del Código Penal del Estado de México, para la cual sí es aplicable la prisión vitalicia.

Entre los argumentos de quienes están a favor, encontramos que el delito de violación es de los que más estragos causan a sus víctimas, quienes además prioritariamente son mujeres y niños; por lo cual la condena social es mucho mayor, frente a otros delitos. Esto tiene como consecuencia que ante casos tan terribles como el asunto conocido como “El Colibrí”, donde presuntamente fueron violadas varias menores de edad que se encontraban en un campamento y que se convirtiera en uno de estos casos a los que me referí anteriormente con una gran exposición mediática, se incrementen los reclamos de la ciudadanía por penas más severas que castiguen estas conductas. Desde una perspectiva política, es legítimo proponer entonces este tipo de iniciativas.

Quienes buscan endurecer las penas, por lo general pretenden que ésta sea ejemplar. Es decir, que se corresponda con el daño causado y que inhiba a otros a incurrir en conductas similares, mandando un mensaje de que “el que la hace, la paga”, y la paga con todo el peso de la ley. En la exposición de motivos de la iniciativa, se sostiene que las personas que violan, padecen de un trastorno mental, por lo que se estima que el autor del delito no sólo debe ser sometido a un tratamiento psicológico durante el tiempo en reclusión, sino que en ocasiones debe continuar con este y otros tratamientos, como el de la castración química, con posterioridad a que se ha compurgado la pena, ya que se parte de la idea de que no puede dejar de velarse por la salud mental del responsable del delito. Así que desde esta óptica, parece que es por el bien del sentenciado.

Además, dado que la reincidencia en el delito de violación es una constante, esta es una forma de evitarlo. En la iniciativa se refiere al  tratamiento de castración química como una posibilidad del autor del delito de reinsertarse más pronto a la sociedad, al tiempo de proteger a la comunidad de su posible reincidencia. Después de una búsqueda exhaustiva, no he encontrado mayores argumentos a favor.

Ahora  bien,  entre  los  argumentos  en  contra  de  la  propuesta,  destacan  las posturas de que una persona que somete a través de la fuerza física o moral a otra para violarla, efectivamente padece una desviación patológica, como lo señala la propia iniciativa. Lo anterior lo avalan la medicina y la psicología; sin embargo, no se trata de enfermos mentales que no tengan la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto; por el contrario, son personas que hacen una libre elección de sus acciones, conociendo sus alcances, por ello para el Derecho Penal no son inimputables por sus actos, y deben ser sometidos al procedimiento penal ordinario.

Los violadores en su mayoría son sociópatas, es decir, personas que sufren un trastorno en su personalidad, que les dificulta ceñirse a las reglas establecidas, por ello cuando violan una regla tienen plena conciencia de que está mal, pero aún así lo hacen.

Partiendo de esta premisa, si los violadores no actuaran por su sociopatía, sino por su deseo sexual incontenible, todos absolutamente, seríamos violadores. La diferencia estriba en eso precisamente. Pero el impulso de un violador no obedece únicamente a un deseo sexual, sino a una necesidad de control y poder que le causa una satisfacción al producir dolor y sufrimiento  a  su  víctima.  Dos  ejemplos  claros  de  ello  son  las  violaciones  que  se cometen con objetos distintos al miembro viril; y los adultos mayores, que ya han disminuido significativamente su libido, pero que con mucha frecuencia suelen abusan de los niños.

Por todo lo anterior, la castración química (o tratamiento de inhibición sexual), que consiste en suministrar altas dosis de progesterona (hormona femenina) para disminuir los niveles de testosterona (hormona masculina) y con ello lograr una minimización del deseo sexual, no serviría, pues no es el origen del problema.

Otro elemento que debe considerarse es precisamente el riesgo médico que conlleva el tratamiento, pues en forma similar se suministra a personas que están en proceso de cambiar de sexo, del masculino al femenino, por lo que no deja de ser una posibilidad el hecho de que si a un violador hombre se le somete a castración química, se afecten también sus preferencias sexuales, sintiendo a la larga atracción precisamente por los hombres, y sin duda los más vulnerables serían los niños.

El argumento más aludido es que viola los derechos humanos, y es verdad, pues atenta claramente contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por supuesto nuestra Constitución. Incluso el hecho de que el sentenciado  opte  de  manera  voluntaria por  el  tratamiento  y  con  ello  obtenga  un beneficio preliberacional, no significa que no haya violación a sus derechos, pues éstos son irrenunciables. Además, la percepción de que ayuda a la reinserción más pronta es falsa, pues lo único que favorece es que el sentenciado salga más rápido de prisión, y con ello se incrementa, paradójicamente, el riesgo de potenciales víctimas.

En este sentido, no puede dejar de considerarse que, en todo caso, el efecto psicológico por la pérdida de capacidad sexual bajo dichas circunstancias, depende de la individualidad de cada persona, y en algunas de ellas podría abrir paso al riesgo latente de exacerbar la criminalidad del sujeto por resentimiento social, descargando sus impulsos a través de muy distintas conductas también delictivas, pasando de violador a secuestrador, homicida o feminicida, por ejemplo.

Sobre el particular, Castañeda (2012, p. 54) coincide al afirmar que la castración química “ha resultado contraproducente: puestos en libertad, estos hombres ya no violan, pero sí matan a sus víctimas. La falta de testosterona los vuelve incapaces de desempeñarse sexualmente, pero deja intacto su nivel de agresividad.”  Además, el número de vinculaciones a proceso y sentencias por delitos sexuales es bajísimo, en proporción con las denuncias. Esto evidencia que donde se encuentra el problema principal es en la eficacia de las instituciones, primero para prevenir el delito, y luego para investigar y procesar a los imputados.

La ejecución de la sentencia es la última etapa del procedimiento penal, y recordemos que a la luz de la reforma constitucional de 2008  que incorpora el sistema acusatorio, y con ello los juicios orales, los principios del debido proceso deben también respetarse en esta última fase.

LOS DELITOS Y SUS SANCIONES NO SON POLÍTICA PREVENTIVA

En este orden de ideas, las penas no son el instrumento idóneo para luchar contra la criminalidad, pues las causas de la delincuencia son múltiples y variadas. Incluso, quienes delinquen no suelen calcular las consecuencias de sus actos con base en la ley, pues ellos parten de la idea de que no serán detenidos, por lo que les da igual la penalidad, es más, en la mayoría de los casos ni la saben.

Dicho en otras palabras, las penas no sirven para prevenir delitos. Beccaria (1997,  p.  54)  afirmaba  que  “la  certidumbre  del  castigo,  aunque  moderado,  hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de la impunidad”.

Luego entonces, la prioridad debiera ser perfeccionar el sistema de justicia penal en su conjunto, empezando por profesionalizar a la policía y el ministerio público para que sean más eficaces en su función. Es cierto que varios Estados de la Unión Americana e incluso países del viejo continente tienen en sus legislaciones la castración química; sin embargo, no menos cierto es que no han logrado acreditar su efectividad. El Comité contra la Tortura del Consejo de Europa –que la califica como una pena degradante– después de realizar un análisis minucioso con un grupo de expertos en diversas materias e incluso entrevistas a personas que fueron sometidas al tratamiento, al rendir su informe concluye que “no existe, además, ninguna garantía de que el resultado que se busca (la disminución del nivel de testosterona) perdure… tampoco hay una base científica sólida que respalde que  la  castración  química  reduce  los  niveles  de  reincidencia  de  violadores  o pederastas”.

Como se advierte, no existe evidencia científica que acredite que un hombre viola por el aumento de su testosterona, o que una mujer viola por el incremento de su progesterona. El problema entonces no está en los genitales, sino en la mente de las personas. Lástima que no podemos castrar las ideas sociópatas.

EL MITO DEL EFICIENTISMO ANTIGARANTISTA

Pero más allá de la castración química, el fondo del tema radica, en mi opinión, en una perspectiva equivocada de la que hemos partido para hacer frente a la delincuencia. De entrada, carecemos aún en la mayor parte del país de un sistema de justicia penal confiable, que goce de la confianza ciudadana y se caracterice por tener operadores profesionales, dedicados de lleno y comprometidos con la procuración e impartición de justicia. Con ello no quiero decir que no existan buenos servidores públicos, los hay, muchísimos. Sin embargo, los vicios del sistema y los malos funcionarios los arrastran, y sus buenas acciones son disminuidas, a la luz de la opinión pública.

Para que un sistema penal sea eficaz y sobre todo justo, necesariamente debe estar permeado por el garantismo, principio que ahora se incorpora desde la Constitución al establecer el sistema acusatorio y sobre el que, paradójicamente, ha habido múltiples críticas respecto a que le resta efectividad a la facultad persecutora y al  poder  punitivo  del  Estado,  principalmente  en  los  delitos  denominados  de  alto impacto.  Incluso  ha  habido  académicos  y  operadores  del  sistema  penal,  que  han incorporado el término “hipergarantismo” al referirse a este tema.

El garantismo, postulado por Luigi Ferrajoli, es relativamente un concepto moderno en México, aunque surgió en Italia desde hace más de treinta años, como una respuesta a las leyes contra el terrorismo que restringían los derechos humanos de los ciudadanos, y básicamente consiste en respetar las garantías tanto de imputados como víctimas por igual, pues éstos deben coexistir para que haya equidad en el proceso penal y legitimidad en el poder punitivo del Estado. Respetar los derechos de la víctima no implica, bajo ninguna lógica, violar los del imputado, y viceversa.

Por tanto, es evidente que nada tiene que ver el garantismo con la efectividad del sistema de justicia penal; por el contrario, se convierte en una característica esencial que legitima la actuación del Estado frente al gobernado, y lo coloca en un escenario en el cual éste tiene una serie de derechos que la autoridad no sólo está obligada a respetar, sino a hacer que sean plenamente vigentes, para que los procedimientos

penales estén apegados al debido proceso. Además, bajo este modelo procesal se ha generado mayor confianza ciudadana, lo cual empieza a palparse en las entidades federativas que ya lo han incorporado. El sistema acusatorio es transparente, se desarrolla a la vista de todos.

POLÍTICA CRIMINAL MÍNIMA Y POLÍTICA CRIMINOLÓGICA MÁXIMA

Ahora bien, para que nuestro sistema penal sea eficaz y además aprovechado, en buena medida se requiere que éste se acompañe de una política criminológica eficaz también, concebida de manera integral y basada de igual manera en el garantismo.

No obstante, pareciera que en México carecemos de esa política criminológica, y lo que en realidad nos rige es lo que Zaffaroni (2012, p. 226) llama “criminología mediática”, ya que la criminología, tradicionalmente, es la disciplina tecnológica de la política criminal:

Los políticos atemorizados u oportunistas que se suman o someten a la criminología mediática aprueban esas leyes disparatadas y afirman que de ese modo envían mensajes a la sociedad, confundiendo la ley penal con Internet. Es tan obvio que estas leyes no tienen ninguna incidencia sobre la frecuencia criminal en la sociedad que no estoy para nada seguro de que entre quienes las promueven haya alguien que lo crea en serio.”

En principio, pareciera rentable; pero a la larga no sólo no resuelve el problema, sino que lo acentúa (p. 242):

Los políticos desconcertados suelen creer que con concesiones a la criminología mediática contienen su embate y cuando se percatan de que eso no lo detiene sino que lo potencia, aumenta su desconcierto. Ignoran que la criminología mediática no tiene límites, va en un crescendo infinito y acaba reclamando lo inadmisible: pena de muerte, expulsión de todos los inmigrantes, demolición de los barrios precarios, desplazamientos de población, castración de los violadores, legalización de la tortura, reducción de la obra pública a la construcción de cárceles, supresión de todas las garantías penales y procesales, destitución de los jueces, etc.

Una política criminológica como la que nos hace tanta falta, debiera diferenciarse de lo que en realidad tenemos, que es una política meramente criminal, minimizada a mantener el orden social mediante la creación de tipos penales y el incremento de penas, que como ya señalé en líneas que anteceden, no previenen delitos.

Con frecuencia suelen confundirse estos dos conceptos e incluso emplearse como sinónimos, pero de ninguna forma significan lo mismo. Eduardo Martínez-Bastida (2007, p. 4), sostiene que:

…la Política Criminal entraña un discurso que legitima al poder punitivo mientras que la Política Criminológica implica un discurso de deslegitimación de tal poder, la Política Criminal tiene por objeto la represión de la violencia intersubjetiva y el objeto de la Política Criminológica es  la  prevención de  violencia intersubjetiva y  estructural, la Política Criminal tiene como sujetos de sus acciones a los gobernados y los sujetos de la reflexión Político Criminológica son tanto el Estado como los gobernados, finalmente las acciones de la Política Criminal crean mecanismos de control social y poder punitivo y las reflexiones científicas de la Política Criminológica tienden a frenar los procesos de criminalización a  fin  de  lograr  el  establecimiento de  un  modelo  de  Derecho  Penal Mínimo y Garantista.

Así, siguiendo a Martínez-Bastida (p. 4), la política criminológica es “la disciplina que tiende a la prevención de violencia intersubjetiva y violencia estructural, que el propio Estado ejerce sobre sus ciudadanos, principalmente cuando se vale del Derecho Penal, es decir son estrategias que tienden a frenar la criminalidad y los procesos de criminalización”.

Una vez establecidas las diferencias, entendamos que lo que hemos tenido hasta ahora es una política criminal equivocada, que no ha solucionado la criminalidad, ha sido ineficaz en la prevención de ilícitos, no ha reducido los índices delincuenciales y tampoco  ha  mejorado  la  percepción  de  la  sociedad,  que  cada  vez  se  siente  más vulnerable.

Pugnemos por un cambio acertado, con rumbo definido, con objetivos específicos, partiendo de una visión moderna, integral y armónica con los tiempos que vivimos y el nuevo sistema penal que, pese a las múltiples resistencias que ha enfrentado desde su concepción, ya no está a discusión. Es un mandato constitucional. Diseñemos una política criminal mínima basada en los principios de mínima intervención, lescividad y proporcionalidad  y  dejemos  que  el  Derecho  Penal  se  ocupe  de  los  delitos  que  se cometen, y construyamos una política criminológica máxima que prevenga la criminalidad  derivada  de  la  violencia  intersubjetiva  y  estructural,  así  como  los procesos de criminalización.

CONCLUSIONES

La situación de inseguridad que vivimos y la impunidad que impera en el país, ha provocado reacciones equivocadas del Estado para intentar combatir la criminalidad. Proponer penas más severas no sólo no resuelve el problema, sino que en ocasiones lo acentúa. La creación de tipos penales y el establecimiento de sanciones excesivas, no es una forma acertada de prevenir la comisión de delitos. Perfeccionar el sistema de justicia penal contribuye a un desempeño eficaz de los operadores, y a contener la impunidad. El garantismo no tiene que ver con la eficacia de las autoridades, sino con que  la  actuación  de  éstas  se  legitime  y  se  generen  con  ello  dos  características esenciales: equidad procesal y confianza ciudadana. Además, el sistema penal, para ser más eficiente, debe complementarse con una política criminal mínima basada en los principios de mínima intervención, lescividad y proporcionalidad, y una política criminológica máxima que prevenga la criminalidad y la criminalización. Esto es justo lo que hace falta.

BIBLIOGRAFÍA

Beccaria C. (1997). Tratado de los delitos y de las penas. México: Porrúa.

Castañeda, M. (2012). El machismo invisible regresa. México: Taurus. Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Núm. 93, Año 02. Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo del Estado de México, Núm. 129, Año 03.

Martínez-Bastida, E. (2007). Política criminológica. México: Porrúa.

Zaffaroni, R. (2012). La cuestión criminal. Argentina: Planeta.