Seminario «Garantizando la Seguridad Ciudadana: Estrategias para Sociedades más Seguras»

 

unnamed Seminario "Garantizando la Seguridad Ciudadana: Estrategias para Sociedades más Seguras"

¿Sabías que el costo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe equivale al 3,5% del PIB?

Conoce los desafíos en seguridad ciudadana que impactan el desarrollo económico y social de la región, y descubre qué pueden hacer los gobiernos para prevenir y responder ante esta situación en nuestro seminario “Garantizando la Seguridad Ciudadana: Estrategias para Sociedades más Seguras” , el próximo 7 de marzo a las 9:30 a. m. ET, durante la Asamblea Anual BID.
 

Contarán con un panel de voces expertas integrado por:
  • Mark Shaw, director de Global Initiative Against Transnational Organized Crime
  • Raphael Espinoza, subdirector de la División de América Central, Departamento del Hemisferio Occidental, FMI
  • Jairo García Guerrero, secretario de Seguridad y Justicia, Cali, Colombia
  • Renée Mitchel, cofundadora y presidenta de la Sociedad Americana de Policiamiento Basado en Evidencia (ASEBP)
  • Vasilios Krassakopoulos, gerente de Anti-Lavado de Dinero, FINTRAC
  • Amanda Glassman, asesora ejecutiva, BID
  • Nathalie Alvarado, coordinadora del área de Seguridad Ciudadana y Justicia, BID
 
Mira la transmisión aquí

Delincuencia común y seguridad ciudadana en el Perú: Políticas de prevención y control

¿Por qué?: Entendiendo la violencia,
la delincuencia común y sus nexos con la
persona, la sociedad y la economía 

1.1 Victimización y percepción de inseguridad 

En el Perú, 3 de cada 10 personas han sido víctimas
de algún hecho delictivo mayormente ligado a la
delincuencia común (robos al paso, arrebatos,
cogoteos, hurtos, etc.), según la Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos (ENAPRES – INEI). Este tercio
de victimizados nos reafirma como el país con mayor
victimización en América Latina. De las encuestas que
cada 2 años ha hecho la Universidad de Vandervilt
(Barómetro de las Américas) entre el 2004 y el 2014,
solo en una ocasión no ocupamos ese lugar.
La percepción de riesgo es más alta de lo que debería
ser para nuestro nivel de victimización. De cada 10
peruanos, 8 cree que será víctima de algún delito,
inseguridad que afecta en mayor proporción a las
mujeres y los previamente victimizados. 

Es ese miedo
el que se ha convertido en nuestra función de demanda
de seguridad ciudadana. El alto miedo al delito ha hecho
que vivamos bajo la sensación permanente que todo
tipo de delincuencia –organizada y no organizada–,
ha aumentado. Ello, pese a que mes a mes desde el
2010 hasta el 2014 las estadísticas de victimización
(ligadas a delincuencia común) se han reducido en
forma constante, también según datos de la ENAPRES
(aplicada a 90 mil personas cada año).

La altísima percepción de inseguridad ciudadana,
junto a su tratamiento muchas veces cuestionable
en los medios de comunicación y la falta de manejo
y uso de estadísticas en la academia, ha contribuido
a diagnosticar el crecimiento del fenómeno delictivo
como un bloque relativamente homogéneo, integrando
en este a todo tipo de acto delictivo, tanto robos y hurtos
(delincuencia común) como también extorsiones,
sicariato, tráfico ilícito de drogas, homicidios, etc.
(criminalidad organizada). Es de esta forma que al
hablar de delincuencia o violencia el diagnóstico se ha
reducido erróneamente a la fórmula “todos los delitos
han aumentado, son cada vez más frecuentes y más
peligrosos”.

Las características de la criminalidad, incluyendo
la delincuencia común, necesitan de políticas
intersectoriales coordinadas e integrales. Las
intervenciones parciales tienen poco o nulo éxito sobre
todo más allá del corto plazo. En Colombia, por ejemplo,
el fortalecimiento de la policía y el sistema judicial
para hacer frente a la violencia tuvo resultados poco
sostenibles, situación opuesta a la que se dio con los
enfoques preventivos e integrales aplicados en ciudades
como Bogotá y Medellín (Vargas y García, 2008).

1.2 Delincuencia común: organización y actores 

Frente a la criminalidad organizada, la delincuencia
común se muestra menos estructurada y más artesanal.
De acuerdo con la clasificación del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, en el Perú la delincuencia común
equivale a la criminalidad de organización baja, siendo
los ejemplos más comunes los robos al paso, arrebatos,
cogoteos, hurtos con víctimas individuales, ejecutados
en una cobertura geográfica limitada. No siempre son
hechos violentos y el uso de armas de fuego tampoco
es la regla. Según la misma institución, el consumo
de drogas puede ser común entre quienes la ejercen,
sustancias que actúan como motivadores del acto
delictivo. Los montos robados suelen ser relativamente
bajos. Entre el total de reos en el Perú, la mediana por
robo fue de 480 dólares (PNUD, 2014). Se trata, por
tanto, de un fenómeno extenso pero al mismo tiempo
atomizado y por tanto difícil de estudiar.
La delincuencia común es una fuente para el desarrollo
de la criminalidad organizada. Para Arraigada y
Godoy (2000) solo las diferencia el proceso de
organización y planificación para cometer los delitos
(cómo conseguir armas y/o vehículos, seguir rutinas
de víctimas, etc.). Además, para el caso peruano
Hernández (2014) halló que existe una relación de
influencia mutua entre robos y hurtos que parece
explicar una lógica de aprendizaje de las formas de
delincuencia común hacia las de mayor organización
y violencia.

1.3 Lógica punitiva y soluciones tradicionales 

Frente a los problemas de violencia y criminalidad, la
respuesta común desde el lado político se ha basado
en la lógica punitiva. Las propuestas varían pero el
objetivo es el mismo: la represión y la mano dura. A
esta forma de hacer política se la ha llamado populismo
punitivo, concepto atribuido por Larrauri (2006) a
Bottoms (1995).
El Poder Legislativo es una de las entidades que más ha
contribuido con esta forma de hacer política y política
pública. En los últimos 10 años, se ha modificado 8
veces el Código Penal para aumentar penas y otras 13
para incluir agravantes en los delitos de robo, hurto y
abigeato.
La aparente efectividad de medidas como el
endurecimiento del castigo penal tiene en la práctica
escaso sustento. Nagin (2013) señala que el aumento
de penas tiene a lo mucho un efecto disuasivo modesto
en la reducción del crimen. Además, Aizer y Doyle
(2013) encuentran que la privación de libertad
limita el desarrollo del capital humano y aumenta la
probabilidad de reincidencia.
El populismo punitivo va más allá de estas propuestas.
Incluye otras como la pena de muerte, la reducción
de la imputabilidad penal, la entrega de armas letales
y menos letales para los serenazgos municipales, la
participación de militares en el orden, y la instauración
del servicio militar obligatorio, medida que en el 2013
fue aprobada por el Ejecutivo pero cuyo sorteo fuera
paralizado por una medida cautelar y una acción de
amparo presentada por la Defensoría del Pueblo.

2. ¿Qué metas?: prevenir y controlar la delincuencia común 

Victimización y percepción de inseguridad: 

  • Reducir a 20% la victimización por cualquier tipo de delito asociado a la delincuencia común (robos al paso, arrebatos, cogoteos, hurtos, etc.), con especial énfasis en los que afectan a las mujeres y menores de edad. 
  • Disminuir a 60% la percepción de inseguridad ciudadana, especialmente en mujeres y quienes han sido previamente victimizados, a niveles tales que los ciudadanos no vean afectadas sus rutinas diarias, sus decisiones de inversión y en general su calidad de vida.

Desarrollo en menores de edad:

  • Reducir los factores de riesgo criminógenos que afectan a menores de edad (violencia familiar, consumo de drogas y/o alcohol y deserción escolar). 
  • Aumentar las oportunidades económicas y sociales de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. 
  • Disminuir la cantidad de robos y hurtos cometidos por menores de edad. 

Gestión local y comunidad: 

  • Fortalecer los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana promoviendo el liderazgo, el uso de información de calidad y la gestión orientada a resultados. 
  • Promover las condiciones para una ciudadanía más informada y participativa en los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.

3. ¿Cómo gestionar el cambio?: hacia una
menor presencia de la delincuencia común

Consideramos que la gestión del cambo debe estar
basada en un conjunto mínimo de intervenciones
agrupadas en 3 pilares: i) Gobiernos locales:
prevención, información y comunidad; ii) Focalización
en niños, niñas y adolescentes: intervención temprana
y oportunidades y; iii) Policía Nacional del Perú y
Comisarías: servicio, información y gestión. 

3.1 Gobiernos locales: prevención, información y
comunidad 

3.1.1 Construcción del mapa del delito por cada
distrito, de acceso público y disponible online.
 
Sin información de calidad, las estrategias de acción
pierden efectividad. Cada distrito deberá contar con un
mapa del delito, construido sobre la base de estadísticas
de calidad y de la consulta a los vecinos. Los mapas
deberán contar con información georeferenciada
sobre delitos, zonas de riesgo, actividades comerciales
que atraigan delincuencia. La información contenida
en ellos será la base para el trabajo de los Comités
Distritales de Seguridad Ciudadana, quienes deberán
ser capacitados en su uso y su aprovechamiento para
la toma de decisiones a nivel local. Además, deberán
ser de acceso público y amigable a través de las páginas
web de cada municipio y, en forma centralizada para
todo el país, desde la web del Ministerio del Interior.
3.1.2 Mayor control de la venta de alcohol fuera de
horarios permitidos 
Buscar la uniformización de las restricciones en
horarios para la venta de alcohol a nivel nacional (desde
las 11.00 p.m. hasta las 6.00 p.m.). Las sanciones para
la venta a menores de edad deben incluir el cierre
temporal del local por un tiempo máximo de siete
días en caso de reincidencia. La fiscalización debe
ser aleatoria y permanente, junto con las campañas
de información dirigidas a consumidores. Se debe
recurrir a los vecinos para identificar los locales que
actualmente infrinjan la regulación sobre el horario de
venta. 
3.1.3 Inclusión del objetivo “Reducción de la
criminalidad”
en los Planes de Incentivos anuales
de los gobiernos locales, creando la meta de
identificación y transformación de zonas de riesgo
Cada municipio deberá identificar cuáles son las zonas
en su distrito con signos de deterioro físico (zonas
oscuras, terrenos baldíos, viviendas abandonadas,
basurales, urinarios, etc.) e incidencia delictiva. Cada
zona identificada deberá ser catalogada en función
de su nivel de victimización, peligrosidad y deterioro
físico. Luego, deberá establecer el costo para eliminar
los factores de deterioro físico. Sobre esa base, se deberá
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crear un Plan de Incentivos para progresivamente ir
eliminando los signos de deterioro. Esto permitirá
un control temprano de focos de expansión delictiva.
En forma independiente a lo anterior, es importante
crear un programa de iluminación en zonas de peligro
latente. Este puede ser el primer paso del Plan de
incentivos. 
3.1.4 Programa de apoyo por victimización reiterada
a causa de robo de hogares. 
La alta victimización reiterada en el Perú genera
costos personales (por lo robado) e institucionales
(por la confianza perdida en la institución policial).
Cuando estos casos sean detectados, el municipio en
conjunto con la Policía deberá entregar información
sobre prevención, brindar soporte emocional y, en
casos que lo amerite, entregar e instalar gratuitamente
mecanismos de seguridad (candados, trancas, rejas,
cámaras de vigilancia en la cuadra, etc.) para evitar
futuros robos en viviendas con probado nivel de
vulnerabilidad. 
3.1.5 Promover el fortalecimiento y la creación de
juntas vecinales. 
El fortalecimiento de estas formas de organización pasa
por tres aspectos. En primer lugar, la motivación. No
todos los vecinos están interesados en participar en una
junta vecinal. Por ello es importante crear campañas
de información e incentivos para la participación (se
puede pensar en descuentos en locales comerciales,
tal como varias municipalidades ofrecen a sus buenos
contribuyentes). En segundo lugar, es necesaria la
provisión de conocimientos y herramientas para
ejercer vigilancia sobre su municipalidad. Esto implica
sensibilizarlos e informarlos sobre el derecho de
transparencia y acceso a la información pública, y
saber cómo accionarlo para solicitar información útil.
En tercer lugar, sobre la base de lo anterior, se deben
proveer de herramientas para que los ciudadanos de las
juntas vecinales puedan realizar un mejor diagnóstico
de su distrito y entablar una relación de vigilancia
y de acercamiento con sus autoridades (liderazgo,
competencias mínimas para el análisis de la política
pública a nivel local, etc.) 
3.1.6 Instalación en locales comerciales de alertas
comunales con conexión directa a la comisaría más
cercana. 
Para mejorar el tiempo de respuesta de la Policía y
generar mayor confianza, se propone la instalación
de sistemas de alerta ubicados en locales comerciales
(bodegas, farmacias, tiendas menores, etc.). La alerta
irá en forma directa a la comisaría más cercana y
en forma georeferenciada. El sistema debe contar
con botones para diferentes tipos de emergencia, lo
que permitirá una mejor asignación de los recursos
policiales. 
3.1.7 Concurso de buenas prácticas entre comisarías
y entre gobiernos locales 
Su éxito no está en la simple identificación de buenas
prácticas. Sus resultados positivos dependerán de
que las prácticas ganadoras sean luego estructuradas
en programas para ser replicados en otras zonas,
en mantener el liderazgo que las propulsó y en
otorgar incentivos positivos para su sostenibilidad.
Este concurso debe ser promovido por el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana, quien además
debe encargarse de convertir cada buena práctica en
“franquicias” replicables en otras realidades. 

3.2 Focalización en niños, niñas y adolescentes:
intervención temprana y oportunidades 

3.2.1 Programas nacionales en escuelas públicas
para el control de conductas antisociales 
Estos programas deben involucrar a niños, niñas,
adolescentes y a sus padres. Con los primeros, se deben
desarrollar habilidades sociales, control emocional,
razonamiento moral, resilencia, planificación de vida,
y respeto a la diversidad étnica y sexual. El trabajo con
grupos adolescentes deberá también enfocarse en el
uso responsable del alcohol. Con los padres se deben
fortalecer factores protectores, establecer prácticas de
crianza saludables así como técnicas de crianza bajo
situaciones de consumo de alcohol y/o drogas por
parte de padres y/o hijos, entre otros objetivos. 
3.2.2 Programa nacional de inserción laboral
para jóvenes en situación de riesgo y adolescentes
infractores de la ley penal. 
Este programa debe enfocarse en la generación de
competencias de corto plazo para adolescentes con
factores de riesgo (violencia familiar, consumo de
alcohol o drogas, abandono del hogar, etc.), buscando
que tales competencias sean las que el mercado exija.
Se pueden crear convenios con empresas para que
sean ellas mismas las que soliciten las competencias
necesarias. Un programa similar debe estar enfocado
en adolescentes que han infringido la ley penal.
En este caso, además, se les debe brindar sostén
psicológico, acompañamiento a la familia, y monitoreo
de conductas antisociales con el fin de reducir la
reincidencia, y promover entre los jueces la aplicación
del internamiento solo como un último recurso. 

3.2.3 Reducción de la deserción escolar 
Mediante la ampliación del Programa “Beca Doble
Oportunidad” del Ministerio de Educación hacia
grupos menores de 17 años (actualmente está enfocado
a personas entre 17 y 25 años). Posteriormente,
este programa debe ampliarse a quienes dejaron
la escuela primaria. Por ley, se debe establecer la
obligatoriedad que los colegios públicos y privados
reporten al Ministerio de Educación sobre el número
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y datos de los niños, niñas y adolescentes que han
dejado el colegio a medio año y de aquellos que no
se han matriculado en el año escolar. Además, dado
que la deserción es más alta en mujeres, es importante
reducir el embarazo adolescente, mediante programas
de información sobre educación sexual y de derechos
de la mujer, así como programas de apoyo social y salud
a madres adolescentes. Dado el impacto del Programa
Juntos sobre la pobreza, se recomienda aumentar la
transferencia monetaria para familias con hijas en
escuela secundaria. En un inicio, estos programas
deben focalizarse en distritos con alta deserción
escolar, para luego masificarse al resto de distritos con
una problemática de deserción de menor intensidad. 

3.3 Policía Nacional del Perú y Comisarías: servicio,
información y gestión 

3.3.1 Implementación progresiva del Plan Cuadrante
en distritos de criminalidad alta y media.
 
La coordinación entre gobiernos locales y las
comisarías es esencial. Previamente se debe atender
la necesidad de producir estadísticas de calidad y
georeferenciadas. Toda esta información debe ser
unificada, responder a un único programa y con
la capacidad de ser centralizada en el Ministerio
del Interior para propiciar un análisis integral e
interdistrital. Además, se deberán crear programas
de inducción y capacitación permanente en análisis
delictivo dirigido a policías. 
3.3.2 Programa de presencia y desplazamiento
policial 
Sabiendo que la presencia policial genera confianza
en la ciudadanía y reduce las oportunidades en la
comisión de delitos, es importante fortalecer la
presencia de policías en calles y lugares estratégicos.
La presencia policial debe enfocarse en tres tipos de
escenarios: de alta criminalidad (en función a tasas de
victimización), de altas oportunidades de aparición
de delitos (paraderos, puentes, zonas oscuras,
lugares deteriorados físicamente) y de importante
densidad comercial (centros y zonas comerciales). La
identificación de tales escenarios debe estar basada de
preferencia en mapas del delito distritales, información
de las comisarías y de la propia comunidad. La
presencia policial debe tener como segundo objetivo
la socialización de los efectivos policiales con las
personas de la zona con el fin de generar mayor
confianza y acercamiento a la población. 
3.3.3 Implementación de un sistema de llamadas
de emergencia redirigidas automáticamente a
patrulleros 
Actualmente todas las llamadas de emergencia al
105 son recibidas en una central telefónica que luego
deriva el caso a algún patrullero cercano al lugar de los
hechos. Esto genera costos de transacción, aumenta el
tiempo de respuesta y crea una distancia entre quien
genera la llamada y el policía que finalmente atiende
la situación en forma presencial. En su lugar, se debe
crear un sistema que automáticamente redireccione las
llamadas hechas al 105 hasta el patrullero más cercano
al lugar de quien llama. Esto reduciría el tiempo de
respuesta, generaría lazos entre los vecinos y los
policías que contestan las llamadas y luego acuden al
lugar de los hechos y crearía incentivos positivos para
la vigilancia policial local. En Chile, se implementó un
programa similar que fue desestimado por un problema
que también afecta al Perú: el alto número de llamadas
falsas hechas a los números de emergencia. En el Perú,
la Ley 29994, aprobada en octubre del 2012, prohíbe
la realización de llamadas falsas, abusivas, bromistas,
amenazantes, injuriosas o generadora de error en las
centrales telefónicas de emergencia y urgencia. Dicha
norma impone una sanción de 5% de una Unidad
Impositiva Tributaria (S/ 185 en el 2015) a quien
realice estas llamadas y en casos de reincidencia se
duplica la multa e incluso se puede llegar a cancelar el
servicio telefónico. La implementación de esta norma
está en espera hasta que su Reglamento sea publicado
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
3.3.4 Creación en el Ministerio del Interior de una
unidad o grupo especializado en el uso de métodos
estadísticos avanzados para estudiar la delincuencia
común 
Este grupo debe ser el referente en la institución
para el análisis delictual. Deberá recibir formación
especializada. El contenido y su dictado pueden
estar a cargo de universidades públicas y privadas.
Además, esta unidad deberá ser la que testee los
mejores métodos para el análisis delictual que luego
serán aplicados por las comisarías y las unidades
de investigación criminal. Asimismo, debe realizar
evaluaciones de impacto sobre las intervenciones,
programas, iniciativas y operativos y analizar costoefectividad, con miras a poder proveer, en forma
constante, de información sobre qué funciona para
reducir la delincuencia, bajo qué condiciones y cómo
hacer replicables las experiencias exitosas. 
3.3.5 Caja de herramientas de análisis delictual para
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana 
El análisis que actualmente realizan las comisarías se
debe potenciar y mejorar. Ello pasa por estandarizar
a nivel nacional (sin perder particularidades locales)
los indicadores distritales (sociales, económicos y
delictivos). Esos indicadores deben servir para crear
reportes estándar donde se introduzca información
estadística y se obtengan automáticamente
indicadores (incluyendo reporte de frecuencias,
variaciones diarias, semanales, mensuales y anuales,
correlaciones, regresiones y otros). Estas medidas
deben ser complementadas con capacitación en el uso
y aprovechamiento de la data producida así como con
estrategias de acción.
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3.3.6 Desarrollo de competencias de análisis
delictivo en las Escuelas de oficiales y Sub Oficiales 
Es importante crear programas de formación
especializados que se inserten en el currículo de
las Escuelas de oficiales y sub oficiales, además de
proveer cursos más avanzados para oficiales en
grados mayores. También es importante crear una
especialidad de análisis delictivo, de tal forma que sirva
como incentivo para la carrera policial. Los convenios
con universidades pueden facilitar el desarrollo de
esta iniciativa. 
3.3.7 Plan “Puerta por Puerta” de parte de la
comisaría 
Parte de la desconfianza en la policía reposa en que
el contacto con los policías se da en un contexto
negativo (robo, asalto, etc.), ofreciendo un espacio
para asociar dicha negatividad al servicio policial y las
carencias en que es brindado. Es importante revertir
dicha lógica. Ello pasa por implementar un programa
en el que el comisario visite aleatoriamente un número
determinado de viviendas por semana. El objetivo
es que las personas conozcan al comisario, que haya
desplazamiento policial, que se recojan los problemas
y las expectativas de los vecinos y que se cree un
mayor sentido de vigilancia en el barrio. 
3.3.8 Plan de incentivos para la reducción de la
delincuencia en las comisarías 
El plan debe estar basado en el número de detenciones
pero sobre todo en la ejecución de actividades
preventivas y el apoyo y relación con los gobiernos
locales, los comités de seguridad ciudadana y la
comunidad. Los incentivos pueden abarcar desde
bonos económicos para el policía y la mejora de la
comisaría hasta puntaje adicional para el ascenso. 
3.3.9 Mejora del sistema de denuncias en las
comisarías con retroalimentación al denunciante 
Parte de las razones del sub registro de denuncias es
la sensación ciudadana de la escasa utilidad al hacerlo.
Revertir esta situación implica muchas aristas, entre
las cuales se puede potenciar dos. En primer lugar,
mejorar la calidad de atención en las comisarías
mediante capacitación a policías y protocolos de
atención y la generación de incentivos para cumplirlos.
Las capacitaciones deben hacer énfasis en los derechos
de los denunciantes y en el respeto a la diversidad
sexual y étnica. En segundo lugar, es necesario
generar una retroalimentación positiva entre la policía
y el ciudadano luego de su denuncia. En este punto,
el programa debe incluir una comunicación (escrita
o telefónica) de parte del comisario hacia quien
interpuso la denuncia. El objetivo es que le informen
sobre lo sucedido, las acciones tomadas o por tomar y
el estado de su denuncia. 
3.3.10 Institucionalizar un programa permanente de
canje de armas por computadoras o dinero 
Con el fin de retirar las armas en posesión ilegal,
se recomienda implementar en forma permanente
un programa que permita su entrega (sin que
medie sanción) a cambio de dinero en efectivo o
computadoras. El bien entregado puede variar en
forma (tablets, celulares u otros) o incluso se puede
ofrecer otro tipo de incentivos como cursos cortos
sobre emprendimiento o microempresa. Es importante
mantener una estrategia de publicidad fuerte que
genere los incentivos para la entrega de las armas. 
3.3.11 Diseño de una estrategia nacional de
reducción de mercados de objetos robados 
De manera articulada, los gobiernos locales y el
Ministerio del Interior deben diseñar una estrategia
para la identificación y eliminación permanente de
los mercados de objetos robados. Previamente se debe
identificar los puntos conocidos de venta pero también
los puntos de venta al menudeo. Es importante conocer
las estrategias de los proveedores y de los vendedores,
mediante técnicas de inteligencia apropiadas, en
combinación con campañas de información hacia el
público comprador y la ciudadanía en general. 
crimsejus%20seguridad%20ciudadana Delincuencia común y seguridad ciudadana en el Perú: Políticas de prevención y control

Hernández Breña, W. (2016). Delincuencia común y seguridad ciudadana en el Perú: Políticas de prevención y control (trabajo presentado en la Conferencia Académica Anual del Consorcio, octubre, 2015). En Consorcio de Universidades (Ed.), Metas del Perú al Bicentenario (pp. 315-325). Lima: Consorcio de Universidades.

Seguridad ciudadana y los gobiernos locales

seguridad%20ciudadana%20crimsejus Seguridad ciudadana y los gobiernos locales

En el ámbito de la seguridad ciudadana, los gobiernos locales desempeñan un papel fundamental. La seguridad ciudadana se refiere a las medidas y acciones implementadas para proteger a los ciudadanos y garantizar su bienestar en el ámbito local. Los gobiernos locales son responsables de diseñar e implementar políticas y estrategias de seguridad que se adapten a las necesidades y realidades específicas de su comunidad.

Los gobiernos locales tienen la ventaja de estar más cercanos a los ciudadanos y tener un conocimiento más profundo de los desafíos y problemas de seguridad que enfrentan. A través de la colaboración con la policía local, la implementación de programas de prevención del delito y la promoción de la participación ciudadana, los gobiernos locales pueden contribuir significativamente a mejorar la seguridad en sus territorios.  Pueden establecer alianzas estratégicas con otros actores relevantes, como organizaciones comunitarias, instituciones educativas y empresas privadas, para abordar de manera integral los problemas de seguridad. Esto implica la promoción de la participación ciudadana, la implementación de políticas de inclusión social, la mejora de la iluminación y el diseño urbano, y el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad, entre otras acciones.

  1. Gobiernos locales y la seguridad ciudadana. Hugo Acero Velásquez.
  2. Seguridad ciudadana y gobiernos locales. Fernando Carrion 
  3. ¿Qué pueden hacer los gobiernos locales? Lucía Dammert

Cartilla informativa para Unidades Beneficiarias

Descarga la Cartilla Informativa para Unidades Beneficiarias en formato PDF. Este recurso ofrece información clave para instituciones públicas interesadas en recibir a sentenciados que presten servicios gratuitos como parte de sus penas. La cartilla detalla el procedimiento para constituirse como Unidad Beneficiaria, las responsabilidades y compromisos asociados, así como conceptos esenciales sobre el control y supervisión de la ejecución de penas en los Establecimientos de Medio Libre, contribuyendo a la reinserción social de los penados​.

image-11 Cartilla informativa para Unidades Beneficiarias

El rol del INPE en la seguridad ciudadana

 

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La seguridad ciudadana es un tema de prioridad en nuestra sociedad ya que se refiere a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Los titulares de las noticias nos muestran la gravedad de los sucesos y la manera cómo repercute en la tranquilidad de la ciudadanía, quienes exigen a su vez una mayor actuación de las instituciones encargada para frenar la oleada de violencia que se cometen en las calles.

En la Política Nacional de Seguridad Ciudadana indica que el enunciado del problema público son los «altos niveles de victimización que afectan a la ciudadanía«, que se refiere a una situación en la que la población en general está siendo víctima de distintos tipos de delitos, que causan miedo, inseguridad o una disminución en la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello que las cifras actuales nos muestran que las políticas públicas y las instituciones a cargo han mostrado resultados poco efectivos. 

No pretendo analizar los factores que pudieran haber afectado un efectivo establecimiento de la seguridad ciudadana que sea sostenible y mejorada en el tiempo. Si estamos haciendo más de los mismos para el diseño y la implementación de la política pública en seguridad ciudadana, con un enfoque de seguridad humana.

Los diversos actores institucionales involucrados desarrollan una incansable labor para reducir las cifras, principalmente la Policía Nacional de Perú y los Gobiernos Locales, quienes, con el apoyo del sector justicia se encargan de perseguir la delincuencia y en menor proporción prevenir. No son los únicos, pues en el marco de la Política Nacional Penitenciaria y los espacios como el CORESEC y CODISEC, las otras instituciones también se involucran pero no todas se llevan el premio de algún operativo exitoso. 

La respuesta institucional por parte del Estado ha promovido la delegación de funciones y la creación de comisiones, dirigidas por el sector Interior, que ha desarrollado una mirada integradora, involucrando a las instituciones y la sociedad. Desde las más altas esferas como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana hasta al nivel local con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, permite coordinar las estrategias que permitan abordar la problemática desde el rol que desempeña cada institución, enmarcado en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

Respecto al aporte inicial que tienen el sistema penitenciario a la seguridad ciudadana, se podría decir que, con la custodia a aquellos que han sido acusados o condenados de un delito mientras esperan juicio o cumplen con una sentencia, se protege a la sociedad al mantener a los delincuentes en custodia y alejados de la población general. En el aspecto de la rehabilitación, el sistema penitenciario hace los esfuerzos para ayudar a la población penitenciaria a reintegrarse en la sociedad al proporcionar programas educativos, laborales y de tratamiento para ayudarles a superar las causas subyacentes de su delito y prevenir la reincidencia. 

 El INPE juega un papel trascendental en el desarrollo e implementación de las estrategias para abordar las causas profundas que no solo repercute en la misma institución, sino en toda la sociedad, para reconstruir la confianza pública en el sistema penitenciario y garantizar que opere de una manera más efectiva.

El tema de las prisiones en el Perú ha cobrado una relativa importancia en los últimos años y no necesariamente debido a la magnitud de los desafíos que enfrenta como el hacinamiento, la corrupción y las actividades delictivas coordinadas desde prisión, que son solo algunos de los factores que contribuyen a lo que se ha considerado una situación crítica. A pesar de la tendencia de los medios de resaltar estos problemas o cuando se encarcela a personas de alto perfil, como los políticos, pero no se ha prestado suficiente atención a las posibles soluciones que puede ofrecer el sistema penitenciario.

Los desafíos que enfrenta el sistema, el INPE puede mejorar la calidad de vida de los reclusos, reducir las tasas de reincidencia y promover la seguridad ciudadana.

Comite Regional de Seguridad Ciudadana

¿QUÉ ES EL CORESEC?

El Comité Regional de Seguridad Ciudadana es el encargado de formular los planes, programas, proyectos y directivas de seguridad ciudadana, así como ejecutar los mismos en sus jurisdicción, en el marco de la política nacional diseñado por el CONASEC. Igualmente supervisan y evalúan su ejecución.

¿QUÉ NORMAS LAS SUSTENTA?

El marco normativo en el cual se enmarca las acciones y actividades que se desarrollaran en el Comité de Seguridad Ciudadana, son los siguientes:

  • Constitución Política del Perú. El principal marco normativo en la materia de seguridad ciudadana lo constituye la Carta Magna, que establece en su Art. 44º que: “son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general”.
  • Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. El 11 de febrero del 2003, se promulga la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) que tiene por objetivo coordinar eficazmente la acción del Estado y promover la participación ciudadana para garantizar una situación de paz social”; y sus modificatorias Ley Nº 30055, Decreto Legislativo Nº1316 y Decreto Legislativo Nº 1454.
  • Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Que en su Art. 61º establece que: “b) Dirigir (…) Comité Regional de Seguridad Ciudadana. (…) f) Planear, programar, ejecutar y formular directivas, supervisar y evaluar las actividades de seguridad ciudadana regional, en concordancia con la política nacional formulada por el Consejo Nacional de Seguridad ciudadana (CONASEC) y el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”.
  • Directiva Nº 01-2017-CORESEC ANCASH, Reglamento Interno del Comité Regional de Seguridad Ciudadana-Ancash.

¿QUÉ FUNCIÓN CUMPLE LA CORESEC?

El Comité Regional de Seguridad Ciudadana tiene las siguientes funciones

  1. Proponer ante el Gobierno Regional la aprobación del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana alineado al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y sus medias sectoriales, elaborado bajo un enfoque descentralizado, de gestión por resultados, intercultural, y descentralizado, de gestión por resultados, intercultural, y articulado con los instrumentos del SINAPLAN.
  2. Proponer ante el Gobierno Regional la aprobación de Planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana de relevancia regional, tomando en consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población.
  3. Promover la articulación interinstitucional a nivel regional para el cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes y programas.
  4. Evaluar anualmente la ejecución de la política regional de seguridad ciudadana y el cumplimiento del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana.
  5. Aprobar anualmente el informe de cumplimiento de los planes, programas y proyectos provinciales de seguridad ciudadana, presentados por las Secretarias Técnicas de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana a través de la Secretaria técnica del CORESEC.

¿QUÉ ES LA SECRETARÍA TÉCNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA?

Conforme a la Ley N° 27933 y el Decreto Legislativo N° 1454, las Secretarias Técnicas de Seguridad Ciudadana, son órganos de soporte de los Comités de Seguridad Ciudadana que garantizan el adecuado funcionamiento del SINASEC en todos los niveles de gobierno..

La Secretaria Técnica de Seguridad Ciudadana del CORESEC Ancash, es el órgano de ejecución que cuenta con profesionales, personal técnico y especialistas en temas de seguridad ciudadana, a cargo del Gobierno Regional de Ancash.

¿FUNCIONES DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CORESEC?

  1. Presentar ante el Comité Regional de Seguridad Ciudadana la propuesta del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana, elaborado bajo un enfoque descentralizado, de gestión por resultados, intercultural y alineado al Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana.
  2. Presentar ante el Comité Regional de Seguridad Ciudadana la propuesta de planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana de relevancia regional, tomando en consideración las particularidades culturales y lingüísticas de la población.
  3. Supervisar el cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia de seguridad ciudadana, promoviendo la articulación interinstitucional a nivel regional, dando cuenta de manera oportuna a la Secretaría Técnica del CONASEC.
  4. Supervisar el cumplimiento los planes, programas y proyectos regionales de Seguridad Ciudadana, en el marco de los lineamientos y políticas establecidos por la Secretaría Técnica del CONASEC
  5. Elaborar el informe de cumplimiento de los planes, programas y proyectos provinciales de Seguridad Ciudadana, presentados por las Secretarías Técnicas de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana a través de la Secretaría Técnica del CORESEC.
  6. Brindar asistencia técnica, en coordinación con la Secretaría Técnica del CONASEC, a las Secretarías Técnicas de los Comités Provinciales y Distritales, que permita una adecuada articulación entre los niveles regionales, provinciales y distritales.
  7. Promover la articulación de las municipalidades provinciales para fortalecer la seguridad ciudadana en el ámbito de la jurisdicción regional.
  8. Sistematizar la información estadística de seguridad ciudadana proporcionada por los otros niveles de gobierno como las Municipalidades Provinciales y Distritales, para su respectiva remisión a la Secretaría Técnica del CONASEC.

¿QUIÉNES INTEGRAN LA CORESEC?

De acuerdo al artículo 14 de la Ley N° 27933 “Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana” El Comité Regional de Seguridad Ciudadana es presidido por el Gobernador Regional e integrado por los siguientes miembros:

  • La autoridad política de mayor nivel de la región.
  • El Jefe Policial de mayor graduación de la región.
  • La autoridad educativa del más alto nivel.
  • La autoridad de salud o su representante.
  • Un representante del Poder Judicial, designado por Presidente de la Corte Superior de la jurisdicción.
  • Un representante del Ministerio Público, designado por el Fiscal Superior Decano de la jurisdicción.
  • El Defensor del Pueblo o el que hiciere sus veces.
  • Tres Alcaldes de las provincias con mayor número de electores.
  • Y otros por acuerdos internos del Comite Regional de Seguridad Ciudadana.

La seguridad ciudadana: tema de estudio y agenda pública

 

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La seguridad ciudadana es la principal preocupación de los peruanos. La percepción
generalizada de inseguridad, el aumento de la violencia y la criminalidad, así como los bajos
niveles de confianza en las instituciones que deberían prevenir y controlar su desarrollo, son
elementos claves de la forma en que se desarrolla la vida cotidiana de los peruanos.
La seguridad ciudadana, como concepto y problema público, ha emergido recientemente (a
pesar de ser un fenómeno de larga data). De hecho, a inicios de la década de los noventa la
criminalidad era entendida como un problema de corte policial que se alojaba principalmente
en el trinomio policía-justicia-cárcel. El correlato de investigación académica se vinculaba
principalmente con análisis legales sobre la criminalidad y los marcos jurídicos más
apropiados para procesarla y controlarla. Desde las ciencias sociales se realizaron múltiples
estudios que ponían énfasis en problemáticas específicas como la violencia juvenil, pero con
enfoques generales que no siempre permitieron abordar los fenómenos en su propia
especificidad fenomenológica.
Las cosas han cambiado sustantivamente en los últimos quince años. El concepto “seguridad
ciudadana”, entendida como una problemática multidimensional que requiere ser promovida
(además de controlar la inseguridad) y que, por ende, involucra diversas institucionalidades
gubernamentales, y es asumida transversalmente. La prevención del delito ha tomado una
presencia relevante en el análisis y discurso público, reconociendo la necesidad de acciones
de índole social, político y económico para disminuir la magnitud del fenómeno criminal. 

Medidas inmediatas y mediatas para incrementar la seguridad ciudadana

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Luis Gerardo Gabaldón

Si bien a nivel constitucional y legal la seguridad ciudadana y el control delictivo han merecido atención a través de normas expresas, y a pesar de que los documentos gubernamentales, de alguna manera, se refieren al problema en términos de control policial, mejoramiento social e incremento del sentido de lo público y la participación, estos enunciados no parecen haber sido acompañados por medidas congruentes, articuladas, con objetivos y evaluables a fin de determinar el impacto en el control de la criminalidad. La criminalidad, especialmente la de índole violenta, ha venido aumentando sostenidamente desde hace años, y los planes operativos urbanos centrados en la presencia policial ostensiva e intensiva de la policía no parecen haber producido mayor impacto en dicha reducción. 


Dentro del marco de propuestas de políticas públicas para el control de la criminalidad y la violencia se requiere articular un discurso coherente, fundamentado en la investigación, diagnóstico y seguimiento, que defina objetivos precisos, protocolos de intervención, seguimiento y sinergia organizacional para obtener resultados apropiados. El modelo policial, la policía es una instancia fundamental para la seguridad ciudadana, su aplicación y consolidación en el tiempo podría contribuir con ello, siempre que se respeten los principios de transparencia, coparticipación y consenso informado. Este proceso será largo y costoso, requiriendo gran dedicación y continuidad, y deberá vencer resistencias dentro y fuera de la policía, que es una organización caracterizada por la inercia y la resistencia a los cambios. Pero el problema de la criminalidad, obviamente, no es únicamente policial. Las instancias del sistema de justicia penal, que conjuntamente con la policía conforman las agencias sociales de control formal, deberán ser objeto de intervención y reforma, un proceso que puede resultar lento y complejo. También instancias sociales como familia y escuela deberán ser objeto de intervención para que sirvan como factores de contención. Todas estas medidas requieren programación, esfuerzo, continuidad y evaluación. A continuación se indican, para cuatro ejes fundamentales, sugerencias de intervención a corto y a mediano plazo, que, sujetas a un proceso de seguimiento y evaluación, podrían permitir determinar cómo están funcionando y qué cambios sería pertinente introducir. 

Armas de fuego 

Los datos indican una clara prevalencia de las armas de fuego en la comisión de variados delitos, en particular los robos y los homicidios. Los planes de desarme encuentran dificultades en cuanto a los mejores incentivos a ofrecer por la entrega de armas y en cuanto a disputas ideológico-políticas sobre la conveniencia de mantener armada a la población. Estas dificultades pueden resultar considerables. A corto plazo, un control estricto centrado en el decomiso de armas de porte cotidiano por parte de la policía, evitando su reciclaje, puede significar una reducción significativa de los episodios de violencia extrema. A mediano plazo, una política centrada en la distinción entre porte (no permitido) y tenencia (admisible en la residencia, bajo ciertas condiciones) puede favorecer la restricción de la circulación cotidiana de armas de fuego sin crear mayores resistencias en cuanto a la disposición de armas para la defensa personal. Una política sensata debería apuntar a la supresión del porte cotidiano de armas entre todos los particulares, al registro de seriales y balístico de las armas orgánicas de los funcionarios autorizados, y a la destrucción rápida de las armas ilegítimamente portadas o detentadas. 

Si bien puede haber un subregistro en la información que suministra la gente sobre las armas que declara tener para defenderse, la consistente baja proporción de personas que reporta tenerlas sugiere que los particulares no ven como la opción más ventajosa armarse para enfrentar la delincuencia. 

Desempeño policial 

Las encuestas de victimización y los registros oficiales muestran la participación de funcionarios policiales en actividades delictivas y en el uso excesivo de la fuerza física. La percepción del público es consistente con estos resultados. A corto plazo, una campaña de control funcional, mediante protocolos de reporte de episodios que incluyan cualquier uso del arma de fuego y supervisión diaria y concentrada, puede contribuir a la reducción de la participación funcional en actividades delictivas. A mediano plazo, estos procedimientos pueden consolidarse para desarrollar una cultura de operación policial controlada y a fomentar buenas prácticas policiales como medidas complementarias a las sanciones más graves de retiro y enjuiciamiento penal. Los datos recabados hasta ahora no sugieren que la gente quiera prescindir de la policía, sino que desea contar con una policía más efectiva, menos maltratadora y más supervisada para adecuar su desempeño a la tutela de los derechos de los ciudadanos. 

Sistema de justicia penal 

Las percepciones de la población sobre el sistema son negativas. Se considera ineficiente, arbitrario, promotor de la impunidad y violador de los derechos humanos a través de la reclusión carcelaria en condiciones de humillación y violencia extrema. A corto plazo, un mejoramiento de los procedimientos de registro y comunicación de información entre diversos tribunales y la policía, en cuanto a sujetos solicitados, beneficios otorgados y cumplimiento o no de las obligaciones impuestas puede contribuir a la aprehensión y reclusión de quienes violan las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas medidas cautelares sustitutivas o beneficios en el cumplimiento de las penas. A mediano plazo, una revisión de la superposición de beneficios y de la expansión de las causas para reducir el monto de la pena efectivamente cumplida, incluyendo los casos de los adolescentes sancionados por la jurisdicción especial, puede contribuir a la certeza y prontitud en la aplicación de sanciones, reduciendo los márgenes de impunidad. Esto debería ir acompañado de una diversificación de las sanciones penales, del mejoramiento de las condiciones de reclusión y diversificación de los centros de detención y de la restricción de las penas de prisión para los hechos más graves, violentos y de reincidencia comprobada. Los datos sobre percepciones negativas del Ministerio Público y de los tribunales penales podrían revertirse en presencia de instancias eficientes, y de decisiones rápidas y previsibles que sustituyan la tentación de acudir a respuestas de violencia privada sustitutiva. 

Control familiar y escolar 

Si bien solo una quinta parte de las opciones referidas por la población en la Encuesta Nacional de Victimización 2006 para combatir la delincuencia comprendieron intervención en familia y escuela, la supervisión primaria, en cuanto a los niños y adolescentes, es fundamental en el proceso de socialización. Uno de los rasgos actuales es 

la pérdida de autoridad de padres y maestros para orientar y contener a los jóvenes durante los periodos que permanecen, al menos desde el punto de vista formal, bajo su custodia y supervisión. En particular el control escolar, que representa mayor estandarización considerando la escolaridad obligatoria, frente a las disfunciones familiares debidas a la ausencia de los padres o a la falta de dedicación e interés en los hijos, debería ser reforzado para extender los periodos de supervisión sobre los adolescentes, quienes tienden a ser los principales actores y víctimas de la violencia. A corto plazo se deberían desarrollar campañas intensas para reducir conflictos interpersonales como consecuencia de conductas como extorsión, promiscuidad y porte de armas en el ambiente escolar, que pueden escalar hasta confrontaciones fatales fuera del recinto escolar. A mediano plazo sería útil reforzar la autoridad de los maestros para que mediante la disciplina y el respeto procuren condiciones más apropiadas para la escolaridad, desestimulando la deserción y el vandalismo. Probablemente las campañas escolares sean más sencillas e impliquen menos tiempo que las campañas familiares que propendan al fortalecimiento de la autoridad parental o a la búsqueda de actores sustitutivos y eficaces en casos de carencias extremas. 

Seguimiento y evaluación: el rol de la participación ciudadana 

El control de la delincuencia amerita la adopción de planes que permitan definir, evaluar, corregir y reprogramar las iniciativas gubernamentales conforme a parámetros, indicadores y medidas sustentables en el tiempo, pues de otro modo será difícil formular, discutir, y modificar políticas públicas sobre seguridad ciudadana orientadas por el conocimiento informado. Ciertas condiciones son necesarias para que este proceso pueda avanzar y consolidarse. 

Es necesario, en primer lugar, disponer de información confiable. Uno de los rasgos recientes de la gestión pública es la opacidad, manifiesta por la resistencia a suministrar, en forma amplia, sin filtros y sin discriminación, información sobre la criminalidad y los indicadores de justicia penal. El desarrollo de bases de datos confiables es un requisito para la discusión informada. Los registros oficiales de criminalidad deberían encargarse a entidades cuya responsabilidad inmediata no sea controlar el fenómeno sobre el cual informan, pues de este modo existe la tendencia a la manipulación en el registro y suministro de la información. Por otra parte, es conveniente desarrollar formas alternativas estables de registro estadístico al margen de la delincuencia oficialmente conocida, para controlar la cifra negra y modalidades situacionales que no son recogidas por la estadística policial. El Instituto Nacional de Estadística, que cuenta con competencia legal y experticia técnica, debería centralizar toda la información relativa a la criminalidad y al sistema de justicia, preparando informes periódicos e incorporando a las encuestas de hogares por muestreo semestrales algunos ítems vinculados con estos aspectos. 

Es necesario, por otro lado, fomentar una cultura del debate democrático orientado por la información oportuna y veraz. Muchos de los temas relativos a la delincuencia y el control están orientados por criterios opináticos, poco sustentados en evidencia, con elementos retóricos y melodramáticos, cuando no genéricos y superficiales, que poco contribuyen a decisiones orientadas por el conocimiento. Aunque estos temas son, indudablemente, sensibles a la confrontación política, debe contribuirse a su difusión, transparencia y discusión entre los más amplios sectores de la sociedad, independientemente de la filiación política y la orientación ideológica, al margen del comportamiento partisano y la intolerancia. 

Finalmente, es indispensable involucrar a la comunidad organizada a los planes de políticas de seguridad ciudadana, mediante canales efectivos de participación, con orientación y formación técnica, sin pretender expropiar el discurso popular. La investigación, difusión y discusión pública es necesaria para la conformación de una sociedad pluralista y orientada por los principios del humanismo, la justicia y la ponderación de los intereses en función de los valores compartidos. 


Referencias 

Centro de Estudios para la Paz (2005) Cifras de Criminalidad y Violencia en Venezuela. Caracas. Universidad Central de Venezuela, mimeo. 

Centro de Estudios para la Paz (2007) Notas sobre el comportamiento de los homicidios durante los dos primeros meses de 2008. Caracas, Universidad Central de Venezuela, pp. 

Gabaldón, Luis Gerardo y Andrés Antillano (2007) La policía venezolana: desarrollo institucional y perspectivas de reforma al inicio del tercer milenio, (vols. 1 y 2). Caracas, Comisión Nacional para la Reforma Policial. 

Sanjuán, Ana María (2000): Cuadros de Criminalidad en Venezuela, 1990-2000. Centro de Estudios para la Paz. Universidad Central de Venezuela, pp. 18 

Venezuela (2002, 2001): Boletín Informativo de Estadísticas Delictivas, años 2001 y 2002. Ministerio del Interior y Justicia. Dirección General de Prevención del Delito. Caracas. 

Venezuela (2001-2007): Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007. Ministerio 


Seguridad ciudadana, criminalidad y políticas públicas

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La seguridad ciudadana, en el ámbito de los órganos del Estado y de las políticas que deben propender a proteger los derechos y la convivencia pacífica, tiene estrecha relación con las conductas humanas lesivas de derechos e intereses y disruptivas de la cooperación social de mayor gravedad, esto es, las infracciones penales. De aquí la relevancia de los diagnósticos y propuestas sobre las tendencias delictivas en materia de políticas estatales para la seguridad ciudadana. 


Podemos entender por criminalidad el conjunto de ocurrencias delictivas registradas en una jurisdicción en un momento determinado. Estas ocurrencias pueden determinarse mediante registros oficiales, como estadísticas policiales, judiciales, penitenciarias, de salubridad pública, y registros no oficiales, como los de organizaciones de protección de los derechos humanos, de las empresas, así como de las encuestas de victimización y de autorevelación, que exploran entre víctimas y victimarios las tendencias, constantes y modalidades de la actividad delictiva. Delincuencia y criminalidad se considerarán como sinónimos, pues la legislación no establece ninguna distinción conceptual entre delitos y crímenes, si bien estos últimos tienden a asociarse a las formas más graves de delincuencia. 

Por políticas públicas de seguridad se pueden entender las actividades planificadas, dirigidas o coordinadas por el Estado para identificar la problemática delictiva y para adoptar medidas tendentes a minimizar los efectos de la criminalidad. 

Luis Gerardo Gabaldón 

La XII Semana de la Seguridad Ciudadana y Justicia – BID

 La XII Semana de la Seguridad Ciudadana y Justicia abordará las “Transformaciones policiales en América Latina y el Caribe, construyendo las policías a futuro” y contará con presidentes, ministros, cuerpos policiales, expertos internacionales y del BID.

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Únete a las sesiones abiertas al público que serán transmitidas vía zoom. Puedes encontrar aquí la agenda completa del evento.

Puedes inscribirte para las siguientes sesiones abiertas:

  • Apertura, 28 de febrero a las 8:00 a.m. hora de Washington, DC. Participarán Iván Duque, Presidente de la República de Colombia; Diego Molano Aponte, Ministro de Defensa Nacional de Colombia; el General Jorge Luis Vargas, Director General de la Policía Nacional de Colombia; el Vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, Benigno López Benítez; y la Especialista Líder Sectorial de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID, Nathalie Alvarado.
  • Diálogo Técnico Transformación Policial, 1 de marzo a las 8:00 a.m. hora de Washington, DC. El diálogo será un espacio dedicado al intercambio de conocimientos técnicos y especializados sobre los estándares en formación y operación para la modernización policial.
  • Diálogo Técnico Sociedad Civil, 2 de marzo a las 8:00 a.m. hora de Washington, DC. Descubrirás expertos en reformas policiales, seguridad ciudadana, comunidad académica a nivel nacional e internacional a fin de dialogar sobre su aporte en estos procesos de transformación policial. 

¡Inscríbete y participa! 





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