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La seguridad ciudadana es la principal preocupación de los peruanos. La percepción
generalizada de inseguridad, el aumento de la violencia y la criminalidad, así como los bajos
niveles de confianza en las instituciones que deberían prevenir y controlar su desarrollo, son
elementos claves de la forma en que se desarrolla la vida cotidiana de los peruanos.
La seguridad ciudadana, como concepto y problema público, ha emergido recientemente (a
pesar de ser un fenómeno de larga data). De hecho, a inicios de la década de los noventa la
criminalidad era entendida como un problema de corte policial que se alojaba principalmente
en el trinomio policía-justicia-cárcel. El correlato de investigación académica se vinculaba
principalmente con análisis legales sobre la criminalidad y los marcos jurídicos más
apropiados para procesarla y controlarla. Desde las ciencias sociales se realizaron múltiples
estudios que ponían énfasis en problemáticas específicas como la violencia juvenil, pero con
enfoques generales que no siempre permitieron abordar los fenómenos en su propia
especificidad fenomenológica.
Las cosas han cambiado sustantivamente en los últimos quince años. El concepto “seguridad
ciudadana”, entendida como una problemática multidimensional que requiere ser promovida
(además de controlar la inseguridad) y que, por ende, involucra diversas institucionalidades
gubernamentales, y es asumida transversalmente. La prevención del delito ha tomado una
presencia relevante en el análisis y discurso público, reconociendo la necesidad de acciones
de índole social, político y económico para disminuir la magnitud del fenómeno criminal.
La delincuencia es un problema importante en América Latina y el Caribe. Con el 9 por ciento de la población mundial, la región suma el 33 por ciento de los homicidios. Utilizando nuevos y amplios datos de encuestas, tratamos de identificar qué políticas contra la delincuencia exigen los ciudadanos de la región a sus gobiernos. También analizamos quién exige qué y por qué. Descubrimos que el endurecimiento de las penas parece ser el arma preferida en el arsenal anticrimen, pero las personas están dispuestas a gastar dinero público no sólo en castigos, sino también en políticas de lucha contra la pobreza y de detección. Los ciudadanos reconocen que destinar recursos a la policía es mejor que subvencionar la seguridad privada. Sin embargo, la mayoría se opone a subir los impuestos para financiar a la policía, una reticencia que podría provenir de la desconfianza en la capacidad de los gobiernos para gestionar estos recursos. La desconfianza, la desinformación y la impaciencia se combinan para crear una política anticrimen defectuosa. Educar a los ciudadanos tanto sobre la delincuencia como sobre las consecuencias fiscales de sus preferencias de política pública puede ayudar a mover la opinión pública de la región hacia un mejor equilibrio. Los gobiernos también deberían invertir en su capacidad para diseñar y ofrecer soluciones basadas en evidencia para luchar contra la delincuencia, y trabajar para aumentar los niveles de confianza entre los ciudadanos.
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
PARA EL SECTOR PÚBLICO PERUANO
• ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO DE GOBIERNO Y
GESTIÓN PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO Y SOSTENIDO DEL
PAÍS Y
• EL FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA EN EL MARCO DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE
DERECHO