Supervisión, control y seguimiento de la población sentenciada a penas limitativas de derechos.

 

Implica el desarrollo de actividades de
registro del sentenciado a penas limitativas de derechos en sus dos
modalidades, prestaciones de servicios a la comunidad y limitación de días
libres, supervisión del cumplimiento de las resoluciones judiciales,
notificaciones a los sentenciados no apersonados, los que abandonan el
cumplimiento de sentencias de conformidad con el decreto legislativo 1191,
comunicación a la fiscalía y a la autoridad judicial competente de los
cumplimientos, incumplimientos, culminación de la sentencia y comunicación a
las Unidades Beneficiarias. Ejecución de campañas locales y megacampañas “Intégrate
a tu comunidad, servicio que une, trabajo que restaura
” a nivel
nacional, con la participación de la población penitenciaria extramuros y todo
el personal de medio libre, a fin de viabilizar y dar a conocer a la sociedad
las penas alternas a la cárcel y demostrar que la población penitenciaria
extramuros, de alguna manera retribuye a la sociedad por el daño ocasionado,
por el delito o falta cometida.

 Con el
presupuesto asignado se atenderá las siguientes
tareas:

 

1.1.        
Registro
de nuevos sentenciados

Para
realizar esta actividad, considerando el promedio histórico del año que precede
sobre nuevos sentenciados que se apersonan al EML para cumplir el mandato
judicial y las nuevas sentencias que son remitidas por los juzgados, esto
implica organizar expedientes, se requiere presupuesto para impresiones y
materiales de oficina.

 

1.2.        
Monitoreo
virtual al cumplimiento de los sentenciados PLD y UU.BB.

Se
realizará acciones preventivas para el abandono, por ello se atenderá mediante
monitoreo a los sentenciados que están cumpliendo en la Unidad beneficiaria con
la finalidad de indagar si están
realizando sus jornadas, alentar y brindar alguna
orientación necesaria en favor del cumplimiento. Esta tarea permite
hacer un mejor seguimiento a sentenciados de lugares alejados de
nuestro establecimiento.

 

1.3.        
Supervisiones
in situ en las
Unidades Beneficiarias

La
supervisión implica la acción de inspeccionar, controlar, el trabajo de las
jornadas del sentenciado a prestación de servicios a la comunidad en una Unidad
Beneficiaria, y es realizada por el Técnico en Tratamiento extramuros o
inspector-supervisor o quien haga sus veces. En base a la prioridad de atención
y según las problemáticas de la Unidad Beneficiaria se realizará las
supervisiones
in situ para verificar el cumplimiento y levantar un acta de
supervisión. Se requiere presupuesto para movilidad local.

 

1.4.        
Notificaciones a la POPE que incumple

Antes de
comunicar al Ministerio Público y Juzgado, se requiere mínimamente realizar dos
notificaciones a los sentenciados que no se apersonaron o que se encuentran en
situación de abandono/resistencia. Según el dato histórico de incumplimientos,
nos proyectamos a notificar a sentenciados por primera y segunda vez. Se
requiere presupuesto para movilidad local.

 

1.5.        
Acciones administrativas para gestiones y comunicación

Las
acciones administrativas para generar documentos y tramitarlo, llevar
documentos a los juzgados y Unidades beneficiarias; hacer gestiones con
instituciones públicas para orientar y lograr constituir más Unidades
Beneficiarias; realizar gestiones para campañas locales y megacampañas;
participar de reuniones del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC).
Se requiere presupuesto para movilidad local.

 

1.6.        
Campañas locales y mega campañas

En el
marco de la estrategia institucional penitenciaria “Intégrate a tu comunidad,
servicio que une, trabajo que restaura” se gestiona articular acciones donde
los sentenciados de manera colectiva y en una fecha realizan una actividad de
alto impacto en beneficio de la comunidad.


73550669-5456-453d-8c5c-73757a5c6b35 Supervisión, control y seguimiento de la población sentenciada a penas limitativas de derechos.


Delincuencia común y seguridad ciudadana en el Perú: Políticas de prevención y control

¿Por qué?: Entendiendo la violencia,
la delincuencia común y sus nexos con la
persona, la sociedad y la economía 

1.1 Victimización y percepción de inseguridad 

En el Perú, 3 de cada 10 personas han sido víctimas
de algún hecho delictivo mayormente ligado a la
delincuencia común (robos al paso, arrebatos,
cogoteos, hurtos, etc.), según la Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos (ENAPRES – INEI). Este tercio
de victimizados nos reafirma como el país con mayor
victimización en América Latina. De las encuestas que
cada 2 años ha hecho la Universidad de Vandervilt
(Barómetro de las Américas) entre el 2004 y el 2014,
solo en una ocasión no ocupamos ese lugar.
La percepción de riesgo es más alta de lo que debería
ser para nuestro nivel de victimización. De cada 10
peruanos, 8 cree que será víctima de algún delito,
inseguridad que afecta en mayor proporción a las
mujeres y los previamente victimizados. 

Es ese miedo
el que se ha convertido en nuestra función de demanda
de seguridad ciudadana. El alto miedo al delito ha hecho
que vivamos bajo la sensación permanente que todo
tipo de delincuencia –organizada y no organizada–,
ha aumentado. Ello, pese a que mes a mes desde el
2010 hasta el 2014 las estadísticas de victimización
(ligadas a delincuencia común) se han reducido en
forma constante, también según datos de la ENAPRES
(aplicada a 90 mil personas cada año).

La altísima percepción de inseguridad ciudadana,
junto a su tratamiento muchas veces cuestionable
en los medios de comunicación y la falta de manejo
y uso de estadísticas en la academia, ha contribuido
a diagnosticar el crecimiento del fenómeno delictivo
como un bloque relativamente homogéneo, integrando
en este a todo tipo de acto delictivo, tanto robos y hurtos
(delincuencia común) como también extorsiones,
sicariato, tráfico ilícito de drogas, homicidios, etc.
(criminalidad organizada). Es de esta forma que al
hablar de delincuencia o violencia el diagnóstico se ha
reducido erróneamente a la fórmula “todos los delitos
han aumentado, son cada vez más frecuentes y más
peligrosos”.

Las características de la criminalidad, incluyendo
la delincuencia común, necesitan de políticas
intersectoriales coordinadas e integrales. Las
intervenciones parciales tienen poco o nulo éxito sobre
todo más allá del corto plazo. En Colombia, por ejemplo,
el fortalecimiento de la policía y el sistema judicial
para hacer frente a la violencia tuvo resultados poco
sostenibles, situación opuesta a la que se dio con los
enfoques preventivos e integrales aplicados en ciudades
como Bogotá y Medellín (Vargas y García, 2008).

1.2 Delincuencia común: organización y actores 

Frente a la criminalidad organizada, la delincuencia
común se muestra menos estructurada y más artesanal.
De acuerdo con la clasificación del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, en el Perú la delincuencia común
equivale a la criminalidad de organización baja, siendo
los ejemplos más comunes los robos al paso, arrebatos,
cogoteos, hurtos con víctimas individuales, ejecutados
en una cobertura geográfica limitada. No siempre son
hechos violentos y el uso de armas de fuego tampoco
es la regla. Según la misma institución, el consumo
de drogas puede ser común entre quienes la ejercen,
sustancias que actúan como motivadores del acto
delictivo. Los montos robados suelen ser relativamente
bajos. Entre el total de reos en el Perú, la mediana por
robo fue de 480 dólares (PNUD, 2014). Se trata, por
tanto, de un fenómeno extenso pero al mismo tiempo
atomizado y por tanto difícil de estudiar.
La delincuencia común es una fuente para el desarrollo
de la criminalidad organizada. Para Arraigada y
Godoy (2000) solo las diferencia el proceso de
organización y planificación para cometer los delitos
(cómo conseguir armas y/o vehículos, seguir rutinas
de víctimas, etc.). Además, para el caso peruano
Hernández (2014) halló que existe una relación de
influencia mutua entre robos y hurtos que parece
explicar una lógica de aprendizaje de las formas de
delincuencia común hacia las de mayor organización
y violencia.

1.3 Lógica punitiva y soluciones tradicionales 

Frente a los problemas de violencia y criminalidad, la
respuesta común desde el lado político se ha basado
en la lógica punitiva. Las propuestas varían pero el
objetivo es el mismo: la represión y la mano dura. A
esta forma de hacer política se la ha llamado populismo
punitivo, concepto atribuido por Larrauri (2006) a
Bottoms (1995).
El Poder Legislativo es una de las entidades que más ha
contribuido con esta forma de hacer política y política
pública. En los últimos 10 años, se ha modificado 8
veces el Código Penal para aumentar penas y otras 13
para incluir agravantes en los delitos de robo, hurto y
abigeato.
La aparente efectividad de medidas como el
endurecimiento del castigo penal tiene en la práctica
escaso sustento. Nagin (2013) señala que el aumento
de penas tiene a lo mucho un efecto disuasivo modesto
en la reducción del crimen. Además, Aizer y Doyle
(2013) encuentran que la privación de libertad
limita el desarrollo del capital humano y aumenta la
probabilidad de reincidencia.
El populismo punitivo va más allá de estas propuestas.
Incluye otras como la pena de muerte, la reducción
de la imputabilidad penal, la entrega de armas letales
y menos letales para los serenazgos municipales, la
participación de militares en el orden, y la instauración
del servicio militar obligatorio, medida que en el 2013
fue aprobada por el Ejecutivo pero cuyo sorteo fuera
paralizado por una medida cautelar y una acción de
amparo presentada por la Defensoría del Pueblo.

2. ¿Qué metas?: prevenir y controlar la delincuencia común 

Victimización y percepción de inseguridad: 

  • Reducir a 20% la victimización por cualquier tipo de delito asociado a la delincuencia común (robos al paso, arrebatos, cogoteos, hurtos, etc.), con especial énfasis en los que afectan a las mujeres y menores de edad. 
  • Disminuir a 60% la percepción de inseguridad ciudadana, especialmente en mujeres y quienes han sido previamente victimizados, a niveles tales que los ciudadanos no vean afectadas sus rutinas diarias, sus decisiones de inversión y en general su calidad de vida.

Desarrollo en menores de edad:

  • Reducir los factores de riesgo criminógenos que afectan a menores de edad (violencia familiar, consumo de drogas y/o alcohol y deserción escolar). 
  • Aumentar las oportunidades económicas y sociales de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. 
  • Disminuir la cantidad de robos y hurtos cometidos por menores de edad. 

Gestión local y comunidad: 

  • Fortalecer los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana promoviendo el liderazgo, el uso de información de calidad y la gestión orientada a resultados. 
  • Promover las condiciones para una ciudadanía más informada y participativa en los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.

3. ¿Cómo gestionar el cambio?: hacia una
menor presencia de la delincuencia común

Consideramos que la gestión del cambo debe estar
basada en un conjunto mínimo de intervenciones
agrupadas en 3 pilares: i) Gobiernos locales:
prevención, información y comunidad; ii) Focalización
en niños, niñas y adolescentes: intervención temprana
y oportunidades y; iii) Policía Nacional del Perú y
Comisarías: servicio, información y gestión. 

3.1 Gobiernos locales: prevención, información y
comunidad 

3.1.1 Construcción del mapa del delito por cada
distrito, de acceso público y disponible online.
 
Sin información de calidad, las estrategias de acción
pierden efectividad. Cada distrito deberá contar con un
mapa del delito, construido sobre la base de estadísticas
de calidad y de la consulta a los vecinos. Los mapas
deberán contar con información georeferenciada
sobre delitos, zonas de riesgo, actividades comerciales
que atraigan delincuencia. La información contenida
en ellos será la base para el trabajo de los Comités
Distritales de Seguridad Ciudadana, quienes deberán
ser capacitados en su uso y su aprovechamiento para
la toma de decisiones a nivel local. Además, deberán
ser de acceso público y amigable a través de las páginas
web de cada municipio y, en forma centralizada para
todo el país, desde la web del Ministerio del Interior.
3.1.2 Mayor control de la venta de alcohol fuera de
horarios permitidos 
Buscar la uniformización de las restricciones en
horarios para la venta de alcohol a nivel nacional (desde
las 11.00 p.m. hasta las 6.00 p.m.). Las sanciones para
la venta a menores de edad deben incluir el cierre
temporal del local por un tiempo máximo de siete
días en caso de reincidencia. La fiscalización debe
ser aleatoria y permanente, junto con las campañas
de información dirigidas a consumidores. Se debe
recurrir a los vecinos para identificar los locales que
actualmente infrinjan la regulación sobre el horario de
venta. 
3.1.3 Inclusión del objetivo “Reducción de la
criminalidad”
en los Planes de Incentivos anuales
de los gobiernos locales, creando la meta de
identificación y transformación de zonas de riesgo
Cada municipio deberá identificar cuáles son las zonas
en su distrito con signos de deterioro físico (zonas
oscuras, terrenos baldíos, viviendas abandonadas,
basurales, urinarios, etc.) e incidencia delictiva. Cada
zona identificada deberá ser catalogada en función
de su nivel de victimización, peligrosidad y deterioro
físico. Luego, deberá establecer el costo para eliminar
los factores de deterioro físico. Sobre esa base, se deberá
321
crear un Plan de Incentivos para progresivamente ir
eliminando los signos de deterioro. Esto permitirá
un control temprano de focos de expansión delictiva.
En forma independiente a lo anterior, es importante
crear un programa de iluminación en zonas de peligro
latente. Este puede ser el primer paso del Plan de
incentivos. 
3.1.4 Programa de apoyo por victimización reiterada
a causa de robo de hogares. 
La alta victimización reiterada en el Perú genera
costos personales (por lo robado) e institucionales
(por la confianza perdida en la institución policial).
Cuando estos casos sean detectados, el municipio en
conjunto con la Policía deberá entregar información
sobre prevención, brindar soporte emocional y, en
casos que lo amerite, entregar e instalar gratuitamente
mecanismos de seguridad (candados, trancas, rejas,
cámaras de vigilancia en la cuadra, etc.) para evitar
futuros robos en viviendas con probado nivel de
vulnerabilidad. 
3.1.5 Promover el fortalecimiento y la creación de
juntas vecinales. 
El fortalecimiento de estas formas de organización pasa
por tres aspectos. En primer lugar, la motivación. No
todos los vecinos están interesados en participar en una
junta vecinal. Por ello es importante crear campañas
de información e incentivos para la participación (se
puede pensar en descuentos en locales comerciales,
tal como varias municipalidades ofrecen a sus buenos
contribuyentes). En segundo lugar, es necesaria la
provisión de conocimientos y herramientas para
ejercer vigilancia sobre su municipalidad. Esto implica
sensibilizarlos e informarlos sobre el derecho de
transparencia y acceso a la información pública, y
saber cómo accionarlo para solicitar información útil.
En tercer lugar, sobre la base de lo anterior, se deben
proveer de herramientas para que los ciudadanos de las
juntas vecinales puedan realizar un mejor diagnóstico
de su distrito y entablar una relación de vigilancia
y de acercamiento con sus autoridades (liderazgo,
competencias mínimas para el análisis de la política
pública a nivel local, etc.) 
3.1.6 Instalación en locales comerciales de alertas
comunales con conexión directa a la comisaría más
cercana. 
Para mejorar el tiempo de respuesta de la Policía y
generar mayor confianza, se propone la instalación
de sistemas de alerta ubicados en locales comerciales
(bodegas, farmacias, tiendas menores, etc.). La alerta
irá en forma directa a la comisaría más cercana y
en forma georeferenciada. El sistema debe contar
con botones para diferentes tipos de emergencia, lo
que permitirá una mejor asignación de los recursos
policiales. 
3.1.7 Concurso de buenas prácticas entre comisarías
y entre gobiernos locales 
Su éxito no está en la simple identificación de buenas
prácticas. Sus resultados positivos dependerán de
que las prácticas ganadoras sean luego estructuradas
en programas para ser replicados en otras zonas,
en mantener el liderazgo que las propulsó y en
otorgar incentivos positivos para su sostenibilidad.
Este concurso debe ser promovido por el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana, quien además
debe encargarse de convertir cada buena práctica en
“franquicias” replicables en otras realidades. 

3.2 Focalización en niños, niñas y adolescentes:
intervención temprana y oportunidades 

3.2.1 Programas nacionales en escuelas públicas
para el control de conductas antisociales 
Estos programas deben involucrar a niños, niñas,
adolescentes y a sus padres. Con los primeros, se deben
desarrollar habilidades sociales, control emocional,
razonamiento moral, resilencia, planificación de vida,
y respeto a la diversidad étnica y sexual. El trabajo con
grupos adolescentes deberá también enfocarse en el
uso responsable del alcohol. Con los padres se deben
fortalecer factores protectores, establecer prácticas de
crianza saludables así como técnicas de crianza bajo
situaciones de consumo de alcohol y/o drogas por
parte de padres y/o hijos, entre otros objetivos. 
3.2.2 Programa nacional de inserción laboral
para jóvenes en situación de riesgo y adolescentes
infractores de la ley penal. 
Este programa debe enfocarse en la generación de
competencias de corto plazo para adolescentes con
factores de riesgo (violencia familiar, consumo de
alcohol o drogas, abandono del hogar, etc.), buscando
que tales competencias sean las que el mercado exija.
Se pueden crear convenios con empresas para que
sean ellas mismas las que soliciten las competencias
necesarias. Un programa similar debe estar enfocado
en adolescentes que han infringido la ley penal.
En este caso, además, se les debe brindar sostén
psicológico, acompañamiento a la familia, y monitoreo
de conductas antisociales con el fin de reducir la
reincidencia, y promover entre los jueces la aplicación
del internamiento solo como un último recurso. 

3.2.3 Reducción de la deserción escolar 
Mediante la ampliación del Programa “Beca Doble
Oportunidad” del Ministerio de Educación hacia
grupos menores de 17 años (actualmente está enfocado
a personas entre 17 y 25 años). Posteriormente,
este programa debe ampliarse a quienes dejaron
la escuela primaria. Por ley, se debe establecer la
obligatoriedad que los colegios públicos y privados
reporten al Ministerio de Educación sobre el número
322
y datos de los niños, niñas y adolescentes que han
dejado el colegio a medio año y de aquellos que no
se han matriculado en el año escolar. Además, dado
que la deserción es más alta en mujeres, es importante
reducir el embarazo adolescente, mediante programas
de información sobre educación sexual y de derechos
de la mujer, así como programas de apoyo social y salud
a madres adolescentes. Dado el impacto del Programa
Juntos sobre la pobreza, se recomienda aumentar la
transferencia monetaria para familias con hijas en
escuela secundaria. En un inicio, estos programas
deben focalizarse en distritos con alta deserción
escolar, para luego masificarse al resto de distritos con
una problemática de deserción de menor intensidad. 

3.3 Policía Nacional del Perú y Comisarías: servicio,
información y gestión 

3.3.1 Implementación progresiva del Plan Cuadrante
en distritos de criminalidad alta y media.
 
La coordinación entre gobiernos locales y las
comisarías es esencial. Previamente se debe atender
la necesidad de producir estadísticas de calidad y
georeferenciadas. Toda esta información debe ser
unificada, responder a un único programa y con
la capacidad de ser centralizada en el Ministerio
del Interior para propiciar un análisis integral e
interdistrital. Además, se deberán crear programas
de inducción y capacitación permanente en análisis
delictivo dirigido a policías. 
3.3.2 Programa de presencia y desplazamiento
policial 
Sabiendo que la presencia policial genera confianza
en la ciudadanía y reduce las oportunidades en la
comisión de delitos, es importante fortalecer la
presencia de policías en calles y lugares estratégicos.
La presencia policial debe enfocarse en tres tipos de
escenarios: de alta criminalidad (en función a tasas de
victimización), de altas oportunidades de aparición
de delitos (paraderos, puentes, zonas oscuras,
lugares deteriorados físicamente) y de importante
densidad comercial (centros y zonas comerciales). La
identificación de tales escenarios debe estar basada de
preferencia en mapas del delito distritales, información
de las comisarías y de la propia comunidad. La
presencia policial debe tener como segundo objetivo
la socialización de los efectivos policiales con las
personas de la zona con el fin de generar mayor
confianza y acercamiento a la población. 
3.3.3 Implementación de un sistema de llamadas
de emergencia redirigidas automáticamente a
patrulleros 
Actualmente todas las llamadas de emergencia al
105 son recibidas en una central telefónica que luego
deriva el caso a algún patrullero cercano al lugar de los
hechos. Esto genera costos de transacción, aumenta el
tiempo de respuesta y crea una distancia entre quien
genera la llamada y el policía que finalmente atiende
la situación en forma presencial. En su lugar, se debe
crear un sistema que automáticamente redireccione las
llamadas hechas al 105 hasta el patrullero más cercano
al lugar de quien llama. Esto reduciría el tiempo de
respuesta, generaría lazos entre los vecinos y los
policías que contestan las llamadas y luego acuden al
lugar de los hechos y crearía incentivos positivos para
la vigilancia policial local. En Chile, se implementó un
programa similar que fue desestimado por un problema
que también afecta al Perú: el alto número de llamadas
falsas hechas a los números de emergencia. En el Perú,
la Ley 29994, aprobada en octubre del 2012, prohíbe
la realización de llamadas falsas, abusivas, bromistas,
amenazantes, injuriosas o generadora de error en las
centrales telefónicas de emergencia y urgencia. Dicha
norma impone una sanción de 5% de una Unidad
Impositiva Tributaria (S/ 185 en el 2015) a quien
realice estas llamadas y en casos de reincidencia se
duplica la multa e incluso se puede llegar a cancelar el
servicio telefónico. La implementación de esta norma
está en espera hasta que su Reglamento sea publicado
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
3.3.4 Creación en el Ministerio del Interior de una
unidad o grupo especializado en el uso de métodos
estadísticos avanzados para estudiar la delincuencia
común 
Este grupo debe ser el referente en la institución
para el análisis delictual. Deberá recibir formación
especializada. El contenido y su dictado pueden
estar a cargo de universidades públicas y privadas.
Además, esta unidad deberá ser la que testee los
mejores métodos para el análisis delictual que luego
serán aplicados por las comisarías y las unidades
de investigación criminal. Asimismo, debe realizar
evaluaciones de impacto sobre las intervenciones,
programas, iniciativas y operativos y analizar costoefectividad, con miras a poder proveer, en forma
constante, de información sobre qué funciona para
reducir la delincuencia, bajo qué condiciones y cómo
hacer replicables las experiencias exitosas. 
3.3.5 Caja de herramientas de análisis delictual para
los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana 
El análisis que actualmente realizan las comisarías se
debe potenciar y mejorar. Ello pasa por estandarizar
a nivel nacional (sin perder particularidades locales)
los indicadores distritales (sociales, económicos y
delictivos). Esos indicadores deben servir para crear
reportes estándar donde se introduzca información
estadística y se obtengan automáticamente
indicadores (incluyendo reporte de frecuencias,
variaciones diarias, semanales, mensuales y anuales,
correlaciones, regresiones y otros). Estas medidas
deben ser complementadas con capacitación en el uso
y aprovechamiento de la data producida así como con
estrategias de acción.
323 
3.3.6 Desarrollo de competencias de análisis
delictivo en las Escuelas de oficiales y Sub Oficiales 
Es importante crear programas de formación
especializados que se inserten en el currículo de
las Escuelas de oficiales y sub oficiales, además de
proveer cursos más avanzados para oficiales en
grados mayores. También es importante crear una
especialidad de análisis delictivo, de tal forma que sirva
como incentivo para la carrera policial. Los convenios
con universidades pueden facilitar el desarrollo de
esta iniciativa. 
3.3.7 Plan “Puerta por Puerta” de parte de la
comisaría 
Parte de la desconfianza en la policía reposa en que
el contacto con los policías se da en un contexto
negativo (robo, asalto, etc.), ofreciendo un espacio
para asociar dicha negatividad al servicio policial y las
carencias en que es brindado. Es importante revertir
dicha lógica. Ello pasa por implementar un programa
en el que el comisario visite aleatoriamente un número
determinado de viviendas por semana. El objetivo
es que las personas conozcan al comisario, que haya
desplazamiento policial, que se recojan los problemas
y las expectativas de los vecinos y que se cree un
mayor sentido de vigilancia en el barrio. 
3.3.8 Plan de incentivos para la reducción de la
delincuencia en las comisarías 
El plan debe estar basado en el número de detenciones
pero sobre todo en la ejecución de actividades
preventivas y el apoyo y relación con los gobiernos
locales, los comités de seguridad ciudadana y la
comunidad. Los incentivos pueden abarcar desde
bonos económicos para el policía y la mejora de la
comisaría hasta puntaje adicional para el ascenso. 
3.3.9 Mejora del sistema de denuncias en las
comisarías con retroalimentación al denunciante 
Parte de las razones del sub registro de denuncias es
la sensación ciudadana de la escasa utilidad al hacerlo.
Revertir esta situación implica muchas aristas, entre
las cuales se puede potenciar dos. En primer lugar,
mejorar la calidad de atención en las comisarías
mediante capacitación a policías y protocolos de
atención y la generación de incentivos para cumplirlos.
Las capacitaciones deben hacer énfasis en los derechos
de los denunciantes y en el respeto a la diversidad
sexual y étnica. En segundo lugar, es necesario
generar una retroalimentación positiva entre la policía
y el ciudadano luego de su denuncia. En este punto,
el programa debe incluir una comunicación (escrita
o telefónica) de parte del comisario hacia quien
interpuso la denuncia. El objetivo es que le informen
sobre lo sucedido, las acciones tomadas o por tomar y
el estado de su denuncia. 
3.3.10 Institucionalizar un programa permanente de
canje de armas por computadoras o dinero 
Con el fin de retirar las armas en posesión ilegal,
se recomienda implementar en forma permanente
un programa que permita su entrega (sin que
medie sanción) a cambio de dinero en efectivo o
computadoras. El bien entregado puede variar en
forma (tablets, celulares u otros) o incluso se puede
ofrecer otro tipo de incentivos como cursos cortos
sobre emprendimiento o microempresa. Es importante
mantener una estrategia de publicidad fuerte que
genere los incentivos para la entrega de las armas. 
3.3.11 Diseño de una estrategia nacional de
reducción de mercados de objetos robados 
De manera articulada, los gobiernos locales y el
Ministerio del Interior deben diseñar una estrategia
para la identificación y eliminación permanente de
los mercados de objetos robados. Previamente se debe
identificar los puntos conocidos de venta pero también
los puntos de venta al menudeo. Es importante conocer
las estrategias de los proveedores y de los vendedores,
mediante técnicas de inteligencia apropiadas, en
combinación con campañas de información hacia el
público comprador y la ciudadanía en general. 
crimsejus%20seguridad%20ciudadana Delincuencia común y seguridad ciudadana en el Perú: Políticas de prevención y control

Hernández Breña, W. (2016). Delincuencia común y seguridad ciudadana en el Perú: Políticas de prevención y control (trabajo presentado en la Conferencia Académica Anual del Consorcio, octubre, 2015). En Consorcio de Universidades (Ed.), Metas del Perú al Bicentenario (pp. 315-325). Lima: Consorcio de Universidades.

Funcionarios del INPE con capacidad de decisión

funcionarios%20INPE Funcionarios del INPE con capacidad de decisión

APELLIDOS Y NOMBRES

RONCALLA DURAND MANUEL BRAULIO Director de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE RP N° 272-2022-INPE/P 29/11/2022
VALDEZ LOPEZ ROCIO MAGNOLIA Director de la Dirección de Medio Libre del INPE RP N° 061-2020-INPE/P 21/02/2020
YLLACONZA PALACIOS TOMAS MAXIMO Director de la Dirección de Tratamiento Penitenciario del INPE RP N° 024-2023-INPE/P 18/01/2023
LUNA QUISPE LUCILA VIOLETA Director de la Dirección de Registro Penitenciario del INPE RP N° 299-2020-INPE/P 14/09/2020
CHAMBILLA HUARAHUARA FANNY MARGOT Jefe de Equipo de Contabilidad del INPE RP N° 043-2023-INPE/P 01/02/2023
LOZADA RODRIGUEZ GUISSELLE PATRICIA Asesora de la Gerencia General del INPE RP N° 099-2023-INPE/P 03/04/2023
FARIAS AGUIRRE EDILBERTO ALEJANDRO Jefe de la Oficina de Sistemas de Información del INPE RP N° 034-2023-INPE/P 24/01/2023
SANCHEZ GUERRERO JANET MARINA Asesora del Consejo Nacional Penitenciario del INPE RP N° 257-2022-INPE/P 21/11/2022
CONDORI ZACARIAS DERY HORTENCIA Jefe de Equipo de Adquisiciones y Programación del INPE RP N° 141-2021-INPE/P 06/05/2021
MAVILA PACHECO LISSETTE ELENA Asesora del Consejo Nacional Penitenciario del INPE RP N° 078-2022-INPE/P 07/04/2022
LINARES CASTILLO DE TAM MARIASELA LUCERO Jefe de la Oficina de Asuntos Internos del INPE RP N° 074-2022-INPE/P 06/04/2022
RIOS DELGADO ALEJANDRO MOISES Asesor del Consejo Nacional Penitenciario del INPE RP N° 037-2023-INPE/P 26/01/2023
LUJAN DEL CARPIO MARCOS ANTONIO Jefe de la Unidad de Estadística del INPE RP N° 260-2021-INPE/P 15/10/2021
MARIN MORALES SARA MARGARITA Asesora de la Gerencia General del INPE RP N° 185-2019-INPE/P 24/07/2019
FERNANDEZ GRADOS LUIS ALBERTO Asesor de la Gerencia General del INPE RP N° 268-2022-INPE/P 29/11/2022
NEGRON MUÑOZ FERNANDO MOISES Asesor del Consejo Nacional Penitenciario del INPE RP N° 319-2020-INPE/P 28/09/2020
MIRANDA VARGAS KARIM Asesora de la Gerencia General del INPE RP N° 074-2023-INPE/P 13/03/2023
FUENTES MONTENEGRO MARIA ELSA Asesora del Consejo Nacional Penitenciario del INPE RP N° 029-2023-INPE/P 19/01/2023
SALDAÑA URIARTE GERARDO MARTIN Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del INPE RP N° 260-2021-INPE/P 15/10/2021
ALBUJAR VELASQUEZ LUIS MARCO Gerente General de la Gerencia General del INPE RP N° 006-2023-INPE/P 04/01/2023
MENDEZ IRIGOYEN OMAR MAURICIO Asesor del Consejo Nacional Penitenciario del INPE RP N° 005-2023-INPE/P 04/01/2023
VEGA RIVERA ELIAS DUANY Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del INPE RP N° 003-2023-INPE/P 04/01/2023
ARCOS TAPIA JAVIER HUMBERTO Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INPE RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ROJAS ALMEYDA JESUS SANTOS Coordinador de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SILVA ZUÑIGA VIRGILIO Jefe de la Oficina General de Administración del INPE RP N° 266-2022-INPE/P 28/11/2022
LIENDO PINEDA RENZO CARLO Asesor de la Oficina General de Administración del INPE RP N° 260-2022-INPE/P 22/11/2022
VEGA ROJAS EDWARD ALBERTO Asesor del Consejo Nacional Penitenciario del INPE RP N° 044-2023-INPE/P 01/02/2023
CUELLAR VASQUEZ MARCO ANTONIO Director de la Dirección Regional de la OR. Sur Oriente RP N° 107-2023-INPE/P 10/04/2023
RAMOS SOSA JENY Director de la Dirección Regional de la OR. Sur RP N° 015-2023-INPE/P 13/01/2022
ESTRADA TARRILLO GLORIA AURELIA Director de la Dirección Regional de la OR. Oriente RP N° 242-2021-INPE/P 24/09/2021
FERNANDEZ RUIZ LUIS MARTIN Director de la Dirección Regional de la OR. Norte RP N° 131-2023-INPE/P 26/04/2023
RUIZ RUIZ JUAN Director de la Dirección Regional de la OR. Nor Oriente RP N° 278-2022-INPE/P 13/12/2022
GUEVARA MENDOZA MILTON CESAR Director del EP. Modelo Ancón de la OR. Lima RP N° 136-2023-INPE/P 27/04/2023
JUAREZ ZAPANA HERNAN ALONSO Director del EP. Miguel Castro Castro de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
HARO HUAPAYA SERGIO ANTONIO Coordinador del Grupo de Operaciones Especiales de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MURRIEL MESTANZA CARLOS ALFREDO Director de la Dirección Regional de la OR. Lima RP N° 017-2023-INPE/P 13/01/2023
VEGA MIRANDA PAUL MARCELO Jefe del EP. Lurigancho – Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SALAZAR CAPCHA LUIS ALBERTO Director del EP. Callao de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
VALDIVIA REYES WENCESLAO WALTER Subdirector del EP. Lurigancho de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
PINO GUTIERREZ EDGARD WALTER Asesor de la Dirección Regional de la OR. Lima RP N° 070-2023-INPE/P 06/03/2023
FRANCO MEDINA CARLOS JOSE Director del EP. Ancón de la OR. Lima RP N° 008-2023-INPE/P 06/01/2023
SAMAME PEÑA ALEX Director del EP. Lurigancho de la OR. Lima RP N° 155-2022-INPE/P 19/07/2022
COLLADO FLORES CARLOS ALBERTO Subdirector de la Subdirección de Tratamiento Penitenciario del EP. Lurigancho de la OR. Lima RP N° 283-2021-INPE/P 12/11/2021
RODRIGUEZ LOAIZA EUFEMIA Director de la Dirección Regional de la OR. Centro RP N° 016-2023-INPE/P 13/01/2023
RAMOS SEDANO RICHARD ANTONIO Director del EP. Challapalca de la OR. Altiplano RP N° 063-2023-INPE/P 01/03/2023
SAAVEDRA TUPACYUPANQUI WILDER EDDINSON Director de la Dirección Regional de la OR. Altiplano RP N° 259-2022-INPE/P 21/11/2022
HORNA MELO CATALINA JULIETTA Jefe de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria de la Infraestructura RP N° 020-2023-INPE/P 13/01/2023
ARAUJO COLQUEHUANCA JULIO CESAR Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos de la Infraestructura RP N° 103-2023-INPE/P 05/04/2023
JIMENEZ BORDA NATILDINA DIONISIA Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento de la Infraestructura RP N° 135-2023-INPE/P / RP N° 125-2023-INPE/P 27/04/2023 y 26/04/2023
CHUQUI CUSIMAYTA MARCO ANTONIO Director del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios – CENECP RP N° 013-2021-INPE/P 12/01/2021
QUISPE ZEVALLOS PERCY OMAR Jefe de Equipo de Transporte y Mantenimiento del INPE RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
OVIEDO ROSAS VERONICA TATIANA Subdirectora de la Subdirección de Asistencia Penitenciaria de la Dirección de Tratamiento Penitenciario del INPE RP N° 061-2023-INPE/P 01/03/2023
CAJAN CHAVEZ MARIA YSABEL Subdirectora de la Subdirección de Educación Penitenciaria de la Dirección de Tratamiento Penitenciario del INPE RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MORE MAMANI SONIA Subdirectora de la Subdirección de Trabajo y Comercialización de la Dirección de Tratamiento Penitenciario del INPE RP N° 022-2023-INPE/P 18/01/2023
CAPCHA CORTEZ RONALD Auditor del Órgano de Control Institucional del INPE RC N° 129-2021-CG 28/05/2021
ACERO ROJAS LUIS ALBERTO Jefe de la Unidad de Organización y Métodos del INPE RP N° 198-2017-INPE/P 08/08/2017
ARCOS TAPIA JAVIER HUMBERTO Jefe de la Unidad de Presupuesto del INPE RP N° 228-2019-INPE/P y RP N° 172-2019-INPE/P 15/07/2019
LOZADA RODRIGUEZ GUISSELLE PATRICIA Subdirectora de la Subdirección de Salud Penitenciaria de la Dirección de Tratamiento Penitenciario del INPE RP N° 099-2023-INPE/P 03/04/2023
FLORES VERA CARLOS Jefe de Equipo de Tesorería del INPE RP N° 036-2023-INPE/P 24/01/2023
SILVA ZUÑIGA VIRGILIO Jefe de la Unidad de Contabilidad y Tesorería del INPE RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ALVAREZ CHAUCA MANUEL Procurador de la Procuraduría del INPE RS N° 171-2018-JUS 05/11/2018
SALDAÑA URIARTE GERARDO MARTIN Jefe de Equipo de Remuneraciones y Desplazamientos del INPE RP N° 092-2023-INPE/P 27/03/2023
APAZA CASTILLO NATALY MILAGROS Jefe de Equipo de Beneficios Sociales y Bienestar de Personal del INPE RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CAÑARI ARCE CARLOS GERMAN MARTIN Procurador Público Adjunto de la Procuraduría del INPE RS N° 035-2019-JUS 01/02/2019
DELGADO URIBE LEONCIO Tercer Miembro del Consejo Nacional Penitenciario del INPE RS N° 036-2023-JUS 08/02/2023
FERNANDEZ GRADOS LUIS ALBERTO Secretario Técnico de la Ley N° 30057 del INPE RP N° 269-2022-INPE/P 29/11/2022
RODRIGUEZ HUAMAN ULDA FLOR Jefe del Centro de Documentación y Archivo del INPE RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
YUPANQUI FABIAN MARYLIN ROSARIO Jefe de Equipo de Almacén y Control Patrimonial del INPE RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SANCHEZ GUERRERO JANET MARINA Jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional del INPE RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ESPADA JARAMILLO SMITH DINO Jefe de la Unidad de Planeamiento del INPE RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ORTEGA TRIVEÑO ESTUNDER ELJAER Secretario Técnico del Tribunal Disciplinario del INPE RP N° 330-2021-INPE/P 21/12/2021
FUENTES MONTENEGRO MARIA ELSA Coordinador de la Unidad Funcional de Cooperación y Asuntos Internacionales del INPE RP N° 030-2023-INPE/P 19/01/2023
LLAQUE MOYA FEDERICO JAVIER Presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE RS N° 248-2022-JUS 14/12/2022
FLORENTINI CASTAÑEDA MARLON WILBERT Vicepresidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE RS N° 080-2023-JUS 14/04/2023
SALAS PICON EMMA QUEELI Subdirectora de la Subdirección de Seguridad de Penales y Traslados de la Dirección de Seguridad Penitenciaria del INPE RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
LIENDO PINEDA RENZO CARLO Jefe de la Unidad de Logística del INPE RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
OCHOA CHEVARRIA GUSTAVO Jefe de Equipo de Contabilidad y Tesorería de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ANCHARI GARCIA CARLOS ZENON Jefe de la Unidad de Control Regional de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ESPINOZA ENCISO ESTHER MARIA Jefe de Equipo de Asesoría Jurídica de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
LINARES PUCLLA ALEJANDRINA Directora del EP. Mujeres de Cusco de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
OLIVERA BRAVO CARLOS Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
QUEZADA MARQUEZ JOEL FRANKLIN Subdirector de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Sur Oriente RP N° 121-2023-INPE/P 24/04/2023
USNAYO FERRO DANNY RICHARD Jefe de Equipo de Sistemas de Información de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
VILLAFUERTE ZARATE MARIO Director del EP. Cusco de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
VALLENAS ORTEGA MARIO Subdirector de la Subdirección de Tratamiento Penitenciario de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ASTETE GARCIA RUBEN Subdirector de la Subdirección de Registro Penitenciario de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
PONCE DE LEON CCOSCCO HENRY MICHAEL Subdirector del EP. Cusco de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CIPRIAN USCA RAUL Director del EP. Puerto Maldonado de la OR. Sur Oriente RP N° 105-2023-INPE/P 06/04/2023
HUAMAN SORIA RUPNER Director del EP. Andahuaylas de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CORREA TORRES EDISON Director del EP. Quillabamba de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
LUQUE CARRILLO ZENON Jefe del Departamento de Seguridad Penitenciaria del EP. Quillabamba de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
LUNA CHURRUCA RENE Director del EP. Sicuani de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
HUAMAN ACHIHUANCA OSCAR Jefe de la Sección de Seguridad Penitenciaria del EP. Sicuani de la OR. Sur Oriente RP N° 062-2023-INPE/P 01/03/2023
CHAMBI CHUCTAYA JESUS ARTURO Director del EP. Abancay de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
RODAS CHIARELLA OSCAR ABEL Jefe de Equipo de Logística de la OR. Sur Oriente RP N° 071-2023-INPE/P 06/03/2023
CARDENAS VILLAVICENCIO DANNY GUIDO Jefe de Equipo de Recursos Humanos de la OR. Sur Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MONTALVO TORRES MARCO ANTONIO Unidad de Administración RP N° 143-2022-INPE/P 06/07/2022
COYLA ZELA FREDY EDUARDO Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la OR. Sur RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
GALLEGOS LLERENA WILFREDO ROBERTO Jefe de la Unidad de Control Regional de la OR. Sur RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MENDOZA AIMA DIONISIO JULIO Jefe de Equipo de Asesoría Jurídica de la OR. Sur RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MILON NEGRON DEYANIRA MARIANNELA BERNARDETH Jefe de Equipo de Contabilidad y Tesorería de la OR. Sur RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
RETAMOZO SANTA CRUZ FRANCISCO JAVIER Jefe de Equipo de Recursos Humanos de la OR. Sur RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
NEYRA PARIAPAZA GABRIEL JESUS Director del EP. Moquegua de la OR. Sur RP N° 018-2023-INPE/P 13/01/2023
CACERES DUEÑAS ALODIA ADELINA Jefe del EAPP y EPLD – Yanahuara de la OR. Sur RP N° 109-2023-INPE/P 11/04/2023
CHAVEZ OCHOA DE SARMIENTO JUANA Subdirector de la Subdirección de Tratamiento Penitenciario de la OR. Sur RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SALCEDO ESPINOZA MARCO ANTONIO Subdirector de la Subdirección de Registro Penitenciario de la OR. Sur RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
PINEDO URETA WILSON JHON Director del EP. Arequipa de la OR. Sur RP N° 149-2023-INPE/P 09/05/2023
VALDIVIA MOJOROVICH GUILLERMO CLETO Subdirector del EP. Arequipa de la OR. Sur RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ANCALLE TICONA MARINA VICTORIA Subdirectora de la Subdirección de Tratameinto Penitenciario del EP. Arequipa de la OR. Sur RP N° 113-2023-INPE/P 18/04/2023
PONCE CHAQUILLA ELIZABETH NORMA Jefe de la Sección de Seguridad Penitenciaria del EP. Mujeres Arequipa de la OR. Sur RP N° 109-2023-INPE/P 11/04/2023
LLERENA PEREZ JOSE HILARIO Jefe del EP. Camaná – Departamento de Seguridad Penitenciaria de la OR. Sur RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
VALENCIA CJURO WILDER Subdirector de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Sur RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SAINZ RAYMUNDO LILY JANNET Director del EP. Mujeres de Arequipa de la OR. Sur RP N° 146-2023-INPE/P 09/05/2023
GOMEZ QUIROZ JAEL LEONEL Director del EP. Camaná de la OR. Sur RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
GONZALES RODRIGUEZ OLGA Director del EP. Mujeres de Tacna de la OR. Sur RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CHAÑI MAMANI BERNARDINO Director del EP. Tacna de la OR. Sur RP N° 109-2023-INPE/P 11/04/2023
LLERENA PONCE FEDERICO JAVIER Jefe de la Unidad de Administración de la OR. Sur RP N° 316-2021-INPE/P 07/12/2021
CESPEDES AGUIRRE GILMAR Jefe de Equipo de Asesoría Jurídica de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CAPCHA GIRON ANGEL TEODORO Director del EP. Cerro de Pasco de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MORALES ESPINOZA MELCHOR NICANOR Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SANCHEZ CALERO ADRIANO CESAR Jefe de Equipo de Logística de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
PORTOCARRERO MALPARTIDA DEYVI Jefe de Equipo de Contabilidad y Tesorería de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
RUIZ TELLO ELMER Director del EP. Huánuco de la OR. Oriente RP N° 080-2023-INPE/P 22/03/2023
AQUINO GUARDALES NELLY GLADYS Subdirector de la Subdirección de Tratamiento Penitenciario de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CARAZAS ZACACA NANCY Subdirector de la Subdirección de Registro Penitenciario de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
URBIZAGASTEGUI GOMEZ RULI FRANKLIN Subdirector del EP. Huánuco de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
REBATA WONG HECTOR ENRIQUE Jefe del EP. Huánuco – Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Oriente RP N° 080-2023-INPE/P 22/03/2023
CALERO GONZALES PAUL ANDER Subdirector del EP. Pucallpa de la OR. Oriente RP N° 085-2023-INPE/P 22/03/2023
SOVERO FERNANDEZ JHON ANTONIO Jefe de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria del EP. Pucallpa de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CASTILLO DOMINGUEZ AMADOR Director del EP. Cochamarca de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MEDINA BELLIDO JOSE ANTONIO Subdirector del EP. Cochamarca de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
GUILLEN QUICAÑA ROBERT LUIS Jefe del EP. Cochamarca – Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MITMA DE LA CRUZ ROLANDO Director del EP. Pucallpa de la OR. Oriente RP N° 080-2023-INPE/P 22/03/2023
PITA SALDAÑA EBER Subdirector de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ALEGRIA BARRIGA JESUS RUBEN Jefe de la Unidad de Administración de la OR. Oriente RP N° 031-2023-INPE/P 20/01/2023
CALLUPE GUZMAN ENNIO ALBERTO Jefe de Equipo de Sistemas de Información de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MEZA SEGURA DIETER ANIBAL Jefe de Equipo de Recursos Humanos de la OR. Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CANALES ZAPATA LUIS GERMAN Jefe del Departamento de Seguridad Penitenciaria del EP. Tumbes de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
GOMEZ CANGO MARTIN Director del EP. Tumbes de la OR. Norte RP N° 086-2023-INPE/P 24/03/2023
CASTILLO NIÑO JOSE JAVIER Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
GUIVAR OBANDO SARITA DEL CARMEN Jefe del EP. Pacasmayo – Sección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SECLEN FALLA JESSICA PAOLA Jefe de Equipo de Asesoría Jurídica de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
TORO GONZALES JEAN PAUL Jefe de Equipo de Sistemas de Información de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SALAS HERRERA WILLIAM ADOLFO Subdirector de la Subdirección de Registro Penitenciario de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CHIRINOS ALVARADO GUERY HENRY Subdirector de la Subdirección de Medio Libre de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
PARIATON GARCES EDGAR ABEL Jefe del EP. Piura – Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
NUÑEZ ROQUE CESAR AUGUSTO Director del EP. Trujillo de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ARANCIBIA VILLAMONTE JOHN LUGGI Subdirector del EP. Trujillo de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CHERO MARRERO CARLOS FELIPE Jefe del EP. Trujillo – Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
RIVAS ARANA ZULMI NAIR Director del EP. Chiclayo de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
GUTIERREZ ZAMBRANO WALTER ENRIQUE Subdirector del EP. Chiclayo de la OR. Norte RP N° 121-2023-INPE/P 24/04/2023
GRANADOS CRUZ MARIO FERNANDO Director del EP. Cajamarca de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
HUAMAN CUEVA WILFREDO Jefe del EP. Cajamarca – División de Seguridad Penitenciaria de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
LINARES HUAMAN ABIMELE Director del EP. Jaén de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MELENDEZ SANCHEZ DELIDA ELIZABETH Director del EP. Mujeres de Trujillo de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SOSA GARCIA MARIA MILAGROS Director del EP. Sullana de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SIRLOPU CAJUSOL SILVIA ROSMERY Director del EP. Pacasmayo de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
RUEDA CASTILLO YNDAR Director del EP. Chota de la OR. Norte RP N° 121-2023-INPE/P 24/04/2023
VERGARA HIYO ALEX WILSON Director del EP. San Ignacio de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MORALES GALVEZ ANTONIO FERNANDO Jefe de la Unidad de Administración de la OR. Norte RP N° 325-2020-INPE/P 30/09/2020
PAZ PAICO MONICA GISSELL Jefe de Equipo de Recursos Humanos de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
TAPIA DAVILA LUZ YALILI Jefe de Equipo de Contabilidad y Tesorería de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
FERNANDEZ MONTENEGRO JORGE YOVANY Jefe de Equipo de Logística de la OR. Norte RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SOPLAPUCO VELASQUEZ JAVIER LEONIDAS Jefe del EP. Chiclayo – División de Seguridad Penitenciaria de la OR. Norte RP N° 121-2023-INPE/P 24/04/2023
ARCE LAZO DANIEL ANTONIO Jefe de Equipo de Contabilidad y Tesorería de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
AREVALO TANANTA RULLER TOMAS Jefe de Equipo de Recursos Humanos de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
BUSTAMANTE CHICHIPE EUDES GONZALO Subdirector del EP. Tarapoto de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
DETT NECIOSUP LUIS NORBIL Jefe de Equipo de Asesoría Jurídica de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ESPINOZA ROJAS ANGELICA BEATRIZ Director del EP. Mujeres de Iquitos de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SALDAÑA PEZO HAROL ERICK Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SANCHEZ TORRES FIDENCIO MERLIN Director del EP. Yurimaguas de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
VILCA NUÑEZ TELMO NOLASCO Subdirector del EP. Iquitos de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
VILLAR MENDOZA LINDON FERNANDO Subdirector del EP. Chachapoyas de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
RIMACHI PINEDO MANUEL RONIXON Subdirector del EP. Pampas de Sananguillo de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CHAVEZ VARGAS RONALD Director del EP. Bagua Grande de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
TRUJILLO PORTUGAL CARLOS ALBERTO Subdirector de la Subdirección de Tratamiento Penitenciario de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ALVAREZ VALDIVIA FANNY MERCEDES Subdirector de la Subdirección de Registro Penitenciario de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ORTIZ URQUIA WILLY DANIEL Subdirector de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
YUPANQUI ASTETE NOHEMI AURORA Director del EP. Chachapoyas de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ZAPATA ROQUE SANTOS DELCIA Director del EP. Iquitos de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
PINEDO ROJAS JUAN ALBERTO Jefe del EP. Iquitos – Departamento de Seguridad Penitenciaria de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
VASQUEZ ACO HUGO LUIS Director del EP. Tarapoto de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ROJAS ALANOCA, MARIO ADALID Jefe del EP. Tarapoto – Departamento de Seguridad Penitenciaria de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
LARA QUESADA TOMAS ABSALON Director del EP. Juanjui de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
REZA HUAMAN ISAAC Jefe del EP. Juanjui – Departamento de Seguridad Penitenciaria de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SANTILLAN SALDAÑA ESDRAS Jefe del EP. Moyobamba – Departamento de Seguridad Penitenciaria de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MACHUCA LLANOS MARCEL Director del EP. Pampas de Sananguillo de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MELENDEZ INGA CARLOS ANDRES Jefe del EP. Pampas de Sananguillo – Departamento de Seguridad Penitenciaria de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
JULCA HERRERA SERGIO SAUL Jefe del EAPP y EPLDD – Tarapoto de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MEDINA BARDALEZ KEILA Jefe de Equipo de Logística de la OR. Nor Oriente RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CAMPOS CONTRERAS LUIS PERCY Jefe de la Unidad de Administración de la OR. Nor Oriente RP N° 154-2021-INPE/P 24/05/2021
BOCANGEL BEJAR ANADELA EVELYN Jefe de Equipo de Contabilidad y Tesorería de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CUTTI SUELDO ALEXANDER MAXIMO Jefe de la Unidad de Control Regional de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CHAVEZ ALBORNOZ BERTONI SEVERIANO Subdirector del EP. Huacho de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
DIONICIO MEJIA MANUEL EDWIN Jefe de Equipo de Logística de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
LUYO ROBLES LESLY LUPE Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
PACHECO TOMAS IVAN JESUS Jefe de Equipo de Sistemas de Información de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
RIMACHI JORGE SARAI ZARELA Jefe de Equipo de Prensa y Relaciones Públicas de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SALAZAR ALVAREZ EDWIN Director del EP. Huaral de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SANDOVAL MORENO HECTOR ALBERTO Director del EP. Barbadillo de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
FUERTES GRADOS WALTER ADOLFO Director del ETP. Callao de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
FALLA BACA WALTER Director del EP. Chimbote de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CUARESMA RODAS JAVIER Subdirector del EP. Ica de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ARRIARAN RIVERA RAY LENNON Subdirector de la Subdirección de Tratamiento Penitenciario de la OR. Lima RP N° 082-2023-INPE/P 22/03/2023
GUTIERREZ MAMANI CESAR ROBERTO Subdirector de la Subdirección de Registro Penitenciario de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SANTOS HUAPAYA VICTOR ANDRES Subdirector de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 070-2023-INPE/P 06/03/2023
TEJADA SALAS ALFREDO Subdirector de la Subdirección de Medio Libre de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CALATAYUD ALEGRE SONIA CONSTANTINA Director del ETP. Lima de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
APARCANA RAMIREZ ANDRES RICARDO Subdirector del EP. Callao de la OR. Lima RP N° 145-2023-INPE/P 09/05/2023
PERALES ANGULO CARLOS MIGUEL Subdirector del EP. Modelo Ancón de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
GARCIA ORTIZ CESAR ENRIQUE Subdirector del EP. Miguel Castro Castro de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MAMANI CAJCHAYA URIEL ORLANDO Jefe del EP. Miguel Castro Castro – Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CHANCA ESPINOZA ALCIDES MANUEL Director del EP. Cañete de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
VILLAR BENETRE ARMANDO DAVID SubDirector del EP. Cañete de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MACHUCA LLANOS ERWIN JAVIER Jefe del EP. Cañete – Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CHUQUIMBALQUI AREVALO PEDRO ELADIO Director del EP. Huacho de la OR. Lima RP N° 136-2023-INPE/P 27/04/2023
VERA SALAS OSCAR AUGUSTO Director del EP. Ica de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
LAZO PONSECA CARLOS ALBERTO Jefe del EP. Ica – Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
PACO MENDIGURI YURI AARON Subdirector del EP. Chimbote de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
FARFAN MARTINEZ ALFREDO JAVIER Jefe del EP. Chimbote – Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
LEVANO BORJAS JUAN EDILBERTO Jefe del EP. Chincha – División de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ROJAS BENAVIDES ANGELA MARGOT Director del EP. Mujeres de Chorrillos de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
GUTARRA NIQUEN ROXANA ANA MARIA Jefe del EP. Mujeres Chorrillos – Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SILVA URBINA CARLOS RUBEN Jefe del EP. Huaraz – Departamento de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CARDENAS SOLIS CHRYSTIAN DANIEL Subdirector del EP. Huaraz de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
LEZAMA GUTARRA MACJHONER Director del EP. Huaraz de la OR. Lima RP N° 136-2023-INPE/P 27/04/2023
TELLO YARIN JANETH Jefe del EP. Anexo Mujeres de Chorrillos – Departamento de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
TEJADA CABEZUDO CARMEN YSABEL Director del EP. Virgen de Fatima de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
LEON SOLIS MILUSKA ROCIO Jefe del EP. Virgen de Fátima – Departamento de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
SALAS LLERENA OMAR JORGE Director del EP. Virgen de La Merced de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CARLIN RUIZ SANTOS ENRIQUETA Subdirector del EAPP y EPLDD – Surquillo de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
PERALES HUAMANI DORION TOMAS Jefe del EAPP y EPLDD – Lima Norte de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
PERALTA APAZA LIZ PERESI Jefe del EAPP y EPLD – Callao de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CASTRO ESPIRITU JAIME Jefe del EP. Callao – Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ALVARADO ORTIZ MICAELA Director del EP. Anexo Mujeres de Chorrillos de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ROMERO PEREZ VALENTIN FERNANDO Jefe del EP. Huacho – Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MARCELO HERMOZA ROCIO ELIZABETH Jefe de la Unidad de Administración de la OR. Lima RP N° 115-2021-INPE/P 15/04/2021
SORIA VELASQUEZ ADA EMPERATRIZ Jefe de Equipo de Recursos Humanos de la OR. Lima RP N° 070-2023-INPE/P 06/03/2023
SALAZAR VILCAPOMA RAUL RUBEN Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la OR. Lima RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
DIAZ ALIAGA ARTURO ORLANDO Director del EP. Chincha de la OR. Lima RP N° 136-2023-INPE/P 27/04/2023
CONTRERAS PURIZACA EDWIN PAUL Jefe de Equipo de Contabilidad y Tesorería de la OR. Centro RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
MENDOZA CONDORI OSCAR Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la OR. Centro RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CARDENAS RUIZ JOSE MARTIN Jefe de Equipo de Logística de la OR. Centro RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
VALLADOLID CALDERON JULIO VICTOR Jefe de Equipo de Sistemas de Información de la OR. Centro RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
VILLAVICENCIO BACA GUIDO Director del EP. Huancayo de la OR. Centro RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
LAPA LOZANO ANANI Subdirector del EP. Huancayo de la OR. Centro RP N° 112-2023-INPE/P 18/04/2023
OYARZUN DELGADO JHIMMY DANIEL Jefe de la Unidad de Administración de la OR. Centro RP N° 056-2023-INPE/P 22/02/2023
RAMOS REYMUNDO ROGER Jefe de Equipo de Asesoría Jurídica de la OR. Centro RP N° 148-2023-INPE/P 09/05/2023
HERRERA PORRAS JOSE LUIS SubDirector de la Subdirección de Tratamiento Penitenciario de la OR. Centro RP N° 081-2023-INPE/P 22/03/2023
CORDOVA AMAYA DAVID MOISES Subdirector de la Subdirección de Registro Penitenciario de la OR. Centro RP N° 067-2023-INPE/P 04/03/2023
ZUÑIGA ANICAMA EDUARDO ISMAEL Subdirector de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Centro RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CORNEJO CASTRO MANUEL JESUS Director del EP. Ayacucho de la OR. Centro RP N° 057-2023-INPE/P 22/02/2023
POVIS CUADRADO EDGARD MAX Director del EP. Chanchamayo de la OR. Centro RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
ORE SANCHEZ ERNESTO MARTIN Director del EP. Río Negro de la OR. Centro RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
POVIS TORRES CARLOS ROBERTO Director del EP. Huancavelica de la OR. Centro RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
FLORES MUÑOZ LUIS RAFAEL Director del EP. La Oroya de la OR. Centro RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
GARCIA HURTADO GUALI ROSHI Director del EP. Huanta de la OR. Centro RP N° 141-2023-INPE/P 09/05/2023
CORDOVA VILLAR SIGFRIDO OMAR Director del EP. Tarma de la OR. Centro RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CONDOR AGUILAR ELIZABETH Director del EP. Jauja de la OR. Centro RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
GALLEGOS NINA SIXTO DARIO Jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la OR. Altiplano RP N° 012-2022-INPE/P 27/01/2022
HUARANCA ORTIZ RODOLFO ANGEL Jefe de Equipo de Asesoría Jurídica de la OR. Altiplano RP N° 105-2022-INPE/P 18/05/2022
HUERTAS GONZALES RICARDO SEGUNDO Jefe de Equipo de Sistemas de Información de la OR. Altiplano RP N° 012-2022-INPE/P 27/01/2022
MAMANI PEREZ ALEXANDER Jefe de Equipo de Contabilidad y Tesorería de la OR. Altiplano RP N° 012-2022-INPE/P 27/01/2022
MAMANI VENEGAS JESSICA Subdirectora de la Subdirección de Registro Penitenciario de la OR. Altiplano RP N° 012-2022-INPE/P 27/01/2022
ROSAS PAREDES MARIA CECILIA Jefe de la Unidad de Administración de la OR. Altiplano RP N° 012-2022-INPE/P 27/01/2022
SUCAPUCA LIPA WILSON JOEL Jefe de Equipo de Logística de la OR. Altiplano RP N° 012-2022-INPE/P 27/01/2022
MAMANI LAURA PERCY ROLANDO Subdirector de la Subdirección de Tratamiento Penitenciario de la OR. Altiplano RP N° 012-2022-INPE/P 27/01/2022
HERNANDEZ CRUZ CRISTHIAN JOEL Subdirector de la Subdirección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Altiplano RP N° 214-2022-INPE/P 11/10/2022
CORDOVA CAPUCHO WILLIAM SANTIAGO Director del EP. Juliaca de la OR. Altiplano RP N° 108-2022-INPE/P 11/04/2023
AGUILAR VALVERDE WILFREDO JESUS Subdirector del EP. Juliaca de la OR. Altiplano RP N° 108-2022-INPE/P 11/04/2023
VILLAFUERTE RODRIGUEZ JOE NICK Jefe del EP. Juliaca – División de Seguridad Penitenciaria de la OR. Altiplano RP N° 108-2022-INPE/P 11/04/2023
ROQUE QUISPE CESAR JAIME Director del EP. Puno de la OR. Altiplano RP N° 049-2022-INPE/P 10/03/2022
LOPEZ RAMIREZ FREDY SANDRO Jefe del EP. Puno – Departamento de Seguridad Penitenciaria de la OR. Altiplano RP N° 128-2022-INPE/P 17/06/2022
QUISPE TISNADO GLADYS EVANGELINA Director del EP. Lampa de la OR. Altiplano RP N° 012-2022-INPE/P 27/01/2022
PEREZ VELASCO ERIKA Jefe del EP. Lampa – Sección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Altiplano RP N° 012-2022-INPE/P 27/01/2022
RUELAS MAMANI MATILDE Jefe del EAPP y EPLDD – Puno de la OR. Altiplano RP N° 012-2022-INPE/P 27/01/2022
CAMAYO MERINO SHANKAR HENRI Jefe del EP. Challapalca – Sección de Seguridad Penitenciaria de la OR. Altiplano RP N° 108-2023-INPE/P 11/04/2023
ROQUE JOVE EDISSON Jefe de Equipo de Recursos Humanos de la OR. Altiplano RP N° 015-2021-INPE/P 27/01/2022
YARUPAITAN PICHIULE LUIS Jefe de Equipo de Administración del Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios – CENECP RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
BUSTIOS BLANCO INDHIRA Unidad de Capacitación y Formación RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023
CARREON INCA OMAR GREH Unidad de Investigaciones Criminológicas y Penitenciarias RP N° 010-2023-INPE/P 13/01/2023

Sentenciados de medio libre Cusco apoya en campaña de limpieza de centro arqueológico

El 23 de septiembre se llevaron a cabo dos jornadas de prestación de servicio comunitario en el Cusco. A las 9 horas, un grupo de 8 sentenciados se concentró en el Sitio Arqueológico Waqra Pukara para recuperar la zona. Esta actividad fue dirigida por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco.

Además, en coordinación con la Liga contra el Cáncer, otro grupo de 7 sentenciados llevó a cabo una actividad de colecta y despistaje de cáncer con el apoyo de sentenciados especializados en temas de salud.

El Establecimiento de Medio Libre del Cusco trabaja para promover la reinserción social positiva y la cultura de paz en la región.

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La dependencia emocional en hombres maltratadores de su pareja

Echeburúa, E., Amor, P. J., Sarasua, B., Zubizarreta, I., Camarillo, L. y Ferre, F. (2023). La dependencia emocional en hombres maltratadores de su pareja en tratamiento comunitario: un estudio piloto. Anuario de Psicología Jurídica, 33, 1-7. https://doi.org/10.5093/apj2022a1

Según la más reciente macroencuesta cuatrianual de Violencia contra la Mujer del Centro de investigaciones Sociológicas (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2020), el 14.2% (2,905,489) de las mujeres de 16 o más años residentes en España han sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja, actual o pasada, en algún momento de su vida y el 31.9% violencia psicológica (control, humillaciones, amenazas). Resulta, cuando menos, sorprendente que se pueda pasar del amor al odio en una relación de pareja estable y con frecuencia en un período de tiempo relativamente corto. Cuando el hombre experimenta un afecto y un placer intensos en la relación y genera expectativas altas respecto al futuro en un proyecto de vida compartido, la decepción si no se cumplen esas expectativas puede generar frustración, ira, odio e incluso conductas violentas (Lila et al., 2012; Muñoz y Echeburúa, 2016). Al margen de las razones múltiples y variables que dificultan a una mujer maltratada romper la vinculación con el maltratador (dependencia económica, amenazas, temor por el futuro de sus hijos, etc.) y poner fin al deterioro de la relación, los hombres maltratadores, a su vez, se resisten con frecuencia a dar por concluida una relación que les ha dejado de ser gratificante (Amor et al., 2006; Amor y Echeburúa, 2010).

Entender la resocialización en el ámbito penitenciario peruano

resocializacion%20medio%20libre%20inpe Entender la resocialización en el ámbito penitenciario peruano

Por: Edwin Ticlla Colunche

Psicólogo y sociólogo
eticllac@gmail.com

El sistema penitenciario peruano, depende del sistema de justicia que se administra en nuestro país, la gran cantidad de sanciones a fortalecido el régimen abierto, pero que sin embargo ha llegado a un punto de hacinamiento. El endurecimiento de las penas y otras causas.

La reinserción a la sociedad se refiere a reincorporar a la sociedad a las personas que cumplieron una condena en prisión y que ahora se encuentran en libertad, este es el fin del sistema penitenciario, que las personas se reinserten, una vez que hayan cumplido su pena y recibido tratamiento. En este caso, el Estado debe facilitar el acceso al empleo, la salud y otras variantes que se consideran como factores de riesgo, para para minimizar la posibilidad de que los individuos caigan en la reincidencia y vuelvan a delinquir.

En este ensayo busco describir de manera general el sistema penitenciario para luego entender las nuevas perspectivas de la resocialización tanto en medio abierto como en medio cerrado, lo primero como una alternativa con evidencia de reintegración a su comunidad, para que en medio cerrado se pueda mejorar el tratamiento con una mejor atención a la población diferenciada, como actualmente sigue la tendencia de las cárceles en el mundo, pero que en nuestro país el nivel de hacinamiento es una de la problemática que cada vez interfiere más en el tratamiento.

El tratamiento que reciben las personas privadas de su libertad y las personas con sentencias en Medio Libre, lo reciben a través de programas, en el primer caso con TAS, CREO y DEVIDA y extramuros con CAPAS, RETO, NO MÁS PROBLEMAS y FOCOS, que por problemas presupuestales atiende a una población reducida, sin embargo, los resultados han sido exitosos. Dichos programas han sido elaborados por los profesionales del INPE, quienes también hacen el monitoreo mensualmente.

A pesar de todo, será importante analizar los nuevos paradigmas en el sistema penitenciario en Latinoamérica y el mundo para poder alinearse y adaptarse, ya que producto de grandes investigaciones y ejecución de programas y elaboración de instrumentos de valoración de violencia, ha permitido elaborar estrategias, modelos de intervención y gestión de riesgo, en base a evidencia lo que permite una mayor efectividad en el tratamiento, tomando en cuenta también, que el sistema penitenciario no actúa solo, sino que tiene que trabajar de la mano con el sistema de justicia.

 I.                   
Estado actual del estado actual del
sistema penitenciario

La población del
sistema penitenciario nacional está compuesta por las personas procesadas con medidas
de detención y personas sentenciadas a pena privativa de libertad que se
encuentran en los establecimientos penitenciarios; personas liberadas con
beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional y personas
sentenciadas a pena limitativa de derechos que son atendidas en los establecimientos
de la dirección de Medio Libre.

Según las estadísticas que presenta el INPE (enero, 2019), la población del sistema penitenciario es de 113,460 personas. De ellos, 91,228 se encuentran en establecimientos penitenciarios y 22,178 personas asisten a establecimientos de Medio Libre. El interno que obtiene su libertad por beneficios penitenciarios se acerca a los establecimientos de Medio Libre a reportar sus actividades del mes; así como continuar con su tratamiento post penitenciario. Sin embargo, en algunos casos los beneficiarios no se apersonan a dar cuenta de sus actividades, por lo que el establecimiento de Medio Libre comunica a la autoridad judicial correspondiente sobre su incumplimiento, la cual evaluará su revocatoria. La población penitenciaria tiende a crecer año tras año.

Los datos anteriores permiten mencionar el tema del hacinamiento, la capacidad de albergue evidenciaba un hacinamiento del 129% en promedio nacional. Es decir, 50 de los 69 penales se encontraban hacinados, llegando inclusive a registrar cifras del 506% de sobre población como era el caso del establecimiento penitenciario de Jaén y de 483% en el caso del E.P. del Callao, según se manifiesta en el informe de transferencia de gestión de INPE (2016).

Según Magán (2016) menciona que esta problemática impulsada por el crecimiento exponencial de la población penitenciaria en los años anteriores, el deterioro de la infraestructura física, trabas en la gestión de los proyectos de inversión  pública  ,  la  escasa  asignación  de  presupuesto,  la  limitada  disponibilidad de terrenos;  así como la obligatoriedad  de cumplir  con diversos  trámites con  procedimientos largos  que  postergaban   la  construcción   de  nuevos   penales   y  el  mantenimiento  de  los existentes.

El sistema penitenciario nacional, enfrenta numerosos desafíos asociados a su principal problemática: el creciente hacinamiento de la población penal (que ya alcanza el 141%), afectando de manera directa tanto a la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios como a las actividades de tratamiento penitenciario, orientadas a la reinserción de los internos y a los servicios que se les brinda (salud, educación y trabajo).

Existe una peligrosa tendencia al abuso de la prisión no justificada objetivamente por supuestas razones de seguridad ciudadana: la tasa de delitos va, por un lado, la utilización de la prisión por otro y la percepción subjetiva de inseguridad por parte de los ciudadanos es ajena a las dos anteriores (CNDDHH, 2015). El marco jurídico está orientado al endurecimiento de penas, la sobre criminalización de las conductas delictivas, el abuso de la cárcel como única respuesta al incremento de la criminalidad y la restricción de beneficios penitenciarios. En este último caso, no se toma en cuenta que los beneficios son un mecanismo pedagógico esencial para facilitar la reincorporación a la vida en sociedad.

Si bien contamos con una Unidad Estadística que realiza un valioso trabajo registrando y sistematizando información sobre los internos a nivel nacional, se requería información complementaria como la que arrojará el Censo Nacional Penitenciario. Ahora podemos conocer las características familiares de los internos, el detalle de los delitos que han cometido, si consumían o no drogas o alcohol antes de su internamiento, así como el alcance de los servicios que reciben en los establecimientos penitenciarios. De este modo, con el cruce de ambas fuentes, contaremos con un potente caleidoscopio que permitirá entender las características y dimensiones de la población penal con mayor profundidad a fin de tomar acciones más precisas a través de la Política Nacional Penitenciaria.

Finalmente, debemos entender que los problemas del sistema penitenciario repercuten de manera directa en la seguridad ciudadana, vale decir, en toda la sociedad. Por ende, es deber de las instituciones que conforman el Estado contribuir con el fortalecimiento del sistema penitenciario, lo que significa contribuir con el fortalecimiento de la seguridad de todos los peruanos (INDAGA, 2016). La diferencia entre el número de internos y la capacidad de albergue se profundizó a partir del año 2011. Debido a estos factores, vinculados más a un tema de política criminal que penitenciaria, la mayoría de los penales en el Perú se ven sometidos una fuerte presión por las condiciones de reclusión de un número cada vez más creciente de internos, el endurecimiento de las penas y la reducción de beneficios penitenciarios. En ese sentido, la sobrepoblación y el hacinamiento afectan seriamente los servicios, principalmente aquellos dirigidos a la rehabilitación y resocialización de los internos, generando una sobredemanda que no puede ser atendida a cabalidad, debido a los recursos escasos con los que cuenta la administración penitenciaria.

De acuerdo con la proyección estadística realizada por el MINJUS, para los próximos 20 años, es decir para el año 2035, el Perú contará con 222,487 internos para una capacidad de albergue de 58,187, requiriéndose 83 penales para cubrir la brecha, ante ello, se requiere aplicar medidas urgentes que contrasten el problema del hacinamiento y asegure su reinserción de la población penitenciaria.

La nueva configuración de la población penitenciaria nos muestra que – tomando en cuenta los años 2012 y 2019 – en los establecimientos de Medio Libre, notamos un cambio importante, que la cantidad de población que sale de penales con beneficio penitenciario ha disminuido de 19,935 a 6,397, lo que indica que cada vez más, las sentencias de ejecución plena en las cárceles; por otro lado, las sentencias limitativas de derechos han aumentado de 4, 377 a 14, 941 sentenciados. Esto da la oportunidad de repensar el tratamiento e incluir nuevas variables.


 II.                 ¿Qué entendemos por resocializar?

Según Pérez y Merino (2014), la reinserción es entendida como la acción de volver a formar parte de un conjunto o grupo que, por algún motivo, se había abandonado. La mayoría de las veces esa razón se debe a un accionar delictivo, es decir, un individuo que mató o robó y fue sentenciado a prisión por tal conducta, una vez que cumple su condena, de uno, dos, o veinte años, tendrá el derecho que le otorga la ley de salir en libertad y, por tanto, la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, de volver a vivir con otros individuos respetando los derechos de estos como principal misión y también disponiendo de obligaciones.

Reinserción a la sociedad para Sancha y García (1987) es vista como el fin de las penas y las instituciones penitenciarias, por cuanto, el fin último de la resocialización, mientras que esta última es un proceso por el que un hombre privado de la libertad participa para lograr reinsertarse a la sociedad a la que le fallo.

Según Ojeda (2012), el concepto de reinserción significa volver a encauzar al delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer un delito. Para él, el comportamiento criminoso es la consecuencia de un desajuste social del individuo, una forma de reacción a los esquemas y valores de la sociedad, a la cual él pertenece, y que no logra aceptar o asimilar; la reinserción va dirigida a obtener la responsabilización del reo hacia él mismo y hacia la sociedad a través del logro, sea de un mayor conocimiento de sus deberes y una mayor capacidad de resistencia a los estímulos criminosos, sea al reconocimiento de su culpabilidad o de los errores cometidos en el pasado.

La reinserción social refleja la confianza que como sociedad se deposita sobre un individuo que más allá de los errores que haya cometido puede iniciar un camino mejor en su vida gracias al arrepentimiento, pero además muestra la capacidad de superación que tiene un ser humano gracias a la fuerza de voluntad y a su capacidad de reflexión.

 Términos asociados a la reinserción como también lo manifiestan Mendoza, C. y Velasquez, Z. (2018):


A)     Inserción laboral

El empleo es un factor clave en la reintegración exitosa de los liberados/sentenciados. El empleo es más que una simple fuente de ingresos, proporciona estructura, rutina y oportunidades para contribuir al trabajo y las vidas de otros mientras facilitan contactos sociales valiosos, ayuda a los ex internos a reconectarse con elementos de la comunidad y contribuye a aumentar su autoestima, confianza en sí mismo y eficacia propia.

Obtener un empleo legal es una de las mejores formas de predecir el éxito de los ex internos. Además, éstos típicamente retornan a la comunidad con muy poco dinero, si es que lo tienen con frecuencia restringido a sus bajas ganancias obtenidas por su participación en el trabajo de la prisión.

Niven y Olagundove (2002) mencionan que es menos probable que los liberados/sentenciados que hayan podido asegurar un puesto de trabajo legítimo, en particular en puestos de mayor calidad y salarios más altos, vuelvan a delinquir que aquellos exprisioneros sin oportunidades de trabajo legítimo, pero la relación entre empleo y reinciencia no es tan clara. Sin embargo, se ha sugerido que lo bueno del empleo con respecto a reducir la reincidencia puede estar relacionado con la calidad del trabajo, más que el sólo hecho de estar empleado.


 B)   Apoyo familiar

Las familias de los delincuentes son una fuente potencial de apoyo y asistencia para la reinserción en la comunidad. Hay cierta evidencia de que a los delincuentes con mayor apoyo familiar les va mejor en cuanto a obtener empleo y tener mayor estabilidad en el mismo que aquellos con menor o ningún apoyo, según menciona Graffam (2004). El desafío del apoyo familiar, o su falta, es particularmente importante para las ex internas mujeres, que tienden a ser todavía más estigmatizadas que los hombres, hasta el punto de no ser capaces de retornar a su familia y a su comunidad.


 C)   Vivienda y apoyo económico

Según Nilsson (2003), la vivienda es un factor importante en la transición del delincuente a la comunidad y puede determinar si su reintegración social tiene éxito o no. También tiene implicaciones directas sobre el empleo. En general, los delincuentes liberados de la prisión reciben poco apoyo previo para asegurar que cuenten con vivienda y con frecuencia no son capaces de encontrarlo en la comunidad. El aislamiento social es una experiencia central para muchos liberados/sentenciados que pueden terminar sin hogar o con una vivienda inestable e inadecuada. Los delincuentes reincidentes con frecuencia señalan la falta de vivienda adecuada como un factor clave del fracaso de su transición a la vida en la comunidad. Se ha encontrado una relación indirecta entre la vivienda y reincidencia, dado que es más probable que los delincuentes que tuvieron dificultades con respecto a la vivienda vuelvan a ser condenados que aquéllos que no los tuvieron.

La falta de vivienda es con frecuencia una consecuencia directa del encarcelamiento. La ausencia de vivienda adecuada para los delincuentes liberados en la comunidad puede hacer que éstos se concentren en las partes más problemáticas de la comunidad en donde hay altos índices de delincuencia y desorden y falta de servicios de apoyo. La vivienda inestable o insegura tiende a aumentar las dificultades que encuentran los delincuentes con problemas de abuso de substancias o salud mental.

Existen una serie de intervenciones de tratamiento a nivel de régimen cerrado, las cuales cuentan con los siguientes programas:

El INPE cuenta con diversos programas estructurados, tanto intra como extramuros, como el El Programa INPE/DEVIDA ha venido ejecutándose en 18 establecimientos penitenciarios del país, lo cual ha permitido disminuir el consumo de drogas de los internos participantes del programa. Con este programa se ha permitido prevenir y afrontar situaciones de riesgo de consumo de sustancias ilícitas, el manejo de estrategias de auto intervención para evitar posibles recaídas, mejora su proyecto de vida, consolidar habilidades sociales, capacidad para afrontar con éxito situaciones problemáticas y toma de decisiones racionales, entre otros.

El Programa TAS está dirigido a internos primarios sentenciados por violación sexual y viene funcionando en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, donde han egresado 168 internos con penas cumplidas, beneficios penitenciarios y comparecencia restringida.

La ejecución del Programa CREO ha garantizado y favorecido la participación de instituciones externas que, vienen brindado apoyo en el desarrollo de actividades que se idéntica con los resultados esperados, como los gobiernos regionales y más específicamente en el caso del Gobierno Regional de Piura, que facilitó la actividad de los capacitadores Técnicos Productivos al Programa CREO del establecimiento penitenciario de Piura, logrando que el 80% de los internos adquieran conocimientos y prácticas de producción de confección, serigrafía, carpintería y cerámica el estado del tratamiento penitenciario evidenciaba una población penitenciaria ociosa que favorecía a la comisión  de  delitos  asociados  al  crimen  organizado desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

Sumado a ello, la falla de control en el cómputo de las horas de trabajo que desarrollaban los internos favorecía a la corrupción y propiciaba la liberación de delincuentes de alta peligrosidad que accedían a beneficios penitenciarios de disminución de su pena por horas de trabajo realizados.

A nivel de extramuros, los programas que ejecuta Medio Libre, encontramos el programa FOCOS (Fortaleciendo Competencias Sociales para Liberados) está orientado a fortalecer las habilidades sociales para una convivencia pacífica en personas que egresan de los establecimientos penales con beneficios de semilibertad y liberación condicional.

El programa RETO (Retomando Eficacia Tomando Oportunidades) tiene como objetivo entrenar a sus participantes en las competencias personales y sociales para que puedan enfrentar con éxito la conducta de riesgo del consumo de drogas, asimismo busca promover adecuadas relaciones familiares y fortalecer sus capacidades laborales.

El programa CAPAS (Capacidades personales para afrontar situaciones de riesgo con éxito) busca mejorar en las personas intervenidas las capacidades para identificar los riesgos de transgredir la ley, así como desarrollar estrategias para afrontar estos riesgos con éxito.

Es un programa que se centra en enseñar a pensar y en desarrollar habilidades para relacionarse bien. Está orientado a dotar de habilidades para mejorar las relaciones interpersonales, así como la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Las personas con conductas irreflexivas o agresivas suelen carecer de estas habilidades cognitivas, solo ven una salida, la conducta violenta. El lema y propuesta del programa es: Pensar antes de actuar nos es difícil.

III.              Los desafíos de la resocialización en nuestro país

La reinserción social entendida como reincorporar a la sociedad a las personas que cumplieron una condena en prisión y que ahora se encuentran en libertad. Las personas que están cumpliendo condena en prisión tienen al alcance de la mano desde la posibilidad de formarse y tener una educación reglada hasta aprender un trabajo para luego fuera tener una profesión. Pero no sólo eso, además pueden participar en programas específicos de intervención, pueden disfrutar de las distintas actividades culturales que se organizan, tienen la oportunidad también de acogerse a los variados programas y proyectos dentro del ámbito deportivo que se preparan.

El termino reinserción social se emplea con el fin de conceptualizar la integración social de aquel individuo que se encuentra viviendo al margen de esta. La razón de esta marginación se refiere al actuar delictivo del sujeto que lo ha llevado a cumplir alguna pena privativa de la libertad en el sistema carcelario. En el caso de sentenciados en Medio Libre, requiere supervisar e cumplimiento de sus sentencias, pero también, enlazarlo con otras actividades que permitan la reintegración comunitaria.

Desde el 2015 y oficialmente desde el 2018, la Dirección de Medio Libre realiza mega campañas de limpieza, arborización, pintado de colegios, etc., donde todos los establecimientos a nivel nacional, en una sola fecha, salen a realizar estos trabajos comunitarios, que previamente se coordinaron con autoridades locales, instituciones públicas y privadas, hasta la misma comunidad, para visibilizar la voluntad de cambio y la reparación del daño ocasionado, buscado quebrar el estigma que tiene la sociedad y a través de las coordinaciones que se tiene

Conclusiones

 

  1. El concepto de reinserción significa volver a encauzar al hombre criminal dentro
    de la sociedad que lo vio cometer un delito. Siendo, en efecto, el
    comportamiento criminoso, la consecuencia de un desajuste social del individuo;
    una forma de reacción a los esquemas y valores de la sociedad, a la cual el
    criminal pertenece, y que no logra aceptar o asimilar.
  2. Los
    criminales recientemente liberados de la prisión encuentran numerosos problemas
    respecto a encontrar un puesto de trabajo. Estos problemas pueden incluir
    factores personales, falta de alojamiento estable y factores sociales. La
    mayoría de los criminales retornan a comunidades desventajadas con
    oportunidades de trabajo limitadas.
  3. El
    uso excesivo de la prisión preventiva, el endurecimiento de las penas y la
    reducción de los beneficios penitenciarios hace que cada vez más internos sean
    recluidos en los establecimientos penitenciarios del país. 
  4. Las
    malas condiciones económicas hacen que a los criminales les sea particularmente
    difícil encontrar un trabajo adecuado. Los economistas laborales hacen notar
    que la escasez de puestos de trabajo afecta desproporcionadamente a los más
    desventajados y que los criminales están al final de la lista de preferencias
    de los empleadores.
  5. El
    porcentaje de criminales que tienen por lo menos una condena anterior o que
    tienen múltiples condenas previas pueden ser sumamente alto. Estos índices
    altos de reincidencia conllevan costos importantes para la sociedad, tanto en
    términos financieros como de seguridad pública.
  6. La
    supervisión posterior a la liberación importa para determinar el éxito de la
    reinserción de los criminales y su reintegración en la comunidad. Sin embargo,
    la supervisión es más que el simple monitoreo del cumplimiento de las
    condiciones adjuntas a la liberación del criminal. Implica la gestión del
    riesgo que presenta el delincuente, adquiriendo y/o organizando los recursos
    para satisfacer sus necesidades y desarrollar y mantener una relación humana
    con el delincuente que engendre confianza con límites apropiados.
  7. Los
    esfuerzos de reintegración social es proveer a los delincuentes el apoyo,
    asistencia y supervisión que les ayudará a vivir sin delinquir al ser
    liberados. Sin embargo, para que los programas tengan un impacto positivo, la
    comunidad debe obviamente ser también receptiva.

 

 

Referencias

 

Castillo, K (s.f). La ausencia del tratamiento para la
reinserción social del criminal. Descargado de
http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_12/articulos_investigadores/C3.pdf

 

CNDDHH (2015). Las cárceles en el Perú: manifiesta
incompatibilidad con los principios constitucionales. Descargado de
http://derechoshumanos.pe/informe2014_15/Sistema_Penitenciario_2014_15.pdf

 

INDAGA (2016). ¿sabes cómo es el sistema penitenciario
en el Perú?. Descargado de
https://indaga.minjus.gob.pe/sites/default/files/publicaciones01_CONTENIDO_0.pdf

 

Graffam y otros, (2004). Actitudes de los empleadores,
trabajadores de servicios correctivos, trabajadores de apoyo laboral y reclusos
y delincuentes hacia el empleo de exreclusos y exdelincuentes, Burwood,
Victoria, Deakin Universidad, Facultad de Salud y Desarrollo Social, p. 4.
Australia

 

Nilsson, (2003). «Condiciones de vida, exclusión
social y reincidencia entre los reclusos», Revista de Estudios
Escandinavos en Criminología y Prevención del Crimen, vol. 4, N. 1, p. 57-83.
Colombia

 

Niven y Olagundoye, (2002)»Empleos y hogares: una
encuesta de prisioneros que están a punto de ser liberados», Findings, N.
173 (Londres, Ministerio del Interior, Investigación, Desarrollo y Dirección de
Estadística). Inglaterra.

 

Magán, J. C. (2016, junio 17). Situación del sistema
penitenciario en el Perú. INDAGA – Observatorio Nacional de Política Criminal.
Recuperado a partir de
https://indaga.minjus.gob.pe/es/blog/opiniones/situaci%C3%B3n-delsistema-penitenciario-en-el-per%C3%BA

 

Mendoza, C. y Velasquez, Z. (2018). Reinserción a la
sociedad visto desde el autoestigma de los participantes del programa para
agresores sexuales, Medio Libre – Instituto Nacional Penitenciario, Arequipa –
2017. Tesis para Obtener el Título Profesional de Licenciadas en Trabajo Social
– UNAS.
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/6888

 

Ojeda, J., (2012). Reinserción social y función de la
pena. Biblioteca jurídica Virtual del instituto    de   
investigaciones    Jurídicas    de   
la    UNAM.    Disponible    en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3169/7.pdf

 

Peñalosa, A (2015). El fenómeno de la reinserción carcelaria en el Perú:
análisis de los factores asociados a las trayectorias exitosas de reinserción
social. Tesis para licenciatura en Sociología PUCP. Descargado de
http://facultad.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/wp-content/uploads/2018/07/resumen-angel-penaloza.pdf

 

Pérez, J. y Merino M. (2014).         Actualizado:          2016. Definición de: Definición de
reinserción social (https://definicion.de/reinsercion- social/) Puerto Rico.

 

Sancha, V.   
y    García, J. (1987).  Tratamiento   
psicológico-penitenciario.    En
Colombia Trabajando por la reinserción social. La reinserción social de los
delincuentes y la prevención del delito. Canadá.

Postular al curso Seguridad Penitenciaria del INPE

 l Instituto Nacional Penitenciario abre 500 vacantes para curso en Seguridad Penitenciaria

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha convocado a un nuevo proceso de admisión para el Curso de Seguridad Penitenciaria 2023, ofreciendo 500 vacantes dirigidas a jóvenes entre 20 y 26 años que deseen formar parte de esta importante labor.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la web del INPE, teniendo como fecha límite el próximo 4 de octubre. Se requiere el pago de S/140 como tasa y los postulantes deberán cumplir con los requisitos establecidos como ser peruano, altura mínima, estado de salud aprobado, entre otros.

Quienes resulten seleccionados deberán abonar S/1,200 adicionales para cubrir gastos del curso que se realizará de manera presencial en las instalaciones del Cenecp del Callao, entre octubre del presente año y setiembre del 2024.

El plan de estudios comprende ejes normativo, formativo y criminológico, para preparar a los nuevos agentes en el marco legal y en las competencias requeridas para su desempeño. Cuentan además con un sueldo inicial aproximado de S/2,500 mensuales más bonificaciones.

Esta convocatoria es clave para enfrentar el déficit de personal que afronta actualmente el INPE, registrándose apenas 6,853 servidores para custodiar a más de 93,000 internos a nivel nacional. Se busca así fortalecer la importante labor de seguridad en los centros penitenciarios del país.

Más información

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Superar la dicotomía en la situación de la ejecución de las sentencias alternativas a la prisión

 Las penas alternativas son cada vez más visibilizadas y con ellas su problemática. En el Perú, este tipo de penas ya supera las 60 mil sentenciadas registradas en Medio Libre (INPE). La problemática principal tiene que ver con la condición en la que se encuentra esta población respecto al cumplimiento de la sentencia impuesta. A diferencia de la prisión donde todo la ejecución (de privación de libertad) se encuentra garantizada por las frías celdas y muros que lo retienen a los reos las 24 horas; en cambio, las penas alternativas – en este caso, las de prestación de servicios comunitarios – depende principalmente de la voluntad de los sentenciados para comparecer al Establecimiento de Medio Libre. 

La dicotomía que se presenta es entender de manera simple que los sentenciados en Medio Libre cumplen o no cumplen su pena, y si no la hacen, solo el INPE tiene responsabilidad y potestad sobre ello.

El incumplimiento de las sentencias alternativas a la prisión representa una situación compleja para la institución penitenciaria cuya labor principal es la de ejecutar los mandatos judiciales con el fin de lograr por medio de esta ejecución la reinserción social. En el caso de la población que asiste a cumplir su pena, desde su apersonamiento a su evaluación inicial para su ubicación y luego su asistencia a las Unidades Beneficiarias para cumplir su pena, salvo las de indagar dónde lo ejecuta, cómo es su avance y hasta cuándo, informe de interés de las autoridades judiciales.

Fácil y sin mayor análisis sería indicar que toda la responsabilidad la tiene la institución penitenciaria del incumplimiento de las penas alternativas. Aquí en punto central: para la ejecución efectiva de las penas alternativas se requiere de la voluntad del sentenciado para apersonarse y cumplir su pena, ya sea que esta voluntad se haya generado previamente por el miedo a que su pena sea revocada, por la notificación por parte de la institución penitenciaria o porque tienen conciencia de la responsabilidad que debe apersonarse a ejecutar, infinidad de factores que pueden conllevar a concretar la voluntad del sentenciado a apersonarse.

La voluntad del sentenciado no es el único factor, aunque lo puedo considerar el más importante. Otros, tienen que ver con las distancias a donde se pueda apersonarse, la falta de información, alguna condición física o psicológica que pueda dificultar tal ejecución y que podría considerarse dentro de lo justificable en un análisis minucioso de los factores del incumplimiento.

Las estrategias en este sentido son diversas, pero importante destacar algo valioso es que, ante el incumplimiento has varias acciones secuenciales de acuerdo a los procedimientos vigentes para atender estas situaciones. La notificación es la acciones que le correspondería a la institución penitenciaria, claro que no tan sencilla de aplicar en todos los casos, considerando las limitaciones presupuestales, recursos humanos, distancias geográficas, información falsa, inexacta o incompleta de sus datos personales. A pesar de todo, pudiera lograrse a notificar y las veces que sea posible y realizar todo lo establecido en la norma y aún así la persona sentenciadas no cumpla por voluntad o imposibilidad.

Las consecuencias de los incumplimientos son carga compartida de las instituciones competentes involucradas, pues en lo que respecta a la institución penitenciaria, se encuentra la acción de notificar y luego comunicar a la autoridad judicial ante la renuencia o dificultades para cumplir, pues “futbolísticamente” podemos decir que la pelota lo hemos pasado a la autoridad judicial quien al recibir la comunicación de la situación del sentenciado, deba establecer medidas que garanticen la ejecución de la pena alternativa, considerando que tienen la capacidad coercitiva de hacerlo.

Las medidas alternativas como trampolín a la prisión no representa una verdadera alternativa a la situación crítica que atraviesan las prisiones, ante las políticas de mano dura, punitivista y populistas que busca agravar  la duración de las penas y penalizar más comportamientos como una solución a la seguridad ciudadana. 

Una cultura del incumplimiento debilitaría la institución penitenciaria ya que, la “viveza” para cumplir junto con las argucias de algunos abogados para indicar que las consecuencias del incumplimiento casi son nulas, ya que la burocracia documentaria a nivel administrativo es lenta, a tal nivel que, hasta se se tome conocimiento del incumplimiento y el juez adopte alguna medida coercitiva, podría ya haber prescrito la pena, por lo que para algunos “no cumplir” podría ser la alternativa, por lo que la “voluntad de cumplir” sería negativa.

A pesar de lo poco visibilizado de las penas alternativas, todavía es insuficiente, las penas alternativas no están en el discurso de los políticos ni de los medios de comunicación en nuestro contexto, porque lo más mediático siempre será la prisión.

Comprender los factores que propician el cumplimiento de las penas alternativas, puede también ayudar a reforzar las estrategias que hagan frente al incumplimiento de las penas alternativas, que permita fortalecer el rol del sistema penitenciario respecto a la ejecución de estas penas para la reinserción social.

Sobre el autor:

Edwin Ticlla Colunche

Psicólogo y sociólogo.


P1200274 Superar la dicotomía en la situación de la ejecución de las sentencias alternativas a la prisión



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Algunas de las palabras claves son:

  • Penas alternativas: Hace referencia a aquellas sentencias que se imponen en reemplazo de la prisión, buscando cumplir las multas de reinserción social.
  • Voluntad: Factor fundamental en el cumplimiento de las penas alternativas, ya que al no haber reclusión física, depende del compromiso voluntario del sentenciado.
  • Notificación: Acción director de la institución penitenciaria para informar a los sentenciados sobre su comparecencia un cumplir la pena.
  • Incumplimiento: Falta de cumplimiento efectivo de la pena alternativa por parte del sentenciado.
  • Factores: Diferentes situaciones, como distancias, información, condiciones personales, que pueden incidir en el cumplimiento.
  • Estrategias: Medidas y enfoques de una desarrollar para fortalecer el cumplimiento y hacer frente a los inconvenientes.
  • Instituciones involucradas: No solo la penitenciaria, sino también el Poder Judicial y su capacidad coercitiva ante los incumplimientos.
  • Reinserción social: Fin principal de las penas alternativas, que requiere del compromiso de múltiples actores.
  • Discurso: Ausencia del tema en la agenda política y mediática, priorizándose la prisión.
  • Complejidad: Múltiples variables en juego que dificultan la onu enfoque simplificador del problema.