EL COMPLIANCE PENAL COMO DISPOSITIVO POLÍTICO CRIMINOLÓGICO

 Augusto Renzo Espinoza Bonifaz 

Universidad de San Martín de Porres

RESUMEN

El presente artículo de revisión se dedica, en
la introducción, a describir la problemática
identificada por el autor respecto a la
institución del compliance penal, como
también a determinar los objetivos de este.
Luego, se expone diversos conceptos sobre
el compliance penal, la criminología, la
política criminológica, y algunas teorías
criminológicas relevantes para prevenir la
criminalidad empresarial, estableciendo,
además, las relaciones que existen entre dichos
conceptos. Posteriormente, el autor ensaya y
fundamenta diversas propuestas de solución
para cada uno de los problemas identificados
en la introducción. Finalmente, se brindan las
principales conclusiones a las que se han podido
arribar como resultado de la investigación. 

conferencia_-_criminal_compliance_600x300 EL COMPLIANCE PENAL COMO DISPOSITIVO POLÍTICO CRIMINOLÓGICO

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VOX JURIS, Lima (Perú) 41 (1): 163-171, 2023 

Juventud y delincuencia: un análisis desde la literatura

 E. Daniel Cunjama López* 

*Investigador titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales – INACIPE

JUVENIL Juventud y delincuencia: un análisis desde la literatura

FUENTE: El Comercio


La transdisciplina es un enfoque epistemológico que reconoce que las fronteras del conocimiento son simples espejismos. Nicolescu, en el Manifiesto de la transdisciplina (1996), describe las propiedades de este enfoque con gran detalle y plantea la necesidad, al igual que Edgar Morin, de generar un conocimiento complejo que tome con reservas, entre otras cosas, la hiperespecialización que hace a los científicos grandes conocedores de particularidades y, con ello, perder de vista la integralidad y completud de lo que estudian. 

2022-10-28_23-23-36 Juventud y delincuencia: un análisis desde la literatura


Dividir el conocimiento entre científico y no científico, así como el criterio de demarcación y la falsabilidad popperiana, abren hoy, bajo el contexto de la transdisciplinariedad, hondos debates epistemológicos, que resaltan la necesidad de integrar los saberes provenientes de los más variados campos. Esta idea es, por si sola, provocadora, sin embargo, las ciencias sociales y las artes, específicamente la literatura, tienen más puentes de comprensión de lo social de lo que tradicionalmente se acepta. Gina Zabludovsky, en el Blog del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO) en un escrito que le tituló Literatura y ciencias sociales, escribe: 

“Cuando en una entrevista a Sigmund Freud se le preguntó si tenía predecesores, responde de manera enfática que todo ya había sido dicho por Shakespeare y Dostoievski” (Zabludovsky, 2014).

La obra literaria recoge procesos que muchas veces son difíciles de explorar dentro de la teoría social, recrea escenarios a través de la imaginación del escritor, pero que evocan grandes tragos de realidad. La Esquina de los ojos rojos es una de ellas, un manjar para los estudiosos de las juventudes mexicanas y su vinculación con el narcotráfico, en donde el sicariato, el consumo de drogas, y la disputa por el territorio son, lamentablemente, más realidad que ficción. Es evidente que el autor conocía a la perfección el barrio y con gran maestría plasmó su dinámica con personajes “ficticios” en una novela considerada dentro del género negro. 

II 

“Las líneas en los muros dicen que, ganosos, los dos chavos saben que colgarse de una oportunidad significa el despegue. La chanza se tiene que cazar al vuelo cuando la competencia hierve esperando la ocasión, una sola, la que sea y como se dé; de donde salga y a lo que tope; una solita capaz de hacerlos trepar a la fortuna; una oportunidad parecida a ésta que después de un buen de buscarla por fin les ha llegado, porque en el Barrio las puertas se abren o se clausuran dependiendo del primer trabajo gordo, y éste lo es…” (Ramírez Heredia, 2014). 

Éste es el primer párrafo con el cual comienza esta fascinante novela escrita por Rafael Ramírez Heredia, periodista, narrador, cronista y dramaturgo mexicano; galardonado con múltiples premios nacionales e internacionales por su obra literaria que consta de más de 40 libros.

La obra de Rafael es escrita en el 2006 y desarrolla su historia a partir del asesinato de un sicario, el Yube, y la violación tumultuaria de su novia, la Callagüita; una historia en la que un trabajo gordo, el de asesinar al Yube, desencadena una serie de interesantes momentos. El contexto de los hechos narrados, se concentran en uno de los lugares más enigmáticos de la ciudad de México, el Barrio de Tepito “cuna y semillero de campeones” como lo llama Alfonso Hernández, ex director del Centro de Estudios Tepiteños y cronista de Tepito; pero también considerado por las autoridades capitalinas como una “zona roja” en el cual subyacen violencias y conductas delictivas menores, pero también de alto impacto tales como: narcotráfico, tráfico de armas, secuestro, contrabando, etc., conductas que se han hecho notar como emblemáticas del territorio y opacado su riqueza cultural. 

En el desarrollo de su historia, Ramírez Heredia describe aquellos rincones del Barrio de Tepito que lo distinguen, profundiza en las prácticas culturales que emanan de las relaciones sociales de sus habitantes. De esta manera, entrelaza la historia de sus personajes protagónicos con paisajes urbanos tales como; el altar dedicado a los narcotraficantes caídos del barrio, ubicado en la esquina de Carpinteros y Minería, en la cual se erige una cruz de más de cuatro metros de altura tallada con los nombres de los homenajeados, con apenas espacio para inmortalizar a los próximos difuntos, una capilla y un mural. Lugar que da origen al nombre de esta novela. 

La trama se desenvuelve bajo un clima de violencia, narcotráfico, homicidios, operativos policíacos; corrupción, amoríos, sistemas axiológicos desprendidos de las actividades criminales con la identidad barrial propia de un territorio como lo es Tepito. Todo esto bajo el culto a la Santa Muerte, la cual es nombrada por el escritor de innumerables formas (Santa Muertita, Niña Blanca, La Señora, Santa Señora del Rubor Helado, Santa Guapa, Señora Blanca…)

Sin olvidar la descripción y psicología de personajes con oficios extravagantes como: un buzo de aguas negras; el Jitomate, líder de la organización criminal que, como es de esperar, su mote describe su físico; o el escuadrón del finamiento, nombre y apellido de los teporochos del barrio que como parafernalia, adornan el paisaje urbano de un territorio sumergido en la precariedad narrado extraordinariamente por nuestro autor. 

III 

La esquina de los ojos rojos es sin duda una novela de gran valor analítico dentro de las ciencias penales, no solo por su maravillosa estructura narrativa, sino porque el escritor logra sumergir al lector dentro de un mundo en el que, bajo sus propias palabras, narra la odisea de la violencia y forma parte de un México actual, reflejo del mundo globalizado, donde trato de llevar al lector, a través de un lenguaje lírico y casi epopéyico, a vivir lo que todos sabemos que existe pero nadie quiere aceptarlo. 

Las obras literarias constituyen un instrumento importante para acercarnos a las realidades, especialmente conflictivas, pues muchos de los fenómenos criminales que hoy padecen las sociedades contemporáneas parecieran desbordar las teorías existentes. De esta forma la literatura y las artes, bajo un ejercicio transdisciplinario, nos ayudan a entender un poco más lo que pasa a nuestro alrededor. 

La esquina de los ojos rojos editada bajo el sello de Alfaguara, es sin duda una novela que deberá de ser leída por aquellos interesados en el México profundo y conflictivo. 


Bibliografía 

Ramírez Heredia, Rafael, La esquina de los ojos rojos, México, Alfaguara, 2014.


Asistente jurídico

Los Asistentes Jurídicos  son personas capacitadas para elaborar documentos legales y realizar la investigación requerida para asistir a los Abogados en la prestación de sus servicios. En su mayoría, trabajan para escritorios jurídicos o en los departamentos legales de instituciones públicas y privadas bajo la supervisión de un Abogado.

2022-10-28_21-33-44 Asistente jurídico

La labor de un Asistente Jurídico complementa a la del Abogado, no pudiendo trabajar de manera independiente representando a un cliente legalmente. Estos profesionales deben estar familiarizados con la rama del derecho en la que se especializan para analizar casos precedentes, extraer información importante y redactar documentos legales.

A continuación, las funciones más comunes de un Asistente Jurídico:

  • Brindar asistencia a los Abogados en la resolución de las disputas judiciales:
  • Entrevistar a clientes, testigos y demás partes involucradas en el caso.
  • Transcribir opiniones legales, deposiciones y declaraciones de los testigos.
  • Investigar los hechos concernientes a un caso y realizar una investigación jurídica sobre el mismo.
  • Compilar las pruebas, preparar las intervenciones y la información a presentar en juicio.
  • Preparar documentos, transacciones de bienes raíces, informes sobre el juicio y declaraciones juradas.
  • Revisar expedientes, archivos del tribunal y demás documentos legales.
  • Remitir expedientes a tribunales superiores.
  • Asistir a los Abogados durante audiencias orales, arbitrajes, mediaciones, procedimientos administrativos, argumentos de clausura y juicios.
  • Utilizar programas y tecnología especializada para el manejo, organización y clasificación de los documentos y de la información recopilada sobre un caso.
  • Interactuar frecuentemente con los clientes.
  • Preparar apuntes y resaltar sentencias previas importantes que puedan servir como precedente para un caso.
  • Elaborar correspondencia legal y llevar a cabo funciones administrativas, tales como archivar, responder el teléfono y fijar reuniones con los clientes.

Ayudar a los Abogados a prepararse para su intervención en las audiencias orales, juicios, reuniones corporativas, mediaciones y resoluciones de disputas judiciales:

  • Documentar y elaborar informes basados en la evidencia y en el análisis presentado en casos anteriores que puedan servir de fundamento para los Abogados, a los fines de que puedan desarrollar los argumentos para su caso.
  • Asistir a procedimientos en tribunales, así como establecer contactos dentro del sistema judicial y el gremio legal.

Brindar asesoría de manera independiente como Asistentes Jurídico:

  • Asesorar a los clientes respecto a acuerdos y casos a ser desarrollados fuera de tribunales.
  • Aconsejar a los clientes sobre las acciones legales a tomar en casos sencillos, como incumplimiento de contratos de alquiler, infracciones de tránsito, cambios de nombre, etc.
  • Trabajar en conjunto con Abogados, demás Paralegales y personal jurídico.
  • Estar al corriente con los avances y cambios en materia legal.
FUENTE: https://neuvoo.com.mx/neuvooPedia/es/asistente-legal/

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Principios rectores y acciones inspiradoras para reducir la violencia urbana

 

urban-violences Principios rectores y acciones inspiradoras para reducir la violencia urbana
FUENTE: https://stanleycenter.org/publications/roadmap-reduce-urban-violence/

La
buena voluntad y las buenas intenciones no son suficientes por sí solas.
Nuestra gente necesita capacitación, servicios de salud mental, buenos hogares,
recuperación y oportunidades. Esto requiere gasto, que es una inversión
fundamental en la resiliencia, la productividad y el bienestar de nuestras
sociedades.

Somos
más influyentes cuando trabajamos en colaboración, a través de las fronteras y
en objetivos compartidos. Juntos podemos aumentar nuestra capacidad para
aprovechar la escala de inversiones necesarias para construir comunidades más
inclusivas y podemos impactar directamente en la vida de tantas personas. Ahora
es el momento de aumentar la acción a nivel de ciudad. Es hora de que
lideremos.

Según
los últimos datos disponibles, del 80 al 90 por ciento de las muertes violentas
en el mundo ocurren fuera de las zonas de conflicto. 1 En un mundo
cada vez más urbano, la mayoría de estas muertes tienen lugar en las ciudades. 2
Las ciudades son el centro de la vida social, económica, política y cultural de
la mayor parte de la población mundial, en particular de los jóvenes, y todo
individuo debería tener derecho a disfrutarlas de manera segura. A pesar de la
magnitud y la importancia del problema de la violencia urbana, solo
recientemente hemos sido testigos del surgimiento de redes internacionales con
mandatos específicos para transmitir la escala del problema, aportar evidencia
para buscar soluciones y conectar a los líderes locales que trabajan para
abordar estos desafíos.

En medio de la pandemia de
COVID-19, la guerra en Ucrania y sus consecuencias, reducir a la mitad la
violencia urbana es más importante que nunca.

Datos
recientes indican que entre 2016 y 2020, la violencia interpersonal que condujo
a la pérdida de vidas en realidad había disminuido sustancialmente. Estos
fueron logros importantes en el avance hacia las metas del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16.1. 3 Pero la pandemia ha exacerbado las
desigualdades, que son un factor facilitador de la violencia individual y
social. Y después de una disminución en algunos delitos violentos durante la
primera ola de confinamientos por COVID-19 a principios de 2020, los homicidios
se han disparado en muchos países. 4 La violencia contra las mujeres
también ha aumentado. 5 La rápida urbanización se ha desacelerado
debido a las muertes relacionadas con la pandemia, las restricciones
migratorias y el éxodo a entornos menos densamente poblados y, como resultado
de la pandemia y estos cambios, las ciudades también han perdido miles de
millones de dólares en ingresos. 6

Mientras
tanto, la invasión de Ucrania no solo ha devastado el país, sino que también ha
desplazado a millones de personas, tanto interna como internacionalmente, más
de 5,3 millones en toda Europa. La guerra ha impactado la economía mundial a
través de la escasez de combustible y fertilizantes, con la consiguiente
inseguridad alimentaria y una inflación desenfrenada que se extiende mucho más
allá de las fronteras de Ucrania, en muchas áreas exacerbando la escasez ya
significativa para satisfacer las necesidades básicas. 7 Los
gobiernos locales de todo el mundo tendrán que desarrollar o actualizar
programas para abordar diferentes tipos de violencia y otros problemas sociales
frente a esta realidad en desarrollo. Este informe proporciona a los tomadores
de decisiones urbanas pautas prácticas para llevar a cabo dichas tareas.

Existen enfoques probados y
probados para reducir la violencia urbana.

Este
informe describe los principios básicos y las acciones inspiradoras extraídas
de una muestra de ciudades y redes urbanas que han respaldado la resolución o
apoyan sus principios para que sirvan de inspiración. para otras ciudades que trabajan hacia la meta de reducir a la
mitad la violencia urbana. Si bien este objetivo puede parecer ambicioso,
muchas ciudades ya han reducido la violencia tanto o más. 8 Así, el informe incluye
ejemplos de acciones inspiradoras relacionadas con cada uno de los 11
compromisos de la resolución. El análisis se basa en iniciativas basadas en
evidencia y también se basa en entrevistas con autoridades locales y
representantes de la sociedad civil de varias ciudades. Se basa en fuentes
secundarias, como literatura académica, libros blancos y archivos multimedia.

No
pretende tener soluciones para cada tipo de violencia en cada ciudad, y
reconoce que cada ciudad tiene su propia dinámica de violencia, que debe
abordarse con respuestas personalizadas. No obstante, los principios básicos de
la prevención de la violencia pueden atravesar contextos y aplicarse a
diferentes problemas, desde la violencia de género hasta el extremismo violento
o los homicidios causados por grupos del crimen organizado. 9

Los esfuerzos para reducir
la violencia deben ser equilibrados, enfocados, interrelacionados y legítimos.

La
primera parte del informe se centra en el contenido
de las políticas que han mostrado mayores éxitos en la reducción de la
violencia urbana, particularmente en el corto y mediano plazo. El consenso académico
establece que los gobiernos deben encontrar un equilibrio entre las políticas
de aplicación de la ley y las de prevención social; dirigir las intervenciones
hacia individuos específicos de mayor riesgo (ya sean perpetradores o
víctimas), vecindarios o comportamientos; abordar múltiples tipos de violencia
interrelacionados; y reforzar la legitimidad de las agencias estatales,
particularmente la policía.

La reducción de la violencia
requiere datos, compromiso político y alianzas.

La
segunda parte del informe aborda el proceso de formulación de políticas de
prevención de la violencia urbana. Sostiene que las políticas deben estar
informadas por datos y estudios basados en evidencia, movilizadas por el
compromiso político de los líderes locales, así como sus contrapartes estatales
y nacionales, y respaldadas por asociaciones con actores locales e
internacionales.

 

Resolución sobre Reducción de la Violencia en
las Ciudades

Hay
ejemplos notables de ciudades que previenen y reducen la violencia,
especialmente donde existe un liderazgo inteligente, intervenciones basadas en
datos y evidencias centradas en puntos críticos y medidas de prevención social
y económica. Aun así, sigue faltando una acción interurbana fuerte para
acelerar las medidas de reducción de la violencia en todo el mundo.

A
medida que la pandemia de coronavirus continúa propagándose por todo el mundo,
interactuará con estas dinámicas de violencia existentes de formas predecibles
e impredecibles. Ya estamos viendo, por ejemplo, tendencias constantes de
aumento de la violencia dentro del hogar principalmente contra mujeres y niños.
Si bien en algunas ciudades la violencia callejera ha disminuido como resultado
de las órdenes de quedarse en casa, en otras la violencia callejera o
comunitaria está aumentando, lo que impone cargas adicionales a las agencias de
seguridad pública que ya están sobrecargadas como resultado del COVID-19. A
medida que avanzamos en los esfuerzos para responder a la pandemia, es esencial
no perder de vista garantizar una seguridad más amplia para nuestros residentes
urbanos, incluidas las medidas para reducir y prevenir la violencia.

 

 

La importancia de la
resolución para reducir a la mitad la violencia urbana

El
principal objetivo de la resolución (citado anteriormente) es reducir a la
mitad la violencia urbana para 2030. Alcanzar este objetivo requeriría una
disminución anual promedio del 10 por ciento en la violencia urbana, un
objetivo realista según los expertos. 10 Según la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, una muestra de 68 ciudades redujo
sus tasas de homicidio en un 34 por ciento en 10 años. 11 El
Instituto Igarapé y el Banco Interamericano de Desarrollo estiman que América
Latina, hogar de 47 de las 50 ciudades más violentas del mundo, también podría
reducir sus tasas de homicidios en un 50 por ciento dentro de 10 años. 12
Los 10 compromisos subsiguientes reconocen la naturaleza integral y compleja de
la violencia urbana y señalan la dedicación de los alcaldes no solo a una meta
sino al proceso mediante el cual se debe lograr la meta.

Las
agresiones no físicas , como el abuso verbal y el acoso, ya sea en persona o en
línea, también pueden incitar a los jóvenes a lastimar a otros y obstruir su
desarrollo personal. El Estado, que está destinado a remediar la violencia, a
menudo también comete abusos contra los derechos humanos. Además, estos tipos
de violencia generalmente se retroalimentan , ya sea en el corto plazo, como
cuando los pandilleros toman represalias contra sus rivales y desencadenan una
espiral de homicidios, o en el largo plazo, como cuando los niños que sufren o
son testigos del abuso crecen para perpetrarlo. ellos mismos.

Una
vigilancia policial más eficaz, una primera respuesta típica, ha demostrado ser
una intervención necesaria pero insuficiente para reducir los diferentes tipos
de violencia. Más vigilancia también puede tener el potencial de aumentar el
daño a individuos específicos y reforzar el daño a grupos enteros. La
incorporación de medidas preventivas, la inversión en las comunidades y el
impulso de transformaciones culturales o sociales profundas también deben estar
entre las prioridades de los gobiernos locales.

Si
bien los gobiernos de las ciudades pueden liderar el esfuerzo, requieren la
cooperación de los gobiernos estatales y nacionales, así como de las
organizaciones de la sociedad civil y los socios internacionales. De hecho, en
contextos donde los gobiernos nacionales trabajan en propósitos opuestos a los
de las ciudades, esto puede crear un impedimento significativo para la
prevención de la violencia. Es en este espíritu de aprendizaje compartido que
esta hoja de ruta transmite múltiples experiencias de varias ciudades, así como
iniciativas basadas en evidencia para reducir la violencia urbana.

 



Qué: políticas de reducción de la violencia
equilibradas, enfocadas, interrelacionadas y legítimas

Equilibrio entre Aplicación
de la Ley y Prevención Social

Abordar
la violencia urbana a menudo se presenta al público como una elección entre
políticas de mano dura contra el crimen dirigidas a la violencia o políticas de
prevención social dirigidas a sus causas profundas. Sin embargo, esta dicotomía
es engañosa.

Las
respuestas de mano duran contra el crimen han demostrado en muchos casos ser
ineficaces y dañinas, porque están “desenfocadas, desequilibradas y
profundamente injustas”. 13 Sin embargo, es necesario un despliegue
adecuado de fuerzas del orden para que la mayoría de las intervenciones para la
reducción de la violencia tengan éxito. Las ciudades han desplegado
efectivamente a la policía a través de estrategias como la disuasión enfocada,
vigilancia policial en puntos conflictivos y vigilancia orientada a la comunidad.
(Más adelante en esta sección se proporcionan ejemplos de ciudades
específicas).

Pero
el trabajo de la policía, las fuerzas del orden y otras agencias de
mantenimiento de la paz es insuficiente para reducir la violencia por sí solo.
Por ejemplo, si bien aumentar la presencia policial puede disminuir la
violencia delictiva a corto plazo, no es sostenible, ni siquiera deseable, a
largo plazo. Una mayor presencia policial podría ser inapropiada para abordar
otros tipos de violencia, como la violencia de género o la violencia en la
escuela. Muchos gobiernos locales no cuentan con una policía propia, pero están
dotados de diversos instrumentos de política para la prevención social, como
salud pública, vivienda, deportes, cultura e infraestructura urbana.

La
cantidad de tiempo y recursos necesarios para resolver las causas fundamentales
de la violencia, como la desigualdad y la marginación, está fuera del alcance
de la mayoría de los gobiernos locales debido a sus recursos y mandato
limitados. Sin embargo, esto no debe ser motivo para descartar políticas de
prevención social. La prestación de servicios sociales a unas pocas personas y
vecindarios de alto riesgo puede tener un mayor impacto.

Centrarse en personas,
lugares y comportamientos de alto riesgo

La
violencia no se distribuye al azar en las ciudades. Los actos violentos se
concentran en unos pocos lugares, llevados a cabo por una minoría de individuos
(en su mayoría hombres jóvenes) y asociados con comportamientos específicos,
como posesión de armas, rivalidad entre grupos y consumo de alcohol. 17
Los esfuerzos del gobierno para reducir la violencia deben comenzar con un
diagnóstico detallado de sus principales características, particularmente su
distribución temporal y geográfica, para desarrollar soluciones específicas y
evitar estigmatizar a comunidades enteras.

La
disuasión enfocada, una estrategia implementada originalmente para abordar la
violencia juvenil en Boston durante la década de 1990, es una de las
intervenciones de reducción de la violencia más probadas en los Estados Unidos.
18 Implica “seleccionar un problema delictivo en particular […]
identificar a los delincuentes clave” y, de acuerdo con el principio de
equilibrio descrito anteriormente, “implementar un conjunto combinado de
acciones de aplicación de la ley, control social informal y servicio social”
dirigidas a esos delincuentes. Esta estrategia combina los esfuerzos de
aplicación de la ley con la divulgación callejera específica, ya que los
funcionarios gubernamentales trabajan con facilitadores sociales para ofrecer
servicios específicos a la población de alto riesgo, como protección inmediata
contra daños; adquisición de licencias de conducir y otros documentos de
identificación; alimento, vestido y vivienda; y asistencia con cuestiones
pendientes de justicia penal. 19

La
ciudad de Oakland, Estados Unidos,
ha aplicado los principios de la disuasión enfocada para reducir la violencia
grupal a través de su estrategia de alto el fuego. En este programa, la
Asociación para Comunidades Seguras de California unió fuerzas con el
Departamento de Policía de Oakland y las agencias estatales y federales para
identificar e involucrar a personas de alto riesgo. Los socios reunieron a esas
personas en reuniones grupales e individuales y “transmitieron un doble mensaje
de cuidado y consecuencias”, ofreciendo beneficios tangibles a cambio de
mantener la paz. 20 Esta iniciativa redujo los tiroteos relacionados
con pandillas en al menos un 20 por ciento y redujo a la mitad la tasa de
homicidios de la ciudad. 21

Otra
aplicación de la disuasión enfocada se puede observar en Cali, Colombia . La legitimidad de la Arquidiócesis Católica Romana
de la ciudad en barrios marginados y entre líderes de pandillas le permitió
encaminar a jóvenes de alto riesgo a programas gubernamentales que les
otorgaron un subsidio económico durante 18 meses para emprender un proyecto de
vida alternativo. El siguiente testimonio de un representante de la
arquidiócesis ilustra la importancia de los trabajadores comunitarios.

“Cuando
el gobierno reclutó directamente a jóvenes en condiciones violentas, fue una
locura. [Los jóvenes] usaron el dinero para comprar drogas y armas. Construimos
nuestra relación durante cuatro meses de contacto. Generamos lazos de
confianza, los conocimos en los rincones donde consumían sustancias
psicoactivas, los escuchamos y averiguamos cómo llegaron allí. Tuvieron que
[primero] reconocerse como personas con derechos, con dignidad, entender que su
historia los lleva a la violencia [antes] de reconocer a los demás (su familia
y comunidad)”. 22

Otra
estrategia policial se enfoca en lugares de alto riesgo en lugar de personas.
La vigilancia de puntos críticos se refiere a acciones policiales específicas,
como el aumento de patrullas, en bloques de ciudades específicos donde los
factores de riesgo o el comportamiento violento son más altos. 23
Las revisiones sistemáticas muestran que estos programas pueden reducir el
crimen sin desplazarlo a las áreas vecinas. 24 Tras su formulación
original en Estados Unidos, se ha desplegado en algunos de los barrios más
violentos de ciudades latinoamericanas como Medellín, Colombia, Buenos Aires, Argentina y Montevideo, Uruguay .
25

La
vigilancia de los puntos conflictivos ha funcionado bien junto con el
desarrollo urbano y las iniciativas de construcción comunitaria. Encontrar esta
alineación entre la mejora urbana, que se gestiona a nivel de la ciudad, y las
estrategias policiales, que a menudo se rigen a nivel estatal o nacional, puede
ser un desafío. Sin embargo, la mejora urbana es un elemento importante de la
prevención de la violencia. El trabajo de la empresa sin fines de lucro
Violence Prevention through Urban Upgrading en conjunto con el gobierno de Ciudad del Cabo, Sudáfrica , muestra
cómo la mejora de la infraestructura, como la disminución de la presencia de
puntos de venta de alcohol, se asocia con una exposición reducida del 34 por
ciento a relaciones interpersonales. violencia. De manera más
general, mejorar el alumbrado público, recuperar lotes baldíos y aumentar los
espacios verdes en la ciudad han mostrado un impacto positivo en la reducción
de la violencia. 26

Las
iniciativas de construcción comunitaria, como la vigilancia orientada a la
comunidad, son más ambiguas y difíciles de convertir en políticas concretas.
Por ejemplo, en Chicago, el sociólogo
estadounidense Robert J. Sampson señala “reuniones periódicas de policías y
residentes en territorio neutral (por ejemplo, en una escuela o iglesia) donde
ambas partes identifican la ubicación de los problemas” como un mecanismo útil
para aumentar la eficacia colectiva. 27 Sin embargo, a pesar de la
popularidad de la policía comunitaria en algunos círculos académicos y
políticos, la evidencia de que la mayoría de sus componentes estándar reducen
el crimen o incluso mejoran la confianza en la policía es desigual. 28
No obstante, los gobiernos deben tratar de restablecer las relaciones entre la
policía y las comunidades a través de esfuerzos específicos que combinen las
intervenciones policiales con enfoques no opresivos, como los descritos
anteriormente.

Fomentar un enfoque
interrelacionado de la violencia

Los
incidentes violentos no son independientes, sino que están vinculados a través
del tiempo, el lugar y las relaciones sociales, ya sea a corto o largo plazo.
En el corto plazo, un homicidio relacionado con pandillas podría desencadenar
una espiral de asesinatos, dañando a otros miembros de la comunidad, e incluso
a la policía, en el proceso. Además, las personas que cometen un tipo de
violencia (p. ej., violencia armada) tienen más probabilidades de perpetrar
otros tipos (p. ej., violencia de género). A largo plazo, la violencia también
puede transmitirse entre generaciones. Los niños que sufren abuso o son testigos
de violencia en su hogar y escuela tienen más probabilidades de sufrir o
perpetrar violencia en el futuro.

Por
lo tanto, las ciudades deben adoptar un enfoque integral para reducir la
violencia, ya que abordar un tipo puede tener impactos beneficiosos para
abordar otros tipos. Al reconocer y abordar la naturaleza interrelacionada de
la violencia, los gobiernos locales pueden desarrollar diferentes respuestas
adaptadas a las personas, grupos y vecindarios de mayor riesgo que producen
efectos más sustanciales sin depender demasiado de las medidas punitivas. Si
bien las respuestas de mitigación más inmediatas pueden ser parte de programas
de disuasión enfocados como los descritos anteriormente, aquí abordamos
políticas dirigidas a reducir la reproducción de la violencia a mediano y largo
plazo.

Interrumpir la violencia
intergeneracional

La
violencia no solo se concentra en unos pocos barrios y cuadras, sino también en
las familias y los hogares, lo que genera círculos viciosos de comportamiento
agresivo. Los niños abusados pueden aprender que la fuerza es la forma
principal de resolver disputas. Los niños que crecen en vecindarios violentos o
que son intimidados en la escuela pueden asumir que deben actuar con dureza o
todos se aprovecharán de ellos. ,

Los
jóvenes que perpetran o sufren violencia fuera de la escuela tienen más
probabilidades de perpetrar o sufrir violencia también dentro de la escuela. 29
El comportamiento violento puede hacer que los niños sean suspendidos y
expulsados de la escuela, disminuyendo sus oportunidades de vida, estrechando
sus conexiones y, a menudo, motivándolos a unirse a pandillas para ganar un
sentido de seguridad y respeto por sí mismos.

Para
romper este círculo vicioso, los gobiernos locales deben actuar para prevenir la
violencia contra los niños en el hogar y la escuela. Abordar el acoso, ya sea
que se lleve a cabo en persona o de forma remota, requiere intervenciones que
“incorporen facetas de control emocional, manejo de conflictos, afrontamiento
del estrés y capacitación en habilidades sociales”. 30 Las
intervenciones contra la violencia escolar también deben dirigirse a audiencias
más amplias en lugar de simplemente a los estudiantes, incluidos padres,
maestros, administradores escolares e incluso la comunidad en general. Al igual
que con la violencia callejera, las intervenciones punitivas, como las
expulsiones obligatorias de tolerancia cero, y las medidas de seguridad más
visibles, como los dispositivos de videovigilancia y los guardias de seguridad,
no han demostrado ser eficaces para reducir la violencia en las escuelas.

Otra
intervención importante para interrumpir la violencia intergeneracional es
apoyar a las víctimas y sobrevivientes de diferentes tipos de violencia, en
particular a niños y jóvenes. Abordar el trauma de los jóvenes que han
experimentado abuso físico, sexual o psicológico, o los sobrevivientes de
familias desgarradas por delitos violentos o adicción a las drogas, puede
disminuir la probabilidad de que reproduzcan estos comportamientos destructivos
contra ellos mismos o contra otros.

Adoptar una perspectiva de
género

 

Aunque la mayoría
de las víctimas y perpetradores de violencia letal son hombres, las ciudades no
deben ignorar la frecuencia, la intensidad y las consecuencias de la violencia
contra las mujeres y las niñas, así como contra las personas no binarias y
trans. Centrándonos particularmente en las mujeres, una de cada tres sufre
violencia en todo el mundo, que va desde agresiones verbales, abuso
psicológico, violación y agresiones sexuales hasta feminicidios, donde las
mujeres son asesinadas por su género. 34 Tales actos restringen la
libertad de las mujeres, obstruyen su crecimiento personal y profesional y
reducen el capital humano y el potencial de desarrollo de los países. La
violencia contra la mujer contribuye al ciclo intergeneracional de violencia:
los niños que crecen viendo violencia tienen más probabilidades de recurrir a
la violencia ellos mismos.

Prevenir
la violencia contra las mujeres exige abordar los aspectos problemáticos de la
masculinidad tóxica, como la impulsividad, la agresividad y un sentido de
superioridad inherente. Uno de los enfoques más eficaces para hacerlo ha sido
la terapia cognitiva conductual, que consiste en deconstruir las historias, las
percepciones y los valores de los individuos para comprender y, posteriormente,
modificar su comportamiento.

¡La
SASA! El enfoque involucra a individuos y comunidades para reflexionar y
transformar las relaciones de poder que legitiman la violencia de pareja y la
propagación del VIH. Las comunidades que han implementado este enfoque han
experimentado una reducción del 52 por ciento en el riesgo de violencia contra
las mujeres. 36

El
programa BAM, una intervención de consejería en la escuela dirigida a niños de
secundaria y preparatoria, inculca valores como integridad, responsabilidad y
respeto por la condición de mujer. El programa ha aumentado las tasas de
graduación de sus participantes en un 20 por ciento y ha reducido las tasas de
arresto por delitos en un 50 por ciento, al mismo tiempo que ofrece un importante
retorno de la inversión debido a su bajo costo y altos beneficios en términos
de empleo futuro y menor dependencia del bienestar público. 37

 

Reducir la violencia
mediante la protección de los derechos humanos

A
menos que las instituciones estatales, en particular, pero no solo, la policía,
se consideren legítimas, los esfuerzos para reducir la violencia y defender el
estado de derecho no tendrán éxito. Los departamentos de policía ilegítimos
finalmente pierden efectividad, ya que es menos probable que los ciudadanos
cooperen con la policía. Las relaciones entre la policía y la comunidad son
actualmente, y han sido históricamente, tensas en varias ciudades, tanto en
países desarrollados como en vías de desarrollo. 39 Las
manifestaciones contra el abuso policial de la fuerza han proliferado en
lugares como Brasil, Estados Unidos, Colombia, India y Nigeria. Ante este
contexto, los gobiernos municipales responsables de la policía no deben
abandonar los principios que conducen a una mayor legitimidad policial sino,
por el contrario, buscar fortalecerlos. Tras los disturbios de 2015 en
Ferguson, Missouri, muchas ciudades de Estados Unidos, como Boston, Los Ángeles y Filadelfia, se
comprometieron a reforzar su control sobre la policía y mejorar su relación con
la comunidad. 40

Estas
intervenciones policiales deben construirse sobre los cimientos de la justicia procesal , que se ha
establecido como la vía principal para aumentar la percepción ciudadana de la
legitimidad policial. Los componentes principales de la justicia procesal son
la participación ciudadana en los procedimientos que conducen a una decisión,
la neutralidad percibida de la autoridad al tomar la decisión, si la autoridad
mostró dignidad y respeto hacia los ciudadanos, y si la autoridad transmitió
motivos confiables. 41

La
justicia procesal es más efectiva cuando se implementa en todos los
departamentos de policía y otros departamentos estatales. Sin embargo, también
puede mejorar los resultados en situaciones específicas. Investigadores en Queensland, Australia , encontraron que
el uso de un guión de justicia procesal estandarizado por parte de los
oficiales de policía durante las paradas de tráfico aumentó los niveles de
confianza en comparación con los protocolos convencionales. 42

En
términos más generales, los gobiernos locales pueden aumentar su legitimidad
promoviendo la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas. La equidad
es fundamental para las intervenciones equilibradas. Los gobiernos deben
transmitir que los actores violentos pueden recibir beneficios sociales si
mantienen la paz, pero que la policía y los fiscales harán cumplir
estrictamente la ley si se desvían de ese arreglo. Las autoridades locales
también deben compartir informes de sus actividades, productos y resultados con
la comunidad y estar abiertos a las críticas de sus miembros. Esta demanda de
mayor transparencia se aplica particularmente a la policía, que a menudo son
organizaciones secretas. Finalmente, las comunidades deberían poder hacer que
los gobiernos rindan cuentas cuando no logran los objetivos previstos. Con
respecto a la policía, los resultados, como la reducción de la victimización,
deben tener prioridad sobre los productos, como más paradas, registros y
arrestos, al juzgar su desempeño, ya que centrarse en los productos puede
incentivar la aplicación excesiva, especialmente contra las minorías raciales o
los subgrupos vulnerables, que puede aumentar el resentimiento de la comunidad.

Cómo: datos, compromiso y
asociaciones

Diseñar políticas basadas en
evidencia y basadas en datos

Durante
las últimas décadas, se ha disparado el número de intervenciones de políticas
de prevención de la violencia respaldadas por evidencia científica. Los
académicos han publicado varias revisiones sistemáticas sobre diferentes
aspectos de la prevención de la violencia urbana, produciendo repositorios en
línea de programas e iniciativas políticas, como el Departamento de Justicia de
los EE. UU.

Los
gobiernos locales deben basar sus políticas en estudios basados en evidencia y
realizar evaluaciones de impacto posteriores a la implementación,
preferiblemente por revisores independientes. Esto es particularmente
importante para descartar intervenciones que han demostrado ser ineficaces o
dañinas. Sin embargo, los gobiernos también deberían innovar en los diseños de
políticas, ajustando los marcos existentes a su contexto local, en lugar de
reproducir directamente iniciativas formuladas en otras ciudades o países. La
evaluación adecuada de tales iniciativas de políticas puede ayudar a expandir
el cuerpo de prácticas basadas en evidencia que otras ciudades pueden
considerar.

En
algunos casos, las agencias estatales no pueden recopilar datos relevantes
debido a la falta de recursos o la confianza del público. En tales situaciones,
los datos proporcionados por las víctimas de la violencia pueden ayudar a
prevenir su recurrencia.

 

Aprovechar el liderazgo
político y la coordinación

Tener
mejores datos y herramientas analíticas no se traducirá en políticas efectivas
a menos que los líderes políticos se comprometan a implementarlas (y, por lo
tanto, a financiarlas). En este sentido, la responsabilidad directa de los
funcionarios del gobierno local ante sus electores, así como su conocimiento
más íntimo de las principales preocupaciones de los ciudadanos, pueden ser un
poderoso incentivo para brindar mejores soluciones políticas.

Los
alcaldes demuestran que hacen de la reducción de la violencia urbana una
prioridad con palabras y, más importante aún, con acciones. Dos acciones son
particularmente esenciales. Primero, es aconsejable establecer una unidad de
coordinación central o un grupo de trabajo que informe directamente a la
oficina del alcalde para evitar disputas jurisdiccionales entre las agencias
locales. En segundo lugar, este organismo de coordinación, así como otras
oficinas que implementan estrategias de reducción de la violencia, deben tener
“un personal sostenible y una financiación sustancial”. 45 Sin los
recursos adecuados, incluso los mejores actores del gobierno no pueden cumplir
sus promesas de seguridad o servicios sociales, y la comunidad objetivo perderá
la fe en el programa.

Por
mucho que los gobiernos de las ciudades puedan liderar este esfuerzo, no pueden
abordar todos los problemas de violencia por sí mismos. La cooperación entre
los gobiernos locales, estatales y nacionales es fundamental, ya sea para
obtener autorizaciones legales y recursos financieros o para brindar soluciones
más integrales al problema. Las rivalidades políticas pueden obstruir dicha
cooperación, como cuando los gobiernos nacionales niegan a las ciudades
recursos fiscales o socavan las decisiones de los líderes locales.

 

Promover asociaciones y la
aceptación de la gente

Las
alianzas entre el gobierno de la ciudad y la sociedad civil son cruciales para
garantizar la implementación exitosa de políticas. Las ONG locales y las
organizaciones comunitarias pueden proporcionar conocimientos territoriales esenciales,
eliminar obstáculos y ayudar a garantizar que las intervenciones del gobierno
aborden las necesidades de la comunidad, lo que también ayuda a legitimar la
intervención del gobierno.

Las
organizaciones de la sociedad civil también pueden aumentar la sostenibilidad y
la rendición de cuentas de las políticas. En Guadalajara, México, el hecho de que la organización Jalisco Como
Vamos haya asumido la promoción de la prevención social de la violencia y tenga
información actualizada para medirla ayuda a que el gobierno mantenga estos
programas en su agenda. 48

Las
asociaciones no deben limitarse a las fronteras locales. Las redes
internacionales y los socios de las ciudades pueden brindar múltiples
beneficios a los gobiernos locales, como experiencias de aprendizaje entre
pares, conexiones con facilitadores o fondos para impulsar políticas.

Las
redes internacionales también pueden servir como puente entre las comunidades,
las autoridades locales y los gobiernos nacionales. En este sentido, la Red de
Ciudades Fuertes apoyó el establecimiento de un equipo de acción comunitaria
(CAT) en Kumanovo, Macedonia del Norte ,
para fortalecer la cohesión social y desarrollar la resiliencia comunitaria
frente al odio, la polarización y el extremismo. Los resultados preliminares
indican que el CAT ha tenido un efecto positivo en estos resultados. 49

Mientras
tanto, la ciudad de Palmira, Colombia ,
ha utilizado la colaboración internacional para sortear su déficit de diálogo
con el gobierno nacional. Su compromiso con Paz en Nuestras Ciudades ayudó a
financiar su estrategia PAZOS (Paz y Oportunidades), cuyo objetivo es reducir
la violencia urbana al sacar y desenredar a los jóvenes de las economías
ilícitas. Los fondos internacionales y las conexiones con otras ciudades de la
red proporcionaron los recursos financieros y de conocimiento para involucrar a
los actores de la sociedad civil en la implementación de esta estrategia. 50

 

 

Conclusión

Ciudades
de todo el mundo enfrentan el desafío de reducir la violencia urbana en sus
diferentes formas. Muchos de ellos han reconocido recientemente la gravedad de
este problema y, colaborando a través de redes urbanas internacionales, se
comprometieron a reducir a la mitad la violencia urbana para 2030. A pesar de
los desafíos que impone, como la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania y la
inflación plantean a este esfuerzo, hay una multitud de estrategias y acciones
inspiradoras que las ciudades pueden adoptar para alcanzar este objetivo.

Este
informe ha destacado algunos principios de las estrategias de reducción de la
violencia. Estos deben equilibrar las intervenciones de aplicación de la ley y
de prevención social; centrarse en las personas, los lugares y los
comportamientos más vulnerables; abordar la violencia como un fenómeno
interrelacionado; y reforzar la legitimidad del estado, particularmente de la
policía. La adopción de tales enfoques requiere, entre otras cosas, recopilar y
analizar datos relevantes; beneficiarse de las intervenciones existentes
basadas en la evidencia; movilizar recursos políticos; coordinarse con otros
actores gubernamentales; y asociarse con organizaciones de la sociedad civil,
tanto nacionales como internacionales.

Ninguna
de estas sugerencias es necesariamente fácil de aplicar. Las ciudades pueden
enfrentar múltiples obstáculos políticos, financieros y logísticos en el
camino. Sin embargo, el creciente número de ciudades comprometidas con la
reducción de la violencia urbana y el intercambio de experiencias con ese fin
fortalece la esperanza de que este objetivo de reducir a la mitad la violencia
urbana pueda lograrse, si no superarse, para 2030. Todo individuo tiene derecho
a vivir en una comunidad pacífica. . Trabajando juntas, las ciudades pueden
lograr este objetivo y liderar el camino en la construcción de sociedades
pacíficas, justas e inclusivas.

 

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1. Derecho Penal Parte General – Tomo I

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2. Derecho Penal Parte General – Tomo II

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3. Ministerio Público

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4. La Imputación Objetiva en el Derecho Penal

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5. La Evolución de la Política Criminal, en el Derecho Penal y Procesal Penal.

Link de descarga: https://descargaenpdf.blogspot.com/2022/10/5-la-evolucion-de-la-politica-criminal.html

6. La Teoría del Tipo penal.

Link de descarga: https://descargaenpdf.blogspot.com/2022/10/6-la-teoria-del-tipo-penal.html

7. Derecho Procesal Penal

Link de descarga: https://descargaenpdf.blogspot.com/2022/10/7-derecho-procesal-penal.html

8. Política Criminal y Sistema en el Derecho Penal

Link descarga: https://descargaenpdf.blogspot.com/2022/10/8-politica-criminal-y-sistema-en-el.html

9. Determinación Judicial de la Pena

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10. Culpabilidad y Prevención en el Derecho Penal

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11. Autoría y dominio del hecho en el Derecho Penal

Link de descarga: https://descargaenpdf.blogspot.com/2022/10/autoria-y-dominio-del-hecho-en-el.html

El concepto de justicia penal restaurativa en la construcción del marco teórico

Jorge Pesqueira Leal

DOI: http://dx.doi.org/10.22335/rlct.v6i1.127

La justicia restaurativa aparece como una etapa evolutiva del sistema de justicia penal, tanto en el ámbito sustantivo como en el adjetivo; es en este contexto que nos encontramos ante un sistema que, si bien prioriza a la víctima directa o indirecta del delito, también se ocupa del delincuente, haciendo lo propio con la comunidad próxima y, en su caso, con las instituciones que integran el sistema de seguridad pública en todas sus etapas; es decir, desde la prevención del delito hasta la ejecución de las penas y las medidas de seguridad. Este sistema de justicia, antes de regular procesos, analiza y enriquece la concepción de justicia, haciendo una adecuación al nuevo paradigma que da un vuelco de la represión a la restauración.

 

Asimismo, encuentra fundamentación en sus principios y, sobre todo, en la concepción de la víctima, del delincuente y de la comunidad próxima, en particular, de sus necesidades para generar condiciones objetivas que produzcan el restablecimiento de la armonía social. Filosóficamente, la justicia restaurativa ha desarrollado una concepción ontológica del ser humano, y de la esencia de su contenido se desprende que el cambio de los protagonistas directos o indirectos del conflicto penal es posible, lo que contribuye a viabilizar el compromiso social de los Estados democráticos de derecho de ampliar las expectativas ciudadanas de disponer de condiciones para alcanzar un desarrollo humano pleno. Es así como la justicia se concibe más allá de dar a cada quien lo suyo, para percibirla como el epicentro de todos los valores, es decir, el núcleo desde el que fluye la plena disposición por respetar la dignidad intrínseca del ser y la relación de este con sus semejantes y su correspondiente dignidad intrínseca. El compromiso del Estado de aplicar la justicia desde el margen restaurativo, da un vuelco a la concepción de justicia, cobra plena vigencia su concepción profundamente humana, pues explícitamente se preocupa y ocupa de la realidad de cada uno de los protagonistas del conflicto penal, procurando la armonización de sus relaciones o, en el más alejado de los casos, que continúen sus vidas habiendo experimentado cambios socio-cognitivos que les permitan superar sus respectivas condiciones.  No cabe duda que en nuestro enfoque tiene plena cabida la concepción sobre la teoría de justicia de John Rawls, quien sostiene que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales (1999), que debe ser volcada hacia su detonación restaurativa para que, fraternal, solidaria y cooperativamente, interactúe cada protagonista en búsqueda de la cobertura de sus necesidades.

 

Es así como en las sociedades contemporáneas, los sistemas de justicia tienen el deber de hacer efectiva la recuperación de las víctimas del delito, la reinserción social del delincuente, así como recuperar el orden y la paz social transgredidos. Es importante recalcar que el fundamento cultural de la justicia se basa en un consenso amplio en los individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo, además de otros aspectos prácticos sobre cómo deben organizarse las relaciones entre personas. Se supone que, “en toda sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo, y se considera una virtud social actuar de acuerdo con esta concepción” (Shvoong, 2010).

 

La justicia contribuye a la aproximación social de lo contenido en el artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos indica “que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como estamos de conciencia y razón tenemos el deber de comportarnos unos con otros fraternalmente”; y a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que en su artículo 10 establece que “el niño debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes”. Es decir, a allanar el sendero a los seres humanos para transitar al desarrollo armónico y pleno de nuestra personalidad.

 

Como bien sabemos, la razón de la existencia misma del Estado es garantizar a todos los que lo integran el desarrollo humano, la seguridad humana y la seguridad ciudadana, es decir, dar plena vigencia a la justicia, colocando bajo su manto protector a todos y cada uno de los ciudadanos; sin embargo, cuando se violenta la seguridad y se actualizan ilícitos penales, se fisura la justicia y, a mayor cantidad de delitos cometidos, aumenta el riesgo de que se produzca un rompimiento, por lo que resulta necesario y urgente restaurar lo que se va dañando, es decir, producir condiciones para que las situaciones se aproximen lo más posible a su condición original; esto es, la justicia en riesgo de avasallamiento debe ser restaurada, y esto solo se logra con la reintegración de la víctima, del delincuente y de la comunidad a través de su plena recuperación.  Históricamente, los sistemas penales clásicos, resocializador y neoclásico, se han ocupado, ya sea de una respuesta punitiva ejemplar al delincuente, para que la pena –particularmente la de prisión – cumpla con su doble función intimidatoria, o bien, utilizarla como un medio para readaptar al infractor, pero siempre catalogando al delito como una ofensa a la sociedad organizada, es decir, al Estado y a las normas vulneradas, con lo que se convierte tanto a la víctima como a la comunidad en figuras abstractas y referenciales, receptoras de la violación a los bienes jurídicamente tutelados por las hipótesis penales, en tanto que el sistema restaurativo abandona las abstracciones, y claramente establece que primariamente el delito es una ofensa en contra de quien ha experimentado el daño y, en consecuencia, las relaciones interpersonales que son inherentes a la vida gregaria, así como a la comunidad afectada y secundariamente a la sociedad y a las instituciones que la representan.

En este contexto, el derecho penal debe establecer los mecanismos para que, directamente, los protagonistas involucrados en el conflicto penal lo gestionen en condiciones tales que se priorice la atención a sus necesidades y, claro está, en lo que toca a la víctima, la reparación debe ser una de estas, así como que se establezcan las fórmulas para que el activo del delito repare consensualmente el daño. Es conveniente destacar que la justicia restaurativa se ocupa, a través de los procesos restaurativos, de que el delincuente se obligue con la víctima y con la comunidad, responsabilizándose de sus actos, encontrando alternativas reparatorias y, sobre  todo, participando en la satisfacción de aquellas necesidades que trascienden a la simple reparación patrimonial.

 

Asimismo, la justicia restaurativa también se ocupa del victimario, de sus compromisos, su toma de conciencia y de sus necesidades, pero sobre todo, de su rol de víctima, en razón de las causas multifactoriales que lo llevaron a dar el paso al acto criminal; además, atiende a la comunidad próxima en su doble rol de victimaria-víctima y, en consecuencia, tanto de sus compromisos como sus necesidades, por ser, precisamente, el escenario de riesgo en el que activos y pasivos experimentan la tragedia criminal. Así, como la justicia represiva se centra en el castigo del delincuente y la justicia resocializadora en la readaptación del ofensor, la justicia restaurativa se centra en las necesidades, los compromisos, la transformación y la reintegración de la víctima y del ofensor; además, en dependencia del procedimiento utilizado, se ocupa de la comunidad.

El impacto de la pandemia por la COVID-19 sobre la violencia familiar

 

padres-violencia-familiar-hija-victima El impacto de la pandemia por la COVID-19 sobre la violencia familiar

Wilson Hernández

Angelo Cozzubo

José Carlos Aguilar

Denise Ledgard

Jorge Agüero

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El Perú ha sido uno de los países más golpeados por la COVID-19, siendo ya un país con
altos índices de violencia familiar. En ese sentido, el objetivo de este estudio ha sido
evaluar el impacto de la cuarentena sobre la violencia familiar en el Perú. Se emplearon
los registros administrativos de las llamadas recibidas por la Línea 100 del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, el único servicio telefónico de atención para víctimas de
violencia en el país. A diferencia de otros trabajos previos, en este estudio se diferencian
los efectos de las medidas de confinamiento sobre la violencia familiar en función de las
víctimas (violencia contra mujeres en relación de pareja y violencia contra niñas y niños
ejercida por padres, madres, padrastros o madrastras), tipos de violencia (psicológica, física
y sexual) y niveles de riesgo de violencia (leve, moderado y severo).

En primer lugar, el efecto es distinto en función del grupo de víctimas analizado. Mientras que
la violencia de pareja tendió a aumentar, la violencia contra niñas y niños tendió a disminuir.
Esto sugiere que los factores que inciden en la aparición o la intensificación de las agresiones
en el hogar se diferencian según el grupo de población afectado, y probablemente varíen
en cada caso las causas de la violencia. En otras palabras, los factores que motivan a las
mujeres a comunicarse con la Línea 100 son distintos de aquellos que hacen que niñas y
niños recurran a ese servicio. Es poco probable que el menor número de llamadas de niñas
y niños a la Línea 100 se deba a una reducción de la violencia en ese grupo de población,
sino que probablemente responda a las mayores dificultades que las personas menores de
edad enfrentan para efectuar las llamadas. De forma similar, la intensificación de distintos
riesgos identificados en al análisis cualitativo sugiere que la violencia contra las mujeres ha
aumentado y que el aumento del número de llamadas a la Línea 100 no solo respondería a
un traslado de la demanda desde los servicios presenciales cerrados durante la cuarentena
hacia dicha línea. El aumento de la violencia en otros países, incluso con encuestas de
prevalencia, sugiere que el aumento de la violencia por el confinamiento debe ser mayor.
Hay víctimas “nuevas” que lo más probable es que sean objeto de agresiones poco severas,
siendo mayor la probabilidad de que busquen ayuda en servicios telefónicos. 

En segundo lugar, el efecto sobre la violencia no es lineal: su tamaño y su sentido varían.
Durante las dos primeras semanas de la cuarentena el volumen global de llamadas a la Línea
100 cayó de forma inmediata y abrupta. Luego la tendencia cambió de sentido y se alcanzó
un pico de aumento hacia la semana 10 de la cuarentena. Si bien la literatura previa también
halló efectos opuestos en cuanto a su sentido, lo hizo para tipos de violencia distintos
(Campedelli, Aziani y Favarin, 2020; Leslie y Wilson, 2020; Piquero et al., 2020). Este trabajo
es el primero en identificar efectos de duración dinámicos en el tiempo y con sensibilidad de
cambio a muy corto plazo para un mismo tipo de violencia. Debido a que esos efectos no
son sistemáticos, sino restringidos a ciertos tipos de violencia, se descarta que obedezcan a
procesos de adaptación de las familias a la cuarentena o a cambios de la productividad de las
operadoras. Más bien, los resultados del análisis realizado en nuestro trabajo sugieren que los
factores asociados a la violencia son sensibles a las condiciones del confinamiento forzado
y a los estresores sociales y económicos que aparecen cuando se prolongan las medidas
de confinamiento que afectan la economía e introducen estrés económico en los hogares.
Diversos trabajos previos han enfatizado estas relaciones mediante enfoques distintos que
apuntan nuevamente a las complejidades introducidas por el mayor tiempo de convivencia
de las parejas durante la pandemia (Arenas-Arroyo, Fernandez-Kranz y Nollenberger, 2020;
McCrary y Sanga, 2020). En otras palabras, no es solo el confinamiento forzado lo que propicia
la violencia, sino las condiciones bajo las cuales este se da y se prolonga. 

En tercer lugar, el efecto de las medidas de confinamiento obligatorio durante la pandemia
fue claramente distinto por tipo de violencia (psicológica, física o sexual). Los resultados de
este estudio son similares a los hallazgos de Perez-Vincent et al. (2020) para Argentina,
según los cuales tanto la violencia psicológica y como la violencia física aumentaron
durante la pandemia. Los resultados de este estudio señalan que el patrón de aumento del
número de llamadas está fuertemente influenciado por las llamadas por casos de violencia 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMITIDAS EN TIEMPO DE PANDEMIA PARA CONTROLAR LA VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA

Br. Laddy Estelita Murga Alayo

Br. Dalila Elvia Bermudez Bailon

ITXYA766SVAXNHPCFW4MEOFP5Q MEDIDAS DE PROTECCIÓN EMITIDAS EN TIEMPO DE PANDEMIA PARA CONTROLAR LA VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA

VER INVESTIGACIÓN COMPLETA

La violencia contra la mujer es un mal de gran envergadura, ocasionando un atropello de derechos humanos impor-tantes y amplios a nivel mundial. Es por ello que, según con la Organización de las Naciones Unidas – ONU Mujeres, en todo el mundo, por cada tres mu-jeres, una ha tolerado la agresión física o sexual en alguna etapa de su existen-cia, en específico de parte de su pareja afectiva. (ONU Mujeres, 2017, p.1).   Este  contexto  no  es  extraña  a  Perú dado que, día a día se puede dar a con-ocer no solo por los medios de comu-nicación,  la  violencia  proporcionada hacia  las  mujeres,  si  no  también  se puede visualizar en las grandes urban-izaciones hasta los lugares más humil-des,  que  la  mayoría  son  maltratadas mediante  las  agresiones  físicas,  psi-cológicas, económica, etc. que violan su  integridad,  dejándolas  indefensas ante el delito de feminicidio.   En vista de ello, el informe mostra-do por el INEI, puntualiza que seis de cada diez mujeres experimentaron vio-lencia por parte de sus parejas, un pro-medio de 63,2%. Así mismo señala en el reporte que la violencia psicológica alcanzó  un  58,9%,  continuada  de  la violencia  física  con  un  promedio  de 30,7% de mujeres y la violencia sex-ual consumada en algún momento por su pareja alcanzó un 6,8% del total de mujeres (INEI, 2019, p.51).  Así mismo El Correo (2019) difundió un informe de la Policía Nacional del Perú  (PNP)  en  donde  se  evidencia 3,798 denuncias por violencia físicas, psicológicas  y  sexuales  hacia  los  in-fantes y las mujeres; de igual forma, mostro que el departamento de Piura encabeza el más alto índice de violen-cia, continuado de Arequipa, Cusco, El Callao y Trujillo (p.1).  Por su parte, el portal estadístico (2019) divulgó que el centro de emergencia mujer reportó que las provincias con elevado aumen-to  de  casos  por  agresiones  es  Lima con  57,26,  continuado  de  Arequipa con16,086; Cusco con 12,689 y la Lib-ertad con 7,818 casos asentados (p.3).    Por  su  parte,  Defensoría  del  Pueblo (2020) reporto que, en el trascurso de la cuarentena, se apreció un descenso de  las  medidas  de  protección  regis-tradas por la PNP. En los primeros 15 días de marzo, en los que, todavía no se decretaba el aislamiento, y los sub-siguientes 15 días se dio un declive de hasta 72·% en el registro. De igual for-ma reportaron que, ante las denuncias, la violencia no había menguada, sino que no se le estaba dando la diligen-cia apropiada; por lo que, numerosas mujeres  no  obtuvieron  el  respaldo otorgado por ley para la protección de sus derechos. Tras el pronunciamien-to del Decreto Legislativo 1470, a fi-nales de abril, el registro de medidas de protección se volvió a acrecentar a un 67% (p. 18).  Ante este reporte, es indiscutible que las medidas de protec-ción no se le estaba dando el trámite oportuno, por ello se puede inferir que el nivel de satisfacción o grado de con-formidad por parte de las usuarias son deficientes o inexistentes, al no contar con el respaldo adecuado. De lo antes mencionado, podemos inferir que las entrevistadas que atraviesan por algún tipo  de  violencia,  no  están  conforme con sus medidas cautelares.   En tal sentido ante esta problemática, el Perú en obediencia a las diferentes alianzas mundiales pactados para pre-venir y erradicar la violencia familiar y hacia la mujer, ha decretado distintos estatutos y elaborando estrategias mul-tisectoriales para detener este proble-ma. Por tal razón, por medio la Ley N° 30364  cuyo  fin  es  conceder  amparo de forma en seguida en socorro de la agraviada,  frenando  la  continuación el período de las agresiones, así como conceder  dispositivos  de  atención  y ayuda de las maltratadas consiguiendo el reparo del daño cometido; la penali-dad y rehabilitación de los maltratado-res sentenciados. Así  también  existen  instituciones privadas  que  ofrecen  atención  a  mu-jeres  víctimas  de  violencia  familiar, como es el caso de la institución sin fines de lucro denominada Defensoría de la mujer- Alto Trujillo, que está con-formada por un grupo de profesionales con  conocimientos  sobre  violencia  y brindan atención sin fines de lucro, este grupo está integrado por abogadas, tra-bajadoras  sociales  y  psicólogas,  que atienden a estas mujeres que pasan por circunstancias de maltratos, así mismo ofrecen atenciones generales al resto de la familia. En un principio Defensoría de la mujer han venido trabajando en un inicio solo en prevención y poste-riormente con el acompañamiento a las mujeres  en  condiciones  de  violencia familiar  para  interponer  la  denuncia por violencia familiar en la comisaria y así poder patrocinarlas legalmente en todo  su  proceso  de  violencia,  asumi-endo como objetivo principal alcanzar sus medidas de protección, para evitar que su agraviante siga realizando actos de violencia contra ellas y/o sus hijos.  Sin embargo, de acuerdo con Huamán (2019), a pesar de las distintas políticas estatales y acciones formativas para las medidas  pertinentes  de  prevención  y exterminio de las agresiones familiares  no se afronta de forma eficaz este mal, dado  que  no  se  consigue  visualizar cambios importantes en la humanidad que muestren un decrecimiento de los caso de maltratos, así también como la concientización    de  la  sociedad  para refutar sucesos  de maltratos como for-ma de corrección , amparado en ciertas tradiciones, creencias y valores (p. 12).   Ahora, es una realidad evidente, que por  la  carga  laboral  en  los  juzgados, provoca demora en dictar las medidas de protección y al no hacer un segui-miento  a  las  agraviadas  que  cuentan con las medidas cautelares, para tener conocimiento si el maltratador está ata-cando estas medidas  impuestas por el juez; generan descontentos en las agra-viadas, percibiendo que las medidas de protección no las protegen, no impiden los nuevos actos de agresiones, y que el servicio que se les ofrece  no es la que esperaban  o no cumple con satisfacer sus necesidades o expectativas.  En la institución defensoría de la mujer en el año 2020 se han atendido de for-ma virtual 99 casos de violencia contra la mujer, estas cifra incluye los casos con  denuncia  y  sin  denuncia;  de  las cuales 12 mujeres contaron con medi-das de protección, estas mujeres aten-didas  se  caracterizan  por  vivir  en  un ambiente donde sufren maltrato corpo-ral, psicológica, genital y financiera de sus parejas; muchas de ellas no cuen-tan con sus redes de apoyo porque no tienen a familiares cercanos o porque prefieren quedarse calladas y no contar la situación en la que viven,  y muchas de ellas que cuentan las medidas caute-lares , se vieron irrumpidas por el mal-tratador  al  no  respetar  estas  medidas otorgadas por el juez, vulnerando sus derechos como la integridad. Es  por  ello,  que,  frente  a  esta  reali-dad se basa la siguiente investigación las cuales pretende determinar cuál es la  eficacia  de  las  medidas  cautelares emitidas  para  controlar  los  maltratos físicos y psicológica sobre las usuarias de la Defensoría de la Mujer, en tiempo de pandemia, de modo que, los datos de la información obtenida podrán ser utilizados para futuras investigaciones en torno a las medidas de protección y a la violencia física y psicológica so-bre las usuarias. Cabe resaltar que no se encontraron estudios similares con respecto a las variables en mención, es por ello el interés de las investigadoras de abrir campo por medio de esta in-vestigación. El objetivo general fue:- Conocer la eficacia de las me-didas  de  protección  emitidas para controlar la violencia fí-sica  y  psicológica  sobre  las usuarias  de  la  Defensoría  de la  Mujer  en  Alto  Trujillo,  en  tiempo de pandemia.    

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Ciudad, Gobierno Local y Gobernanza Democrática






Panorama del desafío y diagnóstico para la acción (¿qué hay que mejorar?)

/ por Alejandro Liberman, Eduardo Grin y Tomás Orbea

clad1 Ciudad, Gobierno Local y Gobernanza Democrática

El desarrollo urbano sostenible es un proyecto global y transversal que enfrenta múltiples retos y desafíos que deben ser gestionados sinérgicamente y que afectan directamente a las administraciones públicas. Es por ello que la Escuela Iberoamericana de Administración y Políticas Públicas (EIAPP) del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) impulsa este curso que tiene por objeto formar a los servidores y expertos de la Administración Pública, reforma, modernización e innovación del Estado sobre el desarrollo urbano sostenible de las ciudades, sus retos, sus condicionantes, sus problemas, las predicciones, las soluciones que se están poniendo en marcha y, en definitiva, dotar de elementos de referencia y criterios para conformar un juicio sobre su situación, presente y futuro, y dotar de juiciosas referencias que en su caso puedan ser utilizadas para el desarrollo de su hoja de ruta hacia la sostenibilidad de las ciudades de los países participantes.
280x280_middle_804d1c49ebbe8efcc625429ec187561d Ciudad, Gobierno Local y Gobernanza Democrática